Gilberto Acosta Zumaya

Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
907/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Acosta Zumaya
  • Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se reservó proveer sobre la devolución del billete de depósito número N873589, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), exhibido en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que surtiera efectos la suspensión definitiva, hasta en tanto transcurriera el término de seis meses a que se refiere el numeral 156 de la Ley de Amparo. En ese tenor, toda vez que ha transcurrido el citado plazo y este asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena la devolución del referido documento de valor, al quejoso Gilberto Acosta Zumaya, apercibido que de no recogerlo dentro del término de dos años, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, con fundamento en lo establecido por el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...para conocimiento del quejoso...Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se reservó proveer sobre la devolución del billete de depósito número N873589, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), exhibido en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que surtiera efectos la suspensión definitiva, hasta en tanto transcurriera el término de seis meses a que se refiere el numeral 156 de la Ley de Amparo. En ese tenor, toda vez que ha transcurrido el citado plazo y este asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena la devolución del referido documento de valor, al quejoso Gilberto Acosta Zumaya, apercibido que de no recogerlo dentro del término de dos años, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, con fundamento en lo establecido por el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en el que se sobreseyó este juicio de amparo promovido por Gilberto Acosta Zumaya, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes. Glósese a los autos únicamente el cuaderno original formado con motivo del incidente de suspensión solicitado, y en su debida oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Por otro lado, se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión en los cuales se concedió la suspensión solicitada, sin que se tramitara incidente de violación a la suspensión. Ahora bien, respecto al billete de depósito número N873589, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por el asesor jurídico de Gilberto Acosta Zumaya, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 907/2020-4, para que surtiera efectos la suspensión definitiva, se reserva proveer sobre su devolución hasta en tanto transcurra el término de seis meses a que se refiere el numeral 156 de la Ley de Amparo, sin perjuicio que una vez transcurrido dicho término, la parte quejosa gestione lo conducente sobre la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintidós. S E N T E N C I A V i s t o s los autos del juicio de amparo 907/2020-4; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Gilberto Acosta Zumaya promovió juicio de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 907/2020-4, solicitándose el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que le corresponde al Representante Social de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tres de marzo de dos mil veintidós, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver el presente juicio en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en la localidad en la que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que el acto reclamado es la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada en el incidente de incumplimiento de convenio, promovido por Leslie Guadalupe, José Gilberto y Sergio Alberto de apellidos Acosta Soto, en contra de Gilberto Acosta Zumaya, dentro del expediente 66/2014, relativo a la jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento promovido por éste último y Teresa Soto Luna. Apoya tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, por reconocerlo al rendir informe justificado, lo cual corroboró con copias certificadas del expediente 66/2014, documental que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el artículo 2 de ésta última. CUARTO. No se analizará el fondo del asunto, toda vez que, se actualiza una causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia II.1o.J/5, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación (registro 222780), cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La causa de improcedencia que se actualiza, es la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde con la fracción invocada, el juicio será improcedente: 1. Cuando el acto de molestia cese en sus efectos, volviendo las cosas al estado que se encontraban, como si no hubiera existido; y, 2. Cuando existiendo, haya sido sustituido por uno nuevo, que sea el que surte sus efectos. En ese contexto, se actualiza la segunda hipótesis citada, puesto que el acto combatido, esto es, la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte (folio 178 a 188), dictada en el incidente de incumplimiento de convenio, promovido por Leslie Guadalupe, José Gilberto y Sergio Alberto de apellidos Acosta Soto, en contra de Gilberto Acosta Zumaya, dentro del expediente 66/2014, relativo a la jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento promovido por éste último y Teresa Soto Luna, fue sustituida por el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó el recuro de apelación interpuesto por el autorizado del aquí quejoso. En efecto, el acto que se combate ha cesado en sus efectos porque fue sustituido procesalmente por el diverso en que se desechó el recurso de apelación por ser extemporáneo (foja 205), medio de impugnación que resulta ser idóneo en términos de la fracción II, del artículo 928, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. De ahí que el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, sustituyó la resolución incidental de veintidós de octubre de dos mil veinte, por haber cesado en sus efectos, siendo la nueva determinación la que en su caso debió ser materia de examen en el juicio constitucional, lo cual en el caso no sucede al no formar parte del acto reclamado, por tanto, es de considerarse que ha cesado en sus efectos. En ese aspecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, página 841 (registro 2002188), que dice: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Por ende, toda vez que han cesado los efectos de la resolución impugnada al ser sustituida procesalmente por el auto que desechó el recurso de apelación, hace improcedente el presente juicio en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el mismo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 61, 63, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 907/2020-4, promovido por Gilberto Acosta Zumaya, respecto del acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de marzo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores del juzgado.

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