Gibran Artemio Carrillo Moran

Expediente 259/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
259/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en esta ciudad
  • Gibran Artemio Carrillo Moran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ... Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguense los cuadernos del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. ...

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el once de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables bajo los nombres de: "DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. CIUDAD.", "DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. CIUDAD." y "COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. CIUDAD", y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se deja de tener a dichas autoridades como responsables dada su inexistencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.111/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Por otra parte, agréguese el oficio 418, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Primera Mesa I de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, adjunta copias certificadas de la audiencia inicial llevada a cabo por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región, Morelia, con sede en esta ciudad, de la cual se derivó la Causa Penal número 133/2019, en la cual consta que dicho Juez dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso GIBRÁN ARTEMIO CARRILLO MORÁN y otros, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro, conforme a los artículos 9° fracción I inciso a), 10 fracción l incisos b) y c), y II incisos d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento de KASSANDRA GONZÁLEZ ARÉVALO y MARTHA IRENE ARÉVALO MONZÓN. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el diez de marzo del año en curso, ante la Secretaría Encargada de la guardia de este Juzgado Federal y al día siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, LUVIA GUADALUPE MORAN TAPIA, promovió demanda de amparo a favor de GIBRÁN ARTEMIO CARRILLO MORAN, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia de Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistente en una orden de aprehensión y/o detención girada en su contra, así como la incomunicación del mismo. Así, en auto de diez de marzo pasado, se ordenó suspender de oficio y de plano la incomunicación que hubiera haber tenido el impetrante y se ordenó a la actuaria constituirse en el lugar donde se encontraba, a efecto de que ratificara su demanda, lo que así hizo, por lo que en auto de once de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite. De las constancias que adjuntó la autoridad responsable en su oficio de cuenta, consistentes en las copias certificadas de la audiencia llevada a cabo por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región, Morelia, con sede en esta ciudad, de la cual se derivó la causa penal número 133/2019, en la cual consta se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso GIBRÁN ARTEMIO CARRILLO MORÁN y otros, por el hecho que la ley señala como delito de SECUESTRO, conforme a los artículos 9° fracción I inciso a), 10 fracción l incisos b) y c), y II incisos d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento de KASSANDRA GONZÁLEZ ARÉVALO y MARTHA IRENE ARÉVALO MONZÓN, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor. Dicho numeral establece: "ARTÍCULO 61. El Juicio de Amparo es improcedente:. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." El cambio de situación jurídica de que habla dicha fracción, deviene del avance que ha tenido un procedimiento compuesto de diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras, y se presenta habiéndose completado una etapa en todas sus partes, dando pauta a que inicie la siguiente. Al actualizarse el cambio de situación jurídica, automáticamente deviene la improcedencia del juicio de amparo promovido contra la situación anterior, ya que los actos originados en aquella etapa no podrán ser restituidos sin alterar la situación prevaleciente; por lo tanto, esta hipótesis de improcedencia provee de certeza a la nueva etapa procesal. Se sostiene que se actualiza dicha hipótesis de improcedencia, porque a la fecha al aquí quejoso le fue dictado auto de vinculación a proceso. En ese contexto, si de las constancias se advierte que, si bien es cierto, que el impetrante fue detenido en flagrancia, hecho que motivó la integración de la carpeta de investigación MOR/053/23503/2019 por el hecho que la ley señala como delito de secuestro y se puso a disposición del Agente Primero, Mesa I, del Ministerio Publico Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y enseguida se inició la causa penal 133/2019 y como se dijo, también se advierte que el once de marzo del año en curso, le fue dictado auto de vinculación a proceso al considerar que había datos de prueba suficientes que acreditaron el hecho que la ley cataloga como delito de secuestro antes referido. De lo expuesto se colige que en el procedimiento del que emana el acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica respecto de la detención del ahora quejoso, dado que las violaciones que pudiera contener la misma, ya quedaron consumadas irreparablemente con ese cambio de situación jurídica respecto de la detención del ahora quejoso, pues a la fecha se decretó al impetrante del amparo auto de vinculación a proceso, por lo que es esta última resolución la que ahora rige su situación. Por lo que si el impetrante del amparo, se encuentra a disposición del juez de control, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica del impetrante del juicio de amparo, creada con motivo de esa vinculación a proceso. Tiene aplicación a lo anterior, en lo que interesa la tesis aislada número IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". También, es aplicable en lo conducente, la diversa tesis aislada XVII.23 P, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo". En consecuencia, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras Agentes Primero Mesa II del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y Comandante de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, ambos con sede en esta ciudad. Así como la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No impide estimar lo anterior, el hecho de que a la fecha no haya sido emplazada a juicio la tercera interesada Kassandra González Arévalo, dado que al resultar improcedente el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, no le causa perjuicio alguno a dicho tercero. Sustenta lo anterior, en lo que en ella interesa, la tesis aislada número XIX.1o.P.T.20 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, aplicada por identidad de razón, consultable en la página 2428, Tomo XXXIII, del mes de Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE...

  3. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el once de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables bajo los nombres de: "DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. CIUDAD.", "DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. CIUDAD." y "COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. CIUDAD", y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se deja de tener a dichas autoridades como responsables dada su inexistencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.111/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Por otra parte, agréguese el oficio 418, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Primera Mesa I de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, adjunta copias certificadas de la audiencia inicial llevada a cabo por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región, Morelia, con sede en esta ciudad, de la cual se derivó la Causa Penal número 133/2019, en la cual consta que dicho Juez dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso GIBRÁN ARTEMIO CARRILLO MORÁN y otros, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro, conforme a los artículos 9° fracción I inciso a), 10 fracción l incisos b) y c), y II incisos d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento de KASSANDRA GONZÁLEZ ARÉVALO y MARTHA IRENE ARÉVALO MONZÓN. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el diez de marzo del año en curso, ante la Secretaría Encargada de la guardia de este Juzgado Federal y al día siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, LUVIA GUADALUPE MORAN TAPIA, promovió demanda de amparo a favor de GIBRÁN ARTEMIO CARRILLO MORAN, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia de Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistente en una orden de aprehensión y/o detención girada en su contra, así como la incomunicación del mismo. Así, en auto de diez de marzo pasado, se ordenó suspender de oficio y de plano la incomunicación que hubiera haber tenido el impetrante y se ordenó a la actuaria constituirse en el lugar donde se encontraba, a efecto de que ratificara su demanda, lo que así hizo, por lo que en auto de once de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite. De las constancias que adjuntó la autoridad responsable en su oficio de cuenta, consistentes en las copias certificadas de la audiencia llevada a cabo por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región, Morelia, con sede en esta ciudad, de la cual se derivó la causa penal número 133/2019, en la cual consta se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso GIBRÁN ARTEMIO CARRILLO MORÁN y otros, por el hecho que la ley señala como delito de SECUESTRO, conforme a los artículos 9° fracción I inciso a), 10 fracción l incisos b) y c), y II incisos d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento de KASSANDRA GONZÁLEZ ARÉVALO y MARTHA IRENE ARÉVALO MONZÓN, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor. Dicho numeral establece: "ARTÍCULO 61. El Juicio de Amparo es improcedente:. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." El cambio de situación jurídica de que habla dicha fracción, deviene del avance que ha tenido un procedimiento compuesto de diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras, y se presenta habiéndose completado una etapa en todas sus partes, dando pauta a que inicie la siguiente. Al actualizarse el cambio de situación jurídica, automáticamente deviene la improcedencia del juicio de amparo promovido contra la situación anterior, ya que los actos originados en aquella etapa no podrán ser restituidos sin alterar la situación prevaleciente; por lo tanto, esta hipótesis de improcedencia provee de certeza a la nueva etapa procesal. Se sostiene que se actualiza dicha hipótesis de improcedencia, porque a la fecha al aquí quejoso le fue dictado auto de vinculación a proceso. En ese contexto, si de las constancias se advierte que, si bien es cierto, que el impetrante fue detenido en flagrancia, hecho que motivó la integración de la carpeta de investigación MOR/053/23503/2019 por el hecho que la ley señala como delito de secuestro y se puso a disposición del Agente Primero, Mesa I, del Ministerio Publico Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y enseguida se inició la causa penal 133/2019 y como se dijo, también se advierte que el once de marzo del año en curso, le fue dictado auto de vinculación a proceso al considerar que había datos de prueba suficientes que acreditaron el hecho que la ley cataloga como delito de secuestro antes referido. De lo expuesto se colige que en el procedimiento del que emana el acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica respecto de la detención del ahora quejoso, dado que las violaciones que pudiera contener la misma, ya quedaron consumadas irreparablemente con ese cambio de situación jurídica respecto de la detención del ahora quejoso, pues a la fecha se decretó al impetrante del amparo auto de vinculación a proceso, por lo que es esta última resolución la que ahora rige su situación. Por lo que si el impetrante del amparo, se encuentra a disposición del juez de control, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica del impetrante del juicio de amparo, creada con motivo de esa vinculación a proceso. Tiene aplicación a lo anterior, en lo que interesa la tesis aislada número IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". También, es aplicable en lo conducente, la diversa tesis aislada XVII.23 P, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo". En consecuencia, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras Agentes Primero Mesa II del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y Comandante de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, ambos con sede en esta ciudad. Así como la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No impide estimar lo anterior, el hecho de que a la fecha no haya sido emplazada a juicio la tercera interesada Kassandra González Arévalo, dado que al resultar improcedente el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, no le causa perjuicio alguno a dicho tercero. Sustenta lo anterior, en lo que en ella interesa, la tesis aislada número XIX.1o.P.T.20 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, aplicada por identidad de razón, consultable en la página 2428, Tomo XXXIII, del mes de Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE...

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio TJA/SGA/DG/466/2019, signado por el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictara la resolución que en derecho corresponda. ...

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