GILBERTO DE JESUS LOZANO GONZALEZ y Otros.
Expediente 891/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- GILBERTO DE JESUS LOZANO GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
De las papeletas de turno de las demandas de amparo y de los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que fueron recibidas a las dieciocho horas con veinte, veintiún y veinticinco minutos y a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos de este día. Por lo tanto, tomando en consideración el principio de economía procesal y con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, respecto de una misma cuestión litigiosa, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena de oficio la acumulación de las demandas de amparo registradas en el libro de correspondencia que para tal efecto lleva este Juzgado Federal, bajo los números 890/2020, 891/2020, 892/2020 y 895/2020. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/9 (10a.), de los Tribunales Colegiados publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, febrero 2014, Tomo II, página 1875, del tenor literal siguiente: "CONEXIDAD EN AMPARO DIRECTO. AUN CUANDO LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, NO REGULE SU PROCEDENCIA, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, SI UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUICIO QUE VA A RESOLVER TIENE CON OTRO U OTROS DE SU PROPIA JURISDICCIÓN, UNA RELACIÓN TAL QUE HAGA NECESARIO QUE TODOS ELLOS SE VEAN SIMULTÁNEAMENTE, DEBE ACORDAR AQUÉLLA. El artículo 65 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, por una parte prohibía la acumulación en los juicios de amparo que se tramiten ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en revisión o como amparos directos y, por otra, regulaba la figura jurídica de la conexidad. En cuanto a esta última, establecía que cuando alguna de la Salas del Máximo Tribunal o el Tribunal Colegiado de Circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otros de la propia Sala o del mismo tribunal, una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a moción de alguno de los Ministros o de los Magistrados del tribunal respectivo, podían ordenarlo y acordar que sólo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. Por su parte, la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, introdujo las figuras del amparo adhesivo y la concentración de procedimientos, así como la forma de resolverlos, pero ya no prevé expresamente la acumulación en amparo indirecto ni la conexidad en revisión o en amparo directo. Ahora bien, para la acumulación puede acudirse al Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece su procedencia y trámite, al ser de aplicación supletoria a la ley actual, por disposición de su artículo 2o. Caso distinto a la conexidad, ya que no existe fundamento en la ley vigente que regule su procedencia, trámite y resolución en los juicios de amparo. Sin embargo, esa omisión legislativa no es obstáculo para resolver los juicios de manera conexa, pues cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta que el amparo directo que va a resolver tiene con otro u otros en trámite de su propia jurisdicción una conexión tal que haga necesario que todos ellos se vean simultáneamente debe acordar la conexidad, ya que permanece latente la necesidad y conveniencia de resolver los juicios de esa forma, de acuerdo con el principio de economía procesal, al ser su finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de una misma cuestión litigiosa." En tales condiciones, corresponde acumular el juicio más reciente al más antiguo, esto es, el juicio de amparo 895/2020, 892/2020 y 891/2020 al 890/2020 Regístrese en el libro de gobierno con el número 890/2020-VII y sus acumulados 891/2020-VIII, 892/2020-I y 895/2020-IV, fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. ADMISIÓN. Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, VII y XV, de la Constitución Federal; 1o, 107, 112 y del 115 al 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite. Dése la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. TERCERO INTERESADO. Este Juzgado considera que en este momento procesal no le asiste dicho carácter a persona alguna. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de quince días y con una anticipación de por lo menos ocho días con relación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 260, fracción II, con relación al diverso 238, párrafo primero, ambos de la ley de la materia y conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. MEDIOS DE PRUEBA. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales ofrecidas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, sin que haya lugar a tener como pruebas de su parte alguna página de internet o nota periodística, pues al momento no se señalo ninguna. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. Por otra parte, se requiere a las partes para que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", para que este órgano jurisdiccional tome las medidas necesarias para asegurar su custodia y conservación, apercibidas de que en caso de omitir remitirla debidamente resguardada y en versión pública cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a su oferente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como tal el que indica. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, siempre y cuando acrediten tener su cédula profesional registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho; ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, a fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta el artículo 126 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señalo bajo protesta de decir verdad que. Los quejosos son integrantes de un colectivo llamado FRENA. Que con la intención de manifestarse de modo pacífico en la Plaza de la Constitución, se trasladaban desde distintos puntos de la República Mexicana. Que al llegar a la Avenida Juárez de la Ciudad de México, un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México los rodearon, construyendo una cerca con vallas metálicas a fin de impedirles el paso, y con esto privándolos de su libertad personal, libertad de tránsito, así como de su derecho a manifestarse y de poder comunicarse con personas cercanas. Además, indican que ciertos elementos policiacos realizaron actos de maltrato en contra de los quejosos. En tal virtud, toda vez que los actos reclamados consisten en la privación de la libertad personal y la incomunicación encuadran dentro de los actos por los que procede conceder la suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto que las autoridades responsables pongan en inmediata libertad a los quejosos, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Esto es, cesen de manera inmediata con el cerco policial que rodea a los quejosos y que les priva de su libertad personal. Así como para que cesen de inmediato en su caso, la incomunicación total o parcial de los quejosos con sus familiares y personas de confianza, de manera que las autoridades garanticen a las personas privadas de su libertad (a raíz del cerco policial) la comunicación inmediata con sus familiares y personas de su confianza, antes incluso que con terceras personas ajenas o dispuestas a llevar su defensa legal, permitiéndole visitas durante el desarrollo de su manifestación pacifica. De lo contrario, podría presumirse, en su caso, violación en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental a la integridad personal, tutelado en los artículos 1º, 22 y 29 constitucionales, así como 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en términos de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar, por un lado, que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano. En tales condiciones, las autoridades responsables deberán garantizar, en todo momento, que los manifestantes quejosos no se encuentren incomunicados total o parcialmente. Aunado a lo anterior, deberán cesar los malos tratos de los que puedan llegar a ser objeto los quejosos, así como respecto de cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; en la inteligencia de que se deberá respetar la dignidad y derechos humanos de los quejosos. Ahora, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se advierte la privación de la libertad de expresión y de tránsito, como consecuencia de los actos reclamados antes mencionados, pues se encuentra íntimamente relacionada con éstos. Al respecto, el Pleno del Alto Tribunal Constitucional, en la Jurisprudencia P.J.26/2007, sostuvo el criterio que la prohibición de la censura previa, contenida en el artículo 7 constitucional, implica que Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que tenga el poder de impedir su desarrollo. Asimismo, aclaró que la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, siendo éstos el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, destacó la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos, a excepción de aquellos casos en los que se ataquen los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en la acción de inconstitucionalidad 96/2014, en sesión de once de agosto de dos mil dieciséis, lo siguiente: "- Las protestas y manifestaciones pacíficas constituyen una expresión, entre otros, de los derechos humanos a la manifestación de las ideas, de libertad de expresión, asociación y de reunión y, por supuesto, del derecho al libre tránsito y a la libertad deambulatoria. - Sea que las personas den aviso o no a las autoridades administrativas de que se llevará a cabo la referida protesta, las autoridades del Estado deben facilitar los derechos que convergen al realizar las referidas manifestaciones. - "Lo que hace ilícita y no pacífica a una concentración de personas es la concurrencia real de actos delictivos, la existencia o la inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio. Los actos esporádicos de violencia u otros actos punibles cometidos por otros individuos no deben privar a las personas pacíficas de su derecho a la libertad de reunión". - Es un deber de rango constitucional para las autoridades no interferir en el goce y ejercicio de los derechos humanos como las libertades de circulación -libertad deambulatoria-, expresión y de reunión, así como llevar a cabo las medidas necesarias para el ejercicio de esos derechos y proteger a las personas que los ejercen brindándoles la seguridad pública para ello. - Conforme al artículo 213 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, es válido restringir la libertad de circulación, a efecto de que las manifestaciones no se lleven en vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea. - Entendidas éstas como una vía de acceso controlado al flujo continuo vehicular que no tiene semáforos y que cuenta con carriles centrales y laterales y con carriles de aceleración y desaceleración para la incorporación y desincorporación a ese flujo. Tales como los anillos periféricos, los viaductos y los ejes radiales, como lo son "el Anillo Periférico, los viaductos (Miguel Alemán, Río Becerra, Eje Oriente y Tlalpan), y las vías radiales (Insurgentes Norte, Ignacio Zaragoza, San Antonio Abad de Tlalpan, Constituyentes, Ejercito Nacional, Rió San Joaquín y Aquiles Serdán)". De las anteriores premisas, este Juez de Distrito advierte que la libertad deambulatoria, como parte del ejercicio de la manifestación de protesta, no debe ser restringida por las autoridades administrativas, sino asegurada para facilitar el ejercicio de este derecho humano. De modo contrario, se estaría cometiendo un ataque a la libertad personas fuera de procedimiento, que debe ser paralizado inmediatamente para evitar la consumación irreparable de una violación del derecho humano a la libertad. En el presente caso, los quejosos indican que el fin de su manifestación, es expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente de México, derecho que se encuentra reconocido por la Constitución en los artículos 6, 7, 39 y 40, al señalar que el estado es democrático y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de manifestarse en contra de personas con responsabilidades públicas. Por lo que este órgano jurisdiccional estima que las acciones realizadas por las autoridades responsables trasgreden de manera indudable los derechos de libertad personal, de libre expresión, de tránsito y de asociación que reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que de continuar dichas conductas reclamadas, se vulnerarían derechos humanos de los quejosos, de tal manera que resultarían físicamente imposibles restituirlos. En tal sentido, también se concede la suspensión de plano para el siguiente efecto. Se permita a los quejosos continuar con su manifestación, siempre y cuando esta se realice siguiendo los postulados que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de manera pacífica, siempre que no se ataque a la moral, a la vida privada, que con la misma no se cause algún delito, o si con la misma se ve perturbado el orden público. Resulta importante destacar que si bien se está concediendo la suspensión de plano a efecto de que no se prive a los quejosos, ilegalmente, de sus libertades personales, de expresión y de tránsito (fuera de procedimiento penal), así como para que no se les incomunique; la medida cautelar no implica, de manera alguna, que los elementos de seguridad pública que hayan sido asignados para mantener el orden en la manifestación correspondiente, se encuentren impedidos para desarrollar las labores que tienen legalmente encomendadas, en caso de que la manifestación que realizan los quejosos se desarrolla al margen de los postulados constitucionales antes precisados. De manera que los policías respectivos tienen expeditas sus facultades para llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para salvaguardar el orden y la seguridad pública dentro de la manifestación en caso de que se den actos violentos o ilegales por parte de los manifestantes; siempre y cuando respeten los protocolos previstos en las normas secundarias para dichos efectos y garanticen los derechos constitucionales de las personas. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde este momento, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula o no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación citada respecto del delito ahí previsto. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a **********, hasta en tanto no se manifieste diverso representante por la parte quejosa. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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