Gilberto Astorga Mendoza
Expediente 294/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/06/2018
Partes del expediente
- Gilberto Astorga Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 177), el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de seis de junio del año actual (folio 184), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, Zacatecas, dentro del amparo en revisión 559/2017, en lo que al caso interesa, modificó la sentencia recurrida de once de abril de dos mil diecisiete y en su lugar concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables para los efectos siguientes: ".1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, lo previsto en los artículo 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el diverso numeral 13, todos de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como el denominado Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de giros 2017 para la Municipalidad de Tepic, aprobado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a Gilberto Astorga Mendoza, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales y catálogo, hasta en tanto se modifiquen. 2. Asimismo, para que la Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, devuelva a la parte quejosa debidamente actualizada la cantidad de ******************** (tres mil setecientos veinte pesos, 30/100 moneda nacional), que pagó, tal como se advierte del recibo oficial 023107022017001999, de siete de febrero de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia y tarjeta de identificación de giro correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, relativa a establecimiento mercantil "minisúper/abarrotes con venta de cerveza", e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit." Ante ello, a través del oficio recibido por este Juzgado Federal el cinco de junio del año en curso (fojas 177 a 183), el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque elaborado a nombre del quejoso por la cantidad de ********************, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de ******************** (tres mil setecientos veinte pesos con treinta centavos moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el siete de febrero de dos mil diecisiete y en el mes de mayo de dos mil dieciocho, se efectúo la devolución mediante transferencia a la cuenta de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del actual año entre el índice para el mes de enero de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecisiete fue de 124.598; y para el mes de abril del año actual de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ********************. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver ******************** (tres mil setecientos veinte pesos con treinta centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver ******************** (tres mil setecientos veinte pesos con treinta centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad ******************** por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de ********************; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de ********************, es decir, le devolvieron de más veintiún centavos pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la parte quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 177), el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de seis de junio del año actual (folio 184), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, Zacatecas, dentro del amparo en revisión 559/2017, en lo que al caso interesa, modificó la sentencia recurrida de once de abril de dos mil diecisiete y en su lugar concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables para los efectos siguientes: ".1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, lo previsto en los artículo 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el diverso numeral 13, todos de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como el denominado Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de giros 2017 para la Municipalidad de Tepic, aprobado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a Gilberto Astorga Mendoza, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales y catálogo, hasta en tanto se modifiquen. 2. Asimismo, para que la Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, devuelva a la parte quejosa debidamente actualizada la cantidad de ******************** (tres mil setecientos veinte pesos, 30/100 moneda nacional), que pagó, tal como se advierte del recibo oficial 023107022017001999, de siete de febrero de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia y tarjeta de identificación de giro correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, relativa a establecimiento mercantil "minisúper/abarrotes con venta de cerveza", e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit." Ante ello, a través del oficio recibido por este Juzgado Federal el cinco de junio del año en curso (fojas 177 a 183), el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque elaborado a nombre del quejoso por la cantidad de ********************, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de ******************** (tres mil setecientos veinte pesos con treinta centavos moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el siete de febrero de dos mil diecisiete y en el mes de mayo de dos mil dieciocho, se efectúo la devolución mediante transferencia a la cuenta de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del actual año entre el índice para el mes de enero de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecisiete fue de 124.598; y para el mes de abril del año actual de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ********************. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver ******************** (tres mil setecientos veinte pesos con treinta centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver ******************** (tres mil setecientos veinte pesos con treinta centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad ******************** por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de ********************; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de ********************, es decir, le devolvieron de más veintiún centavos pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la parte quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector, al entregar a la parte agraviada un cheque valioso por la cantidad que indica; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector, al entregar a la parte agraviada un cheque valioso por la cantidad que indica; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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