Gianco Rodrigo Urias Abundis

Expediente 1332/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1332/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Sonora
  • Gianco Rodrigo Urias Abundis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Certificación. En Hermosillo, Sonora a nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que los autos del presente asunto se encuentran debidamente integrados, y se conforman por lo siguiente: Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Emplazamiento de la representación social de la adscripción. Asimismo, hago constar que: No existe parte tercera interesada en el presente juicio de amparo. Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables No existen escritos pendientes de acuerdo y el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy Fe Guadalupe López Gutiérrez Secretaria de Juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, a las once horas con dos minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, parte quejosa, y fiscal federal adscrita-, así como con la demanda de derechos. Ahora bien, se hace la acotación que el cinco de septiembre pasado, se proveyó el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual indicó que el nombre correcto de la parte quejosa es ********************-y no ********************-, motivo por el cual se giró oficio a las responsables para efecto de que tuvieran conocimiento de ello. Por tal motivo, las autoridades señaladas como responsables posteriormente rindieron el respectivo informe justificado con el nombre correcto de la parte quejosa. Asimismo, con los informes justificados rendidos por el jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Base Operativa Hermosillo, jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias, comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, jefe de Causas y Atención del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos de Querella, todas con sede en esta ciudad, así como el alegato ministerial remitido por la representación social de la adscripción. Asimismo, se da fe que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados. El juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria hacer constar que la parte quejosa ofertó diversos medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas tales pruebas documentales, mismas que serán tomadas en consideración en la presente resolución; asimismo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. Se da cuenta con el alegato ministerial remitido por duplicado formulado por la representación social adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos en mención y por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 1332/2023, promovido por ********************, contra el acto atribuido al juez de Control del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón correspondiente de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, dio a la representación social de la adscripción adscrita la intervención que legalmente le compete, quien formuló pedimento por duplicado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede. Ahora bien, se hace la acotación que el cinco de septiembre pasado, se proveyó el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual indicó que el nombre correcto de la parte quejosa es ********************-y no ********************-, motivo por el cual se giró oficio a las responsables para efecto de que tuvieran conocimiento de ello. Por tal motivo, las autoridades señaladas como responsables posteriormente rindieron el respectivo informe justificado con el nombre correcto de la parte quejosa. Asimismo, se concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un cuya ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa precisó como actos reclamados: La apertura de investigaciones y procesos penales emitidos en su contra, de los cuales aduce no haber sido notificado; La negativa de permitir el acceso a tales indagatorias emitidas en su contra, a efecto de estar en condición de conocer los datos de prueba que obren. La emisión y libramiento de la orden de detención, localización, presentación, comparecencia o aprehensión; y La ejecución de éstas. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Base Operativa Hermosillo, jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencias, comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, jefe de Causas y Atención del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos de Querella, todas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Sin que en el caso la parte quejosa ofertara prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En esa virtud, ante la negativa de los actos que reclama la parte peticionaria del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y IV de este fallo. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que concedió en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Consérvese el original del presente incidente de suspensión y transfiérase una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Informes justificados. Glósense a los autos los oficios remitidos por las siguientes autoridades responsables: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad. (of. 25224/2023) Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos de Querella, con sede en esta ciudad. (of. 25225/2023) Por medio de los cuales rinden sus respectivos informes justificados; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Alegato ministerial. Glósese en autos el alegato ministerial, firmado por la licenciada Alma Leticia Escalante González -agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano-, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Estado procesal de autos. Ahora bien, se hace la acotación que el cinco de septiembre pasado, se proveyó el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual indicó que el nombre correcto de su representado es ********************-y no ********************-, motivo por el cual se giró oficio a las responsables para efecto de que tuvieran conocimiento de ello. Al respecto, de las once autoridades señaladas como responsables, solamente nueve de ellas rindieron el informe justificado con el nombre correcto de la parte quejosa. Lo anterior es así, toda vez que, si bien en fechas siete y trece de septiembre del presente año las autoridades responsables agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella y el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ambas con sede en esta ciudad, remitieron sus informes justificados, lo cierto es, que lo hicieron manifestando un nombre incorrecto de la parte promovente. En esa tesitura, se les requirió de nueva cuenta a fin de que rindieran su informe justificado con la precisión apenas indicada, sin que obren a la fecha los aludidos no obstante de estar debidamente notificadas para ello, como se advierte de los acuses de recibo de los oficios reexpedidos ********************, mismos que obran agregados en autos. Sin embargo, a la presente data, aún se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable señalada en último lugar, toda vez que se cuenta con sello de recibo de diecinueve de septiembre pasado, motivo por el cual no es posible celebrar la audiencia constitucional. Se requiere a autoridades. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella y el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ambas con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan el respectivo informe justificado correcto a favor de la parte quejosa ********************. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para ésta data y en su lugar se señalan las once horas con dos minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; y mediante oficio a las responsables de mérito. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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