Gibrán Enrique Vázquez Valles
Expediente 486/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Gibrán Enrique Vázquez Valles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SECCIÓN ENSENADA. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/698/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del que suscribe como juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, a partir del dieciséis de junio del mismo año; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que en veintitrés de marzo de la presente anualidad, se dictó sentencia en los presentes autos, en la cual se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado. 2. En su lugar, emita otro en el que considere que el derecho a recibir el pago de las prestaciones reclamadas, así como la nivelación salarial respectiva se actualizó al momento del dictado del laudo condenatorio y, con base en ello y en el contenido del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, resuelva lo que en derecho proceda. Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de dieciséis de mayo del año en curso, causó ejecutoria (foja 433). En ese sentido, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector, a quien se le tuvo remitiendo el oficio 463-P, mediante el cual remitió la resolución de veintidós de mayo de la presente anualidad, emitida en los autos del juicio laboral 84/2012 de su índice, y resolvió nuevamente respecto del recurso de revisión interpuesto por Gibrán Enrique Vásquez Valles por conducto de su apoderado -aquí quejoso-, en la que consideró el derecho a recibir el pago de prestaciones reclamadas, así como la nivelación salarial respectiva. Sin que de las constancias remitidas se advierta que la autoridad responsable hubiera dejado insubsistente la resolución reclamada; sin embargo, al haber emitido otra determinación en su lugar, se estima que de manera implícita dejó insubsistente la anterior. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En las relatadas condiciones, se determina que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró haber dejado sin efecto la resolución dictada en veinituno de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 84/2012 de su índice; y dictó una resolución en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector , en la que consideró el derecho del quejoso a recibir el pago de prestaciones reclamadas, así como la nivelación salarial respectiva. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/698/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del que suscribe como juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, a partir del dieciséis de junio del mismo año; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que en veintitrés de marzo de la presente anualidad, se dictó sentencia en los presentes autos, en la cual se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado. 2. En su lugar, emita otro en el que considere que el derecho a recibir el pago de las prestaciones reclamadas, así como la nivelación salarial respectiva se actualizó al momento del dictado del laudo condenatorio y, con base en ello y en el contenido del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, resuelva lo que en derecho proceda. Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de dieciséis de mayo del año en curso, causó ejecutoria (foja 433). En ese sentido, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector, a quien se le tuvo remitiendo el oficio 463-P, mediante el cual remitió la resolución de veintidós de mayo de la presente anualidad, emitida en los autos del juicio laboral 84/2012 de su índice, y resolvió nuevamente respecto del recurso de revisión interpuesto por Gibrán Enrique Vásquez Valles por conducto de su apoderado -aquí quejoso-, en la que consideró el derecho a recibir el pago de prestaciones reclamadas, así como la nivelación salarial respectiva. Sin que de las constancias remitidas se advierta que la autoridad responsable hubiera dejado insubsistente la resolución reclamada; sin embargo, al haber emitido otra determinación en su lugar, se estima que de manera implícita dejó insubsistente la anterior. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En las relatadas condiciones, se determina que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró haber dejado sin efecto la resolución dictada en veinituno de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 84/2012 de su índice; y dictó una resolución en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector , en la que consideró el derecho del quejoso a recibir el pago de prestaciones reclamadas, así como la nivelación salarial respectiva. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AMPARO SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES...REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, DE CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. .
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO.- SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA QUE SE RESOLVIÓ: "...RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ***, CONTRA EL ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EFECTOS PRECISADOS ENE EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTE FALLO..."
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