Gilberto Espinoza Espinal y Otros.

Expediente 948/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
948/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Espinoza Espinal
  • Gilberto Espinoza Espinal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de la ya citada normatividad. Finalmente, se ordena la devolución del disco versátil digital que contiene actuaciones relativas a la carpeta administrativa 1347/2022, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión..."

  2. Principal

    V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 948/2022-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el once de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el quince de agosto siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, por el acto que se indicará en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 948/2022-I, otorgó la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se inició en términos del acta de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos impugnan actos de autoridad penal jurisdiccional residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que los peticionarios de amparo reclaman: El auto de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós, dictado en su contra en la carpeta administrativa 1347/2022, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por su probable intervención en el delito de robo con las modificativas agravantes de haberse cometido sobre un vehículo automotor y haberse utilizado en su ejecución la violencia, ilícito previsto en el artículo 287, 289, fracción I, 290 fracción I, inciso b) y fracción V, en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, en agravio de la persona moral Marlene Monserrat Martín Castañeda. TERCERO. Existencia. El Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al momento de rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por el Juez referido en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe establecerse que, sustancialmente, la parte disconforme aduce que se violan en su perjuicio los numerales 1, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que: La responsable realizó una indebida valoración de los datos de prueba exhibidos por el Agente del Ministerio Público, de los cuales se advierte que no son suficientes para dictar la vinculación a proceso. Se viola en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar probatorio, pues los datos de prueba resultan insuficientes para acreditar su presunta responsabilidad en la comisión del delito. La prueba de reconocimiento de persona de veintidós de junio de dos mil veintidós, no se llevó a cabo, pues en todo momento los quejosos se encontraron en la Fiscalía Especializada en Homicidios, no así en el Centro de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México. La prueba de reconocimiento de persona se llevó a cabo violando derechos fundamentales, así como lo dispuesto en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, resulta necesario verificar si el auto de vinculación a proceso satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se precisa que por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultánea a los conceptos de violación que así lo ameriten. El marco jurídico que rige el auto de término constitucional se encuentra en los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la interpretación sistemática de los preceptos invocados se desprende que los requisitos procesales para dictar un auto de vinculación a proceso son: I. Que el Ministerio Público haya formulado imputación, en la que haga del conocimiento del imputado el hecho delictivo que le atribuye, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; II. Que el indiciado esté asistido de defensor y se le hagan saber sus derechos; III. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, IV. Que la decisión sea emitida dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, para el caso que la defensa haya solicitado la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de incorporar algún dato o medio de prueba ante el Juez de Control, verificando que éste se haya desahogado. En tanto que los requisitos formales son los siguientes: I. Que el auto de vinculación contenga los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos de fondo para su dictado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, además de que sea emitido tanto de manera oral como escrita. Y, por último, como requisitos de fondo es necesario: I. Que los antecedentes de la investigación realizada aporten datos suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, II. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Comprobación de requisitos procesales. A fin de determinar si se reúnen los requisitos procesales indicados, es necesario resaltar que, de la reproducción de las videograbaciones remitidas por la responsable ordenadora, se aprecia que el seis de julio de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial para formulación de imputación, en la que el juez identificó a las partes, corroboró que los imputados conocieran y entendieran los derechos que la ley otorga en su favor; y, atendiendo a ellos, les cuestionó si era su deseo señalar como defensor particular en esa diligencia al licenciado Christian Yair Piña Herrera, a lo que los imputados respondieron afirmativamente, por lo que dicho profesionista aceptó y protestó el cargo conferido en su favor. Además, se cercioró de que la defensa se encontrara debidamente impuesta de los antecedentes de la investigación, y habiendo respondido afirmativamente, procedió a explicar a los imputados el objeto de la audiencia. Acto seguido, en términos de los numerales 307, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgó el uso de la voz al Agente del Ministerio Público, quien formuló imputación contra Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas por considerar que existe la probabilidad de que cometieron o participaron en el hecho que la ley señala como el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber recaído en un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I y 290 fracción I, inciso b) y fracción V párrafos primero, segundo y tercero, en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, en agravio de Marlene Monserrat Martín Castañeda. Además, la representación social precisó el cuadro fáctico del que derivó dicho ilícito, mismo que sucedió al tenor de la siguiente narrativa: Que el día dieciocho de junio de dos mil veintidós, al ser aproximadamente las veintidós horas con cincuenta minutos, la hoy víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda, llegó a su domicilio ubicado en calle Playa, manzana cinco, lote ocho, colonia Alfredo Bonfil, Naucalpan de Juárez, Estado de México, a bordo de su vehículo de la marca Mazda, tipo CX5, modelo dos mil veintiuno, color blanco, con número de serie JM3KFADLXM0110276, motor PY10671129 y placas de circulación PZR488C, del Estado de Morelos, y al momento de descender llega usted Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas, cada uno portando armas de fuego, colocándose precisamente usted Gilberto Espinoza Espinal del lado del conductor y le apunta con un arma de fuego y le menciona "ya valiste verga", mientras que usted, Joaquín Vega Cuevas, le apunta con su arma de fuego y aborda el vehículo para percatarse de que en éste no se encontraba la llave de presencia, desciende nuevamente del vehículo para exigirle a la víctima que le hiciera entrega de las mismas, posteriormente ambos abordan la camioneta y huyen con destino desconocido. De igual manera, se le hizo saber que la forma de intervención que se les atribuye, lo es como coautores materiales con dominio del hecho, en relación con la fracción I, inciso d), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México, así como el nombre de la persona que depone en su contra. Después, el juzgador dio la voz a la defensa a efecto de que realizara aclaraciones, no obstante, ésta no adicionó nada al respecto; por lo que, previo receso decretado a efecto de que la fiscalía aportara diversos datos, a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos del seis de julio de dos mil veintidós, decretó la detención judicial de los quejosos Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas, por lo que hace al ilícito ya apuntado; detención que se hizo retroactiva a partir de las doce horas con treinta minutos del cinco de ese mes y año. Continuamente, el juez del proceso cuestionó a los imputados si comprendían la acusación, a lo que respondieron que sí, por lo que les hizo saber la prerrogativa consignada a su favor en el sentido de rendir declaración o abstenerse, mismos que manifestaron su deseo de guardar silencio. Concluido lo anterior, el Agente del Ministerio Público formuló la solicitud de vinculación a proceso, lo que llevó a cabo exponiendo los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación; una vez hecho ésto, el juez otorgó la voz a la defensa para que manifestara si tenía alguna aclaración que realizar, a lo que indicó que no se le había corrido traslado de diversos videos que obraban al parecer dentro de la indagatoria, sin embargo, la representación social argumentó que tales datos no habían sido relacionados dentro de los datos de prueba con los que sostuvo la imputación, por lo que la defensa solicitó tomar en consideración tal circunstancia al momento de resolver. Luego, el juez responsable hizo saber a los imputados su derecho de decidir el término en que se resolvería su situación jurídica, quienes manifestaron que, habiendo platicado ya con su defensa, decidieron acogerse a la duplicidad del término constitucional -ciento cuarenta y cuatro horas-, lo que fue confirmado por la defensa y autorizado por el juzgador. Así, el defensor manifestó que los datos de prueba serían ofertados posteriormente, pues en ese momento no contaba con ninguno, lo cual fue acordado de conformidad, por lo que se señalaron las trece horas del diez de julio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial. Finalmente, la representación social solicitó pronunciarse respecto de la medida cautelar, solicitando que se impusiera la medida consistente en prisión preventiva oficiosa, exponiendo los motivos para ello, sin que la defensa manifestara oposición, por lo cual el juzgador autorizó dicha medida, con lo que concluyó la audiencia. Una vez llegada la fecha de la audiencia de prórroga de plazo constitucional de diez de julio de dos mil veintidós, previa identificación de los intervinientes, se contó con la presencia de asesor jurídico de la víctima, así como de la defensora Elvia Piña Herrera, quien manifestó que, no obstante que era su primera intervención, se encontraba debidamente impuesta de los antecedentes de la investigación y, atendiendo a ello, cuestionó a los imputados si era su deseo señalarla como defensora particular en esa diligencia, a lo que los imputados respondieron afirmativamente, por lo que dicha profesionista aceptó y protestó el cargo conferido en su favor. Luego, previa imposición por parte de la defensa respecto de una promoción allegada con motivo del ofrecimiento de datos de prueba, se tuvo a la defensa por desistida del dato de prueba consistente en las videograbaciones solicitadas al Titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del C-5; desistimiento respecto del cual los imputados manifestaron su conformidad. No obstante lo anterior, la defensa solicitó aportar como pruebas diversas documentales mediante lectura, lo que fue autorizado por el juzgador, sin oposición de la representación social ni del asesor de la víctima. Así, se incorporaron los medios de prueba siguientes: Constancia de veintitrés de junio de dos mil veintidós (23/06/2022), "siendo las 00:30 horas del día veintitrés de junio del año dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público hace constar, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 212, 215 y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que siendo la hora y fecha en que se actúa, se realizó llamada a la Defensoría de Oficio, sin tener respuesta a nuestro llamado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar", diligencia realizada dentro de la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, firmada por el licenciado Omar Ubaldo Cancino Corona, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio en el Valle de Toluca, con sede en Tlalnepantla de Baz. Constancia en la que se asienta que en fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, siento las 03:45 horas, el suscrito Agente del Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto en los mismos artículos, en el mismo sentido manifiesta que hasta ese momento tiene contacto con los imputados y que les indica que si requerían rendir su entrevista o comunicarse con algún familiar, refiriendo que ya habían tenido comunicación con sus familiares y que por el momento no era su deseo rendir entrevista, ello para los efectos legales diligencia realizada dentro de la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06. Constancia en la que se asienta que siendo las ocho horas con cincuenta y siete minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público Omar Ubaldo Cancino Corona, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio en el Valle de Toluca, con sede en Tlalnepantla de Baz, realiza un llamado a la Defensoría Pública y no tiene ninguna respuesta. Constancia de lectura de derechos a favor del imputado Joaquín Vega Cuevas, en la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, de veintidós de junio de dos mil veintidós, a las veinte horas con siete minutos, en donde se advierte que firma su representado, le leen sus derechos y se encuentra sin defensor, signada por Homero Alvarado Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca. Constancia de lectura de derechos a favor de Gilberto Espinoza Espinal, de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, en donde se advierte que firma su representado y se encuentra sin defensor, signada por Homero Alvarado Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca. Una vez desahogadas, se concedió el uso de la voz a la defensa, quien formuló sus argumentos no vinculatorios, lo que dio lugar a la réplica ministerial, luego a una contrarréplica por parte de la defensa y finalmente a la contestación de la representación social; por lo que una vez concluido el ejercicio contradictorio, el rector del proceso concluyó el debate y vinculó a proceso a los aquí quejosos Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas (resolución reclamada). Visto lo anterior, se tiene por satisfecho el primer requisito procesal atinente a la formulación de la imputación, a través de la cual se hizo del conocimiento de los imputados el hecho delictivo que se les atribuye, la forma de participación, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución. Lo que también acontece por lo que se refiere a la segunda exigencia procesal, toda vez que de la grabación se observa que, durante la audiencia de formulación de imputación, los sujetos activos estuvieron asistidos de su defensor y defensora y que el juez de control se cercioró de que conocieran sus derechos, así como de que su defensa se encontrara impuesta de los antecedentes de la investigación. Por lo que se refiere al tercer requisito procesal, se obtiene que Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas manifestaron su deseo de no rendir declaración. Y, respecto al cuarto de dichos requisitos, se advierte que los quejosos solicitaron que se resolviera su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que, si los referidos imputados quedaron a disposición del juez de control a las doce horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintidós, y el auto de vinculación a proceso impugnado se dictó a las diecisiete horas con tres minutos del diez de julio siguiente, es evidente que se resolvió oportunamente su situación jurídica. Comprobación de requisitos formales y de fondo. Una vez señalado lo anterior, procede abordar el estudio de la resolución de vinculación a proceso aquí impugnada, para corroborar si se observaron en su emisión los requisitos formales y de fondo exigidos para ello. Como quedó apuntado en párrafos que anteceden, tanto el artículo 19 de la Constitucional Federal, como el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los requisitos ya señalados y cubiertos, requieren que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan: (1) Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; (2) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, (3) Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una causa de exclusión del delito. Ahora, para determinar si en el caso se colman tales extremos, debe recordarse que el auto de vinculación a proceso fue dictado contra los impetrantes por su probable comisión o participación en el hecho que la ley señala como el delito de robo con las modificativas agravantes de haberse cometido sobre un vehículo automotor y haberse utilizado en su ejecución la violencia. Dicho ilícito se encuentra previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I y 290 fracción I, inciso b), y fracción V, párrafos primero al tercero, en relación con los ordinales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Marlene Monserrat Martín Castañeda. Asimismo, la forma de intervención que se les atribuye, lo es como coautores materiales con dominio del hecho, en relación con la fracción I, inciso d), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México. En ese contexto, el juez responsable, después de dar lectura al cuadro fáctico, determinó tener por acreditada la conducta típica por la cual se investiga a los imputados, así como los elementos que la configuran y la probable participación de éstos en el hecho delictivo, ello de conformidad con los siguientes datos de prueba aportados por la representación social: Entrevista de diecinueve de junio de dos mil veintidós, realizada por la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda, en la cual narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como fue desapoderada de su vehículo. Oficio girado al Encargado de la Unidad de Gestión e Información de Vehículos a efecto de que diera de alta el vehículo de la marca Mazda, tipo CX5, con placas de circulación PZR488C. Oficio de solicitud a la Policía de Investigación, a efecto de que llevara a cabo los actos de investigación consistentes en la búsqueda, localización y puesta a disposición de los probables responsables, recabara los datos de identificación de posibles testigos, así como de la víctima a efecto de que proporcionara la media filiación de los probables responsables y realizara una inspección en el lugar de los hechos. Acta entrevista elaborada por el elemento policiaco Víctor Hugo Mercado Medina de diecinueve de junio de dos mil veintidós, entrevistando a la hoy víctima, la cual, al momento de ser entrevistada, narra las circunstancias de tiempo modo y lugar de como fue desapoderada de su vehículo, manifestando que el primer sujeto del sexo masculino al cual vio, vestía con chamarra gris claro, pantalón de mezclilla y gorra blanca, siendo de tez morena clara, complexión delgada, de edad aproximada de dieciocho a veinte años, altura aproximada de 1.65 a 1.70, señas particulares: ceja izquierda marcada, frente amplia, con cara redonda, quien saca de entre sus ropas un arma de fuego y le dice "ya valiste verga"; el segundo sujeto, del sexo masculino, tez morena, complexión media de una edad de veinte a veinticinco años con una estatura aproximada de 1.70 a 1.73, frente amplia, cabello corto de los lados de color negro, quien le estaba apuntando con un arma de fuego y se encontraba en la parte del copiloto y escucha que dice "bájala perra". Inspección del lugar de los hechos, elaborada por el elemento policiaco Víctor Hugo Mercado Medina, en la cual se traslada al domicilio ubicado en calle Playa, manzana cinco, lote ocho, colonia Alfredo Bonfil, Naucalpan de Juárez, Estado de México, y describe cómo está conformada dicha ubicación. Entrevista de la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, mediante la cual acredita la propiedad de su vehículo con la factura número 00000006535, expedida a su favor por Vehículos Japoneses Zapata, sociedad anónima de capital variable, que ampara la propiedad de un vehículo de la marca Mazda, tipo CX5, con número de serie JM3KFADLXM0110276, motor PY10671129, con un valor total factura de $517,900.00 (quinientos diecisiete mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Informe de la Policía de Investigación de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que hace del conocimiento del ministerio público que tuvo contacto con la víctima, informándole que se encontraban personas detenidas que coincidían con la media filiación que ella había proporcionado en su entrevista realizada con la policía de investigación y que era necesaria su presencia a efecto de que manifestara si eran o no quienes participaron en el desapoderamiento de su vehículo. Constancia realizada por la Agente del Ministerio Público Diana Karla Peláez Hidalgo, en la cual entrevista a la víctima, quien le refiere acerca de lo que los elementos policiacos, la investigación que habían realizado, en este caso, consistente en la llamada telefónica. Acuerdo elaborado por la Agente del Ministerio Público Diana Karla Peláez Hidalgo, en el cual designa a Verónica Mendoza Antonio, a efecto de que lleve a cabo la diligencia de reconocimiento de persona, conforme al artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Constancia de derechos a favor, entre otros, del imputado Gilberto Espinoza Espinal. Entrevista de defensor público en la cual acepta y protesta el cargo conferido, entre otros, por el referido imputado quien se identifica con el gafete IDP-296, a nombre de Oscar Uriel Lara Juárez. Certificación de veintidós de junio de dos mil veintidós, elaborada por la Agente del Ministerio Público Verónica Mendoza Antonio, en la cual refiere que de acuerdo al numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, elabora dicho registro tomando en consideración que por las condiciones de la investigación resulta imposible realizar el reconocimiento de personas con características similares, por lo que la realiza con diferentes distractores y con personas más asemejadas a las características; firmando el defensor público Oscar Uriel Lara Juárez, así como la Agente del Ministerio Público. Diligencia de reconocimiento de persona en la que intervino Gilberto Espinoza Espinal, en la cual, en compañía del defensor, escoge la papeleta con el número uno; asimismo, se hace el cuestionamiento a la víctima sobre si persiste en su entrevista rendida el diecinueve de junio de dos mil veintidós, manifestando que sí, asimismo, se le pregunta si conocía con anterioridad a la persona, refiriendo que no, si la había visto en alguna otra ocasión, manifestando que no, por lo que en ese momento se pone a cuatro sujetos con características similares, quedando de la siguiente forma: Gilberto Espinoza Espinal (papeleta 1), Iván Flores Cortés (papeleta 2), Daniel Cuadros Torres (papeleta 3), Nazario Alvarado Canales (papeleta 4), preguntándole a la víctima si reconocía a alguna de las personas detrás del espejo, informando que sí, al uno; se le pregunta por qué reconoce a dicha persona y manifiesta: "lo reconozco porque intervino en el desapoderamiento de mi vehículo, siendo a quien vi, ya que llegó del lado izquierdo, quien me apunta con una pistola y me dice "ya valiste verga", dicha diligencia fue firmada y cuenta con huellas decadactilares de todos y cada uno de los intervinientes, entre ellos, el defensor y el Policía de Investigación Héctor Gustavo Castañeda Martínez, quien interviene como testigo de la misma. Constancia de derechos a favor, entre otros, del imputado Joaquín Vega Cuevas. Aceptación y protesta de cargo de defensor público de Oscar Uriel Lara Juárez, conferido por dicho imputado, identificándose con el gafete IDP-296. Diligencia de reconocimiento de persona, en la que interviene el imputado Joaquín Vega Cuevas, quien una vez asesorado por su defensor, decide colocarse con el cartel número uno; asimismo, se cuestiona a la víctima sobre si persiste en su entrevista realizada el diecinueve de junio de dos mil veintidós, manifestando que sí, asimismo, si conocía con anterioridad a la persona, refiriendo que no, y si después de la ejecución la había visto, refiriendo que no, colocándose de la siguiente forma los distractores: Joaquín Vega Cuevas (papeleta 1), Efraín Hernández Hernández (papeleta 2), Cristopher Ibarra Torres (papeleta 3), Gonzalo Pacheco Osorio (papeleta 4), preguntándo a la víctima si reconocía a alguno de los que se encontraban detrás del cristal, manifestando que sí, que al uno; se le cuestiona el por qué lo reconoce y dice: "lo reconozco porque lo vi a la cara, es precisamente quien me apunta con el arma y me pide que le entregue la llave de mi vehículo"; preguntándole si desea realizar alguna manifestación, refiriendo que no, asimismo se le cuestiona al defensor si desea hacer alguna manifestación, refiriendo que ninguna, obrando huella decadactilar de todos y cada uno de los intervinientes, así como sus rubricas, firma del defensor y del Policía de Investigación Héctor Gustavo Castañeda Martínez, quien interviene como testigo. Gafete oficial de Oscar Uriel Lara Jiménez, Defensor Público. Ampliación de entrevista de la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda, quien refiere que reconoce a quien ahora responde al nombre de Gilberto Espinoza Espinal, por ser quien intervino en el desapoderamiento de su vehículo el día dieciocho de junio de dos mil veintidós, y quien vio que llegó del lado izquierdo y le apunta con una pistola y me dice "ya valiste verga", asimismo, en un segundo reconocimiento, reconoce a la persona que responde al nombre de Joaquín Vega Cuevas, por ser a quien le vio la cara y es quien le apunta con un arma y me pide que le entregue la llave de mi vehículo, es por lo anterior, que en este acto ratifico en todas y cada una de sus partes la denuncia por el robo de vehículo automotor, cometido en su agravio, en contra de Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas. Copia certificada de la carpeta de investigación con número LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, iniciada el veintidós de junio de dos mil veintidós, por la que fueron detenidos los hoy imputados, por el delito tipificado como robo que causa la muerte. Asimismo, se contó con los siguientes datos de prueba ofertados por la defensa en la dilación constitucional: Constancia de veintitrés de junio de dos mil veintidós (23/06/2022), "siendo las cero horas con treinta minutos del día veintitrés de junio del año dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público hace constar, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 212, 215 y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que siendo la hora y fecha en que se actúa, se realizó llamada a la Defensoría de Oficio, sin tener respuesta a nuestro llamado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar", diligencia realizada dentro de la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, firmada por el licenciado Omar Ubaldo Cancino Corona, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio en el Valle de Toluca, con sede en Tlalnepantla de Baz. Constancia en la que se asienta que en fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, siento las tres horas con cuarenta y cinco minutos, el suscrito Agente del Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto en los mismos artículos, en el mismo sentido manifiesta que hasta ese momento tiene contacto con los imputados y que les indica que si requerían rendir su entrevista o comunicarse con algún familiar, refiriendo que ya habían tenido comunicación con sus familiares y que por el momento no era su deseo rendir entrevista, ello para los efectos legales diligencia realizada dentro de la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06. Constancia en la que se asienta que siendo las ocho horas con cincuenta y siete minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público Omar Ubaldo Cancino Corona, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio en el Valle de Toluca, con sede en Tlalnepantla de Baz, realiza un llamado a la Defensoría Pública y no tiene ninguna respuesta. Constancia de lectura de derechos a favor del imputado Joaquín Vega Cuevas, en la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, de veintidós de junio de dos mil veintidós, a las veinte horas con siete minutos, en donde se advierte que firma su representado, le leen sus derechos y se encuentra sin defensor, signada por Homero Alvarado Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca. Constancia de lectura de derechos a favor de Gilberto Espinoza Espinal, de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, en donde se advierte que firma su representado y se encuentra sin defensor, signada por Homero Alvarado Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca. En ese contexto, los datos probatorios, analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como lo sostuvo el juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para corroborar al menos hasta este momento el cuadro fáctico planteado por la representación social. Es así, ya que se estima correcto que el juez responsable tuviera por conculcado el bien jurídicamente protegido por la ley, así como por actualizadas las calificativas agravantes de la conducta y la probabilidad de que los imputados, hoy quejosos, intervinieron en los hechos delictuosos en examen. Lo anterior, en razón que de los datos señalados se desprende que la conducta se desplegó por parte de los sujetos activos, misma que consistió en el desapoderamiento de bienes ajenos a través de conductas corporales voluntarias, con uso de violencia moral. En relación con ello, del deposado rendido por la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda (ordinal 1), se advierte lo siguiente: Que el día dieciocho de junio, al ser aproximadamente las veintidós horas con cincuenta minutos, se encontraba por ingresar a su domicilio ubicado en calle Playa, manzana cinco, lote ocho, colonia Alfredo Bonfil, Naucalpan de Juárez, Estado de México y al abrir las puertas de éste, dos sujetos del sexo masculino, armados, la abordaron por la parte de enfrente y la amagaron apuntándole con un arma de fuego para desapoderarla de su vehículo y al sentirse amenazada reaccionó y bajó del vehículo a su menor hija, quien iba en la parte de atrás del vehículo y al bajarla, el primer sujeto abordó la unidad y se percata de que le faltaba la llave de presencia, desciende nuevamente y la amaga solicitándole la entrega de la llave, apuntándole directamente, ambos sujetos abordan y emprenden la huida, posteriormente, realiza sus llamadas al 911 y al 088, en donde le proporcionan los folios EDOMEX1/220618001389, así como el folio C4773792-2022. En ese sentido, la referida entrevista constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para dar cuenta del hecho delictuoso sujeto a examen, dado que fue emitida por quien resintió de manera directa el actuar atribuido a los imputados quejosos, esto es, el desapoderamiento del vehículo automotor de su propiedad; asimismo, a través de ese testimonio, así como del diverso rendido ante el elemento de investigación Víctor Hugo Mercado Medina (prueba 4), se pusieron de manifiesto las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los activos desplegaron los actos corporales idóneos para ello, dado que se expresaron ante la representación social, así como ante un elemento de la policía de investigación en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A esos deposados se sumó la ampliación de entrevista de la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, mediante la cual acredita la propiedad de su vehículo con la factura número 00000006535, expedida a su favor por Vehículos Japoneses Zapata, sociedad anónima de capital variable, que ampara la propiedad de un vehículo de la marca Mazda, tipo CX5, con número de serie JM3KFADLXM0110276, motor PY10671129, con un valor total factura de $517,900.00 (quinientos diecisiete mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) (número 6). Con lo anterior, demostró la existencia y propiedad del objeto del delito; sin que el resolutor considerara que se encontrara acreditado el valor de lo robado, dado que estimó que no existía hasta ese momento prueba idónea que acreditara su valor intrínseco, motivo por el que se determinó aplicable la fracción I, del numeral 289, del Código Penal Vigente en la entidad. Además de la inspección del lugar de los hechos, elaborada por el elemento policiaco Víctor Hugo Mercado Medina, en la cual se traslada al domicilio ubicado en calle Playa, manzana cinco, lote ocho, colonia Alfredo Bonfil, Naucalpan de Juárez, Estado de México, y describe cómo está conformada dicha ubicación (prueba 5). La que se consideró idónea para acreditar la existencia del lugar de los hechos. Por lo cual, con tales datos de prueba tuvo por acreditada, la conducta, el dolo que la revistió, la titularidad del bien objeto de la conducta, y por tanto, del bien jurídicamente tutelado, a saber, la propiedad. Asimismo, para acreditar la ausencia de consentimiento se advierte que tomó en consideración la denuncia presentada por la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda, ya que ésta nunca manifestó haber otorgado su aquiescencia para que los sujetos activos se apoderaran del bien mueble propiedad de la pasiva, y por el contrario, presentó su denuncia a efecto de que se iniciaran las investigaciones correspondientes (prueba 2). Con base en los datos de prueba anteriormente narrados, correctamente se tuvo por acreditada la conducta dolosa, la existencia del lugar, la existencia y propiedad del bien desapoderado, así como la dinámica de hechos, en los cuales se ejerció violencia a través de armas de fuego, con las cuales se venció la resistencia de la denunciante a efecto de desapoderarle del bien motor que ya ha quedado establecido. Máxime que, hasta el momento procesal en que fueron ponderados dichos datos de prueba, no se probó parcialidad o animadversión de los pasivos frente al activo o algún motivo por el cual falsearan sus manifestaciones atribuyéndoles un hecho en el que no intervinieron. Ante ello, se estiman infundados los argumentos de los quejosos en el sentido de que existe insuficiencia de datos de prueba para la actualización de su probable responsabilidad (concepto de violación a), pues tal como se aprecia de los razonamientos vertidos por la responsable, tomó en consideración el cúmulo probatorio a efecto de determinar, en un primer lugar, la existencia de la conducta delictiva, para posteriormente, tener por acreditada la existencia del lugar de los hechos, los objetos del delito, y la probable intervención de los imputados en dicha conducta, por lo que, en efecto, se considera que los datos probatorios son suficientes, al menos hasta este momento, para acreditar el tipo, la dinámica de hechos y la participación de los imputados. Es así, dado que tal como lo señaló la responsable, se advierte que: La víctima fue desapoderada de un bien inmueble consistente en un vehículo automotor por parte del sujeto activo sin su consentimiento ni de quien legalmente podía disponer de él (artículo 287). Que en dicho acto se hizo uso de violencia sobre la víctima, esto es, amagando al ocupante del vehículo con un arma de fuego, y además, intimidándolo con el fin de que no opusiera resistencia (290, fracción I, inciso b). Que el ilícito recayó sobre un vehículo automotor (290, fracción V). Que en el hecho ilícito se advierte la intervención de dos o más personas, quienes se distribuyeron las acciones delictivas, pues los imputados son reconocidos por ser las personas que se acercaron con armas de fuego apuntando a la víctima y haciéndola bajar del vehículo, desapoderándola de las llaves y dándose a la fuga, existiendo un acuerdo previo entre los participantes que permitió llevar a éxito el delito (artículo 11, fracción I, inciso d). Que los quejosos tenían conciencia y voluntad al momento de llevar a cabo el hecho, lo que permite establecer que su conducta es dolosa (6, 7, 8 fracciones I y III). Que no fue hecha valer ni se advierte probada causa de justificación, de extinción de la acción penal o una de exclusión del delito. Lo que guarda armonía con los datos de prueba que tomó en cuenta el juez responsable para dictar el auto de vinculación a proceso, de los que se advierte la posible participación de los hoy quejosos en el hecho delictuoso; pues de un examen de los datos de prueba relatados conforme a un grado de razonabilidad, analizados por el juez, atento a la narración que de ellos le expuso la fiscal, permiten arribar a la conclusión que, como lo dijo, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para justificar (1) la actualización de un hecho circunstanciado delictivo, (2) la actualización de circunstancias que agravan dicha conducta, (3) la calidad de los quejosos como coautores materiales para llegar al resultado de la conducta atribuida, consistente en desapoderar del vehículo automotor a la víctima con uso de violencia, datos que, en efecto, son jurídicamente suficientes y eficaces para considerar demostrado el hecho delictuoso. Ahora bien, respecto a la afirmación en el sentido de que los imputados son reconocidos por ser las personas que se acercaron con armas de fuego apuntando a la víctima y haciéndola bajar del vehículo, desapoderándola de las llaves y dándose a la fuga; debe decirse que la detención de los quejosos se origina a partir de la posible comisión del delito de robo de vehículo con la agravante de haber causado la muerte de la víctima, mismo que se investiga en la diversa indagatoria LER/FHT/FHT/054/182903/22/06 (prueba 19). No obstante, dado que la denuncia de los hechos materia de este asunto se había llevado a cabo y que se advirtió por parte de la representación social una posible relación de los ahí detenidos, específicamente de los hoy quejosos, con la carpeta de investigación iniciada con motivo de los hechos que ahora se estudian, se ordenó una diligencia de reconocimiento de persona, a la que se citó a la víctima Marlene Monserrat Martín Castañeda (prueba 7) Ahora, en los conceptos de violación hechos valer contra dicha diligencia [c) y d)], la parte quejosa indica que: La prueba de reconocimiento de persona de veintidós de junio de dos mil veintidós, no se llevó a cabo, pues en todo momento los quejosos se encontraron en la Fiscalía Especializada en Homicidios, no así en el Centro de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México. La prueba de reconocimiento de persona se llevó a cabo violando derechos fundamentales, así como lo dispuesto en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son infundados los aludidos conceptos de violación. Respecto al primero de ellos, debe decirse que la parte quejosa no acreditó dicha circunstancia de manera alguna ante la responsable, pues de los datos de prueba en que se funda el acto reclamado no hay indicio alguno que permita llegar a la conclusión de que, en efecto, la diligencia no se llevó a cabo, pues contrario a ello, se advierte que se dio cuenta con las actas en las cuales se asentó el verificativo de las diligencias de reconocimiento, las cuales fueron firmadas por los propios imputados, así como por cada uno de los intervinientes. Respecto al segundo de dichos argumentos, el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor." Así, de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se desprende que el imputado se encontraba debidamente asistido del defensor de oficio Oscar Uriel Lara Juárez, quien se identificó plenamente con gafete de la defensoría pública, circunstancia que se corrobora con las pruebas 11 y 15, de las que se advierte el nombramiento y protesta del referido defensor, por lo que no se advierte violación a los derechos de los imputados en ese aspecto. Asimismo, se hizo constar que los imputados fueron presentados con otros tres sujetos masculinos con rasgos físicos lo más similares posibles en la cámara de Gesell (pruebas 13 y 16), diligencias respecto de las cuales se asentó una certificación en el sentido de que, conforme al numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las condiciones de la investigación resultaba imposible realizar el reconocimiento de personas con características similares, por lo que se realizó con diferentes distractores y con personas más asemejadas a las características; firmando el defensor público Oscar Uriel Lara Juárez, así como la Agente del Ministerio Público (prueba 12). Circunstancia, esta última, que no es contraria a lo previsto en el numeral invocado, pues si bien debe procurarse que las características de las personas que participen en la diligencia de reconocimiento sean similares, lo cierto es que el propio numeral también contempla la posibilidad de que, en caso de que las condiciones de la investigación no permitan cumplir a cabalidad con dicha circunstancia, deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia; extremo con el que cumplió la representación social, quien además procuró que fueran las características lo más asemejadas posible, lo que fue constatado por quienes firmaron tal certificación, entre ellos, el defensor de los imputados. Aunado a lo anterior, la ley exige que las características de los sujetos confrontados sean similares, no iguales, pues no es materialmente posible encontrar a personas idénticas ni de rasgos totalmente parecidos. Además, no se desprende que se haya ocultado su apariencia ni que éstos se encontraran disfrazados, aunado a que se asentaron actas de dicho acto de investigación en las que se recabaron firmas autógrafas de los intervinientes (Agente del Ministerio Público, defensor público y Agente de la Policía de Investigación -quien fungió como testigo-). En efecto, de la diligencia aportada por la representación social, así como del informe de la policía de investigación relativo, se desprende que la víctima al tener a cuatro sujetos frente a ella en cada diligencia, señaló de forma clara y específica a los hoy investigados, atribuyéndoles incluso conductas específicas el día de los hechos, lo que atribuye un grado de certeza considerable a la probanza, aunado a que es claro que de la fecha de la comisión del ilícito a la fecha en que se verificó la diligencia en mención habían transcurrido apenas cuatro días, circunstancia que también da fiabilidad al dicho de la víctima. Así, no asiste razón a la parte impetrante toda vez que si bien dicha diligencia dio pie a la vinculación de los imputados con la carpeta de investigación de la que derivaron los actos aquí reclamados, lo cierto es que tal vinculación derivó de una diligencia llevada a cabo en términos de ley, de la que puede advertirse que la víctima que resintió directamente los hechos delictivos, señaló al impetrante de forma directa y libre, sin que se adviertan vicios en su manifestación o en la realización de la propia diligencia, por lo que fue debidamente conducido a la presente investigación. Lo que hace infundados los conceptos de violación identificados en los incisos c) y d), pues no se advierte que los datos de prueba ofertados hayan sido ilícitos, esto es, hayan sido obtenidos con violación de los derechos humanos de los quejosos. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad y a través de los medios de prueba pertinentes, se acrediten las aseveraciones que realiza y con ello se reste valor probatorio a tal reconocimiento, o bien, tal prueba pueda ser excluida, dado que una vez que el procedimiento se encuentre en la etapa intermedia, podrá solicitar la exclusión de los medios de prueba que considere, sobre lo cual se debatirá en el momento respectivo, sin embargo, hasta este momento, se considera acertada la determinación del juez responsable, esto es, la acreditación de la probable participación de los imputados a título de probable. De igual forma, no es correcta la afirmación de los quejosos en el sentido de que la única prueba con la que se sostiene su probable intervención, lo es la consistente en el reconocimiento de persona, pues el propio juez responsable, adujo que la probable intervención del sujeto activo, se tenía por acreditada también con los mismos elementos de prueba que sirvieron para justificar la existencia del hecho ilícito. Circunstancia que no contraviene disposición alguna, porque aun cuando delito y responsabilidad penal son conceptos disímiles, ya que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la materialización de una conducta con relevancia penal, independientemente de su autoría, y el segundo tiene como esencia verificar la viabilidad de atribuir un hecho a una persona determinada, lo cierto es que un mismo medio de convicción puede acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y, por otro, atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico. Sin que haya sido el único dato de prueba considerado por el juez, puesto que como ya se ha hecho mención en párrafos precedentes, éste tomó en consideración más datos de prueba, que concatenados entre sí, le permitieron llegar a la determinación adoptada. Es así, ya que como se ha señalado antes, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el auto de vinculación a proceso puede ser dictado si de los antecedentes de la investigación se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, siendo que debe efectuarse dicho análisis de forma razonable. De lo que se obtiene que la ley no exige que se acredite fehacientemente la participación y responsabilidad, sino únicamente que existan datos que hagan razonablemente probable la participación del investigado, asimismo, la redacción actual del artículo 19 constitucional, revela claramente la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Ilustra en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Bajo ese contexto, debe indicarse que tampoco tiene sustento el motivo de disenso propuesto por los impetrantes relativo a que la determinación reclamada viola en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia (concepto de violación b) en razón que el juzgador no analizó debidamente los datos de prueba y únicamente atendió a la diligencia de reconocimiento para atribuirles la responsabilidad en el hecho ilícito. Sin embargo, de los datos de prueba que conforman los antecedentes de la investigación, se desprende que el auto de vinculación a proceso se encuentra suficientemente apoyado en los datos aportados por la ésta, sobrepasando el estándar probatorio necesario para éste estadío procesal, sin que los quejosos o su defensa hayan incorporado medio de prueba alguno en la audiencia inicial que haya resultado suficiente para desvanecer los ofertados por la representación social, por lo cual el auto de vinculación fue dictado con los elementos que le fueron aportados al juez responsable, sin que se desprenda una determinación arbitraria o irracional, por los motivos que se han razonado a lo largo de la sentencia. Sin que pasen inadvertidas para el suscrito las probanzas incorporadas por la defensa en la continuación de audiencia inicial, pues si bien se evidenció la existencia de tales constancias y actuaciones, lo cierto es que éstas derivaron de una carpeta de investigación diversa, esto es, de la LER/FHT/FHT/054/182903/22/06, seguida, entre otros, a los quejosos por el delito de robo de vehículo con la agravante de haber ocasionado la muerte, misma que es tramitada ante diversa autoridad ministerial (Fiscalía de Homicidios), por lo que tales actuaciones son propias de dicha autoridad y carpeta y no de la que aquí nos ocupa (TLA/FRV/VRA/013/179825/22/06- de la Fiscalía de Robo de Vehículos), en la que sí se desprende la designación de defensor de oficio, así como su intervención. De ahí que en concepto de este juzgador, la resolución en estudio satisface las formalidades exigidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe hacer mención de que, atinadamente el juez de la causa fundamentó y motivó cada momento procesal de la diligencia, pues refirió los preceptos aplicables y explicó al imputado los requisitos que debía colmar el auto de plazo constitucional, por lo cual, no se desprende falta de fundamentación ni motivación en la determinación reclamada, ni se advierte contradicción entre los fundamentos y afirmaciones vertidas por el resolutor responsable. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expresa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De lo expuesto se tiene, como se dijo, que ese cuadro procesal permite, objetiva y fundadamente, desprender datos, que por ahora, involucran a los hoy quejosos como probables interventores en los hechos que la ley señala como ilícitos y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarlos, de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos probatorios que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores elementos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos convictivos expuestos sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga y exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieron o participaron en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias de autos, se actualiza. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas contra el auto de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta administrativa 1347/2022. Negativa que se hace extensiva a la ejecución del auto de vinculación a proceso reclamada a la autoridad penitenciaria, por no haberse reclamado por vicios propios. Cobra aplicación por igualdad jurídica sustancial la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Materia Común, página 784, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades de quienes emana el acto, debe negarse también respecto de las que lo ejecutan o pretenden ejecutarlo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gilberto Espinoza Espinal y Joaquín Vega Cuevas, contra el acto reclamado y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta resolución. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos, así como a la representación social de la adscripción, por lista a la parte tercero interesada y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público tercero interesada.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese la promoción de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por la cual remite el emplazamiento del Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 1347/2022, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha aún no obra la constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que intervino en la causa 1347/2022; en consecuencia, para dar margen a que se encuentre enterado de la radicación del presente juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las, nueve horas con quince minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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