Gilberto Fuentes Cohen

Expediente 965/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
965/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Fuentes Cohen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto; Asimismo, se ordena el Archivo y valoración del expediente.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así loAsí lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: "para el efecto de que las responsables en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación.

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 965/2020; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Gilberto Fuentes Cohen solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en esta ciudad, y otra autoridad. En dieciséis de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, previos diferimientos dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 3470/18JE1. La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral citado. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en esta ciudad y su actuario notificador adscrito, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; además dicha afirmación, por lo que hace al acto señalado como inciso a, se corrobora con las constancias derivadas del juicio laboral de origen 3470/18JE1 de su índice que anexaron a su informe. Asimismo, en cuanto al acto referido como inciso b omitieron remitir documento del cual se advierta el emplazamiento de la parte demandada en el citado juicio. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del apartado III, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 3470/18JE1. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 3470/18JE1, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo resultaba violatoria del artículo 17 constitucional, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó el presidente de la junta responsable, se advierte que mediante proveído de ocho de febrero del año en curso, la responsable advirtió la irregularidad reclamada, corrigió el procedimiento y señaló como nueva fecha para el desahogo de la audiencia mencionada el once de marzo de dos mil veintiuno, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de las partes. Consecuentemente, al haber dejado insubsistente el acuerdo reclamado y señalar una fecha próxima; es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a aquél en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 3470/18JE1. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure otra, procede el estudio respecto del acto reclamado indicado en el inciso b) apartado III, consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen señalado. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación relacionado con el acto que se estudia, que éste transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que las responsables no han llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el actuario no ha realizado los actos necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen -Celso Pérez Villareal-, lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, la autoridad responsable, por conducto de su actuario notificador adscrito deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: En doce de noviembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable, la cual fue registrada bajo el expediente 3470/18JE1, además ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Seguida la secuela procesal, el ocho de febrero de dos mil veintiuno la responsable señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, sin que aparezca probado que se haya emplazado a la parte demandada en dicha contienda laboral. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de las responsables, va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que en la radicación de la demanda y diferimientos subsecuentes, se encomendó el emplazamiento de la parte demandada, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para tal efecto. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral a la del dictado de la presente resolución, han transcurrido veintisiete meses, sin que se logre el llamamiento a juicio de la parte demandada. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VII. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por otro lado, en cuanto a la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Gilberto Fuentes Cohen, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gilberto Fuentes Cohen, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b) del apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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