Gilberto Arturo Hernández Rivera y Otros.

Expediente 1126/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1126/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Arturo Hernández Rivera
  • Gilberto Arturo Hernández Rivera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    León, Guanajuato, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Defensores públicos aceptan y protestan cargo, solicitan acceso a expediente electrónico y señalan domicilio. Agréguense los escritos signados por * y *, mediante los cuales aceptan y protestan el cargo conferido como defensores públicos de Antonio de *, el primero de los profesionistas y de * y Pablo C*, la segunda de ellos. Los referidos profesionistas, autorizaron las formas de comunicación y consulta del expediente que se precisarán enseguida; en el entendido que de señalar simultáneamente domicilio físico y usuario electrónico para recibir notificaciones personales, se le dará preferencia a la segunda modalidad, por considerarse la forma de comunicación más ágil entre el órgano jurisdiccional y el justiciable: * Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico. Se notifica auto de desechamiento. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en proveído de once de octubre de la anualidad se desechó de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos, por las consideraciones que se plasmaron en la resolución de mérito. En consecuencia, notifíquese tal determinación de manera personal a los referidos defensores públicos a efecto de que se impongan de su contenido y estén en aptitud de impugnar en su caso tal proveído. Notifíquese personalmente a los defensores públicos y los respectivos quejosos. ............................................................................................................................................................................................................................................................ EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN SE NOTIFICA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS, EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN RESUMEN DICE: León, Guanajuato, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1126/2023 y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos combaten: La omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionarles atención médica integral. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por ****. Al respecto, se considera que en relación con los actos reclamados, de forma manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Lo anterior, debido a que los peticionarios no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo principio de definitividad . En esa tesitura, debido a que en el caso, los peticionarios reclaman omisiones relativas a las condiciones de internamiento que tiene como consecuencia la falta de atención médicay no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, los internos pueden acudir directamente al juez de ejecución29; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Finalmente, resulta claro que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos, como es el caso particular, donde se reclama una omisión relacionada con la atención médica. Pues se destaca como hecho notorio30 que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/201831, que versaba precisamente sobre ese punto en particular determinar si se actualizaba o no, una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales; de donde se advierte que el motivo por el que se declaró sin materia, fue que ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo.

  2. Principal

    León, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Defensor público acepta y protesta cargo, solicita acceso a expediente electrónico y señala domicilio. Agréguese el escrito signado por *, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido como defensor público de *. De igual forma, autoriza las formas de comunicación y consulta del expediente que se precisarán enseguida; en el entendido que de señalar simultáneamente domicilio físico y usuario electrónico para recibir notificaciones personales, se le dará preferencia a la segunda modalidad, por considerarse la forma de comunicación más ágil entre el órgano jurisdiccional y el justiciable: D* Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico. A fin de no dejar en estado de indefensión a los peticionarios, notifíquese al profesionista el acuerdo de desechamiento de once de octubre de dos mil veintitrés, no obstante que en auto de nueve de noviembre pasado, se ordenó notificar a Diana Guadalupe Ramírez García quien aceptó y protestó el cargo, respecto de los mismos quejosos. Notifíquese; personalmente a los quejosos en su lugar de reclusión y al defensor Efraín Sandoval Rosales el auto de once de octubre de dos mil veintitrés. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria que da fe. Doy fe. ............................................................................................................................................................................................................................................................ EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN SE NOTIFICA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS, EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN RESUMEN DICE: León, Guanajuato, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1126/2023 y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos combaten: La omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionarles atención médica integral. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por ****. Al respecto, se considera que en relación con los actos reclamados, de forma manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Lo anterior, debido a que los peticionarios no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo principio de definitividad . En esa tesitura, debido a que en el caso, los peticionarios reclaman omisiones relativas a las condiciones de internamiento que tiene como consecuencia la falta de atención médicay no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, los internos pueden acudir directamente al juez de ejecución29; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Finalmente, resulta claro que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos, como es el caso particular, donde se reclama una omisión relacionada con la atención médica. Pues se destaca como hecho notorio30 que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/201831, que versaba precisamente sobre ese punto en particular determinar si se actualizaba o no, una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales; de donde se advierte que el motivo por el que se declaró sin materia, fue que ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo.

  3. Principal

    León, Guanajuato, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Quejoso ratifica desistimiento. Agréguese la constancia de notificación personal de cuenta mediante la cual el actuario adscrito informa que notificó al quejoso ******************** el auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, de la cual se observa que el quejoso manifestó: "Quedó enterado del auto que se me notifica y sí me entregaron copia; asimismo, manifiesto que sí ratifico el desistimiento, ya que sí es mi deseo desistirme del presente juicio de amparo; de igual forma, también desisto de cualquier recurso o medio de impugnación que pudiera interponer en contra de la determinación que se emita con motivo de dicho desistimiento, lo anterior por así convenir a mis intereses, siendo todo lo que deseo manifestar". Desistimiento que debe entenderse ratificado desde el momento en que aquélla manifestación se hizo ante una funcionaria judicial con fe pública, lo que constata la voluntad del quejoso. En ese sentido, estese a la espera de que le transcurra el plazo a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo al resto de los peticionarios para proveer lo conducente. Se requiere a defensores públicos para que acepten y protesten el cargo. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en proveído de diez de noviembre pasado, se recibió el oficio a través del cual la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de la Defensoría Pública informó que designó a ******************** y ******************** como defensores públicos de los quejosos ahí señalados, sin que a la fecha hayan aceptado y protestado el cargo que les fue conferido. En consecuencia, requiérase los referidos profesionistas por conducto de la aludida autoridad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo que les fue conferido, en el cual deberán manifestar bajo protesta de decir verdad si tienen alguno de los impedimentos a que refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, o bien omitir informar el impedimento legal o material que tengan para ello, habrá la necesidad de imponerles multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a los defensores públicos por conducto de la Delegación Guanajuato de la Defensoría Pública Federal.

  4. Principal

    León, Guanajuato, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Autoridad informa designación. Agréguese el oficio con número de registro 19599, mediante el cual la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública informa que por medio de diverso oficio DGTO/6983/2023, dio cumplimiendo al requerimiento realizado en autos. Al respecto, deberá estarse a lo acordado en auto de diez de noviembre pasado, en el que se le tuvo por cumplimiendo y designando a los defensores públicos requeridos. II. Oficio previamente recibido. Por último, agréguese con efectos de control el diverso oficio signado por la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública con número de registro 19600, el cual es idéntico en contenido al que ya fue acordado en auto de diez de noviembre pasado. Notifíquese.

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