Gilberto Cepeda Urbano

Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 46 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
215/2021
Año
2021
Actuaciones
46
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Cepeda Urbano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Agréguese el oficio y anexo del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Octavo Distrito Judicial en Guadalupe Victoria, Durango, con el que devuelve el despacho 122/2022 con número de orden 299/2022, derivado de este juicio de garantías; acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Incidental

    Durango, Durango, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. En virtud de que el cuaderno original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a su depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción en un plazo de seis meses, como lo establece el inciso a) de la fracción II del numeral 20, del citado Acuerdo General; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Durango, Durango, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Guadalupe Victoria, Durango, con el que devuelve el despacho 98/2022 con número de orden 248/2022, derivado de este juicio de garantías 215/2021; acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tienen por reproducidos los alegatos hechos valer por el quejoso en la diligencia del diecinueve de julio de dos mil veintidós levantada por la Actuaria Notificadora adscrita al Juzgado de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Guadalupe Victoria, Durango. Por otra parte, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca a resolver si ya está cumplido o no el fallo protector dictado en este enjuiciamiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la propia autoridad. Por su parte, el artículo 77 de la invocada ley dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecerá las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio biinstancial se concedió el amparo al quejoso *** para el efecto de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Durango (ya que desapareció la figura del juez de ejecución): ".se pronuncie nuevamente en relación con la petición que el disconforme le elevó el treinta de julio de dos mil veintiuno, pero atienda a los lineamientos de este fallo, pues sólo de esta manera se podrá restablecer el orden constitucional quebrantado, como lo manda el dispositivo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". "El amparo se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor- Noroeste", Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que en el acuerdo del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, , en lo interesante, se dispuso: ".Ahora, con el fin de dar cumplimiento al indicado fallo protector, en primer término conviene recordar el contenido del artículo 129, de la Ley Nacional de Ejecución Penal que a letra dice: Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Del precepto legal transcrito, se advierte la obligación del suscrito Juez de Control con competencia en Ejecución Penal, para que vigile el cumplimiento de la resolución judicial que una vez que quedó firme, lo que se entiende ya aconteció pues en contra de la misma no se interpuso, por parte de la autoridad penitenciaria medio de defensa alguno. Por lo anterior, se dispone como lo solicita la persona privada de la libertad de interés, dar seguimiento a la resolución judicial que indica, consecuentemente se requiere a la Encargada de Despacho de la Dirección General del Centro de Rehabilitación Social número Siete Nor-Noroeste, con residencia en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango, para que de inmediato realice las gestiones necesarias con la finalidad de que Gilberto Cepeda Urbano, reciba la atención médica, el tratamiento y los suministros que en su caso requiera - en materia de Traumatología y Ortopedia-, lo que deberá informar en un plazo de setenta y dos horas, computado legalmente, por cualquiera de los medios de comunicación autorizados a que alude el artículo 76 del Código Nacional de Procedimientos Penales1, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, en las que se detalle: a) En qué consistió la atención médica brindada. b) Derivado de lo anterior, especifique si requiere un tratamiento especial (artroscopia) y de ser así, efectúe los trámites correspondientes con la celeridad que el caso amerite. c) El tratamiento que en su caso se le ordenó y de no contar con el tratamiento, informe las gestiones que realiza para obtenerlo. Por tanto, partiendo de la base de que el interno requiere un estudio o intervención quirúrgica (artroscopia) en la especialidad de Traumatología y Ortopedia, debe decirse a la titular de la autoridad penitenciaria que, con el objeto de garantizar el derecho de protección a la salud de las personas privadas de la libertad puestas bajo su tutela material-, se encuentra obligada a realizar todas las diligencias que sean necesarias para brindar un servicio de salud integral, lo cual implica que se auxilie de las autoridades corresponsables del sistema penitenciario, conforme lo establece el artículo 18 de la Carta Magna, en relación con los diversos artículos 3, fracción II, 7, 34, 74, 76, 77 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.2 Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá como medio de apremio una multa equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el artículo 25, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal.". Ahora bien, de esta narrativa se advierte que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Durango actuó con base en la sentencia constitucional y cumplió con sus efectos jurídicos, pues determinó que la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor- Noroeste, debe cumplir con lo dispuesto en la controversia 46/2019, hasta que quede totalmente cumplida (respecto al aspecto médico que quedó inconcluso operación de artoscopía). Incluso la propia encargada de dicho órgano reinsercional comunicó que ".la persona privada de su libertad de mérito, fue egresado de este Centro Penitenciario, a las instalaciones del sanatorio San José, en Gómez Palacio, Durango, con la finalidad de que este fuera intervenido quirúrgicamente por el diagnostico de artoscopía.", lo que coincide con los detalles informados por el Señor Juez Federal señalado como responsable. Por lo que a partir de esta información es dable establecer que la ejecutoria dictada en este juicio de derechos fundamentales se encuentra debidamente cumplimentada, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Sin que pase inadvertido que en la razón actuarial del diecinueve de julio de dos mil veintidós el hoy disconforme *** pidió que no se tenga cumplida la sentencia de amparo ".hasta que el quejoso me encuentre bien de mi pierna derecha.", sin embargo, esos no fueron los alcances del fallo constitucional, y en todo caso será el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Durango, quien, en todo caso, podrá pronunciarse sobre ese tópico. De manera que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En observancia al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "depurable". Notifíquese personalmente al quejoso Gilberto Cepeda Urbano, quien se encuentra recluido en el Centro de Federal de Readaptación Social Número 7 "Nor-Noroeste" de Guadalupe Victoria, Durango, por lo que de conformidad con el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese atento despacho al Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta de Guadalupe Victoria, Durango, para que en auxilio de las labores de este Juzgado le notifique esta sentencia.

  4. Principal

    Durango, Durango, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Únicamente para que obre como corresponda, agréguese el oficio y anexo que remite la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor- Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango; toda vez que por acuerdo del seis de julio del presente año se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio biinstancial. Notifíquese.

Quedan 42 actuaciones en este expediente

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