Gilberto Ceballos Ruiz

Expediente 387/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
387/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Gilberto Ceballos Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    .. se advierte que transcurrió el término de cinco días... para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este expediente como concluido... devuélvase al promovente los documentos que anexo a su escrito de demanda...

  2. Principal

    El quejoso *** solicita la devolución de los documentos que anexó ... al respecto dígasele respetuosamente que una vez que transcurra el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, se proveerá lo conducente respecto de la devolución de las mismas...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación, Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 387/2019 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, así como de las documentales anexas, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley en mención establece que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, la cual, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien la que emite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre las propias autoridades, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre partes que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad; estas relaciones se regulan por el derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias entre las partes e impedir que se hagan justicia por sí mismas, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, de entre los cuales se encuentran los procedimientos regulados por el derecho civil, mercantil y laboral. b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; éstas relaciones se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: III.4o.T.J/3 (10a.) Página: 1639 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en: ? El impedimento por parte de las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con residencia en esta ciudad, de permitirle el acceso a las instalaciones de dicho Instituto, para desarrollar sus actividades laborales como trabajador, sin haberle notificado de manera escrita los motivos, ni el despido de su centro de trabajo. Asimismo, cabe precisar que en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el promovente manifestó lo siguiente: a) Que ingresó a laborar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con residencia en esta ciudad, como soporte administrativo, el dieciséis de julio de dos mil dieciocho. b) Que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con residencia en esta ciudad, le indicó de manera verbal que no se presentara a trabajar al día siguiente, debido a que ya no laboraba en dicho Instituto. c) Que el día veinticinco de abril del año en curso, al presentarse a su centro de trabajo, la Jefa del Departamento de Finanzas del mencionado Instituto (jefa inmediata), le indicó que los pagos correspondientes como trabajador se le realizarían hasta en tanto se fuera del Instituto o firmara su renuncia, y que de no abandonar el lugar sería retirado por el personal de seguridad. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se considera que lo que el promovente reclama no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que derivan de la relación laboral entre el quejoso y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, el acto reclamado no corresponde con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación de índole laboral, en el que el conflicto suscitado debe dirimirse mediante un procedimiento de derecho privado y no a través del juicio de amparo que regula relaciones de derecho público; por lo anterior se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos al profesionista restante por no contar con dicho registro. PRUEBAS Por otro lado, agréguense a los autos las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda y el disco de audio anexado, guárdese en sobre transparente de plástico cerrado el cual deberá glosarse al expediente con los datos del juicio de amparo en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a la promovente para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realice en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    *** promueve juicio de amparo... se considera que lo que el promovente reclama no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que derivan de la relación laboral entre el quejoso y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Veracruz, con residencia en esta ciudad... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda... se faculta como autorizado...a ***... agréguense a los autos las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda y el disco de audio anexado, guárdese en sobre transparente de plástico cerrado el cual deberá glosarse al expediente con los datos del juicio de amparo en que se actúa...

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