Gilberto Cantú Guerra

Expediente 239/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
239/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Gilberto Cantú Guerra
  • Ernestina Rangel Parra
  • Edith Andrea Cantú Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Se atiende promoción: Se tiene al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, remitiendo diversas constancias de notificación del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 522/2019 de su estadística. Acúsese recibo. Fundamento: artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2. Por lo que hace a las constancias de notificación, se ordena agregarlas a los autos para que surtan los efectos procesales correspondientes. Cabe señalar que están pendientes de envío al Tribunal de Alzada los recursos de queja interpuestos por la Secretaría de Bienestar y por el Delegado de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Chihuahua, en contra del auto emitido el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el cual el juez de origen admitió la ampliación de demanda. Ahora, de las constancias remitidas por el juez de origen se aprecia que únicamente evidencian su envío mediante correo acelerado (ESTAFETA); sin embargo, al ingresar a la página electrónica de dicha empresa de correos no se aprecia el comprobante de entrega (con excepción de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Chihuahua, cuya constancia de notificación del citado auto sí obra en las remitidas por el juez de origen). En ese sentido, resulta evidente la ausencia en autos de las constancias de notificación relativas a los oficios 1864, 1865 a 1869 dirigidas a la Secretaría de Bienestar, al Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Políticas Sociales y Dirección General de Seguimiento, estas tres últimas como integrantes del citado Comité Técnico, por las cuales se le notificó el proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, para facilitar la integración de los recursos interpuestos en autos requiérase a las autoridades aludidas, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se le gire, informen a este Juzgado la fecha en que recibieron el citado oficio enviado a cada una de ellas y remita copia certificada del oficio de referencia. En el entendido de que en el caso de no cumplir con el requerimiento formulado se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el factor de actualización de esa unidad de medida publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, el cual entró en vigor el uno de febrero de la presente anualidad. Fundamento: Artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 y su correlativo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Fecha de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se señalaron las diez horas veinte minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible llevarla a cabo dado que, como se aprecia de los párrafos previos, aún se están realizando las gestiones necesarias para integrar los diversos recursos de queja interpuestos en autos, a fin de enviarlos al Tribunal de Alzada para su debida substanciación. En consecuencia, a afecto de no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las diez horas cuarenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente de este órgano jurisdiccional, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, este resolutor considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades Notificación a las autoridades responsables. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables por lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo -además de que la notificación del auto de reanudación tras el primer período de suspensión de labores por la contingencia sanitaria ya les fue ordenada y practicada mediante oficio en el domicilio señalado para tal efecto-. Juicio en línea. Nuevamente se invita a las partes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de que exista la posibilidad de poder dar continuidad al asunto en forma electrónica, lo cual requiere que no solo las promociones se presenten a través del citado Portal, sino también que las partes tengan autorizadas personas para acceder al expediente electrónico, notificarse y actuar electrónicamente; por lo que, además de señalar autorizados que tengan su usuario registrado en el Portal, deben expresamente solicitar que las notificaciones se les realicen en esa vía. Además, a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: juana.garcia.lara@correo.cjf.gob.mx y christian.solis.guzman@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Ciudad de México; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Por recibido el informe justificado del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dese vista a las partes, relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, en atención a lo manifestado y solicitado por la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el expediente en que se actúa se le practicarán las notificaciones mediante oficio. Se tienen por acreditados como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. En virtud que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión remite una promoción relativa al incidente de suspensión, remítase a los cuadernos correspondientes a afecto que se provea lo conducente. En otro orden de ideas, glósese el oficio del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por el que acusa recibo del exhorto 304/2020 del índice de este juzgado. Se invita a las partes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados o delegados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: jesus.rivera.garcía@correo.cjf.gob.mx y ana.vargas.rosas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 9, 26 fracción II y 28 fracción II, 117 de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ciudad de México; dieciséis de octubre de dos mil veinte. AUDIENCIA INCIDENTAL Ciudad de México; siendo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE estando en audiencia pública Diego Alejandro Ramírez Velázquez, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistido de Jesús Rivera García, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión emanado del juicio de amparo 239/2020 de nuestro índice promovido por Gilberto Cantú Guerra, Ernestina Rangel Parra, Edith Andrea Cantú Rangel y Cristian Gustavo Navarro Vázquez. INICIO DE LA AUDIENCIA. El Secretario encargado declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes y, hecho lo anterior, el secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia del escrito de demanda. Proveído en el cual se determinó respecto de la suspensión provisional, se requirió el informe previo a las autoridades responsables y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental y sus respectivas constancias. Descarga de la dirección http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, relativa al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0 (SISE 2.0); y Certificación de cuenta de la que se advierte que no hay promoción pendiente por turnar a este asunto. En esta fecha se da cuenta con la copia del acuerdo dictado en el expediente principal del que deriva este incidente y su anexo y con la promoción registrada con el número 2326885, hasta esta fecha por así haberlo permitido las labores del juzgado. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias de autos que en su integridad serán tomados en consideración al resolver sobre la suspensión solicitada. Por lo que hace a la copia del acuerdo dictado en el expediente principal del que deriva este incidente y su anexo, con fundamento en los artículos 9, 140 y 144 de la ley de Amparo se tiene por rendido el informe previo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por señalado domicilio procesal y por designados delegados de su parte. Por lo que hace a la diversa promoción de cuenta se tiene al Presidente de la República manifestando que considera innecesaria la tramitación del juicio en línea atendiendo a los actos que se reclaman; asimismo, con fundamento en los artículo 26 fracción II y 28 fracción I, como lo solicita pratiquense las notificaciones relativa mediante oficio. ABIERTO EL PERIODO PROBATORIO. El secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas en el presente incidente de suspensión. El Juez acuerda: Se tienen por precluido el derecho de las partes para ofrecer las pruebas en el presente asunto, con lo que se da por concluido el presente período. Fundamento: Artículos 143, segundo párrafo y 146, fracción II de la Ley de Amparo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar: que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Téngase por precluído el derecho de las partes para formular alegatos, con lo cual se da por concluida esta etapa. Fundamento: Artículo 144 de la Ley de Amparo. CIERRE DE AUDIENCIA. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la resolución correspondiente; y. Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 239/2020 promovido por Gilberto Cantú Guerra, Ernestina Rangel Parra, Edith Andrea Cantú Rangel y Cristian Gustavo Navarro Vázquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que menciona en la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren. SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran sus informes previos; se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General en atención al Acuerdo 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Circular SECNO/3/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Actos reclamados y medida suspensional solicitada. IV. ACTOS RECLAMADOS Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores) el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de noviembre del 2019, y que entro en vigor el 1ro de enero de 2020. Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por el Decreto y por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de noviembre del 2019 y que entró en vigor el 1ro de enero de 2020; Así como al Diario Oficial de la Federación por la publicación del mismo." Efectos La quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ". se pide se suspenda su entrada en vigor de manera provisional, hasta tener la certeza de que se respeten en todo momento los derechos humanos .", Atento a ello y en atención a que la parte quejosa reclama las normas en cita en su carácter de autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación se surte la hipótesis del artículo 148 de la Ley de Amparo, por lo que se analizará la procedencia de la medida cautelar solicitada al tenor de los efectos que aquellas producen. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Cámara de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al Presidente de la República y la Directora del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones legislativas o reglamentarias ya que así lo manifestaron en su informe previo; y con independencia de las omisiones, negativas o manifestaciones de las autoridades responsables, tales actos se acreditan con los propios ordenamientos normativos y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. En ese tenor, se tiene en cuenta que en el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo se contemplan los requisitos para la procedencia de la suspensión solicitada los cuales son: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, por lo que hace al primero de los requisitos si bien es solicitado por los quejosos no acreditan su interés suspensional para efectos del otorgamiento de la medida cautelar en términos de lo que establecen los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, que establecen que sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a su esfera jurídica. En efecto, de la revisión del expediente en que se actúa se advierte que los solicitantes del amparo no aportaron medio de convicción alguno a efecto de que fuera tomado en consideración al momento de resolverse sobre la medida cautelar que solicitaron, por lo que no demostraron ni indiciariamente la titularidad del derecho supuestamente afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución. Sin que pase inadvertido que en el caso se solicita la paralización de los efectos de normas generales y que los quejosos aducen un interés legítimo; sin embargo, ello no los releva de la obligación de acreditar la afectación que las leyes impugnadas les ocasionan o que se ubican en una especial situación frente al orden jurídico, por lo que atendiendo a la naturaleza de las fracciones normativas cuyas consecuencias pretenden sean suspendidas debieron acreditar -al menos-, que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual en la especie no acontece. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), con número de registro 2011840 de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Así como la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), con registro 2008231 y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." En las relatadas condiciones con fundamento en el artículo128 fracción I de la Ley de Amparo lo procedente es negar la suspensión definitiva. Finalmente, dígase a la parte quejosa que podrá transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: jesus.rivera.garcía@correo.cjf.gob.mx y ana. vargas.rosas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14 al 20 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. Se niega a Gilberto Cantú Guerra, Ernestina Rangel Parra, Edith Andrea Cantú Rangel y Cristian Gustavo Navarro Vázquez la suspensión definitiva, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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