Gilberto Barajas Calvillo y Otros.
Expediente 1291/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 27 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 30/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gilberto Barajas Calvillo y Otros.
- Gilberto Barajas Calvillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo al resultado del fallo constitucional, dado que se decretó en el presente expediente el sobreseimiento, dejando las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, se considera que a quien afectó el efecto de la sentencia fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, novena época, materia común, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Devuélvanse los cuadernos de pruebas a la autoridad emisora. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Vista la certificación que antecede y revisados que fueron los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que transcurrió el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de nueve de agosto del presente año, para que recogiera los edictos, a fin de emplazar a la tercera perjudicada ********************; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis y, por ende, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 30, fracción II, y 5, fracción III, y 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Al efecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 416, tomo XXXII, agosto de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción que establece dicho criterio jurisprudencial, a efecto de ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el quejoso no manifestó su imposibilidad para cubrir con dicho gasto, aunado a que de actuaciones no se advierten datos que hagan presumir que el quejoso sea persona de escasos recursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta igualmente aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL., entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de 2003, novena época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena hacer las anotaciones procedentes en el libro de gobierno y comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. En virtud de lo anterior, no se llevará a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Vista el estado que guardan los autos, se advierte que el quejoso no proporcionó el domicilio actual de la tercera interesada Azucena Araceli Meraz Sánchez; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en auto de catorce de julio del presente año; en consecuencia, en virtud de haber sido agotada la investigación para obtener los domicilios en que pudiera ser localizada la referida tercera interesada, sin tener resultados positivos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se ordena su emplazamiento por medio de edictos a costa del peticionario de garantías, los que deberán publicarse tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial de la Federación", que se edita en la Ciudad de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndole saber a la tercera interesada ********************, que deberá presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, para que si a su interés conviene, se apersone en esta acción constitucional y aporte las pruebas que estimen convenientes; requiriéndole para que señale domicilio en esta ciudad de Colima, para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, con apoyo en lo previsto por el invocado artículo 26, fracción III de la Ley de la Materia, las subsecuentes notificaciones, aun las que resulten de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional.******************** Asimismo, fíjese en el rotulón de este Tribunal Federal una copia, tanto del presente proveído como de los edictos ordenados, por todo el tiempo que dure el emplazamiento.********************Por tanto, REQUIÉRASE a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, previsto por la fracción II del artículo 297 del citado enjuiciamiento civil federal, contados a partir de que se le notifique esta determinación judicial, comparezca a recibir los aludidos edictos; apercibida que en caso de incumplimiento, se decretará el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción III, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. ******************** Da sustento a lo anterior, y se acata por obligatoria, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 64/2002, localizable en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:********************"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso".********************Por lo anterior, ha lugar a diferir la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como constancia y surta sus efectos legales, el oficio signado por el Juez Primero Penal de Tecomán, Colima, con el que devuelve sin diligenciar el despacho número 148/2016-II-M, que se le envió a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara a juicio de la tercera interesada AZUCENA ARACELI MERAZ SÁNCHEZ. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación judicial, proporcione el domicilio actual de la mencionada tercera interesada, bajo apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con lo que establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos, a costa del impetrante de garantías.
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