GIBRAN RANGEL GALVAN y Otros.

Expediente 789/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
789/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • GIBRAN RANGEL GALVAN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda que adjunta. Acúsese recibo. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA En atención a que se comparten las consideraciones vertidas por el Juzgado declinante, se acepta la competencia planteada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXX, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 789/2019 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". De acuerdo con la disposición transcrita, el quejoso antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, por tener relación con el acto reclamado, conviene destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el recurso de revisión en su artículo 48, el cual procede contra las resoluciones administrativas que emite el Comité Técnico de los centros penitenciarios de reclusión. Al respecto, resulta pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 85/2015 , respecto al régimen de privación de la libertad de una persona en el ámbito penal, sostuvo, en lo de interés, lo siguiente:  De conformidad con los artículos 18 y 20 apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la privación de la libertad de una persona en el ámbito penal, necesariamente deriva de encontrarse en dos posibles situaciones jurídicas concretas: 1) por estar sujeto a un proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de un delito que autoriza la medida de prisión preventiva; o bien 2) por haber sido sentenciado mediante resolución firme en un proceso penal en el que se le impuso una pena de prisión.  Cualquiera que sea la razón de la privación de la libertad y la consecuente reclusión, el procesado o sentenciado jurídicamente se encuentra bajo la disposición de la autoridad judicial (el Juez que instruye la causa penal o el Juez encargado de la ejecución de la sentencia), por lo que los actos vinculados a su condición jurídica de privación de libertad como sujeto de procedimiento penal que puedan incidir directamente en ésta, ya sea que dicha privación obedezca a prisión preventiva o a la ejecución de la pena, atañen a las facultades de la autoridad judicial y se habrán de entender como parte del procedimiento penal.  El acta que impone correctivos disciplinarios al reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social, (ahora Comité Técnico Interdisciplinario) debe considerarse como un acto dentro de procedimiento.  Conforme al nuevo sistema de justicia penal en vigor a partir del año dos mil once, corresponde a la autoridad resolver los actos inherentes a la ejecución de la pena privativa de libertad y la medida de prisión preventiva, mientras que a la autoridad administrativa (el Ejecutivo Federal) a través de sus órganos competentes, le corresponde la administración de los centros de reclusión. Ello en términos de la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013063 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a./J. 39/2016 (10a.) Página: 861 CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." Consideraciones que también han sido sostenidas por el Pleno del Más Alto Tribunal del país, quien determinó que en virtud de las reformas realizadas a los preceptos 18 y 21 constitucionales vigentes a partir del diecinueve de junio de dos mil once, los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la privación de libertad de una persona sujeta a procedimiento penal como son, entre otros, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los procesados o sentenciados, quedaban bajo la supervisión y determinación exclusiva de la autoridad judicial, como se desprende del contenido de la jurisprudencia P./J. 17/2012, visible a foja 18, Libro XIII, Tomo 1, Octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los 'Jueces de ejecución de sentencias', que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Bajo la anterior doctrina constitucional emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente a su publicación en su artículo Primero Transitorio y sus diversos numerales 2º y 48, dispone: 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisio´n preventiva, asi´ como en la ejecucio´n de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, segu´n corresponda, sobre la base de los principios, garanti´as y derechos consagrados en la Constitucio´n, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley". Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario". Del primer dispositivo transcrito se observa que dicha ley es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva y en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos del orden federal y local. Por su parte, el segundo precepto transcrito prevé un recurso ordinario ante la autoridad judicial, que es el de revisión, el cual procede contra resoluciones como la que constituye el acto reclamado (correctivo disciplinario), por tratarse de una resolución emitida por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz. HECHOS En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la sanción o correctivo disciplinario impuesto a los quejosos, y como consecuencia, la orden de reubicación de dormitorios. CONCLUSIÓN En ese sentido, respecto de dicho acto debió agotarse previamente al juicio de amparo el recurso de revisión, pues al entrar en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha normatividad es la que resulta aplicable por ser la acorde al nuevo modelo de reinserción social previsto en las reformas a los diversos preceptos 18 y 21 Constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil once. Por lo tanto, se concluye que el juicio de amparo indirecto respecto al acto materia de este juicio resulta improcedente, porque la Ley Nacional de Ejecución establece un recurso ordinario por el cual dicho acto puede ser modificado por la autoridad judicial, que es la encargada de resolver las controversias planteadas que surjan durante la privación de libertad de una persona sujeta a procedimiento penal, entonces, dicho medio de impugnación debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad. Máxime que con la interposición del recurso de revisión se suspende la aplicación o ejecución de la sanción disciplinaria, sin que se advierta que el dispositivo que establece la procedencia de dicho medio ordinario exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor al estipulado para resolver sobre la suspensión provisional. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia anunciada, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. DOMICILIO De la lectura integral a la demanda de amparo no se advierte que señalen algún domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo tomando en consideración que los directos quejosos se encuentran internos, ténganse como su domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, es decir, el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la notificación de este acuerdo y los subsecuentes, con la finalidad de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

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