Gibran Javier Martínez Mendoza

Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
92/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla
  • Gibran Javier Martínez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, mediante el cual se sobreseyó antes de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia: con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que sobreseyó antes de audiencia, promovido por Gibran Javier Martínez Mendoza, por su propio derecho, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte que a la letra establece: Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la ?????????????? Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse antes de audiencia el juicio de amparo y el incidente de suspensión es depurable al concederse la suspensión provisional y negado la definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en el capítulo octavo, artículo 18, inciso a) y 21, inciso a), del Acuerdo General citado. Notifíquese...MESA 2

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 411/2020, de su índice, dado que este juzgado de distrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovido por Gibran Javier Martínez Mendoza, por lo que, se ordena colocar las carátulas correspondientes en los cuaderno incidentales. Acúsese el recibo correspondiente. Atento lo anterior, este juzgado federal, declara subsistentes todas y cada una de las actuaciones practicadas por el juez declinante en el incidente de suspensión en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE...MESA 2

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Se acepta conocimiento previo. Visto el oficio 21259, emitido en el cuaderno de varios, en el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en relación con los actos reclamados en el expediente 441/2020, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por Gibran Javier Martínez Mendoza, por su propio derecho, con el diverso 171/2020, de la estadística de este juzgado; atento a lo anterior, hágase del conocimiento del homólogo federal que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo y se le solicita remita el incidente de suspensión. Se convalidan actuaciones. Este juzgado, convalida todas y cada una de las actuaciones practicadas por el homólogo federal que inicialmente conoció de la demanda de amparo promovida por por Gibran Javier Martínez Mendoza, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla y Directora del Centro de Convivencia Familiar Ecatepec del Poder Judicial del Estado de México, que hizo consistir en: Actos reclamados La emisión de la determinación dictada dentro del expediente 1181/2019, por el Juez responsable el cuatro de febrero del año en curso, en el que se señaló un régimen de convivencia, el mismo día y hora en que el impetrante de amparo ya tenía concedida dentro del diverso expediente 424/2018 del índice de dicha autoridad, un régimen de convivencias con la menor de iniciales Y.N.M.A., y su ejecución." Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 92/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Hecho notorio. Ahora bien, atento al principio de que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan ante este Juzgado Federal, pues así lo dispone la jurisprudencia 12, con número de registro 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 295, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Se advierte que el diverso juicio de amparo 171/2020, Lelia Margarita Mendoza Lara y Javier Martínez Trejo, por su propio derecho acudieron en demanda del amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la autoridad responsable Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, que hicieron consistir en: 1.- Auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado dentro de la continuación de la audiencia inicial celebrada en ?????????? misma fecha y por la cual el Juez de la causa determinó imponer un régimen de convivencia entre los quejosos y su menor nieta Y.N.M.A. a desarrollarse en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, en el mismo horario y fechas que le corresponden en convivencia a su hijo y padre de la menor Gibran Javier Martínez Mendoza, es decir todos los domingos de diez a doce del día. 2. La manifestación por el Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, relativa a que realizó el acto reclamado, a fin de evitar que los ahora quejosos quebranten la guarda y custodia provisional decretada; tal y como lo hiciera el padre de la menor en el expediente 424/2018, toda vez que con ello se alteraría el estado físico y emocional de esta. Expediente en el cual el treinta de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión a los referidos quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable: "- Deje insubsistente el proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente 1181/2019 y, - Una vez que acontezca lo anterior, emita una nueva resolución, empero, de manera fundada y motivada, en forma tal que sea el resultado de ese análisis el que lo lleve a emitir la determinación que considere más favorable para la menor, con la finalidad de preservar el interés superior de ésta. La referida determinación causó ejecutoria el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por lo que se requirió dar cumplimiento al fallo protector a la autoridad responsable Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, quien en acuerdo de veintinueve de enero pasado dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia inicial de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la fase de revisión de medidas provisionales referente al régimen de visitas y convivencias provisional decretado entre los quejosos Lelia Margarita Mendoza Lara y Javier Martínez Trejo, y su nieta, dictándose en su lugar un nuevo proveído siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Causal de improcedencia. Por lo antes expuesto, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, de la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. Tratándose de la sustitución, se actualiza esa causal, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto; por ende, si quedó sustituido por el segundo acto, el primero resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1491, registro 165870, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 1181/2019, por el Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en la continuación de la audiencia inicial celebrada en la misma fecha y por la cual determinó imponer un régimen de convivencia entre Lelia Margarita Mendoza Lara y Javier Martínez Trejo, con su menor nieta Y.N.M.A. a desarrollarse en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, en el mismo horario y????????? fechas que le corresponden en convivencia al aquí quejoso Gibran Javier Martínez Mendoza, a saber, todos los domingos de diez a doce del día, en el diverso expediente 424/2018. Lo anterior es así, pues como ya se dijo la citada autoridad responsable el veintinueve de enero del año en curso, dejó insubsistente la determinación dictada en la audiencia inicial de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la fase de revisión de medidas provisionales referente al régimen de visitas y convivencias provisional decretado entre los quejosos Lelia Margarita Mendoza Lara y Javier Martínez Trejo, con la menor hija del aquí quejoso, dictándose en su lugar un nuevo proveído siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo; por tanto, es evidente que el auto combatido en la demanda de amparo que dio origen al presente expediente ha quedado substituido, por lo que esa nueva determinación sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos. Lo anterior se encuentra corroborado en las tesis I.3o.C.769 C y III.3o.C.23 K, sustentadas respectivamente por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizables correspondientemente en el tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1492 y tomo V, Enero de 1997, página 410, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del título y contenidos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, más ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. Sobreseimiento antes de audiencia. Por las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer antes de audiencia el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a tal determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, Novena Época, con registro digital 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, pues las listas es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Se comisiona al actuario judicial adscrito notifique la presente determinación a los terceros interesados Lelia Margarita Mendoza Lara y Javier Martínez Trejo, en el domicilio ubicado en avenida Gran Pirámide, número setenta y siete, pueblo San Bartolo Tenayuca; en tanto que a Brianda Alemán Vázquez en el inmueble localizado en calle Río Tula, número 28, fraccionamiento Izcalli del Río, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días??????? naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 2

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