Gil Bonfilio Cedillo o Gil Bonfilio Cedillo Cedillo

Expediente 454/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
454/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Gil Bonfilio Cedillo o Gil Bonfilio Cedillo Cedillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 190/2022 promovido por Gil Bonfilio Cedillo o Gil Bonfilio Cedillo Cedillo en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós; acúsese recibo de estilo. Toda vez que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto, confirmando el auto recurrido, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad; visto su contenido, téngasele remitiendo el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca, cuyo contenido se provee: Glósese el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Homero Pérez Aquino, autorizado de la parte agraviada, en contra del auto de veintinueve de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo, el cual quedó radicado con el número 190/2022. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II de la ley de la materia, y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de superior jerárquico del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, para que ordene a ésta a cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en la misma responsabilidad de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Gil Bonfilio Cedillo o Gil Bonfilio Cedillo Cedillo, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; con registro de este Juzgado 454/2022. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Ahora, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que la instancia constitucional es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado. Ello alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Luego entonces, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra, como regla general, que contra todo acto de procedimiento (incluida la ejecución de la sentencia) que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en el citado ordenamiento, salvo que disponga expresamente lo contrario. En el presente caso, el acto reclamado consiste en la parte relativa del acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, dictado por el juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 138/2008, en el que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, en los términos que se expresan en la siguiente transcripción: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. (.) Vistos los escritos firmados por Gil Bonfilio Cedillo o Gil Bonfilio Cedillo Cedillo -parte demandada- (.) Por otra parte, en cuanto al restante (escrito), de conformidad con los artículos 1345 Bis 2, y 1348, ambos del Código de Comercio, no se admite la apelación interpuesta contra el proveído de trece de febrero del año en curso, dado que el auto por el que se admitió a trámite el incidente de liquidación, NO es apelable". Ahora, cabe precisar que el artículo 1334 del Código de Comercio, establece: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aún aquellos que dictados en primera instancia serían apelables puede pedirse la reposición". Conforme al artículo transcrito procede el recurso de revocación en contra del auto recurrido, dado que la referida disposición establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos dictados por los jueces de primera instancia que no son apelables y los decretos, sin excluir expresamente aquellos acuerdos que ordenen reponer el procedimiento. De lo anterior se advierte, que el quejoso no observó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que estuvo en aptitud de hacer valer el medio de impugnación a que se refiere el citado artículo 1334 del Código de Comercio, consistente en el recurso de revocación, por virtud del cual pudo ser modificado o revocado el acuerdo que impugna, en el cual no se admitió a trámite el recurso de apelación contra el proveído que admitió a trámite el incidente de liquidación en el juicio ejecutivo mercantil de origen, y si no lo hizo así antes de acudir al juicio de garantías, el acto que se reclama carece de definitividad, motivo por el cual se surte la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis XIX.2o.8 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, registro digital: 202778, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA GÉNERICA DEL RECURSO DE. ARTICULO 1334 DEL CODIGO DE COMERCIO. Tratándose de ejecución de sentencia en materia mercantil, el artículo 1334 del Código de Comercio establece la procedencia genérica del recurso de revocación en contra de "los autos que no fueren apelables y los decretos" sin hacer distingo alguno; con lo cual se evidencia que el sistema de recursos en esta especialidad es completo y no admite la aplicación supletoria, pues para ello es necesario que la ley suplida prevea una institución de manera incompleta y en sus deficiencias se acuda a la supletoria, situación que no se da cuando se pretende que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, se aplique como ley complementaria introduciéndose en la materia mercantil figuras ajenas como lo es la "insistencia en el recurso de apelación", lo cual es indebido; pues ello equivaldría a modificar o adicionar el ordenamiento especial que en el presente caso es el Código de Comercio, trastocándose algunos de sus propósitos fundamentales entre los que figura el de dar mayor celeridad al procedimiento, abreviando términos, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa autorizado a Homero Pérez Aquino en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las restantes personas sin las facultades que contempla tal numeral. De igual forma, se ordena dar de alta el usuario home_7676 para consultar el expediente y recibir notificaciones electrónicas, por lo que resulta innecesario tener por designado el domicilio físico que se indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÓNICA.

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