Gilberto Enrique Hernández Córdova

Expediente 600/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
600/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Gilberto Enrique Hernández Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    La sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto concluido, susceptible de destrucción.

  2. Incidental

    Archívese como asunto totalmente concluido; original susceptible de depuración; duplicado susceptible destrucción.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, atento a las razones expuestas en el decisorio cuarto. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA QUE DICE: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 600/2017, y; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: AUTORIDAD FOJAS SENTIDO Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz. 22 y 23 Cierto Directora del Centro de Reinserción Social, con sede en Jalacingo, Veracruz. 20 Cierto SEGUNDO. Por auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer de la aludida demanda, la admitió a trámite y la registró con el número 600/2017; solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez emplazada la parte tercera interesada, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano; y, Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, debido a que las autoridades responsables tienen residencia en la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este órgano. SEGUNDO. Atendiendo al imperativo que contiene el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el suscrito procede a fijar los actos reclamados. Así, del contenido integral de la demanda y demás constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La resolución emitida en audiencia de cinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual se calificó de legal la detención del aquí quejoso, en el proceso penal *** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Jalacingo, Veracruz. b) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en esa misma fecha y su ejecución. c) El auto de vinculación a proceso de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del proceso penal mencionado, contra ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de secuestro agravado. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Directora del Centro de Reinserción Social, ambas con sede en Jalacingo, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe con justificación de actos. Lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso penal *** y los tres discos versátiles digitales que remitió el juez responsable; constancias y discos que al tratarse de documentos públicos cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A LA PARTE QUEJOSA, al resultar inoperantes los conceptos de violación que expone, sin que exista deficiencia que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que en materia penal la suplencia de la queja deficiente procede en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. De ahí que cuando ambos concurran en cualquiera de las instancias del juicio de amparo indirecto o en el recurso de que se trate con el carácter de quejoso o tercero interesado, será necesario que el juzgador así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan de ese mismo beneficio. Ello, con la finalidad de atender a la verdad legal y juzgar, con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1521, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007120, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO." De la jurisprudencia mencionada, también se observa que cuando se impugne algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo o recurso, sea el inculpado o la víctima, el juzgador debe resolver la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas. Sin embargo, tratándose del sistema penal acusatorio y oral, no resulta aplicable dicha jurisprudencia, toda vez que de realizar un estudio bajo la figura de la suplencia de la queja, no se otorgaría un trato igual a los iguales. En efecto, el principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. El ordinal 11 del ordenamiento legal en cita, señala que el principio de igualdad entre las partes garantiza a éstas, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las Leyes. Además, los artículos 67, párrafo segundo y 353 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén que las audiencias serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. En ese orden de ideas, el propio código en su artículo 69, prevé que en cualquier momento el órgano jurisdiccional o a petición de parte, podrá aclarar los términos obscuros, ambiguos o contradictorios en que estén emitidas las resoluciones judiciales, siempre que tales aclaraciones no impliquen una modificación o alteración al sentido de las resoluciones. Por su parte, el Capítulo VII relativo a la Nulidad de Actos Procedimentales, establece en su artículo 97 que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo, mientras que el diverso 99 señala que los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales podrán ser saneados, reponiendo el acto, ratificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. En relación a ello, el numeral 100 del código adjetivo penal precisa que los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en dicho código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado quedarán convalidados cuando: I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en ese Código, o III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. Lo anterior permite establecer que en los procesos penales tramitados bajo el sistema penal acusatorio y oral, las partes gozan del principio de contradicción, el cual les permite conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Por tanto, en esta instancia no puede existir un examen integral de lo resuelto por el juez de control, debido a que las partes tienen la posibilidad de solicitar la nulidad o saneamiento y, en caso de no hacerlo, las actuaciones se tienen por convalidadas. Afirmar lo contrario, equivale a abordar cuestiones que no formaron parte de la litis en el procedimiento y desatender a los principios constitucionales de contradicción e igualdad ante la ley y entre las partes; de ahí que, a criterio de este juzgador no proceda suplir la deficiencia de la queja en favor del imputado. Además, en la revisión en sede judicial, los agravios se analizan conforme al principio de estricto derecho, el cual debe quedar salvaguardado en el juicio de amparo, puesto que éste no solo protege derechos humanos, sino también salvaguarda los principios que rigen o regulan cualquiera de los procedimientos contenciosos como el del código en estudio. Lo anterior, se corrobora del contenido del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al alcance del recurso, que dispone: ".dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso." No se desconoce la existencia de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 689, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 160950, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Sin embargo, en el caso se estima que no resulta aplicable, toda vez la resolución de control de detención, la imposición de la medida cautelar y el auto de vinculación que nos ocupan se emitieron de conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la ejecutoria que dio origen al criterio de la Primera Sala se observa que se analizaron el Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Ahora bien, en sus conceptos de violación la parte quejosa expuso lo siguiente: En relación a la resolución de control de detención, refiere que tal como lo expuso en su comparecencia ante el juez de control: a) Su detención no se efectuó en flagrancia como lo sostiene la fiscalía ni existen pruebas que acrediten tal circunstancia. b) No le fueron dados a conocer sus derechos sino hasta cinco o seis horas después. c) Desde la detención hasta que fue puesto a disposición de la Fiscalía mediaron más de cinco horas, lo que se deduce del informe que rinden las responsables, cotejada con los informes policiales, relacionadas con las entrevistas de quienes se encuentran involucrados en los hechos. d) El juez de control convalida la retención realizada por la fiscalía especializada, sin antes entrevistar a los elementos aprehensores con el objeto de verificar las condiciones de tiempo, modo y lugar de la detención. Respecto a la prisión preventiva oficiosa, alega: a) Resulta ilegal la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, debido a que no fue puesto a disposición de la fiscalía inmediatamente después de su detención. b) El juez de control transgrede el principio de presunción de inocencia, ya que corresponde a la fiscalía acreditar su probable participación en el hecho de secuestro agravado que se le imputa. Por cuanto hace al auto de vinculación a proceso, refiere: a) El juez de control resolvió de manera parcial, sustentando su determinación en datos de prueba insuficientes para acreditar su presunta responsabilidad penal. b) Las entrevistas en las pruebas de cargo se contradicen. c) El juez de control le arroja la carga de la prueba al imputado cuando corresponde a la fiscalía acreditar su probable participación. d) Ninguna de las veintinueve pruebas de cargo lo incrimina de manera contundente. e) El juez de control, por omisión, violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. Como se observa de los conceptos de violación sintetizados, el quejoso pretende restarle valor a los datos de prueba que la fiscalía enunció y evidenciar las omisiones en que, a su consideración, incurrió el juez de control al momento de pronunciarse respecto a la legalidad de su detención, al imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y al emitir el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes en virtud de que tales cuestiones debió hacerlas valer en el momento en el que se le otorgó la palabra después de que la fiscal solicitó la legalización de la detención, la imposición de la media cautelar y la vinculación a proceso. De esta manera, el juez de control se encontraría en condiciones de pronunciarse al respecto y ponderar la información que se obtiene de los mismos, con base en el debate entre la fiscalía y la defensa y, al no haberlo hecho así, no se encontraba obligada a ponderar tales argumentos. Para el caso de considerar que el juez no atendió todas sus manifestaciones, la defensa tuvo la oportunidad de solicitar el saneamiento, a efecto de que se subsanara tal circunstancia y no se convalidara esa actuación; cuestión no realizó. En otro orden de ideas, respecto a las omisiones en que aduce incurrió el juez de control al momento de emitir el auto de vinculación, debe decirse que la defensa debió someterlas a contradicción en la audiencia en la cual se dictó el auto de vinculación a proceso, pues al atender dichos argumentos en esta instancia constitucional, se estarían violando los principios de contradicción, igualdad ante la ley e igualdad entre las partes previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que en el juicio de amparo las partes no pueden conocer, controvertir o confrontar los datos de prueba, ni oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, para así estar en aptitud de que se produzcan esos datos de prueba ante el Juez de Control quien resulta el juez ad hoc para analizar los hechos y datos ante él expuestos. Por tanto, es de concluirse, que la parte quejosa pudo haber combatido dichas violaciones procesales dentro de la misma audiencia de vinculación a proceso, para someterlos a contradictorio, ya sea solicitando la nulidad, o saneamiento de los actos que aquí reclama, pues los mismas se basan únicamente en omisiones y violaciones que sostiene realizó la juez de control dentro del procedimiento. Sin embargo, al no haber controvertido tales hechos, se estiman convalidados, tal como lo dispone el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación formulados por el quejoso, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADOS. QUINTO. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, atento a las razones expuestas en el decisorio cuarto. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese como corresponda."

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