Gilberto Aguayo Aguilera
Expediente 78/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gilberto Aguayo Aguilera
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley que rige el juicio constitucional, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. ...
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 78/2020, y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Gilberto Aguayo Aguilera, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que enseguida se describen: "El artículo 99 así como los efectos que éste causa en los diversos artículos 78,79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, como un sistema normativo tributario; precisando que el primero de ellos (99) fue modificado por los decretos 109, 112 y 113, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, en fechas 31 de diciembre de 2016 y el 29 de diciembre de 2018 respectivamente, así como la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, contenida en el decreto número 303, publicado en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el 28 de diciembre de 2019. 1. De la H. Sexagésima Tercera Legislatura del estado Libre y Soberano de Zacatecas, se reclama: a) La expedición de los decretos señalados. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se reclama: b) La promulgación y publicación de los decretos en mención. 3. Del C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama: c) La recaudación de las contribuciones relativas a Derecho de Control Vehicular, Impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, correspondientes al ejercicio 2020." Actos que estimaron violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 25 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y en proveído de seis de febrero de dos mil veinte, se ordenó su registro bajo el expediente 78/2020 y se admitió a trámite; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la ejecución del acto tuvo verificativo dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la Legislatura y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición, promulgación y publicación de: -Los decretos 109, 112 y 113, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, en fechas 31 de diciembre de 2016 y el 29 de diciembre de 2018 respectivamente, así como la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, por lo que se refiere al artículo 99, que establece el derecho por el servicio de control vehicular; y como efecto de dicho preceptos, los diversos preceptos 78 a 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén los impuestos adicional para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, reclama: -La recaudación de las contribuciones relativas a los derechos de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Gobernador y la Legislatura del Estado de Zacatecas, y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, rindieron informe justificado aceptando la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuye (fojas 26, 81 y 124). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados establecidos en este considerando. CUARTO. Improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la autoridad responsable Congreso del estado de Zacatecas y la Agente del Ministerio de la Federación de la adscripción, señalan que el juicio de garantías deviene improcedente en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Aparo, en tanto que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso. El citado argumento de improcedencia deviene ineficaz por lo siguiente. El artículos 5 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De cuyo contenido del artículo transcrito, se advierte que cuenta con interés jurídico para instar el juicio de garantías, quien es titular de un derecho subjetivo frente al acto reclamado, cuando este produce en su esfera jurídica una afectación real y directa. Ahora, el quejoso acude a instar la acción constitucional, derivado del pago que realizó ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, por los impuestos de control vehicular, adicional para la Infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, y de lo cual, adjunto el recibo con folio 20937007 (foja 16) con la demanda de amparo, y en el que consta el cobro realizado por los conceptos aludidos, mismos que refiere resultan inconstitucionales. De ahí que, resulte claro que el cobro realizado por los impuestos de control vehicular, adicional para la Infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que constan en el recibo con folio 20937007, constituye el derecho subjetivo del quejoso para acudir al juicio de garantías, al afectar de manera real y directa la esfera jurídica del impetrante de ampro. Con independencia de lo anterior, y acorde con lo señalado por las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Zacatecas, al igual que por la Agente del Ministerio Publico de la Federación de la Adscripción, el juicio de amparo deviene improcedente respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que contienen el cobro del impuesto adicional para la infraestructura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 dela Ley de Amparo, al constituir actos consentidos. Además, de oficio se advierte que la anterior causa de improcedencia (artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo), se actualiza respecto del impuesto adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, contenido en los artículos 83 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.. En efecto, los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Ahora, como se precisó en líneas precedentes, el impetrante de amparo acudió a reclamar el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, y modificado a través de los decretos 109, 112 y 113 el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho y la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio dos mil veinte, contenida en el decreto 303 publicado el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que se refiere al citado precepto. Además derivado del reclamo del artículo 99 de la Ley de Hacienda del estado, los efectos que causa dicho precepto en los artículos 78 al 90 del citado ordenamiento legal, que contiene el cobro por impuestos adicional para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo anterior lo justifica el quejoso con el recibo con folio 20937007 (foja 16), expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, el quince de enero de dos mil veinte, del que se advierte realizó el pago de los impuestos de control vehicular, adicional para la Infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sin embargo, respecto de la aplicación de los artículos 78 a 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativos al pago de los impuestos adicional para la Infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas; no constituyen el primer acto de aplicación, sino uno posterior, y ante lo cual debe considerarse consentidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Lo anterior, ante el hecho conocido que del propio recibo de pago de derechos exhibido por el quejoso, sólo se advierte que el quince de enero de dos mil veinte, realizó el pago por dichos conceptos, única y exclusivamente por el ejercicio de dos mil veinte, y no así por los años anteriores, al no ser el vehículo de reciente modelo, sino dos mil siete, mismo hecho que lleva a deducir el hecho desconocido, a saber que no se le realizó el cobro por dichos conceptos respecto de los anteriores ejercicios al dos mil veinte, al encontrarse cubiertos. De modo que, el pago realizado por el quejoso el quince de enero de dos mil veinte de los impuestos adicional para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, no constituye el primer acto de aplicación, sino posterior y bajo ese contexto, se consideran consentidos el pago sobre los mencionados impuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. El análisis de la documental exhibida por el quejoso del pago de los impuestos, se justifica con los criterios de jurisprudencia que a continuación se citan Registro digital: 180820 Aislada Materias(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XX, Agosto de 2004 Tesis: VI.2o.C.389 C Página: 1657 PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. PARA ESTABLECERLA ES IMPRESCINDIBLE QUE LA INFERENCIA JUDICIAL SE REALICE A PARTIR DE UN HECHO PLENAMENTE ACREDITADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece: "Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y la segunda humana.". En tales condiciones, para establecer una presunción, en este caso humana, por provenir del juzgador y no de la ley, es imprescindible que la inferencia judicial se realice a partir de un hecho plenamente acreditado y no de la misma presunción, pues hacerlo, claramente invierte el orden lógico en que la norma transcrita está redactada. Dicho en otras palabras, la ley señala que la presunción nace de un hecho probado y no que un hecho no probado nace de la presunción, lo cual es entendible, porque de otro modo se caería en el extremo de estimar como ciertos hechos conceptuados únicamente en el intelecto del Juez, lo que evidentemente resulta incompatible con la pretensión de búsqueda de la verdad real consignada en el artículo 443 de la legislación procesal invocada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Registro digital: 225969 Aislada Materias(s): Civil, Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 Tesis: null Página: 377 PRUEBA PRESUNCIONAL. COMO SE ESTABLECE. Esta prueba, considerada según la doctrina como prueba artificial, se establece por medio de las consecuencias que lógicamente se deduzcan de los hechos, por medio de los indicios, hechos que deben estar en relación tan íntima con otros, que de los unos, se llegue a los otros por medio de una conclusión muy natural; por lo que es necesaria la existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifestado aún, y que se trate de demostrar, relacionando del hecho conocido al desconocido. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Registro digital: 269972 Aislada Materias(s): Común Sexta Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Volumen C, Cuarta Parte Tesis: null Página: 83 PRUEBA PRESUNCIONAL, PUEDE FUNDAR UNA SENTENCIA CUANDO LAS INFERENCIAS QUE SE HACEN PARA OBTENERLA SON CORRECTAS. Siendo la presunción la consecuencia que nace inmediata y directamente de la ley o de los hechos debidamente probados, esto es, el resultado del proceso lógico de pasar de un hecho conocido a otro desconocido, es evidente que la presunción puede servir para tener por plenamente probado un hecho, si el proceso lógico seguido para obtenerla es correcto. Registro digital: 293901 Aislada Materias(s): Común Quinta Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Tomo CXXVII Tesis: null Página: 784 PRUEBA PRESUNCIONAL, ESTUDIO DE OFICIO DE LA. Es inexacto que la prueba de presunciones deba ofrecerse como condición para que el juzgador pueda apreciarla, ya que, como es sabido, se trata de un instrumento demostrativo que el Juez se encuentra obligado a valorar oficiosamente, esto es, aunque el mismo no haya sido ofrecido por las partes del juicio; porque, teniendo en consideración que la presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido, es decir, teniendo en cuenta que, comprobado el hecho base, saca el Juez el hecho consecuencia, se ve con claridad que las presunciones son apreciadas por el juzgador como resultado inherente al ejercicio de su misma función, sin que sea menester, por ende, que sean ofrecidas por los interesados. Registro digital: 304977 Aislada Materias(s): Penal Quinta Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Tomo LXXXV Tesis: null Página: 1436 PRUEBA PRESUNTIVA. Se establece la prueba de presunciones por medio de las consecuencias que sucesivamente se deducen de los hechos por medio de indicios; pero es necesario que estos hechos estén en relación íntima con otros y de que de los unos se llegue a los otros por medio de una conclusión natural, requiriéndose la existencia de dos hechos: uno comprobado y otro no manifiesto aún, pero que se trata de demostrar, raciocinando del hecho conocido al desconocido, o, en otros términos, que la mayor fuerza de la prueba presuncional se deriva del enlace lógico que hay entre el indicio y el hecho buscado que proporcione, no una probabilidad sino una conclusión categórica, de tal suerte que si el indicio como probabilidad se ve atacado por un hecho contrario o diferente, no puede en rigor establecerse que haya una conclusión lógica ni, por ende, que sea susceptible de engendrar prueba plena, ya que ésta sólo puede producirse, si el indicio o indicios son categóricos y su conjunto está íntimamente ligado con el hecho que se investiga. En ese contexto, en relación al acto de aplicación de los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativos al pago de los impuestos adicionales para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas respecto del ejercicio fiscal dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto del acto de aplicación del pago de los impuestos en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 82 y 83 a 88, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. De ahí que, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004487, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007, con registro 170582, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia citada resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia relacionadas con los artículos precisados. QUINTO. Análisis del acto reclamado relativo al artículo 99 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio de dos mil veinte. Los conceptos de violación, son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de garantías, sin que sea necesario transcribirlos ni reseñarlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, sin que ello implique que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto, pues no se les priva del derecho de recurrir esta resolución ni de alegar lo que consideren para demostrar su eventual ilegalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y contenido a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias puesta tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el caso, la parte quejosa en su primer concepto de violación en esencia argumenta que el artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas que contempla el derecho de control vehicular es inconstitucional ya que no es proporcional ni equitativo, pues a su criterio, la cuota fijada por el servicio derivado del pago de ese derecho no es acorde con el costo que tiene para el Estado la ejecución del servicio solicitado. El reseñado concepto de violación resulta infundado, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar el anterior aserto, es necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". Ahora bien, sobre los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria en lo tocante al pago del derecho por la prestación de un servicio proporcionado por el Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que se conculcan dichos principios sólo si para la fijación del monto respectivo se atiende a un elemento ajeno, como lo podría ser el valor del automotor, el tipo de servicio que presta (público y/o privado), ya sea común o de lujo, o bien, por el tipo de vehículo (motocicletas, remolques, sedan, pick up, camión), pues ello evidencia que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, pero no se considera al costo global del servicio prestado. En efecto, tratándose de los derechos fiscales -no impuestos-, los reseñados principios de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que -como se indicó- los derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; en contraste, los impuestos se entienden como las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio jurisprudencia sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se localiza en la página 23, Volumen 169-174 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.". Así, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respeta el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; acotándose que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Ahora, en lo relativo al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Corte estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. Acorde con lo anterior, si en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, el legislador local consideró el costo de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de control vehicular, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque -se insiste- el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia 1/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, con el rubro y contenido que a continuación se reproducen: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Asimismo, el Alto Tribunal ha sentado criterio en el sentido de que los principios de proporcionalidad y equidad en las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador debe observar en materia de derechos, se satisface atendiendo en todo momento a la capacidad contributiva del causante; no obstante, se reitera, esos principios no pueden invocarse o aplicarse cuando se trata de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a los impuestos. En esa medida, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, porque para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, no debe interesar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representó esa prestación, y para cumplir con el principio de equidad, el cobro por los servicios prestados debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, pues -como sucede en el caso que se analiza- la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio; por lo que, contrario a lo que argumenta el quejoso, con la fijación de esa tarifa única de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) no se mide la capacidad contributiva de los causantes, pues no se cobra por el modelo del automóvil, sino que se establece el costo que como contraprestación por el servicio otorgado debe pagar el gobernado que solicitó el servicio correspondiente. Además, no debe soslayarse en materia tributaria la Suprema Corte consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En efecto, acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -entre ellos el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación en el análisis sobre el respeto al principio de igualdad (que en materia tributaria se traduce en equidad y proporcionalidad), sin que ello implique renuncia al estricto ejercicio de sus competencias de control; antes bien, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Sostener lo contrario, esto es, de ejercer un control muy estricto llevaría al juez de amparo a sustituir la competencia legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias; de ahí que si el legislador local estableció que el costo del servicio por concepto de derechos de control vehicular, debe ascender -por igual a todos los usuarios- a la cantidad de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y en su proceder no se transgredieron los principios de proporcionalidad y equidad reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consecuentemente, este Juzgado Federal considera que no existe justificación legal para analizar, de manera adicional, si el costo determinado por el legislador es excesivo, atendiendo a la naturaleza del servicio, pues ello implicaría sustituir la competencia legislativa del Congreso, lo que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos del Estado. Apoya esta última consideración la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de Noviembre de 2006, materia constitucional, página 29, del siguiente tenor: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias.". De ahí que, ante lo infundado del concepto de violación analizado, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. La negativa de amparo, se hace extensiva respecto del acto de aplicación atribuido al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en virtud que éste se hizo depender de la inconstitucionalidad del precepto 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, y no se reclamó por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos y las autoridades, precisados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, acorde a las razones ahí plasmadas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gilberto Aguayo Aguilera, contra los actos de las autoridades responsables Congreso, Gobernador, así como Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy veintisiete de enero de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores del juzgado. 2137, 2138, 2139 y 2140
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