Gilberto Escobar Sepúlveda
Expediente 1036/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gilberto Escobar Sepúlveda
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto *** , de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto *** , de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Recepción del escrito. Por recibida la demanda de amparo signada por *********; en contra de actos del juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 1036/2019-III. Desechamiento de la demanda. En la especie la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el titular del Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, dentro del expediente *****, que en su parte conducente determinó: "Finalmente, en relación a dejar sin efecto la garantía y los oficios que solicita la ocursante se le indica que aún no se ha materializado medida precautoria alguna, al no colmarse los extremos señalados en auto de fecha 13 de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve y en atención a los oficios 2867/2019, 2868/2019, 2969/2019 y 2870/2019 resulta improcedente dejarlos sin efectos pues únicamente se constriñeron a informar la radicación del presente asunto, para conocimiento de sus destinatarios sin observarse algún mandamiento diverso que sea susceptible de ser suspendido." Precisado lo anterior, es menester señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y sus anexos; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del tomo VII, mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." De los antecedentes que dieron origen del acto reclamado se destaca: ********* demandó en la vía ordinaria civil, entre otros, al quejoso ******** la nulidad de diversas escrituras. En su demanda pidió además: -Medida precautoria de inscripción de demanda. - Que se giraran oficios a distintas dependencias (Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro Municipal) para que hiciera del conocimiento del juez los movimientos respecto de las escrituras tildadas de nulas. El ocho de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, radicó la demanda, la admitió a trámite y mando emplazar a los demandados. El trece de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó un auto regularizando para subsanar dos omisiones: Respecto de la medida precautoria de embargo se le requirió una caución de ciento cincuenta mil pesos. En lo que toca a los oficios se ordenó girarlos. El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se emplazó al quejoso. El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso dio contestación a la demanda, y solicitó a la jueza responsable dejar sin efectos la garantía impuesta al actor mediante auto de trece de septiembre, para la inscripción de la demanda y los oficios que mandó a las dependencias. El mismo cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se dictó un auto en el que se modificó la garantía por dos millones de pesos. Por otra parte, en lo que concierne a los oficios que se habían mandado girar, se tuvo al actor anexando los acuses de recibido de los oficios que fueron entregados a las dependencias correspondientes. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se dictó un auto en el que se tuvo al quejoso (demandado) contestando la demanda. En lo que interesa, se dijo: "Finalmente, en relación a dejar sin efecto la garantía y los oficios que solicita la ocursante se le indica que aún no se ha materializado medida precautoria alguna, al no colmarse los extremos señalados en auto de fecha 13 de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve y en atención a los oficios 2867/2019, 2868/2019, 2969/2019 y 2870/2019 resulta improcedente dejarlos sin efectos pues únicamente se constriñeron a informar la radicación del presente asunto, para conocimiento de sus destinatarios sin observarse algún mandamiento diverso que sea susceptible de ser suspendido." (este es el acto reclamado). Sin que se haya interpuesto algún otro recurso en contra del auto reclamado en la presente instancia. En ese tenor, se estima que el quejoso puede agotar los medios legales que estime convenientes, conforme al del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, que establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, en específico el recurso de revocación, de acuerdo a los numerales 232, 233 y 234 de dicho código, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, en la medida en que el auto, por su naturaleza, no encuadra en ninguno de los supuestos expresos para el recurso de apelación. Dichos preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto." "Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." Dichos numerales otorgan al gobernado un medio de defensa ordinario, para que el juez responsable revoque el acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada con número de número de registro 247290, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En tales condiciones, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Además la procedencia de dicho medio de defensa no amerita mayor interpretación; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Bajo el anterior marco contextual, debe destacarse que al quejoso le recae el carácter de demandado, tal y como se desprende de las propias manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad. Por tanto, previamente a la interposición de la presente instancia constitucional, el peticionario del amparo debió interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato. Medio de defensa en virtud del cual el acto reclamado puede ser revocado, sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad; en ese sentido, evidente resulta que al no haberse interpuesto tal recurso, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata y, por ende, resulta procedente desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al sumario constitucional como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acudiera a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando la violación reclamada produjera una violación de las referidas garantías individuales y se afectaran los derechos fundamentales del gobernado. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ********* en esta ciudad en esta ciudad y autorizadas en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a ********, toda vez que de la certificación de cuanta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a ********, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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