Gilberto Avila Torres

Expediente 18/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
18/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Gilberto Avila Torres

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 18/2020-III, promovido por GILBERTO ÁVILA TORRES, JUAN VÁZQUEZ HIPÓLITO, ESTEBAN PUJOL LÓPEZ, FAUSTO GARCÍA AGUIRRE, ROSENDO GUTIÉRREZ ARZATE, FILOMENO GERVASIO PREZA, JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ, LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ, EPIGMENIO ÁVILA LÓPEZ, PABLO ELÍAS GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ ÁVILA, ONÉSIMO RINCON OLIVO, JESÚS NUÑEZ ÁVILA, ALFREDO ESPINOZA MADRIGAL, MARIO LUIS RODRÍGUEZ CORDOVA, BALTAZAR CRUZ PÉREZ, EFREN CAMARGO LEÓN, EVA TORRES ALONSO y J. MATILDE GARCÍA. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado el día seis de ese mismo mes y año a este Juzgado de Distrito, GILBERTO ÁVILA TORRES y otros, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Juez de Control, Juicio Oral, y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades consistentes en la resolución emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve y su ejecución. SEGUNDO.- Por acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, se desechó la demanda por cuanto a ÁNGEL GODOY MARTÍNEZ y se previno a los demás promoventes. Desahogada la prevención, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El treinta de enero de dos mil veinte, se tuvo por emplazados a juicio a los terceros interesados WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. y Wilfrido Tovar Ángeles (fojas 83). Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables a quienes se les reclama la ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa lo que la parte quejosa reclama: La resolución emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/602/2018 del índice del Juez de Control, Juicio Oral, y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y su ejecución. TERCERO. No son ciertos los actos de ejecución que se reclamaron al Encargado del Despacho de la Policía Estatal Morelos del Municipio de Cuautla, Morelos, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado su negativa. Lo que se encuentra confirmado atendiendo a que el acto reclamado tiene ejecución en el Municipio de Yautepec, Morelos, lugar en el que carece de competencia la Policía destacamentada en Cuautla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio únicamente por lo que respecta a los actos de ejecución que se reclamaron al Encargado del Despacho de la Policía Estatal Morelos del Municipio de Cuautla, Morelos. CUARTO.- Es cierto el acto reclamado a la Juez de Control, Juicio Oral, y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos consistente en la resolución emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/602/2018, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 107). Certeza que además se corrobora con el audio y video remitido en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Asimismo, son ciertos los actos de ejecución reclamados al Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, toda vez que así lo admitió al rendir el informe justificado. QUINTO.- Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme a esta disposición el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De igual manera, contiene excepciones al deber de interponer dichos recursos o medios de defensa; sin embargo, en el caso concreto no se actualizan, pues no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, el acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, ni auto de vinculación a proceso, tampoco en una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni la resolución decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de los quejosos y los impetrantes no se ostentan como terceros extraños al juicio de origen, al ser parte en la causa penal JCC/602/2018. La citada causal de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. La causa de improcedencia se surte en razón de que, contra la resolución reclamada procede el recurso de apelación, esto es, el acto que reclaman los promoventes tiene forma de reparación, ya que puede ser revocado, modificado o confirmado, a través del aludido medio de impugnación, previsto por el artículo 467, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares." Lo anterior es así ya que los quejosos reclaman la resolución emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal JCC/602/2018, en la que la Juez de Control responsable decretó como medida provisional la restitución de bienes a la víctima. Así, contra la referida resolución emitida por la Juez del Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Cuautla Morelos, procede el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 467, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se trata de la resolución emitida ante la solicitud de una medida provisional, que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales es catalogada de providencia precautoria relativa a la restitución de bienes que no están relacionados con la comisión del hecho catalogado de delito de despojo por el que se sigue la investigación, se ven inmersos en el mismo, lo que incluso derivó en la necesidad de acudir al Juez de Control a solicitar su entrega por la parte ofendida de ahí que la resolución impugnada en esta vía constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe ser sometida a la jurisdicción ordinaria correspondiente a efecto de revisar su legalidad y hecho lo cual, de ser el caso, pueda ser sometida a control constitucional, una vez agotado el recurso que al respecto prevé el ordenamiento adjetivo invocado, lo que no se hizo. Por tanto, toda vez que el recurso de apelación constituye un medio de defensa idóneo que tiene como finalidad modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, los quejosos tienen la obligación de agotarlo en su calidad de investigados en el juicio natural, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, lo que en el particular no se satisfizo. Apoya la anterior determinación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 119/2011 (9a.) Novena Época, con número de registro 160536, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, página 2235 del rubro: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que constituya una excepción al principio de definitividad que los quejosos consideren que dicha actuación genera efectos catalogados como de imposible reparación, pues ello no desvirtúa el hecho que dicha actuación es recurrible a través del recurso citado con antelación. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con registro 2017117, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento jurídico en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyeron al Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GILBERTO ÁVILA TORRES, JUAN VÁZQUEZ HIPÓLITO, ESTEBAN PUJOL LÓPEZ, FAUSTO GARCÍA AGUIRRE, ROSENDO GUTIÉRREZ ARZATE, FILOMENO GERVASIO PREZA, JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ, LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ, EPIGMENIO ÁVILA LÓPEZ, PABLO ELÍAS GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ ÁVILA, ONÉSIMO RINCON OLIVO, JESÚS NUÑEZ ÁVILA, ALFREDO ESPINOZA MADRIGAL, MARIO LUIS RODRÍGUEZ CORDOVA, BALTAZAR CRUZ PÉREZ, EFREN CAMARGO LEÓN, EVA TORRES ALONSO y J. MATILDE GARCÍA contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en ellos y en el último considerando. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

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