Gilberto Enrique Castillo Sánchez
Expediente 131/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gilberto Enrique Castillo Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días..., para la interposición del recurso de queja en contra del auto...que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia,... se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, y sin nombre de quien aparentemente la promueve, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como 131/20223 y, fórmense los respectivos expedientes físico y electrónico. Ahora bien, la suscrita juzgadora procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Es ilustrativa, en lo conducente, la tesis LXXI/2002, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVI, julio de 2002, página 448, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte la imposibilidad material para darle trámite a la presente demanda de amparo, dada la ausencia total de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues no se tiene certeza de quien sea el promovente, su domicilio, ni el nombre y domicilio del tercero interesado, ni de la autoridad o autoridades responsables. Tampoco se sabe la norma, acto u omisión que se reclama; los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; los preceptos legales que contengan los derechos humanos vulnerados, ni los conceptos de violación correspondientes. Aunado a lo anterior, se desconoce totalmente la voluntad de quien lo presenta sin contenido alguno, aunado a que ni siquiera obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación. Acorde a lo anterior, se desconoce totalmente la pretensión de su presentante, así como la voluntad de quien supuestamente lo presenta, ya que no obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, del análisis de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo promovida vía electrónica sin nombre de quien aparentemente lo promueve, carece de firma electrónica, lo que se demostrará a continuación. De la lectura del último precepto legal mencionado, se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado o por su apoderado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrado por el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principio que reproduce el diverso artículo 6 de la legislación de la materia, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame y que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los que expresamente lo permita la ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias jurídicas, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Además, se precisa que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En ese tenor, es destacable lo previsto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se advierte como un aspecto relevante que brinda mayor certeza a los justiciables, así como el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto de la firma electrónica ingresada al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación al que se ha hecho referencia. En tal virtud, si bien la demanda de amparo promovida sin nombre de quien aparentemente lo promueve, fue presentada de manera electrónica (en línea); lo cierto es que, tampoco se encuentra firmada por el promovente, pues no contiene los certificados necesarios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que permitan validar su actuación en el sistema electrónico mencionado con antelación. Por tanto, al no apreciarse la voluntad de quien promueve la presente demanda, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario. De ahí que, si el escrito no se encuentra suscrito por parte interesada, debe entenderse que no existe manifestación de voluntad; por lo tanto, la demanda resulta improcedente, sin que pueda mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación posterior, pues no es de aquellas irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 65, abril 2019, tomo I, página 79, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que obste a lo anterior, que en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, en vinculación con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. De lo que se puede colegir que en los supuestos de presentación de demandas de amparo en línea, se hace preciso, como un requisito fundamental, que obre la firma electrónica de quien promueve en el escrito correspondiente, pues en función de la naturaleza del sistema electrónico implementado para la tramitación de los juicios en línea, será exclusivamente ésta la que dote de validez legal al documento en cuestión; por tanto, solo a través de la firma digital se hará patente la voluntad del promovente de someterse a la potestad jurisdiccional. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 62, enero de 2019, tomo I, pagina 5, que señala: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En consecuencia, se desecha de plano la demanda promovida vía electrónica sin nombre de quien aparentemente la promueve, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, en contexto con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de la firma electrónica (FIREL) de quien promueve, lo que implica la ausencia de la expresión auténtica de su voluntad, es decir, no hay instancia de parte, como se ha evidenciado en líneas que anteceden. Aunado a la falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad material y jurídica de prevenir a quién promueve la demanda de cuenta, ya que se desconoce tanto el nombre como su voluntad de hacerlo, como se ha destacado en líneas que anteceden. Finalmente, dada la ausencia del nombre y domicilio de quien promueve la demanda que nos ocupa, se ordena realizar la publicación del presente proveído por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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