Gibe Benitez Milian

Expediente 266/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
266/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Gibe Benitez Milian

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías, promovida por ******************** a favor de ********************. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro respectivo. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Constancia de notificación. Vista la constancia de notificación de diecisiete de marzo del año en curso, de la que se advierte que el quejoso directo ...manifestó que ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. 2. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 2.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. 2.2 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la autoridad responsable en cita. 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4. Actos reclamados. En el caso a estudio, la parte promovente reclama en esencia de la autoridad señalada como responsable, los actos consistentes en la privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y/o detención, con fines de deportación a su lugar de origen e incomunicación. 5. Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto de los actos reclamados, de acuerdo a lo expresado por la parte promovente y las constancias que integran hasta el momento este sumario, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 5.1 Cesación de efectos de los actos reclamados. De acuerdo con la causal establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos hayan desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. En efecto, en su escrito de demanda la parte quejosa reclama la privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y/o detención, con fines de deportación a su lugar de origen e incomunicación del quejoso ...por parte del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Ahora bien, del informe de suspensión de plano y su anexo remitido vía electrónica por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, se advierte que informó que el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se le otorgó al quejoso directo ...un documento provisional de visitante por razones humanitarias con una temporalidad de treinta días, sujetándose a control de firmas semanales, anexando a dicho informe los documentos que así lo corroboran. Probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, es evidente que el quejoso directo ya no se encuentra privado de su libertad, asegurado, alojado, detenido y/o incomunicado, en las instalaciones de la autoridad migratoria de esta ciudad, con fines de deportación a su lugar de origen, al haber sido puestos en libertad. Circunstancia suficiente para concluir que los actos reclamados cesaron en sus efectos, quedando restituidos al agraviado en el goce de sus derechos (libertad), como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. 5.1.1 Criterio legal. Resulta aplicable al caso la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Se desecha demanda. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es inconcuso que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    1. Demanda. La demanda se presenta vía electrónica por ******************** a favor de ********************, contra actos de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. El expediente se registra con el número progresivo 266/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. 3. Autoridad responsable. La autoridad responsable es la Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Constituye un hecho notorio que es la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en la localidad. 3.1 Autoridades sin calidad de responsables. Las autoridades migratorias restantes que describe el promovente se considera innecesario incorporarlas como responsables, en cumplimiento al deber de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional. Corresponde únicamente al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, el desarrollo del control migratorio. Este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, estima idóneo desvincular a esas otras autoridades migratorias para efectos del trámite del presente juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa se incorporará alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 126 y 160 de dicha legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN. A fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física del migrante quejoso, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad migratoria, las siguientes: 4.1 Deportación. La autoridad responsable no podrá deportar a ******************** a su país de origen, hasta en tanto reciba notificación de la conclusión definitiva de este juicio. La suspensión concedida no constituye un obstáculo para que pueda retornar a su nación de origen, en caso de ser voluntad expresa de la parte quejosa (retorno migratorio voluntario). 4.2 Libertad inmediata. La persona migrante deberá quedar en inmediata libertad, puesto que de la manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, se advierte que el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración ya transcurrió. En consecuencia, no existe fundamento legal para otorgar mayores plazos a la autoridad responsable, ya que de prolongar la detención o alojamiento, se convierte en arbitraria y violatoria del derecho humano a la libertad personal reconocido como de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14, 16 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7). 4.3 Eficacia de la medida cautelar. Esta suspensión de plano debe tener el efecto de poner en inmediata libertad al migrante quejoso para que conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, quede a disposición del Juzgado de Distrito por cuanto hace a la libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad migratoria podrá imponer las medidas de seguridad previstas legalmente para continuar con el procedimiento migratorio, sin impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, así como en la normativa convencional, como lo establece el artículo 66 de la Ley de Migración. 4.4 Asistencia al migrante. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, la autoridad migratoria deberá cumplir, sin excusa, con el otorgamiento de los derechos de asistencia al migrante identificados en los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración. 4.5 Apercibimiento de vista a la Fiscalía General de la República. La autoridad responsable que viole este mandato judicial será sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. 5. Informe sobre cumplimiento de la suspensión de plano. En el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, la autoridad responsable deberá informar si el promovente se encuentra alojado en la estación migratoria en esta ciudad, o bien, ante el actuario judicial que notifique este acuerdo, deberá señalar con claridad el lugar preciso en donde se encuentre bajo resguardo o alojamiento de cualquier autoridad mexicana. 5.1 Apercibimiento. De no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5.2 Ingreso del Actuario Judicial a la estación migratoria. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o expresar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. 5.3 Uso de la fuerza pública. El incumplimiento a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles o militares de los tres niveles. 6. Localización del migrante. Se comisiona al Actuario Judicial, para que se constituya de inmediato en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar al quejoso ********************. Una vez localizado, el fedatario judicial, en términos del Protocolo para juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberá llevar a cabo las actuaciones siguientes: 6.1 Migrante vulnerable. Dar cuenta y razonar que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen actos que coloquen en una situación de vulnerabilidad al promovente. 6.2 Estado del migrante. Dar cuenta y razonar el estado físico del quejoso al momento en que se desahogue la diligencia y preguntar sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas, maltrato físico o psicológico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual deberá realizar la certificación conducente y utilizar algún medio electrónico en donde puedan quedar registradas las presuntas lesiones. 6.3 Ratificación de demanda. Deberá requerir al migrante para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. 6.4 Denominación de autoridad. El Actuario Judicial está autorizado en caso de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta, proceda en el acto a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7. Prácticas actuariales. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Autorizado para notificaciones. Son autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo ********************y ********************, por así haberlo solicitado. 9. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario ********************. El acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el usuario respectivo, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 9.1 Vinculación de usuario a expediente. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 9.2 Comunicaciones no procesales. La parte quejosa proporciona correo electrónico y número telefónico para efectos de lograr comunicación de carácter no procesal, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo general citado en este punto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano