Gilberto Bastida Gaytan
Expediente 77/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Gilberto Bastida Gaytan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el cuatro de julio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de anexos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos (3) formados con motivo de las constancias allegadas por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 77/2022, promovió por ********************, por propio derecho; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecinueve de enero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. Después de desahogar la prevención realizada en autos, el ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El diez de febrero de dos mil veintidós. IV. Emplazamiento al tercero interesado. El siete de abril de dos mil veintidós. V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se hace consistir en: a) La resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó que el ahora quejoso realice las gestiones necesarias a efecto de acudir a un centro de alcohólicos anónimos y reciba ayuda de dicho centro comprobando con la documental fehaciente su asistencia al centro de rehabilitación, esto sugerido por la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. III. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con copia certificada de las constancias que integran la controversia familiar ********************, remitidas en apoyo al informes justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar hechas valer por alguna de las partes o bien advertida de oficio por este juzgador se procede al estudio de fondo. V. Estudio de fondo. En su único concepto de violación la parte impetrante señala que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con los numerales 23 y 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 404 y 410 del Código Procesal Familiar, pues -a su parecer- la autoridad responsable valoró el dictamen de la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para imponerle la obligación de asistir a un centro de alcohólicos anónimos y comprobara su asistencia a un centro de rehabilitación, sin que sea el momento procesal para valorar las pruebas al no resolver el fondo del asunto. Del mismo modo señala que la resolución reclamada atenta contra su libertad de ejercicio y le da un trato discriminatorio; además de carecer de sustento legal, al considerar, que si un juzgador pondera alguna de las categorías protegidas por el artículo 1 Constitucional, debe evaluarse si el uso de la misma está justificado y además si su evaluación tiende a proteger el interés superior del menor y de ser así no puede ser especulativo o imaginario. Argumenta que para determinar el grado de alcoholismo de una persona la prueba pericial médica es la idónea, y si en el caso la responsable consideró que la opinión de la perito psicóloga era una prueba plena, debió haberlo establecido en su resolución y al no haberlo hecho así, la resolución reclamada carece de adecuada fundamentación y motivación. Finalmente, aduce que no hay razones para determinar que el quejoso es alcohólico y con ello condenar a la pérdida del derecho de convivencia con su menor hija. Lo anterior es infundado. Para explicar lo anterior, es necesario realizar el siguiente segmento narrativo: 1. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, ******************** (quejoso), por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************. demandó en la vía de Controversia Familiar a ********************(tercera interesada), la convivencia familiar para con su menor hija. 2. Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, se formó y registró el expediente con el número ********************, asimismo, se admitió a trámite, ordenó emplazar a la parte demandada y le dio vista por tres días respecto de la medida cautelar, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 3. El trece de julio de dos mil dieciocho, se decretaron provisionalmente convivencias supervisadas entre la menor de iniciales ********************. y el ahora quejoso. 4. En proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada dando contestación en tiempo y forma a la demanda incoada en su contra y se tuvo por admitida la reconvención hecha valer por ********************contra el hoy quejoso, en la que le demandó la guarda y custodia de la menor. 5. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo al actor en lo principal y demandado reconvencionista, en tiempo y forma dando contestación a la reconvención entablada y se señaló fecha para la audiencia de conciliación y depuración. 6. Seguida la secuela procesal del asunto, mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, la demandada ofreció diversos medios probatorios, entre ellos, la pericial en materia de psicología; misma que fue desahogada mediante dictamen fechado el veinte de agosto de dos mil diecinueve. 7. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó un auto en el que dejó sin efectos la citación para la sentencia, así como la etapa de alegatos y ordenó el desahogó de distintos medios probatorios; en el mismo auto, le requirió a la parte actora realizará las gestiones necesarias a efecto de acudir a un centro de alcohólicos anónimos, y comprobará con cierta documental la asistencia a dicho centro de rehabilitación, esto, sugerido por la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 8. Inconforme con lo anterior, el hoy quejoso interpuso el recurso de revocación en contra de dicho auto, el cual se resolvió declarar infundado el seis de octubre de dos mil veintiuno. Determinación que es materia de este juicio de amparo. En este asunto debe atenderse al interés superior del menor, sobre lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado como definición la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que: "la expresión 'interés superior del niño' (.) implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 334, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 159897, la cual dispone: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño'... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En diverso criterio se ha establecido que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. Tales consideraciones están contenidas en la tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000989, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores". En otra tesis estableció los criterios que involucra su aplicación en casos concretos: a) se deben satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor, así como las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 270, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006593, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional". Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación, en esencia se duele del hecho de que se le haya impuesto la obligación de acudir a un centro de alcohólicos anónimos, cuestión que considera discriminatorio, especulativo, imaginario y carente de fundamentación y motivación; además, refiere derivó de la valoración del dictamen en materia de psicología del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y con base en ello se obstaculizan las convivencias con su hija. Lo anterior es infundado, porque un acto de autoridad está debidamente fundado y motivado, cuando la responsable expresa con especiales, razones particulares o causas inmediatas para su emisión, en la inteligencia que debe existir adecuación entre los fundamentos legales invocados y los discernimientos expresados como apoyo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página ciento cuarenta y tres, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Retomando el principio relativo al interés superior del niño, que se traduce en dar prioridad al bienestar de los infantes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, se obtiene que en toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse en atención a ese principio básico. Ahora bien, un diverso instrumento internacional como lo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, prevé en los numerales 23 y 243; que, en caso de disolución del matrimonio, o bien, separación de los padres, se deberán adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria a los niños, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del Estado. Precisamente, uno de los tópicos en que tales medidas de protección a favor de los menores deben ser observadas, es el relativo a las convivencias entre los infantes y sus padres no custodios, para el caso de que no exista acuerdo entre éstos. Para decretarlas o suspenderlas temporal o definitivamente, además de tomar en consideración la opinión de los menores, el juez habrá de atender para la adopción de la medida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, respecto de su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación y ayuda escolar, desahogo material, sosiego y clima de equilibrio para su desenvolvimiento, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre otros factores. Además de lo hasta aquí expuesto, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 9º de la Convención de los Derechos del Niño que estatuye la obligación de los Estados Parte, para velar porque los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando los padres viven separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En el supuesto de que se dé la separación de los cónyuges, se respetará el derecho de los infantes a mantener relaciones personales y contacto directo con el progenitor que no detente la custodia, hecha excepción de que ello resulte contrario a su interés superlativo. Sentadas las premisas anteriores, se tiene que en la especie, el solicitante de la protección constitucional reclama la determinación de confirmar el recurso de revocación que interpuso contra el auto en que se le ordenó acudir a un centro de alcohólicos anónimos. Sobre el tema que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que es obligación del Estado velar por el interés superior del menor y dentro de esa obligación cuenta con facultades de allegarse de pruebas que le permitan decidir sobre un parámetro de razonabilidad sobre el régimen de convivencias. En esa tesitura, la resolución de la Juez responsable no trae propiamente una afectación y, por el contrario, permite al juzgador allegarse de mayores elementos para estar en condiciones de decidir en definitiva sobre las convivencias de los menores con sus padres y que, eventualmente, incluso tales elementos probatorios, sin prejuzgar, podrían resultarle benéficos. Pues resulta necesario para determinar en definitiva el régimen de convivencias, el análisis de los diversos factores que pudieran tener repercusiones negativas en el sano desarrollo de los infantes involucrados. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable en atención al interés superior del menor y en acatamiento a lo ordenado en el artículo 212, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, tomó en consideración lo manifestado en el dictamen pericial del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y entre otras cuestiones, sugirió al quejoso que asistiera a un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Sin que ello implique una valoración anticipada de dicho dictamen pericial, sino el ejercicio de la facultad de allegarse de mayores elementos previamente a decidir sobre el derecho de los menores a convivir con sus progenitores en un ambiente que favorezca su desarrollo. Además, no puede considerarse como un acto discriminatorio para el quejoso pues parte de la recomendación realizada por la experta del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado al entrevistarse con los menores. Ilustra sobre el tema la tesis Aislada I.6o.C.344 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, con registro digital 178773, Novena Época, que a la letra dice: "CONVIVENCIA FAMILIAR DE UN MENOR. QUIEN SOLICITA SU LIMITACIÓN DEBERÁ ACREDITAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE PELIGRO CONTRA EL DESCENDIENTE, AUN CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS EN QUE EL JUZGADOR, DE OFICIO, PUEDA RECABAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE CONVICCIÓN PARA EMITIR SU FALLO, CON EXCEPCIÓN DE QUE SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA COMPROBARLO. De una recta, sistemática y armónica interpretación de los artículos 282, fracción VI y 417 del Código Civil, así como de los numerales 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles ambos del Distrito Federal se advierte que cuando se hace valer una acción que involucre aspectos de índole familiar, como alimentos, divorcio, etcétera, y también se solicite como prestación accesoria el establecimiento de un régimen de convivencia familiar respecto de un menor, o cuando éste se solicita de manera reconvencional señalando que debe verificarse en determinado lugar debido a que puede existir peligro para aquél, resulta insuficiente para resolver al respecto, que el solicitante manifieste en su pedimento que existe la aludida posibilidad de peligro, sino que, ante la negativa absoluta de su contraparte, está constreñido, a aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que es cierto el hecho en que sustenta su petición de limitación del derecho de convivencia, para que el juzgador haga el estudio correspondiente, de acuerdo con los hechos narrados y valore meticulosamente la correspondencia de las pruebas ofrecidas, así como las circunstancias especiales del caso y, finalmente, emita su determinación, aun cuando pueden darse supuestos en los que sea necesario que el resolutor recabe, de oficio, los medios de convicción necesarios y suficientes para resolver lo conducente; pues si bien es cierto que en materia familiar opera la regla de que en casos donde se involucren derechos de menores no debe exigirse la carga probatoria establecida en el artículo 281 del código adjetivo civil para el Distrito Federal e, incluso, existe suplencia de la queja deficiente mediante la aportación de oficio por parte del órgano jurisdiccional, de elementos probatorios para mejor proveer, también lo es que dicha regla no es absoluta, sino circunscrita a los casos en que se advierta que no existen otros medios de convicción aptos, o bien, que por las circunstancias del caso, las partes están imposibilitadas para acreditar los hechos materia de la litis que pudieran conducir a la protección de los intereses de los menores." Como se ha hecho patente en esta resolución, la convivencia entre los menores y su progenitor que no ejerce la guarda y custodia representa un derecho fundamental de los menores para crear o fortalecer el vínculo afectivo con sus padres, de ahí que la posibilidad de restringirlo o suspenderlo sólo se justifica si se demuestra que su cumplimiento genera en los menores una afectación predominante al beneficio que les reporta continuar con esas convivencias; para lo cual, es necesario contar con los mayores elementos probatorios posibles. Así, la trascendencia que puede tener en perjuicio de los infantes la determinación de suspender o limitar la convivencia con alguno de sus padres, o bien de presentarlos ante una autoridad para que den noticia de cuestiones que permitan salvaguardar su integridad, no puede sustentarse en la suposición o capricho de alguno de los padres, sino en una decisión de autoridad jurisdiccional en la que pondere el caudal probatorio que le sea aportado o del que considere necesario allegarse, para generar certeza de que el fomento en la relación del menor con alguno de sus progenitores puede ocasionarle una afectación física o emocional. Así, fue acertada la determinación de la Juez responsable de requerir al quejoso para realizar las gestiones necesarias a efecto de acudir a un centro de alcohólicos anónimos y comprobar con documental cierta la asistencia a dicho centro, pues de esa manera se garantiza el cumplimiento del mandato encaminado, como ya se dijo, a la tutela del supremo interés de los infantes involucrados en el juicio. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en los términos de lo establecido en el apartado quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cuatro de julio de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA la sentencia de CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 77/2022, promovió por ****, por propio derecho; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El diecinueve de enero de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. Después de desahogar la prevención realizada en autos, el ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El diez de febrero de dos mil veintidós. IV Emplazamiento al tercero interesado. El siete de abril de dos mil veintidós. V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se hace consistir en: a La resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó que el ahora quejoso realice las gestiones necesarias a efecto de acudir a un centro de alcohólicos anónimos y reciba ayuda de dicho centro comprobando con la documental fehaciente su asistencia al centro de rehabilitación, esto sugerido por la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. III Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con copia certificada de las constancias que integran la controversia familiar ****, remitidas en apoyo al informes justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" IV Causales de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar hechas valer por alguna de las partes o bien advertida de oficio por este juzgador se procede al estudio de fondo. V Estudio de fondo. En su único concepto de violación la parte impetrante señala que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con los numerales 23 y 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 404 y 410 del Código Procesal Familiar, pues a su parecer la autoridad responsable valoró el dictamen de la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para imponerle la obligación de asistir a un centro de alcohólicos anónimos y comprobara su asistencia a un centro de rehabilitación, sin que sea el momento procesal para valorar las pruebas al no resolver el fondo del asunto. Del mismo modo señala que la resolución reclamada atenta contra su libertad de ejercicio y le da un trato discriminatorio; además de carecer de sustento legal, al considerar, que si un juzgador pondera alguna de las categorías protegidas por el artículo 1 Constitucional, debe evaluarse si el uso de la misma está justificado y además si su evaluación tiende a proteger el interés superior del menor y de ser así no puede ser especulativo o imaginario. Argumenta que para determinar el grado de alcoholismo de una persona la prueba pericial médica es la idónea, y si en el caso la responsable consideró que la opinión de la perito psicóloga era una prueba plena, debió haberlo establecido en su resolución y al no haberlo hecho así, la resolución reclamada carece de adecuada fundamentación y motivación. Finalmente, aduce que no hay razones para determinar que el quejoso es alcohólico y con ello condenar a la pérdida del derecho de convivencia con su menor hija. Lo anterior es infundado. Para explicar lo anterior, es necesario realizar el siguiente segmento narrativo: 1 El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, *****(quejoso), por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *** demandó en la vía de Controversia Familiar a ****, (tercera interesada), la convivencia familiar para con su menor hija. 2 Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, se formó y registró el expediente con el número ***, asimismo, se admitió a trámite, ordenó emplazar a la parte demandada y le dio vista por tres días respecto de la medida cautelar, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 3 El trece de julio de dos mil dieciocho, se decretaron provisionalmente convivencias supervisadas entre la menor de iniciales **** y el ahora quejoso. 4 En proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la demandada dando contestación en tiempo y forma a la demanda incoada en su contra y se tuvo por admitida la reconvención hecha valer por *****contra el hoy quejoso, en la que le demandó la guarda y custodia de la menor. 5. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo al actor en lo principal y demandado reconvencionista, en tiempo y forma dando contestación a la reconvención entablada y se señaló fecha para la audiencia de conciliación y depuración. 6. Seguida la secuela procesal del asunto, mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, la demandada ofreció diversos medios probatorios, entre ellos, la pericial en materia de psicología; misma que fue desahogada mediante dictamen fechado el veinte de agosto de dos mil diecinueve. 7. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó un auto en el que dejó sin efectos la citación para la sentencia, así como la etapa de alegatos y ordenó el desahogó de distintos medios probatorios; en el mismo auto, le requirió a la parte actora realizará las gestiones necesarias a efecto de acudir a un centro de alcohólicos anónimos, y comprobará con cierta documental la asistencia a dicho centro de rehabilitación, esto, sugerido por la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 8. Inconforme con lo anterior, el hoy quejoso interpuso el recurso de revocación en contra de dicho auto, el cual se resolvió declarar infundado el seis de octubre de dos mil veintiuno. Determinación que es materia de este juicio de amparo. En este asunto debe atenderse al interés superior del menor, sobre lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado como definición la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño" Así se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a/J. 25/2012 (9a), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 334, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 159897, la cual dispone: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño" En diverso criterio se ha establecido que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos; además, cumple con dos funciones normativas: a como principio jurídico garantista y, b como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. Tales consideraciones están contenidas en la tesis 1a. CXXI/2012 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000989, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores" En otra tesis estableció los criterios que involucra su aplicación en casos concretos: a se deben satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor, así como las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; c se debe mantener, si es posible, el statu quo material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 270, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006593, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o constitucional" Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación, en esencia se duele del hecho de que se le haya impuesto la obligación de acudir a un centro de alcohólicos anónimos, cuestión que considera discriminatorio, especulativo, imaginario y carente de fundamentación y motivación; además, refiere derivó de la valoración del dictamen en materia de psicología del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y con base en ello se obstaculizan las convivencias con su hija. Lo anterior es infundado, porque un acto de autoridad está debidamente fundado y motivado, cuando la responsable expresa con especiales, razones particulares o causas inmediatas para su emisión, en la inteligencia que debe existir adecuación entre los fundamentos legales invocados y los discernimientos expresados como apoyo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página ciento cuarenta y tres, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" Retomando el principio relativo al interés superior del niño, que se traduce en dar prioridad al bienestar de los infantes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, se obtiene que en toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse en atención a ese principio básico. Ahora bien, un diverso instrumento internacional como lo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, prevé en los numerales 23 y 243; que, en caso de disolución del matrimonio, o bien, separación de los padres, se deberán adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria a los niños, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del Estado. Precisamente, uno de los tópicos en que tales medidas de protección a favor de los menores deben ser observadas, es el relativo a las convivencias entre los infantes y sus padres no custodios, para el caso de que no exista acuerdo entre éstos. Para decretarlas o suspenderlas temporal o definitivamente, además de tomar en consideración la opinión de los menores, el juez habrá de atender para la adopción de la medida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, respecto de su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación y ayuda escolar, desahogo material, sosiego y clima de equilibrio para su desenvolvimiento, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre otros factores. Además de lo hasta aquí expuesto, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 9º de la Convención de los Derechos del Niño que estatuye la obligación de los Estados Parte, para velar porque los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando los padres viven separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En el supuesto de que se dé la separación de los cónyuges, se respetará el derecho de los infantes a mantener relaciones personales y contacto directo con el progenitor que no detente la custodia, hecha excepción de que ello resulte contrario a su interés superlativo. Sentadas las premisas anteriores, se tiene que en la especie, el solicitante de la protección constitucional reclama la determinación de confirmar el recurso de revocación que interpuso contra el auto en que se le ordenó acudir a un centro de alcohólicos anónimos. Sobre el tema que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que es obligación del Estado velar por el interés superior del menor y dentro de esa obligación cuenta con facultades de allegarse de pruebas que le permitan decidir sobre un parámetro de razonabilidad sobre el régimen de convivencias. En esa tesitura, la resolución de la Juez responsable no trae propiamente una afectación y, por el contrario, permite al juzgador allegarse de mayores elementos para estar en condiciones de decidir en definitiva sobre las convivencias de los menores con sus padres y que, eventualmente, incluso tales elementos probatorios, sin prejuzgar, podrían resultarle benéficos. Pues resulta necesario para determinar en definitiva el régimen de convivencias, el análisis de los diversos factores que pudieran tener repercusiones negativas en el sano desarrollo de los infantes involucrados. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable en atención al interés superior del menor y en acatamiento a lo ordenado en el artículo 212, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, tomó en consideración lo manifestado en el dictamen pericial del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y entre otras cuestiones, sugirió al quejoso que asistiera a un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Sin que ello implique una valoración anticipada de dicho dictamen pericial, sino el ejercicio de la facultad de allegarse de mayores elementos previamente a decidir sobre el derecho de los menores a convivir con sus progenitores en un ambiente que favorezca su desarrollo. Además, no puede considerarse como un acto discriminatorio para el quejoso pues parte de la recomendación realizada por la experta del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado al entrevistarse con los menores. Ilustra sobre el tema la tesis Aislada I.6o.C.344 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, con registro digital 178773, Novena Época, que a la letra dice: "CONVIVENCIA FAMILIAR DE UN MENOR. QUIEN SOLICITA SU LIMITACIÓN DEBERÁ ACREDITAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE PELIGRO CONTRA EL DESCENDIENTE, AUN CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS EN QUE EL JUZGADOR, DE OFICIO, PUEDA RECABAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE CONVICCIÓN PARA EMITIR SU FALLO, CON EXCEPCIÓN DE QUE SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA COMPROBARLO. De una recta, sistemática y armónica interpretación de los artículos 282, fracción VI y 417 del Código Civil, así como de los numerales 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles ambos del Distrito Federal se advierte que cuando se hace valer una acción que involucre aspectos de índole familiar, como alimentos, divorcio, etcétera, y también se solicite como prestación accesoria el establecimiento de un régimen de convivencia familiar respecto de un menor, o cuando éste se solicita de manera reconvencional señalando que debe verificarse en determinado lugar debido a que puede existir peligro para aquél, resulta insuficiente para resolver al respecto, que el solicitante manifieste en su pedimento que existe la aludida posibilidad de peligro, sino que, ante la negativa absoluta de su contraparte, está constreñido, a aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que es cierto el hecho en que sustenta su petición de limitación del derecho de convivencia, para que el juzgador haga el estudio correspondiente, de acuerdo con los hechos narrados y valore meticulosamente la correspondencia de las pruebas ofrecidas, así como las circunstancias especiales del caso y, finalmente, emita su determinación, aun cuando pueden darse supuestos en los que sea necesario que el resolutor recabe, de oficio, los medios de convicción necesarios y suficientes para resolver lo conducente; pues si bien es cierto que en materia familiar opera la regla de que en casos donde se involucren derechos de menores no debe exigirse la carga probatoria establecida en el artículo 281 del código adjetivo civil para el Distrito Federal e, incluso, existe suplencia de la queja deficiente mediante la aportación de oficio por parte del órgano jurisdiccional, de elementos probatorios para mejor proveer, también lo es que dicha regla no es absoluta, sino circunscrita a los casos en que se advierta que no existen otros medios de convicción aptos, o bien, que por las circunstancias del caso, las partes están imposibilitadas para acreditar los hechos materia de la litis que pudieran conducir a la protección de los intereses de los menores" Como se ha hecho patente en esta resolución, la convivencia entre los menores y su progenitor que no ejerce la guarda y custodia representa un derecho fundamental de los menores para crear o fortalecer el vínculo afectivo con sus padres, de ahí que la posibilidad de restringirlo o suspenderlo sólo se justifica si se demuestra que su cumplimiento genera en los menores una afectación predominante al beneficio que les reporta continuar con esas convivencias; para lo cual, es necesario contar con los mayores elementos probatorios posibles. Así, la trascendencia que puede tener en perjuicio de los infantes la determinación de suspender o limitar la convivencia con alguno de sus padres, o bien de presentarlos ante una autoridad para que den noticia de cuestiones que permitan salvaguardar su integridad, no puede sustentarse en la suposición o capricho de alguno de los padres, sino en una decisión de autoridad jurisdiccional en la que pondere el caudal probatorio que le sea aportado o del que considere necesario allegarse, para generar certeza de que el fomento en la relación del menor con alguno de sus progenitores puede ocasionarle una afectación física o emocional. Así, fue acertada la determinación de la Juez responsable de requerir al quejoso para realizar las gestiones necesarias a efecto de acudir a un centro de alcohólicos anónimos y comprobar con documental cierta la asistencia a dicho centro, pues de esa manera se garantiza el cumplimiento del mandato encaminado, como ya se dijo, a la tutela del supremo interés de los infantes involucrados en el juicio. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ****, contra la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en los términos de lo establecido en el apartado quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que el titular de esta sede federal se encuentra de licencia autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y el secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de trámite y resoluciones de carácter urgente, en términos del segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del uno de junio de dos mil veintidós. Orienta lo anterior la tesis aislada I.2º.P.10 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Marzo de 2006, página 2112, que al rubro indica: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES." Notifíquese. Así lo acordó y firma David Antonio Galindo Arenas, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional mediante oficio número CCJ/ST/1090/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza, firma y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. Mgf
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