Gil Baldemar Hernández Moreno

Expediente 971/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
971/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Gil Baldemar Hernández Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 26/2021, orden 26/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; sin que haya necesidad de acusar de recibo toda vez que no fue solicitado. Del contenido de la comunicación oficial se advierte que el quejoso **************, fue debidamente notificado el veintiocho de octubre del año en curso, del proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Registro de Exhortos que se lleva en este Juzgado, y téngase por notificada a la parte que ahí se señala del acuerdo que se precisa, en términos de la diligencia realizada en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, conviene precisar que de la certificación secretarial de cuenta y de las constancias que integran la comunicación oficial que se remite, se advierte que ha transcurrido en su totalidad el término de tres días concedido en este asunto a la parte quejosa, así como que fue omisa en desahogar el requerimiento que le fue formulado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las subsecuentes notificaciones a la justiciable, aun las de carácter personal, se realicen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito. En consecuencia a lo anterior advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del día de la fecha, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Celina Angélica Quintero Rico, Jueza de Distrito del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, de las que se advierte que aún no ha sido devuelto el exhorto 26/2021 del índice de este Juzgado Federal, librado a efecto de notificar a ************ el auto de veintidós de julio del año en curso; de igual manera, se desprende que por razón de turno le tocó conocer de la comunicación oficial al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl. En ese sentido, tomando en consideración que ha transcurrido un tiempo considerable, sin que al día en que se actúa obre en autos el exhorto en cita, solicítese vía electrónica de la manera más atenta al órgano jurisdiccional citado, que de no tener inconveniente alguno, se sirva informar por la misma vía, si la comunicación oficial ya fue diligenciada, si la persona física desahogó el requerimiento que le fue formulado, la fecha en la que de ser el caso, se haya devuelto el exhorto de referencia, a través de qué servicio de mensajería fue remitido, y de ser este el supuesto, en auxilio de este Juzgado de Distrito, realice las diligencias necesarias para lograr su devolución. Lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente asunto, y que consecuentemente, este órgano jurisdiccional esté en aptitud de continuar con la substanciación del mismo. Notifíquese. Así lo resolvió/ proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de Jorge Israel Vázquez Urrutia, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ************; contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Integración del expediente. Fórmese el expediente 971/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no agotó principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que en contra de los actos reclamados procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con el fin de analizar el motivo de improcedencia de la acción constitucional planteado, resulta pertinente transcribir los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son del texto siguiente: "107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: - - - .IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.". "61. El juicio de amparo es improcedente: - - - .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el gobernado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193142, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido. Dicha fracción, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria en los casos en los que así proceda. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a saber, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra de los mencionados actos reclamados, resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece lo siguiente: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:--- VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Del precepto legal transcrito, se obtiene que el juicio contencioso administrativo es procedente en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La parte quejosa combate la determinación de veintitrés de junio de dos mil veintiuno emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, en respuesta a su petición de que se cubriera de forma retroactiva su pensión por jubilación conforme al salario mínimo general vigente y la no aplicación de la Unidad de Medida y Actualización. Por lo anterior, se determina que los referidos actos de autoridad, previamente a impugnarlos en la instancia constitucional, deben controvertirse a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así considerar cumplido el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se sustenta lo anterior, en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, precisa las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacándose que son resoluciones definitivas aquéllas que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra y 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional, y señala que el juicio contencioso administrativo federal procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Desde esa perspectiva, del contenido de los actos reclamados exhibidos se desprende que constituye la última voluntad de la autoridad administrativa respecto del cálculo de la pensión solicitada por la ocursante, por lo que resulta inconcuso que atendiendo a su naturaleza, constituye una resolución que se establece en materia de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contra lo que es procedente el juicio de nulidad. Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". También, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2016, Décima Época, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". No pasa inadvertido a lo anterior, la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción dado que de las determinaciones que constituyen los actos reclamados, se aprecia que se indican diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, entre otras, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que se concluya que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. De ese modo, queda claro que la parte quejosa conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Por último, es preciso destacar que la parte quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso la parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, porque también controvierte la legalidad del acto reclamado puesto que aduce, entre otras cuestiones, que la responsable pretende ubicarlos en una hipótesis jurídica no aplicable al caso concreto, así como aplicar indebidamente la Unidad de Medida y Actualización para el cálculo de su pensión. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues los quejosos no agotaron, previo a instar el presente juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se acató al principio de definitividad rector del juicio constitucional, en relación con el acto administrativo que por esta vía reclama, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio Toda vez que de la demanda de cuenta se advierte que la quejosa señaló como domicilio, el ubicado en calle calle *************, lo cual revela que se encuentra fuera de circunscripción geográfica donde este órgano jurisdiccional tiene delimitada su competencia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, líbrese atento exhorto, vía electrónica, dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente proveído; asimismo se le requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, apercibiéndole de que de no hacerlo así, las notificaciones de mérito, aun las de carácter personal, se realizarán a través de la lista que se fija y publica en el local de este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Solicitando al Juzgado Federal exhortado, que una vez que se encuentre diligenciado, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente la constancia de notificación ordenada en el presente auto, así como el acuerdo en el que haya determinado devolver la comunicación de mérito. Se autoriza al órgano jurisdiccional exhortado a llevar a cabo todas las diligencias necesarias a fin de realizar la actuación que se le encomienda, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación en comento, de conformidad con lo establecido por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita acuse recibo, toda vez que al realizarse el envío electrónico de la comunicación oficial de referencia, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes generará la papeleta de turno y este Juzgado de Distrito tendrá conocimiento del Juzgado al que le corresponderá conocer de la diligencia de mérito. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice el envío electrónico del exhorto de que se trata, y una vez que sea generada la papeleta de turno por el sistema de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, se obtenga una impresión de la misma para ser glosada en autos. Autorizados Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, siempre y cuando acrediten tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese personalmente por exhorto a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

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