Gilberth Alonso Kin Rodriguez
Expediente 1653/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1653/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gilberth Alonso Kin Rodriguez
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y un anexo; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diez de noviembre del presente año, informa que atento a la vista que se dio en este asunto, abrió la carpeta de investigación ********************, la cual se encuentra actualmente en integración.********************En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos.********************Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente.********************En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal.********************En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación ********************, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual informa que remitió las constancias que integran el presente juicio de amparo al Fiscal General del Estado. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 28/2023, de dieciséis de octubre del año en curso, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, un disco versátil digital, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento de catorce de octubre del año en curso. Del citado oficio se advierte que por audiencia de catorce de octubre del año en curso, se decretó auto de vinculación a proceso al directo quejoso Gilberth Alonso Kin Rodíguez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de una menor de identidad reservada. Ahora bien, es menester destacar que mediante escrito presentado el trece de octubre del año en curso, Jacinta del Socorro Miranda Caballero, demandó a favor del directo quejoso Kin Rodíguez, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Siendo que el peticionario de amparo reclamó la detención fuera de procedimiento por parte de las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, se desprende que reconoció la existencia de la detención reclamada e informó que ello fue con motivo de una orden de aprehensión dictada por el Juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Así, del oficio con que se da cuenta se desprende que el quejoso Gilberth Alonso Kin Rodíguez, fue puesto a disposición del Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y posteriormente, se le dictó auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de una menor de identidad reservada, derivado de los hechos denunciados en la carpeta administrativa radicada con el número 402/2020. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sin embargo, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Esto es así, porque de las constancias de cuenta se advierte que el directo quejoso si bien estuvo detenido en el área de seguridad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en calidad de imputado de los hechos denunciados en la carpeta administrativa radicada con el número 402/2020, el catorce de octubre del año en curso, fue puesto a disposición del Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y posteriormente, se le dictó auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de una menor de identidad reservada; por lo que las consecuencias jurídicas de la detención que sufrió por parte de las autoridades, previas a la emisión de dicho mandamiento, quedaron sustituidas con su puesta a disposición ante la autoridad judicial competente y, por tanto, no puede ser analizada, por tratarse de un estadio procesal diferente, ya que actualmente su detención ministerial se encuentra sustituida por dicha puesta a disposición ante el Juez de Control en turno, quien decidió acerca de su situación jurídica con motivo del hecho ilícito que se le atribuye; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, al quedar legalmente substituida con dicha puesta a disposición; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por consiguiente, esta Juzgadora Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XVII del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que hasta la presente fecha la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no ha realizado manifestación alguna en torno a la vista que se le dio en proveído de trece de octubre del año en curso. En consecuencia, requiérase a la citada Agente para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que se le dio el trece de octubre de la presente anualidad. Con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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