Gilberto Antonio Toledo

Expediente 636/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
636/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Antonio Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre el oficio el presidente de la Sexta Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, toda vez que por auto de veintiséis de julio del año en curso, se ARCHIVÓ el presente asunto. CÚMPLASE.

  2. Principal

    MESA II "-... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el once de junio de dos mil veintitrés, en el cual se DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es DESTRUIBLE, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, por el que pretende desahogar la prevención, y se provee: Consta que en auto de cuatro de julio del año en curso, se reservó proveer el informe de la autoridad responsable, Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hasta que el quejoso desahogara la prevención en mención, lo cual acontece; en consecuencia: QUEJOSO GILBERTO ANTONIO TOLEDO, actor en el juicio de nulidad de origen. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. 2. Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ACTOS RECLAMADOS Al Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: La falta de CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA de veintiocho de febrero de dos mil veinte, e INTERLOCUTORIA DE QUEJA, dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio contencioso administrativo 2718/19-PC4-9, seguido por el quejoso contra dicho organismo. A la Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de vigilar el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, e interlocutoria de queja, dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio contencioso administrativo citado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO. Con fundamento el artículo 113, en relación al 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Lo anterior es así porque las omisiones reclamadas por el quejoso respecto de la omisión de vigilar el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, e interlocutoria de queja, dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio contencioso administrativo 2718/19-PC4-9, HAN CESADO EN SUS EFECTOS. Ello porque del contenido del oficio de la Sala responsable y su anexo, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que: Que por auto de veintisiete de junio del presente año, la Sala Regional REQUIRIÓ a la autoridad demandada en el juicio administrativo de origen, Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal, Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: a) El cumplimiento de la sentencia de definitiva de veintiocho de febrero de dos mil veinte, así como la resolución de interlocutoria de queja de veintiséis de mayo del presente año; b) Le otorgó el plazo de DIEZ DÍAS para su realización; y, c) Apercibió a la autoridad requerida, con MULTA y dar AVISO A SU SUPERIOR JERÁRQUICO del incumplimiento. Por tanto, se constata que la omisión reclamada a la autoridad jurisdiccional señalada como responsable, HA CESADO EL ACTO RECLAMADO; por lo que se actualiza de la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, ya que se destruyeron los efectos de la mencionada omisión, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que ello se obste por la circunstancia que la peticionaria también pretenda señalar como autoridad responsable a la entidad demandada en el juicio de origen, Delegado Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para reclamarle la falta de cumplimiento a la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, e interlocutoria de queja, dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio contencioso administrativo 2718/19-PC4-9, seguido por el quejoso contra dicho organismo, sin que pueda considerarse como acto reclamado genérico la omisión de cumplimiento de la sentencia administrativa, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), por identidad de razón, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, registro digital 2000011, del contenido: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Así como en lo conducente, la diversa tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la misma Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, registro digital 2005150, "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". NOTIFÍQUESE ELETRÓNICAMENTE.

  4. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la promoción de cuenta y considerando que el plazo otorgado en el auto de prevención de veintidós de junio de dos mil veintitrés, comprende del veintinueve de junio al cinco de julio del actual, se provee: No se desahoga la prevención, dado que no cumple con los incisos a) y b), requeridos en ese mismo auto, esto es: a) Informe la fecha de notificación a la autoridad demandada, del auto de inicio del procedimiento de queja en dicho expediente. b) Informe la fecha de notificación a la autoridad demandada, de la resolución interlocutoria emitida en el procedimiento de queja, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, subsiste el plazo para el desahogo del auto preventivo respecto a lo ahí requerido, y remisión con las constancias necesarias en el escrito aclaratorio; así como el apercibimiento decretado en el citado auto, esto es que en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Apoya lo anterior, por similitud de disposición, la Jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 400, registro digital 2000702, del rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO.

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