Gilberta Dolores Gálvez
Expediente 171/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gilberta Dolores Gálvez
- No existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 171/2023-III, de éste índice, así como seis copias del escrito de demanda. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, como lo establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado oficiante. Es así, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que remitió este juzgado, al considerar medularmente que: "(.) En el caso, cobra relevancia la segunda regla competencial, que establece que, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda; y ese es el supuesto que se considera se surte en el caso concreto: se explica. Si bien la quejosa ostenta el caro de Síndica Procuradora y representante legal del Ayuntamiento Constitucional de San Luis Acatlán, Guerrero; lo cierto es que la orden de ejecutar la multa, contrario a lo expuesto por el declinante, se ejecutó primeramente en su jurisdicción o territorio; esto es, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, sede de la autoridad responsable ordenadora, con el oficio que ordenó girar al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, quien también es responsable, a fin de que este procediera hacer efectivo el cobro coactivo de la medida de apremio impuesta. Por tanto, dada la naturaleza del acto reclamado, así como su ejecución, es evidente que se actualiza el supuesto del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, consistente en que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, es competente el juez ante el que se presente la demanda y, por ende, se concluye que corresponde conocer del asunto en cuestión al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ante quien se presentó la demanda y ejerce jurisdicción sobre uno de los lugares donde se está ejecutando el acto reclamado. (.)" [Énfasis añadido] Al respecto, este órgano de control constitucional, difiere de los argumentos realizados por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado juzgado, a quien le fue turnada la demanda derivado de la incompetencia planteada, por las razones siguientes. En primer lugar, la impetrante de amparo reclama en esta vía el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral de origen 617/2012, en el que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, le impuso una multa que asciende a la cantidad de $24,055.00 (veinticuatro mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). En ese orden, es evidente que al haberse decretado una multa a la aquí quejosa en el juicio laboral de origen 617/2012, la ejecución o cobro de dicha sanción habrá de materializarse o ejecutarse en el lugar en que la persona física reside, en el caso, en la ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero, dado que la quejosa ostenta el cargo de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Constitucional de San Luis Acatlán, Guerrero, como lo refiere bajo protesta de decir verdad en los antecedentes que narró en el escrito inicial de demanda, de ahí, el hecho de que la autoridad responsable haya ordenado girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que reside en esta ciudad, implique que ésta realizará el cobro, pues, es de conocimiento público y de explorado derecho que, las oficinas centrales radican en esta ciudad; sin embargo, cuentan con oficinas auxiliadoras para llevar a cabo los distintos trámites de cobro encomendados. Lo anterior, aunado a que obra en autos el informe justificado rendido por la referida Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en la que negó categóricamente el acto de ejecución reclamado, es decir, precisó que no ha iniciado acto de ejecución alguno. Por ello, se difiere de lo considerado por el Juzgado Sexto de Distrito mencionado, al decir que la competencia se surte a favor de este juzgado debido a que, el acto reclamado habrá de iniciarse a ejecutar en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ya que de ninguna forma se advierte tal circunstancia como a continuación se explica. Es cierto que el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo refiere que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Entonces, al ser en este asunto el acto reclamado consiste en el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 617/2012, en el que la autoridad responsable impuso a la aquí quejosa Gilberta Dolores Gálvez, una multa equivalente a la cantidad de $24,055.00 (veinticuatro mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), ya que la quejosa ostenta el cargo de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Constitucional de San Luis Acatlán, Guerrero, entonces, es posible concluir que la multa impuesta a la inconforme deberá ser cubierta, de su propio peculio, debiendo ser aplicada y pagada, por consiguiente, en el lugar en el cual percibe sus ingresos, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de salario debe efectuarse en el lugar en el cual los trabajadores presten sus servicios; por tanto, se desprende que la aludida medida de apremio, en su momento y de ser procedente (lo cual no se prejuzga), deberá ser cubierta en el lugar de residencia de la ahora impetrante, y evidentemente al ostentar un cargo público la quejosa radica en ese municipio de San Luis Acatlán, Guerrero; por tanto, se insiste que es allá, en que iniciará la materialización de dicha multa, pues es en ese lugar en que habrá de apersonarse un funcionario o servidor público, a efecto de cobrar dicha sanción; de ahí la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda que originó el presente sumario. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." ..... En mérito de lo expuesto, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo 171/2023, de este índice, por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 171/2023-III, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que conozca del conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. Sin que en el caso, sea necesario formar cuaderno de antecedentes toda vez que éste fue formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Paz del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 668/2023, número de orden 864/2023, del índice de este Juzgado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado jurídico procesal del presente asunto, de los que se advierte que en auto de veinticuatro de agosto del año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para seguir conocimiento del juicio de amparo 171/2023, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, y ordenó la remisión de los autos originales del sumario aludido, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados den Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, a fin de que sea turnado al Juzgado que corresponda, sin que a la fecha se tenga conocimiento a cuál de los órganos jurisdiccionales de esa ciudad, le fue turnado dicho juicio; por tanto, remítanse las constancias que integran la comunicación oficial descrita en párrafos que anteceden, a la referida Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en alcance al diverso 24106/2023, de veintitrés de agosto del año en curso, a fin de que sea remitido al Juzgado que correspondió conocer del juicio de amparo 171/2023, de este índice, y éste acuerde lo conducente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el primero de los escritos de cuenta firmado por ********************, atento a su contenido se le tiene apersonado al presente juicio, en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ******************** ********************y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a********************y ********************. Respecto al segundo de los ocursos de cuenta, se tiene al referido tercero interesado expresando sus alegatos, mismos que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y objetando el contenido de los documentos que refiere exhibió la quejosa anexos a su escrito inicial de demanda. INCOMPETENCIA Por otra parte, visto el estado procesal que guardan el presente juicio de amparo y previo análisis de las constancias que lo integran, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, por las consideraciones que a continuación se precisan. En ese orden, de la lectura de la demanda de amparo y constancias que integran el presente sumario, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." También, conviene determinar además los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. Ahora, es importante precisar que la quejosa ******************** por propio derecho, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y otras autoridades los actos que a continuación se transcriben: 1. De la autoridad señalada como ordenadora en el inciso a) y b), (sic) el acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral número ********************, en el que la autoridad responsable ordenadora ilegalmente efectuó el apercibimiento decretado en autos y acordó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que haga efectiva la multa de ******************** a la suscrito (sic) de manera personal -por ser representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero-, bajo el ilegal argumento de un supuesto incumplimiento de pago, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha once de mayo de dos mil veintidós,(.). Asimismo, se reclama la falta de emplazamiento legal o en su caso el ilegal de la multa y/o de su ejecución que me pretende hacer efectiva, violentando en mi perjuicio las garantías más fundamentales como lo es la garantía de audiencia. Y por último se reclama los actos de molestia y privativos que pudieran causar en mis derechos, bienes y posesiones. 2. De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo el cumplimiento y la ejecución material y/o forzosa que pretenda dar a las multas en perjuicio de la suscrita." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer y resolver el fondo del presente asunto. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consiste medularmente en el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral número ********************, en el que se ordenó hacer efectiva una medida de apremio consistente en multa por la cantidad de ******************** por ser representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero, y su ejecución. En ese orden, resulta evidente que el acto que tilda de inconstitucional la parte quejosa tendrá "ejecución material" en ********************, Guerrero, dado que es en esa ciudad donde radica la impetrante; aseveración que se tiene así, dado que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su escrito inicial de demanda, expuso que en el mes de septiembre de dos mil veintiuno, tomó protesta como Síndica Procuradora del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Guerrero, asimismo, refiere que se le causa menos cabo la multa impuesta en su carácter de persona por ser representante del referido Ayuntamiento, pues no está dentro de sus obligaciones el cumplimiento de los laudos, sino únicamente representar a ese Ayuntamiento, entonces, exposiciones, de las que es posible inferir que es radica en esa municipalidad, y que es allá donde materialmente iniciará la ejecución del acto, ello, con el apersonamiento de un funcionario o servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efectuar la ejecución o cobro de la medida de apremio aludida; es decir, con el apersonamiento en su domicilio particular o al de su empleo, a efecto de cobrar dicha sanción; de ahí que la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: "...PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero." ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: 1. (. . .) 2. (. . .) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala. "...CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: (...) (...) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, ********************, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. (...)." De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este Juzgador es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2023, 19/2023 y 23/2023, que se suscitó entre éste Juzgado Séptimo y los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Acapulco, Guerrero, mismos que pueden ser visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En consecuencia, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, para que este a su vez lo turne al Juez de Distrito en Turno, residente en esa ciudad, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Con las copias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes. En mérito a lo aquí acordado, se deja sin efectos la audiencia constitucional, que fue programada en auto de veinticinco de julio del año en curso, para las doce horas con cincuenta minutos de este día. Asimismo, remítase junto con los autos del presente sumario el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio, y un tomo de pruebas formado con las constancias que remitió la autoridad laboral responsable, al rendir su informe justificado, solicitando el acuse respectivo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el primero de los escritos de cuenta firmado por ********************, atento a su contenido se le tiene apersonado al presente juicio, en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ******************** ********************y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a********************y ********************. Respecto al segundo de los ocursos de cuenta, se tiene al referido tercero interesado expresando sus alegatos, mismos que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y objetando el contenido de los documentos que refiere exhibió la quejosa anexos a su escrito inicial de demanda. INCOMPETENCIA Por otra parte, visto el estado procesal que guardan el presente juicio de amparo y previo análisis de las constancias que lo integran, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, por las consideraciones que a continuación se precisan. En ese orden, de la lectura de la demanda de amparo y constancias que integran el presente sumario, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." También, conviene determinar además los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. Ahora, es importante precisar que la quejosa ******************** por propio derecho, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y otras autoridades los actos que a continuación se transcriben: 1. De la autoridad señalada como ordenadora en el inciso a) y b), (sic) el acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral número ********************, en el que la autoridad responsable ordenadora ilegalmente efectuó el apercibimiento decretado en autos y acordó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que haga efectiva la multa de ******************** a la suscrito (sic) de manera personal -por ser representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero-, bajo el ilegal argumento de un supuesto incumplimiento de pago, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha once de mayo de dos mil veintidós,(.). Asimismo, se reclama la falta de emplazamiento legal o en su caso el ilegal de la multa y/o de su ejecución que me pretende hacer efectiva, violentando en mi perjuicio las garantías más fundamentales como lo es la garantía de audiencia. Y por último se reclama los actos de molestia y privativos que pudieran causar en mis derechos, bienes y posesiones. 2. De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo el cumplimiento y la ejecución material y/o forzosa que pretenda dar a las multas en perjuicio de la suscrita." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer y resolver el fondo del presente asunto. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consiste medularmente en el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral número ********************, en el que se ordenó hacer efectiva una medida de apremio consistente en multa por la cantidad de ******************** por ser representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero, y su ejecución. En ese orden, resulta evidente que el acto que tilda de inconstitucional la parte quejosa tendrá "ejecución material" en ********************, Guerrero, dado que es en esa ciudad donde radica la impetrante; aseveración que se tiene así, dado que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su escrito inicial de demanda, expuso que en el mes de septiembre de dos mil veintiuno, tomó protesta como Síndica Procuradora del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Guerrero, asimismo, refiere que se le causa menos cabo la multa impuesta en su carácter de persona por ser representante del referido Ayuntamiento, pues no está dentro de sus obligaciones el cumplimiento de los laudos, sino únicamente representar a ese Ayuntamiento, entonces, exposiciones, de las que es posible inferir que es radica en esa municipalidad, y que es allá donde materialmente iniciará la ejecución del acto, ello, con el apersonamiento de un funcionario o servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efectuar la ejecución o cobro de la medida de apremio aludida; es decir, con el apersonamiento en su domicilio particular o al de su empleo, a efecto de cobrar dicha sanción; de ahí que la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: "...PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero." ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: 1. (. . .) 2. (. . .) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala. "...CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: (...) (...) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, ********************, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. (...)." De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este Juzgador es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2023, 19/2023 y 23/2023, que se suscitó entre éste Juzgado Séptimo y los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Acapulco, Guerrero, mismos que pueden ser visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En consecuencia, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, para que este a su vez lo turne al Juez de Distrito en Turno, residente en esa ciudad, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Con las copias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes. En mérito a lo aquí acordado, se deja sin efectos la audiencia constitucional, que fue programada en auto de veinticinco de julio del año en curso, para las doce horas con cincuenta minutos de este día. Asimismo, remítase junto con los autos del presente sumario el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio, y un tomo de pruebas formado con las constancias que remitió la autoridad laboral responsable, al rendir su informe justificado, solicitando el acuse respectivo.
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