Gilberto Buitimea Bacasagua
Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juez Especializado En Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Con Sede En el Reclusorio Norte
- Gilberto Buitimea Bacasagua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de treinta de junio del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió, para la parte quejosa, del catorce al veintisiete de julio del año actual, para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, del cinco al dieciocho de julio del presente año, y para las autoridades responsables, del cuatro al diecinueve de julio del presente año, sin que hayan hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En ese tenor, háganse las anotaciones en el libro electrónico, glósese el cuaderno incidental y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Además, se hace notar que las constancias físicas que obran en este expediente, se encuentran integradas en la versión electrónica del mismo, como se desprende de la certificación de cuenta. Hágase del conocimiento de las partes que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por último, con fundamento en el artículo 22, párrafo cuarto, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; devuélvase el anexo I relativo al presente asunto a la autoridad judicial responsable, con el objeto de que el mismo pueda ser reutilizado; sin que exista necesidad de exigir el acuse de recibo correspondiente, pues basta para ello el sello de su recepción, que para tal efecto se asiente en la constancia de notificación respectiva.
- Principal
VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE NO OBRA CONSTANCIA ALGUNA DE QUE EL ASESOR JURÍDICO DE LA PARTE QUEJOSA, HAYA SIDO NOTIFICADO VÍA ELECTRÓNICA DEL PROVEÍDO DE TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO; EN ESE SENTIDO, COMISIÓNESE NUEVAMENTE AL ACTUARIO JUDICIAL DE LA ADSCRIPCIÓN A FIN DE QUE NOTIFIQUE VÍA ELECTRÓNICA A DICHO ASESOR EL ACUERDO DE QUE SE TRATA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "VISTO EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE; AGRÉGUESE A LOS AUTOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA. POR OTRA PARTE, VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO NORTE, EN FUNCIONES DE CONTROL, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO MANIFESTÓ QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, EN RAZÓN DE QUE EL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EMITIÓ OPINIÓN JURÍDICA EN EL SENTIDO QUE ES PROCEDENTE LA EXTRADICIÓN DEL QUEJOSO . ATENTO A LO ANTERIOR; SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. POR TANTO, GÍRESE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. JUDITH", ASÍ COMO DEL PRESENTE PROVEÍDO. BBOV
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable; agréguese a los autos y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifieste lo que a su interés convenga. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se desprende que en el presente asunto, los actos reclamados por el quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, se hicieron consistir en: a) La opinión jurídica pronunciada por la autoridad judicial señalada como responsable. b) La omisión de pronunciarse sobre la extradición o no del quejoso en el tiempo legal establecido para ello, atribuida al Secretario de Relaciones Exteriores. c) La "manutención" de la prisión preventiva sin tener el estatuto legal que avale tal restricción de su libertad, que reclama del Director del Reclusorio Preventivo varonil Norte de la Ciudad de México En ese orden, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter Reclusorio Norte, en funciones de Control, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, en razón de que el once de enero de dos mil veintitrés, emitió opinión jurídica en el sentido que es procedente la extradición del quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA. Por su parte, la Directora de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, al rendir su comunicado de ley, refirió que es cierto el acto reclamado, toda vez que trece de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la extradición internacional del quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, alias "GILBERTO B. BACASEGUA" al Gobierno de los Estados Unidos de América; agregando además que: ".29 de mayo de 2023 se recibió en esta Secretaría de Estado el oficio DANJ/365/2023 de 26 de mayo de 2023, mediante el cual la Fiscalía General de la república informó que en esa fecha el ahora impetrante del amparo fue entregado en extradición al gobierno de los Estados Unidos de América.". Esto último, se corrobora con lo manifestado por el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, a través del oficio recibido en este juzgado el doce de junio del año en curso, en el que informó que: ".GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, ingresó a este Centro de Reclusión a disposición del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con fines de extradición por el gobierno de Estados Unidos de América, por el delito de Secuestro, siendo que con 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter ??????????????? fecha 26 de mayo de la presente anualidad, el quejoso fue extraditado a los Estados Unidos de América.". En ese sentido, por lo que respecta al acto precisado en el inciso a) consistente en la opinión jurídica de once de enero de dos mil veintitrés, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que prevé la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Toda vez, que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en funciones de Control, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, en razón de que el once de enero de dos mil veintitrés, emitió opinión jurídica en el sentido que es procedente la extradición del quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA; y que la Directora de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, al rendir su comunicado de ley, refirió que es cierto el acto reclamado, en virtud de que el trece de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la extradición internacional del 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, alias "GILBERTO B. BACASEGUA" al Gobierno de los Estados Unidos de América; deviene incontrovertible que, en la especie, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la aludida fracción XVII, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que al operar un cambio en la situación jurídica del hoy quejoso han quedado irreparablemente consumadas las violaciones que reclamaba de la opinión jurídica de once de enero de dos mil veintitrés, puesto que la diversa resolución emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, de trece de febrero de dos mil veintitrés (que concedió la extradición ya ejecutada) sustituyó legal y procesalmente a la primera y no podría legalmente analizarse ésta sin afectarse la nueva situación jurídica que guardan el quejoso con motivo del acuerdo que concedió la extradición del impetrante, por lo que en términos del artículo 63 fracción V de la invocada Ley de Amparo, deberá sobreseerse en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado por el quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, consistente en la opinión jurídica de once de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en funciones de Control. Es aplicable a lo anterior, la tesis por contradicción número P. XXXVI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 del Tomo XX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 180883, Agosto de 2004, del rubro y texto: 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter ??????????????? "EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).", reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición.". De igual forma, se invoca el criterio de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, septiembre de 1991, visible en la página 199, con el sumario siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimando aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter ??????????????? Por otra parte, en lo relativo al diverso acto reclamado, señalado en inciso b) consistente en la omisión de pronunciarse sobre la extradición o no del quejoso en el tiempo legal establecido para ello, atribuida al Secretario de Relaciones Exteriores. Tomando en consideración que si bien es cierto, la Directora de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, al rendir su comunicado de ley, refirió que es cierto el acto reclamado, en virtud de que el trece de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la extradición internacional del quejoso GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, alias "GILBERTO B. BACASEGUA" al Gobierno de los Estados Unidos de América; también lo es, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiuno de abril de dos mil veintitrés) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México, dicha omisión era inexistente; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que hace al diverso acto precisado en el inciso c) consistente en la "manutención" de la prisión preventiva sin tener el estatuto legal que avale tal restricción de su libertad, que reclama del Director del Reclusorio Preventivo varonil Norte de la Ciudad de México; en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, el cual dispone: 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Al respecto, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter ??????????????? de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, atendiendo a lo manifestado por el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México, a través del oficio recibido en este juzgado el doce de junio del año en curso, en el que informó que: ".GILBERTO BUITIMEA BACASEGUA, ingresó a este Centro de Reclusión a disposición del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con fines de extradición por el gobierno de Estados Unidos de América, por el delito de Secuestro, siendo que con fecha 26 de mayo de la presente anualidad, el quejoso fue extraditado a los Estados Unidos de América.". Por ello, es claro que lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos en este juicio. Por tanto, en términos de la citada fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, procediendo consecuentemente sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo: IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo: VII, Febrero de 1998, Novena 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter ??????????????? Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Cabe agregar que el no sobreseer en este juicio implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Tampoco es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª.J, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, Fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese y vía electrónica a ALEJANDRO SANTIAGO MONSALVO, asesor jurídico de la parte quejosa. 26/10/23 16:29:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.f7 Gustavo Iván Prado Monter ??????????????? Así lo proveyó y firma la Licenciada
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR EL CUAL, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE CINCO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, INFORMA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, QUE EL QUEJOSO, EL VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, FUE EXTRADITADO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA. BBOV
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