Gilberto Alejandro Monge Morales

Expediente 573/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
573/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Gilberto Alejandro Monge Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, ARCHÍVESE, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. NOTIFÍQUESE. EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES DEPURABLE. EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES DESTRUIBLE. COMO EXISTEN DOCUMENTOS REQUIÉRASE A LA QUEJOSA POR EL PLAZO DE 90 DÍAS PARA QUE ACUDA A RECOGERLOS, CON APERCIBIMIENTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecisiete (fojas 2 a 17), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el mismo día a este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gilberto Alejandro Monge Morales, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. EN CASO DE QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALAR A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE ESTADO A LOS QUE LA LEY ENCOMIENDE SU PROMULGACIÓN. EN EL CASO DE LAS AUTORIDADES QUE HUBIEREN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY O EN SU PUBLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALARLAS CON EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ÚNICAMENTE CUANDO IMPUGNE SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS: Autoridades ordenadoras: El C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El C. Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El C. Secretario de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México. El C. Secretario de Finanzas de la Ciudad de México. El C. Secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México. El C. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. El C. Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México Autoridades ejecutoras: El C. Walter Piña Falcón. Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Autoridades Ordenadoras Del C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la iniciativa, sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de agosto de 2015, y que entro en vigor el 15 de diciembre del mismo año, en todos sus 70 artículos y 5 transitorios por tratarse de una ley viciada de inconstitucionalidad, así como el acto concreto consistente en la aplicación del artículo 37, fracción II, inciso b). Del C. Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México el refrendo de publicidad del Decreto ya citado. Del C. Secretario de Transportes y Vialidad de la de la Ciudad de México, el refrendo de publicidad del Decreto ya citado. Del C. Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, el refrendo de publicidad del Decreto ya citado. Del C. Secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México el refrendo de publicidad del Decreto ya citado. Del C. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el refrendo de publicidad del Decreto ya citado. Del C. Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, la publicación del Decreto ya citado. Autoridades ejecutoras: Del C. Agente de tránsito Walter Piña Falcón la aplicación del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y la imposición de la multa, consistente en 5 veces la unidad de medida de actualización de la Ciudad de México. De la Secretaria de Transportes y Vialidad el cómputo de penalización con base en las boletas de sanción expedidas por la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a lo previsto en los artículos 59, fracción II; 60; 61 y 64 del reglamento impugnado". Segundo. Derechos fundamentales cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 14, 16, 22, primer párrafo, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló que no existen terceros interesados; bajo protesta de decir verdad manifestó los antecedentes del acto reclamado; ofreció pruebas; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes manifestó bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; ofreció pruebas; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. Por auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 19 y 20), este Juzgado registró la demanda de amparo con el número de expediente 573/2017-VI y requirió al promovente para que dentro del plazo de cinco días precisara de manera concreta el cargo, área y dependencia a la que se encuentra adscrito el Agente de Tránsito Walter Piña Falcón; asimismo, exhibiera doce copias del escrito aclaratorio; requerimiento que fue desahogado mediante escrito recibido en este Juzgado Federal el veintiuno de abril del año en curso (fojas 22 y 23) Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 24 y 25), este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintiocho de abril de la presente anualidad (foja 42), se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días señalara la denominación correcta y actual de la autoridad responsable "Secretario de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México"; requerimiento que fue desahogado mediante escrito presentado el dieciocho de mayo del año en curso (fojas 58 y 59); por lo que mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 60), se tuvo como autoridad responsable, en su correcta denominación, a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Previo diferimiento, la audiencia constitucionalse llevó a cabo a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en términos del acta que antecede al dictado de esta sentencia; y; C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que se reclama una norma general con motivo del primer acto de aplicación dentro de la competencia territorial de este Juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255, registro 181810; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables los actos siguientes: Del Jefe de Gobierno; Secretaria de Gobierno; Secretario de Seguridad Pública; Secretario de Finanzas; Secretaria del Medio Ambiente; y, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno; todos de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia: La iniciativa, sanción, refrendo, promulgación, orden de publicación y publicación del Decreto que contiene del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos mil quince, específicamente el artículo 37, fracción II, inciso b). Del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México: El refrendo del Decreto que contiene del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos mil quince, específicamente el artículo 37, fracción II, inciso b). El computo de penalización con base en la boleta de infracción mencionada en el punto anterior, conforme a lo previsto en los artículos 59, fracción II , 60, 61 y 64, del reglamento reclamado. Del Agente de Tránsito Walter Piña Falcón adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México: La aplicación del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y la imposición de la multa en la boleta de infracción con número de folio 04171639649, de treinta de marzo de dos mil diecisiete, consistente en cinco veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. No es óbice para la precisión de los actos reclamados que antecede, el hecho de que la parte quejosa haya señalado en la demanda de amparo como actos reclamados los 70 artículos y 5 transitorios que contiene la disposición normativa mencionada; toda vez que, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio de garantías, se advierte que el impetrante del amparo reclama del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos mil quince, de manera específica el artículo 37, fracción II, inciso b); por lo que para efectos del presente juicio de amparo, se tiene únicamente como acto reclamado a dicha porción normativa. Lo anterior es así, ya que para una fijación clara y precisa de los actos reclamados no debe sólo atenderse a la literalidad de la demanda, sino también realizar un análisis íntegro de ésta, así como de las constancias que integran el juicio de amparo; es por ello que en el presente juicio de amparo se tienen como actos reclamados y como autoridades responsables, los precisados anteriormente. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de Amparo en vigor, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de 1994, Octava Época, página 68, registro 212775; de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Al respecto, no es cierto el acto reclamado al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México (foja 50); toda vez que al rendir el respectivo informe justificado negó, el acto que se le reclamó; sin que la parte quejosa haya exhibido prueba alguna tendente a desvirtuar tal negativa. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, y la jurisprudencia VI.2°.J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1989, Octava Época, página 627, registro 227634; que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, pagina 903, registro 187728; que señala: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Al respecto, son ciertos, los actos reclamados al Jefe de Gobierno (fojas 77 a 84); Secretaria de Gobierno (fojas 52 y 53); Secretario de Finanzas (fojas 43 y 44); Secretaria del Medio Ambiente (fojas 61 y 62); Secretario de Seguridad Pública y Agente de Tránsito Walter Piña Falcón adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 85 a 93); todos de la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir los informes justificados que les fueron solicitados. Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 231, Quinta Época, registro 917812; que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Esa certeza se tiene atendiendo al principio de derecho de que las normas no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2°, y además con apoyo en la tesis V.2o.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-I, febrero de 1995, página 205, registro 209107; que es del tenor literal siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, página 26, registro 191452; que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo". Por otro lado, se deben tener por ciertos los actos reclamados al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México (fojas 95 a 98), lo anterior es así, no obstante que al rendir el informe justificado negó la existencia de los actos que se reclamaron, a continuación realiza manifestaciones que evidencia la certeza de éstos. Asimismo, presta apoyo a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004; que es del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Quinto. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede estudiar las causales de improcedencia, toda vez que su estudio es previo y de oficio por ser una cuestión de orden público, ya sea que las partes las hagan valer o no, ya que procede su análisis de manera oficiosa de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página noventa y cinco, registro 222780, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III, del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se reclamó entre otros, el refrendo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos mil quince, específicamente el artículo 37, fracción II, inciso b), que se atribuye, en el ámbito de sus competencias, al Secretaria de Gobierno, Secretario de Movilidad, Secretaria del Medio Ambiente, Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas, todos de la Ciudad de México, sin que se impugnara por vicios propios, por tanto el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, página 2248, que es del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". Por otro lado, las autoridades responsables Secretario de Finanzas y Secretaria de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, señalan que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción XVIII, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo; pues considera que la parte quejosa no hizo valer conceptos de violación tendentes a acreditar el agravio que le causa el acto reclamado. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación". De los preceptos transcritos, se advierte que uno de los requisitos del escrito de demanda es el señalamiento de los conceptos de violación que irroguen al quejoso los actos impugnados, por lo que la ausencia de éstos ocasiona la improcedencia del juicio, al encontrarse imposibilitado el juzgador para conocer las razones por las cuales dichos actos le causan agravios. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que para que se tengan por vertidos conceptos de violación y por ende, se satisfaga el requisito que establece el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se requieren simples razonamientos aducidos en la demanda, en los que se exprese con claridad: I. La causa de pedir; II. La lesión o agravio con que el quejoso estima se le causa con el acto, ley o resolución reclamada; III. Los motivos que originaron ese agravio Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia 68/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, página 38, registro 191384; que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Ciertamente, conforme a lo anterior, para tener por formulados conceptos de violación en contra de un acto, es menester que se señale con claridad el perjuicio que le causa al gobernado y las causas que lo originaron; lo que en la especie sí ocurrió, atendiendo a que la parte quejosa, en la demanda formula argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado en esta vía constitucional; en ese sentido, es infundada la causa de improcedencia analizada. Por otro lado, el Secretario de Secretario de Seguridad Pública y Agente de Tránsito Walter Piña Falcón adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de México, aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que, previo a esta instancia constitucional, el quejoso debió impugnar el acto a través del recurso de inconformidad establecido en el artículo 69, del Reglamento del Tránsito del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); o, también el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Al respecto, es oportuno traer al contexto el artículo y fracción invocados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.] El texto del precepto transcrito, es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasar por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De igual forma, los tribunales de la Federación han desarrollado jurisprudencialmente otras excepciones a este principio. Una de esas excepciones es la relativa a que no será necesario agotar los medios ordinarios cuando se impugnan normas generales. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son competentes para resolver problemas de constitucionalidad y ordenar la expulsión de esa norma de la esfera jurídica del gobernado. Es aplicable la tesis 2a. LVI/2000, sustentada en por la Segunda Sala de a Suprema Cortes de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, página 156, registro 191539; de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". En este sentido, la causa de improcedencia que la autoridad propone es también infundada. Finalmente, el Jefe y Secretaria de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, señalan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución, pues aducen que no se afecta el interés jurídico del quejoso. En principio, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De dicho precepto, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Además, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, o de la observancia de una ley, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo, indefectiblemente, a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, página 1854, registro 2004501; cuyo rubro y texto establecen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, tratándose de la impugnación de normas generales pueden ser combatidas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, esto es, con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien por virtud de su primer acto concreto de aplicación, en su carácter de normas heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, la citada condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Apoya lo citado la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, página 5, registro 198200; de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Ahora bien, tratándose del juicio de amparo indirecto, la fracción I, del artículo 107, de la ley de la materia, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales, que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, provoquen un agravio al quejoso. En esa tesitura, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, el quejoso debe probar que con la emisión de los preceptos legales controvertidos, se haya irrumpido en su individualidad al grado de ocasionarle un agravio, positivo o negativo, en su esfera jurídica. Agravio que, se reitera, puede causarse por la sola vigencia del ordenamiento legal o puede aplicarse, en su caso, de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; sin embargo, es conditio sine qua non que la ley general, abstracta e impersonal, produzca sus efectos en forma particular, concreta y personal en el destinatario. Por ello, el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar así la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse. Lo anterior es así, ya que pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo momento, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas por el artículo 17 de la legislación en comento. En efecto, a fin de que una ley sea calificada como autoaplicativa y pueda impugnarse desde el momento mismo del inicio de su vigencia, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que desde su entrada en vigor, las disposiciones obliguen al particular, cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer; b) Que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere tal obligatoriedad; y, c) Que la parte quejosa quede comprendida dentro de la hipótesis de su aplicación, desde el momento mismo de su entrada en vigor, es decir que está bajo los supuestos de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico. Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva, como ya se dijo, de lo previsto en la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tendiendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de si vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Precisado lo anterior, el quejoso impugna con el carácter de heteroaplicativo el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de agosto de dos mil quince, específicamente el artículo 37, fracción II, inciso b), contenido su primer acto de aplicación en la boleta de sanción de treinta de marzo de dos mil diecisiete, con número de folio 04171639649, por tanto, no se actualiza la invocada causa de improcedencia, esto es, que el impetrante del amparo promueve el presente juicio de amparo en contra di dicha porción normativa, con motivo del primer acto de aplicación en la citada boleta de sanción; razones por las que este Juzgado Federal considera que el justiciable se encuentra legitimado para impugnar tal determinación y los dispositivos legales que sirvieron de fundamento, a través del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. XCVII/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, Novena Época, página 92, registro 200276; que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". En esas condiciones, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por las responsables. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, ni que las partes hayan alegado la actualización de alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, número de registro 164618, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830; del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Séptimo. Calificación de los conceptos de violación y estudio de constitucionalidad del acto reclamado. En los conceptos de violación, la parte quejosa aduce sustancialmente que el artículo 37, fracción II, inciso b), del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mediante el cual se le impuso una multa equivalente a cinco veces la unidad de medida y actualización de la Ciudad de México, viola en su perjuicio los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ésta resulta excesiva conforme a los principios de proporcionalidad y equidad. Que dicha porción normativa viola los artículos 14 y 16 constitucionales, pues carece de los requisitos de fundamentación y motivación, pues en ésta no se verifican la capacidad contributiva, las circunstancias particulares como la gravedad de la comisión de la falta, reincidencia, condición económica del infractor, condiciones que propiciaron la conducta que se sanciona y cuyo monto es fijo. En ese contexto, conviene traer a colación el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia." El mencionado artículo, dispone que quedan prohibidas las penas inusitadas y trascendentales, específicamente, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y la multa excesiva, entre otras. En ese sentido, es necesario tener en cuenta las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia respecto del concepto de "multa excesiva" relacionado con las multas; de las cuales se desprenden los siguientes elementos: Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito fiscal. Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable. Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva. El derecho fundamental de prohibición de multas excesivas, contenida en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador. La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases a la autoridad administrativa para individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, Novena Época, página 18, registro 200348; cuyo rubro y texto son los siguientes: "MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL. Es inexacto que la "multa excesiva", incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la "multa excesiva" como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan". De igual manera es aplicable, la jurisprudencia número P./J. 10/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de mil novecientos noventa y cinco, página 19, cuyo rubro y texto son los siguientes: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares". Así, de las mencionadas jurisprudencias, se advierte que el máximo Tribunal del país ha sostenido el criterio en el sentido de que las leyes al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; obligación del legislador que deriva de la concordancia del artículo 22, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas. En ese contexto, es necesario establecer que las normas que establecen la imposición de multas por obligaciones previstas en la ley, regulen la atribución de la autoridad para que al imponer la sanción se razonen expresamente las circunstancias de capacidad económica del sancionado, la gravedad de la infracción, en el caso de infractor primario o del reincidente. Es decir, el máximo Tribunal del país al sentar el criterio sustentado en la jurisprudencias mencionadas, determinó que las leyes "al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción"; por lo que, se ha considerado que la facultad de la autoridad administrativa de individualizar la multa en estos términos y respecto de la proporcionalidad, no necesita estar reglamentada de forma explícita en la ley de la materia, sino que basta que en la norma que prevé la multa se establezca un mínimo y un máximo. Presta apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXXV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época, página 586, registro 193176; que dice los siguiente: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE EMPLEAN LA PREPOSICIÓN "HASTA", NO SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. Por lo tanto, el hecho de que un precepto emplee la preposición "hasta" no implica que contemple una multa fija, en virtud de que precisa un término de cantidad que no puede exceder el juzgador al aplicar la multa y si bien es cierto que no se hace referencia a la cantidad mínima, también lo es que en forma implícita, pero clara, sí está determinada, puesto que, el mínimo a imponer resulta una unidad monetaria y el máximo hasta donde el artículo autorice, por lo que sí se establece un sistema flexible para la imposición de las multas, cuenta habida que contempla un mínimo y un máximo para que la autoridad haga uso de su arbitrio judicial en la individualización de la fijación de su monto". Entonces, el hecho de que una multa contemple legalmente entre un mínimo y un máximo, provee a la autoridad que la aplica un abanico de combinaciones amplio cuya individualización debe determinar la autoridad conforme a las circunstancias particulares que rodean al infractor. En la especie, la conducta que dio lugar a la imposición de la sanción económica reclamada, contenida en la boleta de sanción con folio 04171639649, la cual fue elaborada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, a causa de que Gilberto Monge Morales, hoy quejoso, conducía el vehículo marca VW, submarca Pointer, color vino, con placas de matriculación o número de permiso 229REN, sin ajustarse el cinturón de seguridad; que a las 17:32 horas del treinta de marzo circulaba en Acoxpa, entre la calle Viaducto Tlalpan, con dirección hacia el sur-oriente, colonia Santa Ursula Coapa, delegación Coyoacan, por lo que el Agente de Tránsito Walter Piña Falcón, con placa 905216, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, le impuso la sanción prevista en el artículo 37, fracción II, inciso b), del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Ahora bien, dicho numeral refiere lo siguiente: "Artículo 37. Los conductores y ocupantes de los vehículos deben de cumplir con las disposiciones de seguridad indicadas en el presente artículo de acuerdo a la naturaleza propia de cada vehículo. (.) II. Los conductores de vehículos motorizados deben: (.) b) Asegurarse que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad, además de colocarse el propio, excepto los ocupantes de vehículos de emergencia. Los taxistas, no están obligados a cumplir con esta disposición, respecto de los pasajeros; (.) El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de conductores de vehículos motorizados, se sancionará con base en la siguiente tabla: Fracción Sanción con multa equivalente en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente Puntos de penalización en licencia para conducir II a), b), d), e); III a), c) 5 a 10 veces 1 punto II c); III b), d); V 10 a 20 veces 3 puntos III d) 10 a 20 veces y remisión del vehículo al depósito 3 puntos IV 40 a 60 veces y remisión del vehículo al depósito 3 puntos Dicha porción normativa establece que los conductores de todo tipo de vehículos serán sancionados con una multa de cinco a diez veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por no ajustarse el cinturón de seguridad, además de que debe asegurarse que todos los pasajeros lo utilicen correctamente. En ese sentido, la multa establecida en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal ahora Ciudad de México, particularmente la consignada en el artículo 37, fracción II, inciso b), impuesta al quejoso, consistente en una multa de cinco veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, a causa de conducir el vehículo descrito, sin ajustarse el cinturón de seguridad; al prever que va de cinco a diez veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, permite a la autoridad que la impone la medida de apremio, para que tome en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que el hecho ello hubiere ocasionado; con lo que se cumple con el principio constitucional de racionalidad en la previsión del monto de las multas administrativas, contemplado en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque prevé los parámetros entre un mínimo y un máximo. Por lo tanto, se precisa que si el artículo 37, fracción II, inciso b), del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal ahora Ciudad de México, señala un monto mínimo y uno máximo, entonces, permite a la autoridad sancionadora dentro de esos parámetros graduar el monto de la multa atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que del texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, ya que precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del criterio individualizador. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 102/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, página 31, registro 192858; del tenor literal siguiente: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 242/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre 2007, Novena Época, página 207, registro 170691; cuyo rubro y texto son los siguientes: "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador a través de disposiciones de observancia general que establecen sanciones administrativas a los gobernados, si generan certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. En tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla". También es aplicable el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 17/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 59, registro 192195; que dispone lo siguiente: "MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al texto constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación". En esas circunstancias, se concluye que la multa prevista en el numeral 37, fracción II, inciso b), del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal ahora Ciudad de México, no resulta excesiva al ser proporcional entre la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor, pues no pueden considerarse fijas las multas que establecen porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor; por lo que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultan infundados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/95, pronunciada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, Novena Época, página 5, registro 200347; que establece: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda". En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del artículo 37, fracción II, inciso b), del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal ahora Ciudad de México. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Agente de Tránsito Walter Piña Falcón adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, consistentes en la aplicación del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y la imposición de la multa en la boleta de infracción con número de folio 04171639649, de treinta de marzo de dos mil diecisiete, consistente en cinco veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México; lo anterior es así, toda vez que dicho acto no se reclamó por vicios propios, sino que la ilegalidad la hace depender de la constitucionalidad de los preceptos legales reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte, Séptima Época, página 175, registro 237263; que señala: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gilberto Alejandro Monge Morales, por propio derecho; contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gilberto Alejandro Monge Morales, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS, COMO EXISTEN DOCUMENTOS REQUIÉRASE A LA QUEJOSA POR EL PLAZO DE 90 DÍAS PARA QUE ACUDA A RECOGERLOS, CON APERCIBIMIENTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO, LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFIQUESE.

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