Gilberto Castro Soto

Expediente 336/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
336/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Castro Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    . Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de cuatro de marzo del año en curso, del oficio suscrito por el delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución fue emitida el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el sentido se sobreseyó y se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Gilberto Castro Soto, misma que el tres de diciembre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: En el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a las peticiones del quejoso Gilberto Castro Soto, de manera completa y coherente al escrito recibido en fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte; y. Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio número 715/12/2020 y de la sesión ordinaria de cabildo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de diez de febrero del actual. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".Las autoridades responsables, en el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dé respuesta completa a la petición del quejoso Gilberto Castro Soto, de manera completa y coherente al escrito recibido en fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, delegado de las autoridades responsables del presente juicio, mediante el cual en atención a lo solicitado en los oficios 688-BIS, 689-BIS, 690-BIS, 691-BIS, 692-BIS y 693-BIS, de nuestro índice, informa que mediante oficio número 188/2020, de su índice, el Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, le informa al Director de Asuntos Jurídicos del citado Municipio, que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, misma que quedó asentada en el acta número 71, derivado del décimo primer punto del orden del día, el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, actuando en pleno aprobó por unanimidad de votos (13 votos a favor), el dictamen emitido por la H. Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, mediante el cual se determinó que era procedente la otorgación del grado inmediato superior del quejoso ********************, mismo documento que le fue notificado personalmente al mismo, con lo cual dice dar cumplimiento otorgado por las responsables. Asimismo, refiere que si los efectos de la concesión del Amparo y Protección de la Justicia Federal, fueron para el efecto de que las autoridades municipales señaladas como responsables en el presente juicio dieran contestación a la petición hecha por el quejoso, misma que dio origen al presente juicio, la cual versó precisamente en la otorgación del grado inmediato superior y su jubilación por años de servicios, se tiene que a la fecha dicha solicitud ya fue atendida por las autoridades que representa, por lo que en la especie, refiere que tiene dando cumplimiento a lo resuelto en el presente juicio. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el escrito firmado por el licenciado Jesús Eliud Moreno Valenzuela, autorizado legal del quejoso ********************, mediante el cual solicita se requiera por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, toda vez que las mismas siguen sin dar cumplimiento; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, como lo solicita el promovente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es para los siguientes efectos: "Las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". Por último, se apercibe a las responsables que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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