Gil Juárez Paredes
Expediente 926/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gil Juárez Paredes
Actuaciones
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso b), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. Ahora, de autos se advierte que no obran documentos originales de los que se refiere el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; sin embargo, requiérase a la parte quejosa para que en un plazo de noventa días comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que ofreció en el presente asunto, en el entendido que de hacer caso omiso, dichos documentos serán destruidos. Ahora bien, el artículo 6o. del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 el artículo 6o. del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, establece que al citar a una persona al desahogo de una diligencia el órgano jurisdiccional deberá generarle un Código QR para su ingreso a las instalaciones; asimismo, del diverso arábigo 25 se advierte que las partes pueden intervenir en el juicio o comparecer a través de videoconferencias a distancia. En esa tesitura, la parte quejosa se encuentran en aptitud de generar su cita a través del Código QR, con la finalidad de recoger los documentos que adjuntó al presente juicio de amparo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el escrito signado por ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 926/2021-B. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque las autoridades señaladas como responsables, no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Asimismo, que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como se advierte, la Ley de Amparo, sigue manteniendo, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión novedosa, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Así es, en principio, la jurisprudencia exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale en la Ley de Amparo vigente, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). De igual forma, el criterio jurisprudencial contempla que esa relación tenga nacimiento en la ley, lo que equivale en la ley vigente, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, la redacción del actual precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares y, por ende, no se traduce en que a partir de la iniciación de su vigencia, el amparo sea procedente contra actos emitidos por cualquier particular. De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación de que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. De ahí que, los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Ahora, es cierto que conforme al numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, el concepto de autoridades responsables se amplió en relación a la ley abrogada, de cuyo contenido transcrito con anterioridad se puede inferir que se comprende lo siguiente: a) Autoridades stricto sensu, es decir, los entes públicos con facultades coercitivas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, o bien, omiten el acto que crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones; y, b) Los particulares asimilados a autoridades, que son los entes públicos sin facultades coercitivas o las personas privadas que realizan actos equivalentes a los de las autoridades en virtud de una norma general. Sin embargo, tal amplitud no se hace extensiva a aquellos particulares que actúan en un plano de coordinación en carácter de auxiliares de la administración pública, pues tal actuación se circunscribe al cumplimiento a una norma legal, que por sí misma no crean, modifican, o extinguen, unilateralmente una situación que afecte la esfera jurídica del gobernado. En relación a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que un particular puede ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable cuando el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora bien, como ya quedó establecido al inicio del presente proveído, la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la suspensión que han querido y continúan intentando realizar al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrico, de número de servicio ***, así como las visitas realizadas para llevar a cabo dicha suspensión o corte de luz. Así, del amparo directo en revisión ***, el cual fue precedente del criterio referido, el alto tribunal sostuvo textualmente en lo que interesa, lo siguiente: ".Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo ***, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el por qué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional. Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, Al respecto, si bien dicha ejecutoria se refiere casuísticamente a la negativa a devolver las cantidades pagadas con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica, lo cierto es que, resulta orientador por el sentido en que lo informa la superioridad, que sin distinción alguna, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco de ese acuerdo de voluntades o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por tal motivo, al haber emitido el máximo tribunal una postura en diverso sentido, se entiende que actualmente considera como razonamiento imperante, que los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados con la Comisión Federal de Electricidad corresponden a acuerdos de voluntades, cuya controversia se rige por la materia mercantil. Cabe destacar que del contenido de la primer tesis aislada aludida y su precedente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no refirió que el análisis y conclusión expuestos, las hubiere realizado durante la vigencia del nuevo marco regulatorio de la prestación del suministro de energía eléctrica y de la actual naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva propiedad del gobierno federal; por lo que, ese razonamiento fue dilucidado independientemente de la normatividad que regía al ente suministrador. Ahora bien, de la demanda de amparo como ya se dijo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la suspensión que han querido y continúan intentando realizar al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrico, de número de servicio ***, así como las visitas realizadas para tal efecto. Al respecto, el quejoso acude a la presente instancia en su carácter de consumidor del Servicio de Energía Eléctrica, servicio que actualmente presta la Comisión Federal de Electricidad; ello, es así pues del contenido íntegro de la demanda de amparo, se observa que el promovente manifiesta que tiene un contrato para el suministro de energía eléctrica, adjuntando para ello un recibo de pago. En ese tenor, en acatamiento a la citada jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y no de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridades. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que las autoridades que se señalan como responsables, no tienen tal carácter para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se le reclaman, derivan del contrato de suministro de energía eléctrica que la citada comisión proporciona en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridades. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, la parte quejosa no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En efecto, el acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, pues las controversias derivadas de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es, la vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso no se actualiza ninguna violación grave a derechos humanos de la parte quejosa, pues únicamente se trata de un posible perjuicio económico cometido en su contra con motivo del futuro y posible corte de energía eléctrica. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Sin embargo, en el caso particular no se advierte la actualización de alguna de las excepciones indicadas, pues si bien la parte quejosa pudiera verse afectada, dicha circunstancia de suyo no implica que se actualice un caso de excepción de los indicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia antes referida; por lo que, en su caso debe acudir vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, se destaca que el hecho de que la parte quejosa refiera que el acto reclamado deriva de un acto no relacionado con el contrato, sino que se trata de una forma de presión y hostigamiento para pagar una multa que se encuentra dirigida a persona diversa, no hace procedente el juicio de amparo, pues como se dijo, el corte de suministro de energía eléctrica se reclama en relación a los inmueble que relaciona la parte quejosa, y respecto de los cuales aduce que cuenta con contrato con las autoridades responsables, tal como se advierte del número de servicio que proporciona; con lo cual se corrobora que el acto reclamado deriva de una relación contractual. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de cuenta; y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere en el escrito de cuenta, por así solicitarlo expresamente. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del ocurso inicial se advierten como datos de contacto el correo electrónico *** y el número de teléfono***; por lo que se tienen por señalados los medios electrónicos a efecto de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información.* Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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