Gilberto Corrales Urías y Otros.

Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
132/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Corrales Urías y Otros.
  • Sergio Corrales Valencia
  • Gilberto Corrales Urías

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, remitiendo el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial ***, suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales y este órgano jurisdiccional, cuyo único punto resolutivo fue del tenor siguiente: "ÚNICO. Se declara LEGALMENTE COMPETENTE al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, para conocer y decidir sobre la demanda de amparo que originó la controversia de competencia." Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese recibo. Ahora, toda vez que no existe trámite alguno por realizar en el presente cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo principal, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar definitivamente el presente asunto.

  2. Principal

    Se tiene al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, informado que en acuerdo de siete del mes y año en curso, se admitió el conflicto competencial.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención al contenido, se tiene a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, informando que insiste en carecer de competencia para conocer del juicio de amparo promovido *********, por su propio derecho y quien dice actuar en representación de **********. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de la materia, remitió los autos del juicio de amparo 101/2021 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, en turno, para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre ese juzgado y este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    téngase por recibido el oficio del secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto 101/2021-III, de su índice, por haberse declarado incompetente para conocer de la demanda promovida por **********, por su propio derecho y quien dice actuar en representación de ***********, contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en Caborca. Regístrese con el número 132/2021, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. Análisis de la demanda. Ahora bien, de la lectura del acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en el juicio de amparo 101/2021-III, se advierte que se declaró legalmente incompetente por estimar actualizada la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues sostiene que el acto reclamado tendrá ejecución en el territorio asignado a este órgano jurisdiccional. Ello, en virtud de que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la responsable se reclama la resolución de fecha 19 de mayo de 2021, publicada el día 20 siguiente, emitida dentro del toca penal 32/2021, del registro de asuntos del sistema acusatorio y oral, mediante la cual el C. MAGISTRADO INSTRUCTOR, LIC. DANIEL MURCIA UREÑA, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución o auto mediante el cual fue resuelto negando o declarando improcedente la solicitud de exclusión de pruebas, formulada por la Fiscalía y la parte ofendida por conducto de su Asesor Jurídico, en la etapa o porción probatoria de la audiencia intermedia celebrada el día 18 de marzo de 2021, PIDIENDO LA EXCLUSIÓN DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS ACUSADOS Y SU DEFENSOR." Al respecto, este juzgado federal, de manera respetuosa, no comparte las aludidas consideraciones y, por ende, no acepta la competencia declinada por las razones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". En el artículo transcrito, se advierte que la competencia de los jueces de Distrito se surte en función de la ejecución de los actos reclamados, precisando, en cada uno de sus párrafos, diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, como son: 1.- Será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2.- Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite determinar que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado, a la luz de las premisas señaladas, en el que las dos primeras exigen ejecución material, mientras que la última no la requiere. Se explica, con el objeto de determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. En la especie, como lo precisó la Juez remitente, de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: "A).- De la responsable se reclama la resolución de fecha 19 de mayo de 2021, publicada el día 20 siguiente, emitida dentro del toca penal 32/2021, del registro de asuntos del sistema acusatorio y oral, mediante la cual el C. MAGISTRADO INSTRUCTOR, LIC. DANIEL MURCIA UREÑA, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución o auto mediante el cual fue resuelto negando o declarando improcedente la solicitud de exclusión de pruebas, formulada por la Fiscalía y la parte ofendida por conducto de su Asesor Jurídico, en la etapa o porción probatoria de la audiencia intermedia celebrada el día 18 de marzo de 2021, PIDIENDO LA EXCLUSIÓN DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS ACUSADOS Y SU DEFENSOR." En ese contexto, la resolución o auto en la que la autoridad responsable declaró inadmisible el recurso de apelación, no se traduce en una ejecución material, pues sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso, pero no conlleva una ejecución material directa en relación con algún derecho sustantivo del promovente. En efecto, los actos reclamados no trascienden a la esfera material, al mundo fáctico, dado que su impacto es meramente declarativo, ya que el Tribunal responsable únicamente determinó que no era admisible el recurso de apelación en contra de la resolución que declaró improcedente la solicitud de exclusión de pruebas, en la audiencia intermedia de la causa penal de origen. En ese tenor, lo resuelto no trasciende ni modifica el estado material preexistente de las cosas, ya que la autoridad responsable se limitó señalar que no era admisible el medio de impugnación promovido por no encontrarse dentro de los supuestos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero sin introducir ninguna modificación o alteración, ni extinguir, modificar o transmitir derechos y obligaciones. Por lo que, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, se surte en favor del juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al no admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa. Una interpretación en contrario, implicaría que ese acto tenga efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa negativa, ya que con independencia del sentido del actuar que pudiera llevar a cabo la responsable, la materia del juicio de amparo es la negativa de su petición, que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos. Entonces, resulta inconcuso que, atendiendo al numeral 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos que no merecen ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Se insiste, como ya se adelantó, la naturaleza del acto impugnado es meramente declarativa, ya que solamente se estableció que el medio de impugnación no era admisible, y por tanto, no requiere de ejecución material, lo que lleva a actualizar la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que se refiere a los actos que no tienen ejecución material, supuesto en el que la competencia para conocer del juicio de amparo surte a favor del juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por último, cabe precisar que la jurisprudencia invocada por la juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, con la que sustenta su determinación de incompetencia cuyo rubro es: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." A criterio del suscrito no resulta aplicable al caso en concreto, pues su texto versa sobre un tópico diverso de competencia del que en este caso se resuelve. Es así, puesto que el criterio en comento refiere que la resolución que se dicte en segunda instancia, entre sus efectos se encuentran, que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad. Por ende, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado. Circunstancia que es, como se adelantó, completamente ajena al caso en estudio, pues quien solicita el amparo no se encuentra privado de su libertad, al ser la parte ofendida en la causa penal de origen. De ahí que, no se comparte lo manifestado por la juez declinante en el sentido de que el acto reclamado sí tiene ejecución, la que se ve reflejada en sus consecuencias, esto es, que el juez oral de origen (residente en esta ciudad de Agua Prieta, Sonora), prosiga con la audiencia intermedia dentro de la causa penal 281/2019, así como en su caso, llegada la etapa de juicio se dé el desahogo de los medios de prueba que fueron parte de la solicitud de exclusión de la parte ofendida -aquí quejosa-, y que, a consideración de la juzgadora federal, pudieran trastocar el derecho humano cuya violación aduce la demandante del amparo. Ello, pues la prosecución del juicio penal de origen solo constituye una consecuencia natural y lógica del sentido de la resolución, pues al declararse que no era admisible el recurso de apelación hecho valer por la quejosa, el procedimiento continuará su cauce como lo venía haciendo, ante el juez de la causa, esto es, sin modificar el estado que existía previamente a la promoción del medio de impugnación de mérito. En ese orden de ideas, al ser el acto reclamado en el juicio de amparo de origen de naturaleza declarativa, la competencia debe establecerse con base en el último supuesto del artículo 37 de esa ley, relativo a que el acto reclamado no requiere ejecución material y en consecuencia resulta competente el Juez de Distrito ante quien fue presentada la demanda 3. Se rechaza competencia planteada. En consecuencia, lo procedente es rechazar la competencia planteada por la juez declinante, en términos del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Corolario de lo anterior, devuélvanse los autos del juicio de amparo 101/2021 y demás anexos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, para los efectos previstos en el citado numeral, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 4. Domicilio. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se autoriza como domicilio procesal los estrados de este juzgado. Por otro lado, se le tiene señalando el correo electrónico gmolina76@hotmail.com, como medio de contacto para comunicaciones no procesales. 5. Autorizados. Téngase a la parte quejosa designando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Antonio Villa Miranda y David Miguel Ortiz Félix, en razón de que sí cuentan con su respectiva cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, a Guillermo Molina Elías, como persona autorizada, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos quien no gozará de las demás facultades previstas en el numeral 12, párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el mencionado sistema. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, captura de la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 9. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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