Gilberto Ávila Ávila
Expediente 706/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gilberto Ávila Ávila
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada por ese Tribunal Colegiado, dentro de la queja civil 147/2019 de su índice, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por este juzgado dentro del presente juicio de amparo, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundada la queja." Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió dentro del presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe el quejoso Gilberto Ávila Ávila, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el doce de septiembre de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por Gilberto Ávila Ávila, contra actos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el citado autorizado, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso Gilberto Ávila Ávila, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve y aclara su demanda de amparo. Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, se deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, en el toca de apelación civil número 190/2019, en que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en el juicio sucesorio intestamentario número 173/2011. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V a contrario sentido del artículo 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado narrados por el quejoso, se advierte: Olga Yolanda Sánchez Sánchez denunció juicio sucesorio intestamentario a bienes de su finado esposo Modesto Cabral Cabral. El nueve de agosto de dos mil once se llevó a cabo la declaratoria de herederos y nombramiento de albacea, reconociéndose como herederos a Esperanza Cabral Díaz y Olga Yolanda Sánchez Sánchez, esta última quien fue además nombrada albacea. Que en el procedimiento se dio la remoción de albaceas. Que después se dio la remoción de dicha albacea, se designó como tal a Esperanza Cabral Díaz y luego se presentó el inventario y avaluó de los bienes que conforman la masa hereditaria, al que se opuso Olga Yolanda Sánchez Sánchez; oposición que se resolvió declarándose parcialmente procedente y para que se modificara el inventario en la medida y extensión que se señalaron en la resolución. Que transcurrieron más de tres años sin impulso al procedimiento, por lo que se presentó incidente de remoción de albacea por no haber cumplido con la encomienda, lo cual fue procedente y se designó nuevamente con tal a Olga Yolanda Sánchez Sánchez. Que habiendo sido removidas del cargo los albaceas se designaron como albaceas conjuntas a Esperanza Cabral Díaz y Olga Yolanda Sánchez Sánchez, inconformándose ésta última y presentó recurso de revocación por conducto de su apoderado José Bañuelos Hernández, pronunciándose resolución que modificó dicha cuestión, para que se hiciera el nombramiento de albacea en términos de los artículos 858 y 859 del Código Civil Vigente en el Estado, con relación al artículo 761 del código adjetivo de la materia. Que el dos de julio se designó como albacea a José Bañuelos Hernández y al inconformarse con ello Olga Yolanda Sánchez Sánchez, solicitó se designara como interventor al aquí quejoso Gilberto Ávila Ávila, lo que aconteció y aceptó dicho cargo. Que el diez de julio de dos mil dieciocho se presentó nuevo inventario y avalúo de los bienes y como ya existía un inventario y avalúo, que se había modificado el dieciocho de septiembre de dos mil doce, que por no haber sido recurrido quedó firme; posteriormente, se pronunció auto en que se fijó fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. Que la vista la evacuó el albacea y se llevó a cabo dicha audiencia, citándose la oposición mencionada para llevar dicha interlocutoria, porque el aquí quejoso presentó incidente de nulidad de actuaciones, consistente en el acta derivada de la diligencia de audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, en el incidente de oposición al inventario y avalúo promovido por Olga Yolanda Sánchez Sánchez, de ocho de noviembre de dos mil dieciocho y por consecuencia la nulidad de las actuaciones judiciales subsecuentes que obran en el incidente, manifestándose en el punto cuatro de dicho incidente de nulidad, que al aquí quejoso Gilberto Ávila Ávila, con el carácter de interventor, no fue debidamente notificado del auto donde se admitió el nuevo inventario y avalúo, como del auto donde se admitió el incidente de posición a dicho inventario y se declaró procedente el incidente de nulidad, el siete de febrero de dos mil diecinueve. Que el albacea José Bañuelos Hernández, interpuso contra dicha interlocutoria recurso de apelación, resuelto el trece de agosto de dos mil diecinueve, en el toca de apelación civil 190/2019, por la Segunda Sala civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, revocando la interlocutoria emitida por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas (acto reclamado). De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean de imposible reparación. Por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. Luego, para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, tales actos son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tal como se determinó en la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." También, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En tales condiciones, es de sostenerse que el acto reclamado, no afecta de modo alguno los derechos sustantivos del peticionario de amparo, sino adjetivos. Para ello, conviene diferenciar uno de otro, por los primeros se entiende aquellos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en razón a que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio o en la resolución del procedimiento correspondiente; y, por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que un determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales que la Constitución General de la República tutela en favor de los gobernados, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Al caso concreto se cita como apoyo, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que reza: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo". Así, se justifica la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a los antecedentes del acto reclamado citado por el quejoso y que quedaron antes transcritos, puesto que se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio especial, denominado sucesorio, cuyo objeto es la liquidación y partición de una herencia, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona, son transmisibles a sus herederos o legatarios. En la tramitación de tales juicios, sean intestados o testamentarías, por disposición legal artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se formará de cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios, la primera sección se llamará de sucesión y la segunda corresponde a la de inventario y avalúo; la de administración y finalmente la de partición. Ahora, la resolución que constituye el acto reclamado, se dictó en la segunda sección y para tal efecto, los artículos 793 a 808, establecen la forma y términos en que ha de realizarse el trámite respectivo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 793. El inventario que se practique para presentarse en un juicio sucesorio, debe contener: I. Una lista completa de los bienes que formen el activo de la sucesión, dando una descripción de los mismos y de los títulos, registros y demás documentos que amparen su propiedad. Si en el activo figuraren algunos bienes o créditos litigiosos, deberá expresarse esta circunstancia, los particulares del juicio que se siga y la causa del pleito. Si en el activo figurare algún interés o participación en sociedades, asociaciones o negocios, deberá expresarse el monto de este interés o la cantidad que represente; II. Se proporcionará una lista de los bienes que el autor de la herencia tenía en su poder y que no le pertenecían, así como la parte de los del activo que esté afectada a la sociedad conyugal, o los que estén en poder de la sucesión o de terceros que reporten algún gravamen; III. Mención de los frutos y productos que haya recibido la sucesión desde su apertura, con deducción de los gastos, para que se incluya el saldo líquido que exista en la fecha del inventario; IV. Una lista de las deudas que formen el pasivo de la sociedad, con expresión de los títulos o documentos que justifiquen este pasivo; V. Mención de cuál sea el caudal líquido hereditario, y VI. El avalúo de los bienes simultáneamente con el inventario, cuando esto sea posible. Artículo 794. El inventario se hará extrajudicialmente, y para practicarlo no se requerirá licencia especial o determinación del juez, excepto en los casos en que conforme a la ley debe practicarse inventario solemne. Artículo 795. El inventario solemne se practicará con intervención de un Notario Público o del actuario del Juzgado, sin perjuicio de que el juez pueda concurrir a su formación. Deberá practicarse inventario solemne en los siguientes casos: I. Si la mayoría de los herederos y legatarios lo piden; II. Si la mayoría de los herederos la constituyen menores; III. Cuando tuvieren interés como herederos o legatarios instituciones de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales, sean de carácter público o privado. Cuando deba practicarse inventario solemne se señalará día y hora para la diligencia o diligencias de formación y se citará previamente para que concurran al cónyuge que sobreviva y a los herederos, acreedores y legatarios que se hubieren presentado. El acta o actas que se levanten serán firmadas por todos los concurrentes que quisieren hacerlo, y en ellas se expresará cualquier inconformidad que se manifestare, designando los bienes cuya inclusión o exclusión se pida. Artículo 796. El inventario podrá presentarse en cualquier tiempo desde la apertura del juicio sucesorio, pero en todo caso deberá quedar exhibido dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el albacea haya aceptado su cargo. Si se practica antes de la designación del albacea, deberán firmarlo conjuntamente todos los herederos que se hubieren presentado en el juicio. En caso de que exista ya albacea, el inventario deberá ser firmado precisamente por éste, y además, por el cónyuge supérstite, heredero y acreedores que deseen hacerlo. El plazo de quince días que se concede en este artículo al albacea para la formación del inventario, podrá ampliarse hasta por noventa días, en caso de que los bienes se hallen repartidos o ubicados a gran distancia, o si por la naturaleza de los negocios de la sucesión, no fuere suficiente el plazo original. Artículo 797. El avalúo se practicará de acuerdo con las reglas establecidas en el Capítulo siguiente, y sujetándose a lo que al efecto dispongan las leyes fiscales. Si el practicado conforme a las leyes fiscales no fuere satisfactorio para los herederos, por no corresponder al valor comercial de los bienes, deberá practicarse de común acuerdo otro que sirva de base para la partición, sin perjuicio de que subsista el fiscal para el cálculo del impuesto de herencia sobre sucesiones. Artículo 798. Si se presenta el inventario suscrito por todos los interesados, no será necesario que se ponga a la vista de los herederos y se aprobará de plano. La aprobación del inventario se entenderá siempre hecha a reserva de que si aparecieren nuevos bienes o deudas no listados, se agreguen al inventario. Artículo 799. Si el inventario no lo suscriben todos los interesados, se correrá traslado de él por seis días comunes a los interesados que no lo suscriban, para que manifiesten si están o no conformes con el mismo. Si transcurriere el término sin haberse hecho oposición, el juez lo aprobará sin más trámite, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes fiscales. Si se dedujese oposición contra el inventario o avalúo, se tramitará en la vía incidental. Para dar curso a la oposición será indispensable que el que la haga exprese concretamente: si la oposición se dirige contra el avalúo, cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes, y cuáles sean las pruebas que se invocan como base de objeción al inventario. Si se objeta la inclusión o exclusión de algún bien, deberán expresarse los motivos o títulos que existen para ello, y proponerse junto con la oposición las pruebas que deseen ofrecerse. La oposición se substanciará citando a las partes para una audiencia, en la que se reciban las pruebas y alegatos. Si los que dedujeron la oposición no asisten a la audiencia, se les tendrá por desistidos. Si los peritos que practicaron el avalúo no asisten, perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos que hubieren practicado. En la tramitación de este incidente, cada parte es responsable de la asistencia de los peritos o testigos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno de los propuestos. Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones, podrán nombrar representante común. Si las reclamaciones tuvieren por objeto impugnar simultáneamente el inventario y el avalúo, una misma resolución decidirá las dos oposiciones. Artículo 800. Los gastos del inventario y avalúo son a cargo de la herencia, salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa. Artículo 801. El inventario hecho por el albacea o por algún heredero o herederos aprovecha a todos los interesados, aunque no hayan sido citados, incluso los sustitutos y los que hereden por intestado. El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron. Aprobado el inventario por el juez o por el consentimiento de todos los interesados, no puede reformarse sino por error o dolo declarados por sentencia definitiva pronunciada en juicio sumario; pero siempre se entenderá aprobado con la reserva de que si aparecieren nuevos bienes o deudas se agreguen como corresponda. Artículo 802. El representante del fisco tendrá la intervención que le asignen las leyes fiscales, en todo lo relativo al inventario y avalúos. Artículo 803. Si pasado el término que señala el artículo 796 de este Código, o la prórroga en su caso, el albacea no concluye y presenta el inventario, se estará a lo dispuesto por los artículos 1723 y 1724 del Código Civil. La remoción a que se refiere el último precepto, será de plano." Artículo 804. Los avalúos serán practicados de acuerdo con las siguientes bases que servirán de norma a los jueces para aprobarlos: I. Los valores en monedas extranjeras se estimarán tomando en cuenta la cotización fijada para las del país respectivo por el boletín Financiero a la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la que dé el Banco de México, S.A., y a falta de éstas, será la que fije la circular que expide mensualmente la Dirección de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; II. Las alhajas serán valorizadas de acuerdo con su valor de adquisición o en la suma en que estén aseguradas; III. Los demás muebles y alhajas respecto de las cuales no pueda comprobarse su valor de adquisición, y que no estén aseguradas, se estimarán por avalúo pericial; IV. Los valores serán estimados de acuerdo con los datos que proporcione la Comisión de Valores, quien para ese efecto tendrá en cuenta las cotizaciones de la Bolsa de Valores, y a falta de ellas, las que haya fijado el Banco de México en la época de la muerte del causante. En defecto de estos datos, se ocurrirá al avalúo pericial; V. Los bienes inmuebles se estimarán de acuerdo con el avalúo que practique el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A., u otra institución de crédito, o en su defecto, por la persona que designe el Juez. El avalúo se practicará tomando en cuenta el valor comercial que el inmueble tuviere en la fecha del fallecimiento del autor de la herencia; VI. Los establecimientos mercantiles o industriales, y la participación en las utilidades de una sociedad, se valorizarán tomando en cuenta los datos del activo y pasivo de la contabilidad en la fecha del fallecimiento del causante, o el balance practicado en relación con la misma época; VII. Los créditos activos serán listados por su valor nominal; pero los interesados tendrán derecho a que se les deduzca la cantidad que dejen de cobrar, debiéndose hacer lo mismo en los casos de quiebra del deudor. También tendrán derecho a que se deduzca el monto del crédito cuando éste sea litigioso y se pronuncie sentencia definitiva absolutoria para el deudor o cuando al practicarse embargo, a éste, se encuentre que carece de bienes, o cuando los interesados convengan en retirar de los inventarios el crédito de que se trata. Si se recobra total o parcialmente una deuda castigada en los términos que anteceden, deberá incluirse el valor de la cantidad recobrada en los inventarios o presentarse un inventario adicional. Artículo 805. Para los casos en que debe ocurrirse al avalúo pericial, se observarán las siguientes reglas: I- En las ciudades en donde los haya, el perito que se nombre deberá ser un Contador Público titulado o en su defecto, la persona que designe el Juez. Para el caso de tratarse de bienes inmuebles, deberá ser practicado por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, o cualquier otra institución de crédito, por conducto de su Departamento Fiduciario y de no existir en el lugar alguna de dichas instituciones, el juez designará la persona que deba practicarlo; II. Si algún interesado nombra un perito por su cuenta, los representantes de los Fiscos Federal y Local podrán nombrar por su parte alguno de los peritos a que se refiere la fracción anterior; III. Si los avalúos de los peritos nombrados por los interesados y el representante del fisco no coinciden, se ocurrirá a un tercer perito que será designado por el juez de los autos, quien lo nombrará eligiéndolo precisamente entre los que se mencionen en la fracción I. Artículo 806. Los peritos serán designados de común acuerdo por los herederos y el albacea, y si no se pudiere lograr dicho acuerdo, se estará al designado por el albacea. Los honorarios del perito así designado serán con cargo a la herencia. Si algún heredero deseare nombrar un perito distinto, los honorarios serán por su cuenta. Artículo 807. El inventario y avalúo se harán simultáneamente, excepto cuando sea urgente practicar el primero para asegurar los bienes y en el lugar no haya peritos competentes, y en los demás casos en que de hecho no sea posible. Artículo 808. La oposición a los avalúos se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en el Capítulo anterior." Conforme a los artículos transcritos y en lo que aquí interesa, se desprende que la sección de inventario y avalúo, se iniciará con la presentación de los documentos que al efecto realice el albacea, que se correrá traslado por seis días, para que los interesados puedan examinarlos y al deducirse oposición en su contra, se substanciarán las que se presenten en forma incidental, con una audiencia común, si fueren varios, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización para que con las pruebas rendidas se discuta la cuestión promovida; asimismo, para dar curso, será indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario; por lo que, una vez resueltas las oposiciones, o transcurrido el término sin haberse realizado, el juez aprobará sin más trámites el inventario y avalúo. Por tanto, se patentiza que la citada sección, se iniciará con la presentación del inventario y avalúo que al efecto realice el albacea, y culminará con la determinación que pronuncie el juzgador común, que los apruebe. Ahora, conforme a los antecedentes narrados por el quejoso, se advierte que el juicio sucesorio del que deriva el acto reclamado aún se encuentra en trámite, específicamente en la fase de inventarios y avalúos, en el que el trece de agosto de dos mil diecinueve, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, al resolver en el toca de apelación civil número 190/2019, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en el juicio sucesorio intestamentario número 173/2011, revocó dicha determinación que declaró procedente el incidente de nulidad planteado por el aquí quejoso, por no haber sido notificado del auto donde se admitió el nuevo inventario y avalúo de quince de agosto de dos mil dieciocho, como del auto donde se admitió el incidente de posición a dicho inventario de seis de septiembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado. Así, tomando en consideración que, conforme a la propia ley procesal civil, la aludida sección, termina con la resolución mediante la cual se aprueba el inventario propuesto por el albacea, es claro que el acto reclamado debe estimarse como dentro de juicio y, por su naturaleza, de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación. Es así, porque el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio y para la procedencia del juicio de amparo es necesario analizar en qué etapa se encuentra y si ésta ha concluido pues, de ser así, al promover contra la última resolución que da por terminada la sección, podrán reclamarse todas las violaciones que, a juicio del quejoso, se hayan cometido las que, de ser fundadas, traerán como consecuencia se conceda el amparo, restituyéndole en el goce de sus garantías vulneradas; de ahí la reparabilidad del acto reclamado. Entonces, en el caso, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, por tanto, que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el controvertido constitucional es improcedente, ya que se insiste, todavía se carece de resolución que decida la segunda sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis de la resolución del recurso de apelación en contra del inventario y avalúo, cuando se ataque la resolución que culmine la indicada sección que, en el supuesto de ser fundada, tornará procedente la concesión del amparo. Las consideraciones anteriores derivan de la jurisprudencia por reiteración que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de texto y rubro: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." También tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.3o. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del epígrafe siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." (lo subrayado es énfasis). Ante ello, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia invocada, contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sentido de la Ley de Amparo, puesto que resulta inconcuso que en el caso, la resolución reclamada, constituye un acto dentro de juicio, dado que no se ha dictado la sentencia de la segunda sección, en la que se apruebe el inventario y avalúo, además de que la interlocutoria reclamada no afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Federal, como lo es la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros; es decir, no se actualiza el primer criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto lo resuelto en el acto reclamado refiere a un problema estrechamente vinculado con la procedencia del incidente que promovió el aquí quejoso por no habérsele notificado el auto donde se admitió el nuevo inventario y avalúo, como el auto donde se admitió el incidente de posición a dicho inventario. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable, no se está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Gilberto Ávila Ávila, en su carácter de interventor nombrado por la heredera Olga Yolanda Sánchez Sánchez, contra actos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; la demanda de amparo presentada por Gilberto Ávila Ávila, contra actos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Ahora, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito se advierte que el quejoso no señala con que calidad comparece al juicio de amparo, por propio derecho o en representación de la sucesión a bienes de Modesto Cabral Cabral. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, precise: Con que calidad comparece al presente juicio constitucional, esto es si lo hace por propio derecho o, en representación de la sucesión a bienes de Modesto Cabral Cabral. En caso de que comparezca a este juicio como representante de la sucesión que se refiere, exhiba ante esta autoridad la constancia donde se le reconoció tal carácter expedida por la autoridad responsable. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Como lo solicita el quejoso, ténganse por autorizados a los licenciados Gustavo Bañuelos Rodríguez y José Guerrero Bañuelos, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; toda vez que se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano juzgado, los que no constituyen propiamente un domicilio, por tanto, ésta y las subsecuentes, aun las de carácter personal practíquensele por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
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