Giancarlo García Fraga y Otros.
Expediente 373/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Giancarlo García Fraga y Otros.
- Giancarlo García Fraga
- Giselle García Fraga
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado por este Juzgado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales procedentes.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO ********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo.********************ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de conservarse, ya que por una parte, se otorgó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, transfiérase el mismo.********************DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y ANEXOS Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa informa que el veinte de diciembre del año en curso, fue declarado sin materia el recurso de queja hecho valer por las autoridades responsables en contra del proveído por el cual se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, por lo que devuelve el cuaderno original del expediente en que se actúa, remitido para la substanciación de aludido medio de impugnación. ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 11354, al que se anexó el cuaderno original del incidente en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE LOS AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de seis de abril del año en curso, que hizo valer el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por el que se concedió la suspensión provisional solicitada. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE A QUEJA De conformidad con el artículo 101, párrafo segundo, de la ley de la materia, remítase de inmediato el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, en turno, así como el original del presente cuaderno de suspensión, e infórmese que es cierto el acto impugnado, toda vez que en proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. EXPEDIENTE PRINCIPAL CAUSÓ EJECUTORIA Ahora, como de la certificación secretarial que encabeza este proveído se advierte que mediante auto de dieciocho de octubre del año en curso sobreseyó fuera de audiencia, el juicio de amparo de donde derivan el incidente de suspensión en que se actúa promovido por Mónica Fraga Cisneros en representación de los menores de iniciales G.G.F. y G.G.F.; asimismo, que mediante resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se resolvió la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, que conozca del recurso interpuesto en autos, remítase copia certificada del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO, SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si a la fecha la menor quejosa de iniciales G.G.F., recibió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna correspondiente contra el Covid-19, ha transcurrido, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se entiende que la aquí menor quejosa ya cuenta con el esquema completo de la vacuna anti covid-19. En este acto se hace constar que en auto de veintiuno de junio del año en curso, se hizo efectivo el diverso apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por entendido que al diverso menor quejoso de iniciales G.G.F., ya le había sido aplicadas las dosis correspondientes del biológico anti covid-19; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes; en consecuencia se provee lo siguiente. El acto reclamado en el presente juicio lo constituye sustancialmente la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 5 a 12 años de edad, para que se le aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer, quien suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del promovente, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, con número de registro digital 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, que establece "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, como se indicó al inicio de esta actuación, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 5 a 12 años de edad, para que se le aplique la vacuna de las farmacéuticas Biontech- Pfizer. Ahora, dado que la parte quejosa no realizó manifestación alguna a la prevención formulada por acuerdos de treinta y uno de mayo y veintisiete de septiembre, ambos de dos mil veintidós, se hace efectivo el aperibimiento y se obtiene que los menores quejosos de iniciales G.G.F. y G.G.F.. ya recibieron el esquema completo de la vacuna contra el Covid-19; en ese sentido, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada a las autoridades responsable de aplicar la vacuna referida. Por tanto, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, de artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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