Gibrán Rangel Galván
Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Gibrán Rangel Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 200 a 209), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con base en lo establecido por el numeral 214 de la Ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. 1. Expediente conservable. Aun cuando se desechó el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que el presente juicio de amparo contiene el decreto de una suspensión de plano en favor de la parte quejosa, por interpretación extensiva de los artículos 14, fracción II, y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al prever que cuando se concede la medida cautelar el expediente es CONSERVABLE, de ahí que si en el caso, como se dijo, fue concedida la suspensión de plano, se estima la aplicación de dichos preceptos, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran este expediente estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, procédase a su transferencia al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 94 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 28, todos del acuerdo multicitado. 2. Consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I , y 9del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 23, del acuerdo multicitado. 3. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. En virtud que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que le notifique personalmente el presente proveído. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su Defensor Público Federal.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés . Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado J*** Defensor Público Federal, mediante el cual, adjunta acta de visita carcelaria de cinco de septiembre del año en curso, practicada al quejoso ***, por la que desahoga la prevención realizada en auto de siete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 4 a 16), y realiza las siguientes manifestaciones: "Señalo como acto reclamado la falta de atención médica. Mis padecimientos son acortamiento del miembro pélvico derecho llamado Artrosis de rodilla derecha, espolón calcáneo bilateral; lumbalgia crónica como consecuencia de los anteriores, implicando dolor en todo, dolor de articulaciones, migraña. No existe ninguna controversia en el Centro de Justicia Penal Federal respecto de dichos padecimientos. Como en 3 ocasiones he realizado mis escritos dirigidos a la Directora General, los cuales se hacen a través de cartas y están depositados en una caja blanca pegado fuera de la reja de la estancia general, y ahí llevan 4 meses sin que lleguen a sacarla esto espera el tema de comunicación con un abogado para asistencia jurídica. No he promovido ningún otro amparo contra actos legales, similares o relacionados a los que aquí reclamo". ACREDITA VISITA CARCELARIA. En consecuencia, se tiene por acreditada la visita carcelaria requerida al licenciado ***, Defensor Público Federal, en acuerdo de veintitrés de agosto del actual (fojas 170 a 174), por consiguiente se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó en el citado auto. Tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la prevención formulada en autos, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, y otras autoridades; y el acta de visita carcelaria que se agregó en párrafos que anteceden en la diligencia, de las que se advierte de manera certera los actos que reclama el impetrante, siendo éstos los siguientes: (...) La anterior fijación de los actos, se realiza conforme al análisis integral de la demanda de amparo. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...).". DESECHAMIENTO Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la legislación de la materia, los cuales establecen: "(...)." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64. Registro: 210751, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". (...)." Como se dijo, el quejoso ***, reclama lo siguiente: 1. La negativa de permitirle entrevistarse con su defensor. 2. La negativa de entregarle lentes. 3. La falta de atención médica, por sus padecimientos (artrosis de rodilla derecha, espolón calcáneo bilateral; lumbalgia crónica como consecuencia de los anteriores, implicando dolor en todo, dolor de articulaciones, migraña). Sin embargo, se advierte que en el caso respecto a los citados actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." En el precepto legal transcrito se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Es conveniente señalar que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la citada legislación penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte, el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Precisado lo anterior, debe destacarse que los actos reclamados por la parte quejosa, invariablemente se clasifican dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales desde luego, se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. A continuación, resulta conveniente traer a colación, lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 58, párrafo segundo, 59, 117, fracción IV, y 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, su arábigo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad. Del contenido de dichos ordinales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo expuesto claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta y régimen de visitas, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, o bien si la autoridad penitenciaria fue omisa en recibir sus peticiones, dado que el quejoso, indica que aún se encuentran dentro de cajón, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación, y apelación, previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Aunado a lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución, contempla derechos a las personas que fungen el carácter de defensores de las persona privadas de la libertad, su legitimación tutelada por el arábigo 108, fracción IV de la multicitada Ley de Ejecución, que establece: "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas". Así como también es el caso de lo establecido en los numerales 58, párrafo segundo, 59 y 117 fracción IV, que citan lo siguiente: "(...) De los preceptos legales citados, se aprecian claramente los derechos de las personas privadas de la libertad, adminiculado con los derechos y obligaciones de las personas que están legitimadas para defenderlos. Ello es así dada la protección constitucional sobre una defensa adecuada que debe tener tutelarse sobre toda persona procesada o condenada, durante la vida de su proceso penal legal. Circunstancia que de manera sistemática la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla, concediendo todas las facultades a los defensores para que puedan ejercer su función con todos las libertades que el propio sistema les provea; entre lo cual invariablemente, se encuentra la posibilidad de entrevistarse con sus defendidos. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, en los que la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama: 1. La negativa de permitirle entrevistarse con su defensor. 2. La negativa de entregarle lentes. 3. La falta de atención médica, por sus padecimientos (artrosis de rodilla derecha, espolón calcáneo bilateral; lumbalgia crónica como consecuencia de los anteriores, implicando dolor en todo, dolor de articulaciones, migraña). Es inconcuso, que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando los actos reclamados irrogan un perjuicio irreparable al quejoso. Máxime, que la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que de ser el caso, de encuadrarse dentro de actos tildados de urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran las relativas a condiciones de internamiento; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 230, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2018548, de texto y rubro siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (...)". Asimismo, ilustra la tesis I.6o.P.133 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2645 registro: 2018918, que a la letra dice: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. (...)." En ese orden, en la especie no se aprecia que el impetrante haya promovido previo a la interposición del amparo la petición administrativa, que prevé el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado, (ya que así lo manifestó al aclarar los actos reclamados); y en caso de no resultar favorable a los intereses del quejoso promover la controversia mencionada, ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a los actos de los que se duele en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en el dispositivo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Hágase del conocimiento al quejoso de la presente determinación, en el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS" y entréguesele copia de la misma. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; así como al licenciado *** Defensor Público Federal; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. PROMOCIÓN 13167. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano, toda vez que en acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 182 a 184), se tuvo por recibida la misma información remitida por correo electrónico, y se acordó conforme a derecho. PROMOCIÓN 13134. De igual forma, con apoyo en el artículo 3 de la de la ley de la materia, se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado ***, Defensor Público Federal, y con tal carácter del quejoso ***, mediante el cual, solicita prórroga para realizar visita carcelaria a su representado. PRÓRROGA PARA VISITA CARCELARIA. En consecuencia, se le otorga al licenciado ***, Defensor Público Federal, el plazo de cinco días hábiles contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que lo antes posible, se constituya en el lugar de reclusión del quejoso a fin de asesorarlo jurídicamente; de igual forma, deberá comprobar ante este juzgado federal la visita carcelaria realizada al impetrante de amparo; en el entendido que deberá otorgarle una defensa adecuada. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al Defensor Público multicitado, que en caso de ser omiso, o bien no comunicar el impedimento legal que tenga para ello, se le hará efectiva la multa con la que se le conminó en proveído de veintitrés de agosto del presente año (fojas 170 a 174). Notifíquese; personalmente al Defensor Público Federal.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que está enterado de la medida decretada en el juicio en que se actúa. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza a la autoridad responsable con los nombres de usuario ****, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. ACLARACIÓN DE DENOMINACIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Finalmente, del contenido del informe justificado se advierte la denominación correcta de la autoridad responsable señalada por el quejoso como Titular del Órgano Administrativo y Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en Ciudad de México, por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A" proceda a realizar las acciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes SISE. Notifíquese
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