Gianmarco Luis Larrea Rosado
Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Gianmarco Luis Larrea Rosado
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, remitido vía electrónica, por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, y anexo que acompaña consistente en sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 32/2022, de su índice; en la cual resolvió: "ÚNICO. Se DECLARA al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por Sergio Alberto García Lara, en representación del extranjero Gianmarco Luis Arrea Rosado, que dio origen al expediente 1109/2022-4A, en consecuencia, remítase al referido Juzgado de Distrito, las constancias que conforman el expediente relativo, así como la copia certificada de la presente resolución para los efectos legales procedentes." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Vista la certificación que antecede y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que al no haberse aceptado la competencia planteada por diverso órgano jurisdiccional, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso g), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Finalmente, previo desglose de las constancias que en su caso obren en original en el cuaderno de antecedentes formado en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción a) Acuerdo General de referencia, deberá destruirse en un plazo de seis meses a partir de que surta efectos la presente determinación. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del XV Circuito, con sede en Mexicali; en el cual, entre otras cuestiones informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y el suscrito, respecto a la demanda promovida por Gianmarco Luis Larrea Rosado, el cual fue radicado en dicho tribunal con el número 32/2022; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual se acusa de recibo el oficio 175662022, por el cual se anexó original del presente asunto, con motivo de que este juzgado no aceptó la incompetencia planteada dentro del juicio de amparo 1109/2022-4A de su índice. Asimismo, se advierte que dicho órgano jurisdiccional insiste en sostener su incompetencia legal por razón de territorio, para conocer la demanda de amparo promovida por Gianmarco Luis Larrea Rosado; por lo que, remitió la demanda de amparo y anexos de la misma al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, para lo que a bien tenga determinar; de lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibido el oficio número 3077/2022 y anexos que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al que adjunta el expediente original del juicio amparo 1109/2022, promovido por Sandro Alberto García Lara en favor de Gianmarco Luis Larrea Rosado, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 548/2022-E. Expídase acuse de recibo respectivo. No se acepta competencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, el suscrito considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: I.- LA PRIVACION DE LA LIBERTDAD INJUSTIFICADA, al realizar, el aseguramiento, alojamiento y/o detección de los hoy quejosos, por parte de la autoridad, en la Estación Migratoria de MEXICALI, BAJA CALFIORNIA sobrepasando el límite de 36 horas, contraviniendo el articulo 21 constitucional [.]. II.- La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración, Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras d a la h. III.- La posible deportación y retorno asistido, del ahora quejoso. IV.- La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo [.]. V.- La incomunicación, no permitiendo que el representante legal, tenga contacto con el ahora quejoso [.]. VI.- La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. VII. La exposición del extranjero en un ambiente propicio a la exposición del virus covid 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida". Asimismo el promovente solicita la suspensión para el efecto siguiente: "De conformidad con el articulo 125 y 126, 128, 131, 132 y 164 de la Ley de amparo solicito que se declare la suspensión de los actos reclamados consistentes en: Primero. Que de acuerdo al artículo 126, y 164 de la Ley de Amparo, les sea concedida a los quejosos la suspensión de los actos reclamados para efecto de lograr la inmediata libertad y poder concluir con su trámite de legalización migratoria sin impedimento ni coacción de ningún tipo en la Ciudad de México, citado" Como se desprende de la transcripción anterior, se advierte que en esencia la parte quejosa reclama la privación de la libertad, la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, la posible deportación y retorno del quejoso, la Ilegal detención por más de treinta y seis hora, la Incomunicación y la negativa de permitirle al quejoso llevar su procedimiento administrativo en libertad. Luego, el Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados por Sandro Alberto García Lara en favor de Gianmarco Luis Larrea Rosado, se están ejecutando en esta ciudad, dado que refiere que el directo agraviado se encuentra detenido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, delegación Tijuana, sin que se desprenda que la parte quejosa haya sido trasladada a esa entidad federativa, por lo que no existe algún acto que pueda ejecutarse, tenga ejecución o vaya ejecutarse en la jurisdicción de ese juzgado; por tanto, al tener ejecución el acto reclamado dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional deviene su incompetencia. Empero, como se adelantó este juzgador no comparte el criterio adoptado por el declinante. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos podemos extraer las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente esta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expedites en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por la quejosa, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: La primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, La segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que cuando el acto reclamado se ejecuta en un distrito y se continúa ejecutando en otro, es competente el Juez ante quien se presentó la demanda. Para soportar lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en su capítulo de hechos, que el directo agraviado fue privado de su libertad en la Ciudad de Mexicali, siendo trasladado a la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California. Aunado a que del oficio signado por Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, de fecha veintitrés de julio último, precisó que el quejoso directo, fue detenido en un operativo de verificación migratoria, realizado en la ciudad de Mexicali; por lo que fue trasladado a la estación migratoria para verificar si contaba con visa mexicana; y que dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria Mexicali, se le hizo del conocimiento al directo quejoso todos sus derechos; por lo que la misma, acordó el alojamiento temporal del impetrante quien se encontraba alojado dentro de sus instalaciones. Por lo que es claro que, atendiendo a la causa de pedir, se establece que se inició la ejecución de los actos combatidos en el municipio de Mexicali, dado que el directo quejoso Gianmarco Luis Larrea Rosado, al haber sido trasladado en primera instancia a las instalaciones de la Estación Migratoria de dicho municipio; y ser ese lugar donde se verificó su estatus migratorio y se le hicieron del conocimiento todos sus derechos. Por tanto, es que se afirma que, si bien, conforme a los preceptos invocados, la regla de competencia que tomó como premisa el juzgador declinante, en el caso concreto, es la prevista en la primera parte del numeral 37, de la Ley de Amparo en cita, al considerar que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra intento el directo agraviado. También lo es que, contrario a lo sostenido por el juez declinante, se sostiene que el presente asunto encuadra en el supuesto de la regla a que alude el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto al haberse iniciado la ejecución de los actos reclamados, dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, el juez declinante, y se continuo ejecutando en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, al concluir que diversos juzgadores pueden tener competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, por lo que al haberse presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, corresponde a ese órgano jurisdiccional conocer del trámite de la demanda de amparo, al haber sido el órgano que previno en el conocimiento de dicha demanda Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Décima Época, registro 2003502, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Lo sombreado no es de origen. Asimismo sustenta lo determinado, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 1026, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES (FEDERALES O ESTATALES) Y SUS ACTOS DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ QUE PREVINO Y CONOCIÓ ORIGINALMENTE DE LA DEMANDA, NO OBSTANTE QUE DICHOS ACTOS SE ORIGINEN EN PROCEDIMIENTOS DIVERSOS Y SEAN INICIADOS POR AUTORIDADES DIFERENTES Y EJECUTADOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS. De la interpretación del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concluye que en los casos en los que se controvierte una norma general y, como consecuencia, actos de aplicación dentro de diversos procedimientos administrativos, seguidos en distintas entidades federativas contra la misma quejosa, es evidente que sus efectos han comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siguen ejecutándose en otro; de ahí que como la inconstitucionalidad se hace derivar de la planteada sobre aquella norma, el Juez competente para conocer del asunto es el que previno y conoció originalmente de la demanda, se controviertan esos actos por vicios propios o no, siempre que dentro de la jurisdicción de éste se hayan ejecutado actos de aplicación de los cuales deba conocer. Ello, porque el tema central de la controversia radica en la constitucionalidad de normas generales, de manera que el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o el reglamento del que concierne a su aplicación, ya que los actos de ejecución son precisamente los que causan perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o reglamento; sin que para ello sea óbice que los actos de ejecución se originen en procedimientos diversos, iniciados por autoridades diferentes y ejecutados en distintas entidades federativas, toda vez que la unidad de la controversia se encuentra en la impugnación de las normas generales, por lo que no puede dividirse la continencia de la causa." Lo destacado no es de origen. En las relatadas condiciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y se ordena devolver. Con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
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