Gilberto Castellanos Rodríguez
Expediente 677/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gilberto Castellanos Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. I. Admite queja. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Gilberto Castellanos Rodríguez, contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, agréguese el comunicado de referencia para los efectos legales a que haya lugar. II. Nota de registro de queja. Se toma nota que se registró como queja civil 261/2018; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. I. Recurso de queja. Se tiene por recibido el escrito del quejoso Gilberto Castellanos Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del desechamiento de demanda. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio; así como el original y copias del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer; de igual manera, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de la materia ríndase informe. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Gilberto Castellanos Rodríguez. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 677/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda, se advierte que el amparo es improcedente, como se verá a continuación. De los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la demanda debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. En la especie, se advierte la actualización de la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque operó el consentimiento tácito del acto reclamado. Se entiende que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional de amparo, resultando improcedente el juicio que se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. El artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla general el plazo de quince días para presentar la demanda. La citada regla general admite excepciones, entre otras, que el acto que se reclama se encuentre en el supuesto de que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por otra parte, el numeral 18 del mismo ordenamiento, precisa que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo señalado en primera instancia, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente se duele de la sentencia interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el expediente 833/2013. Asimismo, del capítulo de antecedentes de la demanda se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si la demanda de amparo en estudio fue presentada el quince de octubre del año en curso, es incuestionable que fue promovida después del término genérico de quince días. Ya que el anotado plazo se empezó a computar desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, del veintiuno de septiembre al once de octubre de dos mil dieciocho, descontando de dicho cómputo los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, seis y siete de octubre del mencionado año, por ser sábados y domingos. De ahí, que la demanda de amparo resulta extemporánea respecto de tal acto, al actualizarse el consentimiento tácito. Orienta a lo anterior, la tesis, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Séptima Época; Instancia: Tercera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 217-228, Cuarta Parte; Registro: 239520; Página: 105; Tesis Aislada; Materia(s): Común). Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, los siguientes criterios: "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado.". (Quinta Época; Registro: 370682; Instancia: Cuarta Sala; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XCV; Materia(s): Laboral; Tesis: Página: 1533). "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". (Novena Época; Registro: 204707; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 1995; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o. J/21; Página: 291). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, se procede a desechar la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. IV. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Armando Bousieguez Zamudio, Jorge José Gómez Horta y Jesús Avalos Delgado. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente al promovente.
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