Giancarlo Gabilondo Rico
Expediente 133/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Giancarlo Gabilondo Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobresee de dieciséis de junio del año en curso, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. No se soslaya, que a la fecha no obren los acuses de recibo relativos a las autoridades foráneas, pues atendiendo el sentido del fallo, no afecta directamente los actos que de ellas se reclamaron. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro parte, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Giancarlo Gabilondo Rico, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, todos del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó esencialmente lo siguiente, en su respectivo ámbito de competencia: ".IV. LEY O ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Del H. Congreso del Estado, la aprobación y expedición del siguiente decreto: 1). - Decreto legislativo número 112-04 I P O., por el que se reforma el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del 29 de diciembre de 2004, el cual se lee como sigue: "(se transcribe)". 2).- Decreto Legislativo número 107-07 I P O., por el que se reforma el artículo 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, del 26 de diciembre de 2007, el cual se lee como sigue: "(se transcribe)". 3).- Decreto legislativo número 406-08 I P O., por el que se reforman los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XXIV, así como el 21 ambos de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 102, el 20 de diciembre de 2008, el cual entró en vigor el día siguiente de su publicación. Los cuales se leen como sigue: - - - "(se transcribe)". 4).- Decreto Legislativo número LXVI/APLIM/0906/2020 I P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el Ejercicio Fiscal dé 2020, publicado el día 30 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para entrar en vigor el día 1o de enero del 2021, por lo que hace a los artículos 11 inciso b), 17,18 y del capítulo de transitorios el Artículo Segundo, los cuales establecen el IMPUESTO PREDIAL y la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial (se transcribe). 5).- Decreto Legislativo número LXVI/APTW/0838/2020 l.P.O., por medio del cual se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción propuestas por el H. Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, publicado el 16 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para entrar en vigor el día 1o de enero del 2021, mismas que servirán como base para la determinación del valor catastral (se transcribe). - - - Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se reclama la abstención de vetar la expedición, promulgación y la orden de publicación de los decretos legislativos anteriormente transcritos, por los cuales se ordenó la publicación y observancia de los mismos. - - - Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama el refrendo de los decretos legislativos anteriormente transcritos, por los cuales se ordenó la publicación y observancia de los mismos. - - - Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación en el órgano Estatal de difusión respectivo, de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - - Del C. Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Director de Catastro, se reclama el cobro del impuesto Predial. Y, del Jefe de Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, se reclama el cobro del impuesto predial, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del congreso del Estado de Chihuahua.". SEGUNDO. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 133/2021-III-B y se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio: --- Del H. Congreso del Estado, la aprobación y expedición de los siguientes decretos: 1). - Decreto legislativo número 112-04 I P O., por el que se reforma el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del 29 de diciembre de 2004, el cual se lee como sigue: "(se transcribe)". 2).- Decreto Legislativo número 107-07 I P O., por el que se reforma el artículo 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, del 26 de diciembre de 2007, el cual se lee como sigue: "(se transcribe)". 3).- Decreto legislativo número 406-08 I P O., por el que se reforman los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XXIV, así como el 21 ambos de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 102, el 20 de diciembre de 2008, el cual entró en vigor el día siguiente de su publicación. Los cuales se leen como sigue: "(se transcribe)". 4).- Decreto Legislativo número LXVI/APLIM/0906/2020 I P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el Ejercicio Fiscal dé 2020, publicado el día 30 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para entrar en vigor el día 1o de enero del 2021, por lo que hace a los artículos 11 inciso b), 17,18 y del capítulo de transitorios el Artículo Segundo, los cuales establecen el IMPUESTO PREDIAL y la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial (se transcribe). 5).- Decreto Legislativo número LXVI/APTW/0838/2020 l.P.O., por medio del cual se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción propuestas por el H. Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, publicado el 16 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para entrar en vigor el día 1o de enero del 2021, mismas que servirán como base para la determinación del valor catastral (se transcribe). - - - Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se reclama la abstención de vetar la expedición, promulgación y la orden de publicación de los decretos legislativos anteriormente transcritos, por los cuales se ordenó la publicación y observancia de los mismos. - - - Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama el refrendo de los decretos legislativos anteriormente transcritos, por los cuales se ordenó la publicación y observancia de los mismos. - - - Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación en el órgano Estatal de difusión respectivo, de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - - Del C. Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Director de Catastro, se reclama el cobro del impuesto Predial. Y, del Jefe de Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, se reclama el cobro del impuesto predial, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del congreso del Estado de Chihuahua.". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En sus informes justificados el Gobernador del Estado de Chihuahua, y Director del Periódico Oficial del Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, manifestaron que son ciertos los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y publicación de los ordenamientos legales reclamados, no así los diversos consistentes en la aplicación de los mismos. Lo mismo debe decirse del Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, quien fue omiso en rendir su informe justificado; sin embrago, tal omisión acarrea la presunción de certeza de los actos a él reclamados en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Al respecto, se precisa que la aplicación de las normas impugnadas no se le atribuye a dicha autoridad. Mientras que, conforme al artículo 69, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la promulgación es facultad exclusiva del Gobernador del Estado, por lo tanto, el acto reclamado al Secretario General de Gobierno, consistente en la promulgación de los ordenamientos legales reclamados, es inexistente. Continuando, el Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, en su informe justificado, así como el Tesorero, Director de Catastro y Jefa del Departamento de Valuación adscrita a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, en el informe justificado que rindieron de forma conjunta, manifestaron que no es cierto el acto de aplicación que se les atribuye. En relación con el acto de aplicación, las tres últimas autoridades responsables mencionadas, argumentaron que efectivamente se recibió en forma espontanea el tres de febrero de dos mil veintiuno, el pago del impuesto predial por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, relativo al inmueble con clave catastral 01-128-149-038-000 por la cantidad de $4,436.00 (cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto, se precisa que del recibo de pago que exhibió el quejoso, se advierten efectivamente esos datos relevantes, a nombre del quejoso Giancarlo Gabilondo Rico. De manera que, se determina que el recibo expedido al quejoso de referencia sí corresponde al estado de cuenta a su nombre, por la clave catastral indicada y se refiere al pago del impuesto predial relativo al bien inmueble descrito, por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. No obstante, la aplicación de los preceptos reclamados, a través de la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, no les es imputable a las autoridades responsables Tesorero, Director de Catastro, ni Jefa del Departamento de Valuación adscrita a la Dirección de Catastro, pertenecientes al Municipio de Juárez, Chihuahua, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, ya que no existió, por parte de las autoridades responsables municipales mencionadas, requerimiento de pago alguno, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, no se les puede atribuir, pues de su contenido no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a un requerimiento de dichas autoridades en ese sentido, sino que el quejoso realizó los pagos descritos de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". En consecuencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables a que se refiere este considerando. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de los actos que le fueron reclamados, consistentes en la aprobación y expedición de los ordenamientos legales reclamados; el Gobernador del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de la promulgación y publicación de los mismos; mientras que, el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, fue omiso de ahí que se presuman ciertos los actos a él atribuidos; y el Director del Periódico Oficial del Estado, también convino en la existencia de los actos reclamados. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles3 , conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: 1. En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida. 2. Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y 3. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación del dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". SEXTO. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación de las normas impugnadas. Respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación de los Decretos tildados de inconstitucionales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, el quejoso reclama de las citadas autoridades, la publicación de los Decretos reclamados, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con la publicación de los Decretos reclamados, atribuida al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas". II. Improcedencia respecto del acto de aplicación. El quejoso promovió este juicio de amparo con motivo del que estimó, fue el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales que reclama y que prevén el mecanismo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el cual, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, específicamente en el capítulo que denominó: ".PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL JUICIO DE GARANTIAS ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO: La presente demanda se interpone en tiempo y forma, toda vez que se hace valer en contra de Decretos Legislativos que tiene el carácter "Heteroaplicativo". En ese orden de ideas, la demanda se presenta dentro del plazo de 15 días posteriores al primer acto de aplicación de las Leyes que se señalan como actos reclamados, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el primer pago de la obligación fiscal (realizada en fecha 27 de enero de 2021), inconstitucional no impide por considerarse actos consentidos, la interposición de la demanda de amparo, por lo que la interposición del juicio de garantías que se promueve por la presente demanda se hace con fundamento en lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo". Al respecto, exhibió copia en instrumental de actuaciones del certificado de ingresos identificado como 9E - 5341 - 2021, expedido por el Municipio de Juárez a través de la Tesorería Municipal, por la cantidad de $4,436.00 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por medio del cual se acredita el pago del impuesto predial por el ejercicio fiscal 2021. Tal documental, cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, pues se trata de un documento público, además, en el documento correspondiente, se aprecian los sellos oficiales del Gobierno Municipal de Juárez, Chihuahua. De manera que, en la especie quien ahora resuelve, considera que, en este asunto, no se trata del primer acto de aplicación de las normas que prevén el mecanismo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, previsto en los Decretos reclamados, como se verá: Se considera que el quejoso consintió la aplicación de tales normas, tal y como lo invoca el Congreso del Estado de Chihuahua; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Es decir, que el plazo genérico para demandar la acción constitucional y convencional, es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1) al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2) al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción del supuesto en que se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Ahora bien, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Tratándose de un juicio amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Aparo, se computará a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis consultable en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 232445, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada". Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, su promoción resulta extemporánea y por lo tanto, se entiende que el quejoso consintió tanto el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, como los ordenamientos legales reclamados que prevén dicha contribución, descritos en el considerando segundo. Lo anterior es así, porque de la información rendida por el Tesorero Municipal de esta Ciudad, se obtiene que el quejoso Giancarlo Gabilondo Rico correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, promovió dos juicios de amparo que fueron radicados en el Juzgado Cuarto de Distrito en esta Ciudad, bajo los números de expediente 25/2019 y 64/2020, en los cuales se dictó sentencia favorable al quejoso y en los que se encuentran integrados en su totalidad los documentos y/o notificaciones relativos. Que por lo que respecta al amparo 25/2019 el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, interpuso Recurso de Revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de enero de dos mil veinte. Y anexa al oficio informativo copia certificada de los certificados de ingresos 6T-740-2019 mediante el cual se efectuó el pago del impuesto predial respecto al ejercicio fiscal dos mil diecinueve y certificado de ingresos T6-3520-2020 en el que consta el pago del referido gravamen correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, del inmueble propiedad del quejoso. Información la anterior, que se constata del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que constituye para este Juzgado un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Materia y de la que se complementan que efectivamente en el juicio de amparo 64/2020; se concedió la protección constitucional al mismo quejoso (a la fecha no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo), se señaló como autoridades responsables al Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, todos del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, y se les reclamó como primer acto de aplicación, a saber: ".IV. LEY O ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - - - Del H. Congreso del Estado, la aprobación y expedición del siguiente decreto: - - - 1). - Decreto legislativo número 112-04 I P O., por el que se reforma el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del 29 de diciembre de 2004, el cual se lee como sigue: - - - "(se transcribe)". - - - 2). - Decreto Legislativo número 107-07 I P O., por el que se reforma el artículo 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, del 26 de diciembre de 2007, el cual se lee como sigue: - - "(se transcribe)". - - - 3). - Decreto legislativo número 406-08 I P O., por el que se reforman los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XXIV, así como el 21 ambos de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 102, el 20 de diciembre de 2008, el cual entró en vigor el día siguiente de su publicación. Los cuales se leen como sigue: - - - "(se transcribe)". - - - 4).- Decreto legislativo número LXVI/APLIM/0549/2019 I P O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal de 2020, publicado el día 28 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para entrar en vigor el día 1 de enero del 2020, por lo que hace a los artículos 11, inciso b), 17 y 18 y del capítulo de transitorios los artículos primero y tercero los cuales establecen el IMPUESTO PREDIAL y la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial. Disposiciones que se leen como sigue: - - - "(se transcribe)". - - - 5).- Decreto legislativo número LXVI/APTVV/0478/2019 I P O., por medio del cual se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcción propuestas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, publicado el día 18 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para entrar en vigor el día 1 de enero del 2020, mismas que servirán como base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Mismo que establece lo siguiente: - - - "(se transcribe)". - - - - Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se reclama la abstención de vetar la expedición, promulgación y la orden de publicación de los decretos legislativos anteriormente transcritos, por los cuales se ordenó la publicación y observancia de los mismos. - - - Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, se reclama el refrendo de los decretos legislativos anteriormente transcritos, por los cuales se ordenó la publicación y observancia de los mismos. - - - Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se reclama la publicación en el órgano Estatal de difusión respectivo, de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. - - - Del C. Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se reclama el cobro del impuesto predial, es decir, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, anteriormente transcritos. Del C. Director de Catastro, se reclama el cobro del impuesto Predial. Y, del Jefe de Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, se reclama el cobro del impuesto predial, la aplicación en mi perjuicio de los decretos legislativos del congreso del Estado de Chihuahua.". De lo anterior se concluye que, cuando menos desde el veintidós de enero de dos mil veinte, el aquí quejoso acreditó el primer acto de aplicación de las mencionadas normas y como solicitante del amparo 64/2020; del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la localidad, exhibió en autos el original del comprobante de pago de esa fecha consistente en certificado de ingresos expedido por la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, que contiene el pago del impuesto predial, del ejercicio fiscal de dos mil veinte, respecto del bien inmueble con cuenta catastral 01-128-149-038-0000, por lo que respecta al quejoso Giancarlo Gabilondo Rico, documental que a consideración de este Juzgador, acreditan que la parte quejosa resultó ser sujeto al pago de dicha contribución y, suficiente para demostrar el interés jurídico que tiene para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales; tan esa así que al pronunciar la sentencia correspondiente dicho juzgador le concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Sin embargo, a fin de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarles la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago, respecto de la cuenta número 01-128-149-038-0000. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagaron a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se erogó. Consecuentemente, procede conceder al quejoso Giancarlo Gabilondo Rico, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Chihuahua, que hizo consistir en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil veinte, expedidas mediante Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O. Determinación que se extiende a la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en concreto su artículo 11, inciso b), toda vez que dicha legislación se combatió como parte de un mismo sistema normativo, a fin de impugnar el impuesto predial cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada conforme las consideraciones que sostienen el presente fallo.". Por tanto, al resultar las normas reclamadas de naturaleza heteroaplicativa, es esa fecha la que debe tomarse como punto de partida para realizar el cómputo del término de los quince días con que contaba la parte quejosa para reclamar el sistema normativo del impuesto predial; de lo que resulta evidente que la promoción del juicio de amparo se realizó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV de la propia legislación; porque como ya se dijo, el plazo de los quince días para instaurar el juicio de amparo en contra de las leyes que reclama, comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquél en que se dio el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa; por lo que si la demanda de amparo, como ya se vio, fue presentada fuera del término de quince días contados a partir del primer acto de aplicación de la ley, ello conduce a estimar el consentimiento de la misma, por no haberse reclamado dentro del plazo que para ello contempla la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 445, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." De igual forma, en lo que interesa, la Tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada en la página 316, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio de Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "LEYES. CONDICIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO EL PRIMER ACTO DE APLICACION CORRE POR CUENTA DEL AGRAVIADO. Para los efectos del término y momento de impugnación de una ley a través del ejercicio de la acción constitucional de amparo, es posible distinguir entre leyes que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Esta doble distinción de ordenamientos legales, que la doctrina de la materia y la propia jurisprudencia de los Tribunales Judiciales de la Federación ha denominado de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de que, si una norma, por la naturaleza misma de los términos en que es concebida, no produce por sí sola un agravio, es lógico que contra ella sea improcedente el ejercicio de la acción de amparo pues, indudablemente, en esta hipótesis permanece ausente la causa próxima de la misma, en otras palabras, la presencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. De tal suerte que, una norma es autoaplicativa por contener en sí misma un principio de ejecución que se actualiza en el momento mismo en que entra en vigor, por tanto, es menester reafirmar la necesaria existencia de un agravio personal, actual y directo como presupuesto esencial de la procedencia del juicio de amparo. Esta concepción del acto regla se formula, entonces, no por cuanto corresponde a considerar la ley como acto de autoridad (que evidentemente lo es) sino única y exclusivamente en razón a los efectos, mediatos o inmediatos, cuyas disposiciones contienen. En ese orden de ideas, cuando una ley autoaplicativa no es combatida por los particulares durante el término de treinta días contados a partir de su vigencia, es menester ineludible para su posterior impugnación, la existencia material de un acto de aplicación que haga renacer el término de quince días a que se refiere el texto del artículo 21 de la Ley de Amparo. Llevados dichos conceptos al caso específico de las normas tributarias, una ley conservará su característica de autoaplicabilidad cuando, sin la necesidad de la existencia de un acto de autoridad posterior, la naturaleza de sus disposiciones obligue a los gobernados, cuya situación jurídica concreta coincide con la hipótesis normativa, a cumplir con las disposiciones en ella contenidas a través de un acto de ejecución propio, es decir, por medio del pago de un tributo. Distinto en el caso cuando, no obstante estar frente a una ley de naturaleza autoaplicativa, el primer acto de aplicación corre por cuenta de la autoridad administrativa encargada de vigilar su cumplimiento o, inclusive, se ejecuta por otro particular obligado a ello por la propia ley pues, ese solo hecho (requerimiento de un pago) viene a constituirse en el acto que actualiza el agravio personal y directo, dando a su vez con ello, inicio al término de quince días que consagra el contenido del artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo cual, resulta entonces irrelevante el hecho de que se pague o no la contribución exigida ya que, evidentemente, el solo requerimiento de pago viene a constituirse en el "primer acto de aplicación" necesario para su combate en amparo. En conclusión, no habiendo sido combatida una ley autoaplicativa durante el término de treinta días contados a partir de aquel en que se inicie su vigencia, el ejercicio de la acción constitucional de amparo ha de esperar hasta el momento en que exista un primer acto de aplicación de la misma; si esta ejecución corre a cargo del propio particular obligado por la ley, se requiere de la existencia material de dicho acto de aplicación para poder dar inicio al término de impugnación que al efecto consigna el artículo 21 de la Ley de amparo, siendo en el caso de una norma de naturaleza fiscal, el pago del tributo exigido, esto, por no existir aún requerimiento previo del pago." Ahora bien, no pasa inadvertido para este resolutor que en términos del artículo 79 fracción I, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además que la acción de amparo puede válidamente ejercitarse en contra del segundo o ulterior acto de aplicación, si éste se funda en leyes igualmente declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal del país; sin embargo, en el caso no se está en aptitud de aplicar la suplencia de la queja, pues para ello se requiere que el juicio de amparo resulte procedente, ya que la suplencia de la queja no tiene el alcance de hacer procedente un juicio de garantías que no lo es; además que en el caso a estudio, la parte quejosa no reclama los actos de aplicación por vicios propios, ni su impugnación en contra de cada uno de ellos se efectúa dentro de los quince días siguientes a que acontecieron, requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional, en contra del segundo o ulterior acto de aplicación. En otro aspecto, cabe precisar que no es obstáculo para que el quejoso en caso de considerar no cumplida la ejecutoria de amparo inicie el trámite de denuncia de repetición del acto reclamado, conforme al siguiente criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE TRAMITARLA AUN CUANDO NO HAYA PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DEL AMPARO. Una vez que ha causado estado la sentencia de amparo, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías debe admitir y tramitar la denuncia de repetición del acto reclamado promovida en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, aun cuando no exista pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria pues, en primer lugar, el precepto citado no confiere al juzgador una facultad potestativa para dar entrada a dicha denuncia, sino que establece una obligación de admitirla, seguir el procedimiento respectivo y pronunciarse sobre el particular y, además, de no hacerlo así, se dejaría al quejoso en estado de indefensión al privarlo del derecho de impugnar la repetición del acto reclamado, simple y sencillamente porque todavía no se ha verificado el trámite procesal de declarar que la ejecutoria ha quedado debidamente cumplimentada." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, tesis 2a. CXXII/98, página 442). Ahora, cuando es el propio quejoso quien autoliquida las contribuciones, cuyo apoyo legal hubiera sido declarado inconstitucional, y pretende no solamente la devolución del pago que impugnó como primer acto de aplicación, sino también la de otras cantidades enteradas posteriormente bajo este mecanismo de auxilio a la autoridad recaudadora, a través del cual se calculan y declaran voluntariamente el monto de las obligaciones tributarias. Conforme a lo ya señalado con anterioridad, también el momento en que se enteran las contribuciones, a través de la autoliquidación respectiva, tiene especial relevancia, pues sólo si el pago ocurre antes del dictado de la sentencia definitiva, será responsabilidad del juzgador primario exigir su devolución dentro de la fase oficiosa del procedimiento de ejecución de la sentencia protectora. En efecto, en coherencia con lo ya establecido, si la presentación de las autoliquidaciones y su correspondiente pago, las hizo el quejoso antes del pronunciamiento de la sentencia que le otorgó el amparo, la autoridad que conoció del juicio en primera instancia, a solicitud del quejoso, deberá incorporar al procedimiento oficioso de cumplimiento de sentencia, lo relativo a la devolución de las cantidades respectivas, adicionalmente a la que correspondería al primer acto de aplicación impugnado en la demanda, ya que tanto el entero de esta cantidad como la de aquéllas, se realizó en observancia de una ley que posteriormente fue declarada violatoria de garantías. En cambio, si las autoliquidaciones del mismo tributo las realizó el quejoso con posterioridad a la fecha en la que se le otorgó el amparo en sentencia firme, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas en esas condiciones, será la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa de la autoridad exactora, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá ser denunciado como repetición del acto reclamado, ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a la autoridad renuente a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver el pago indebido, lo que sólo quedará acreditado hasta que niegue, en forma ficta o expresa, la solicitud de devolución que le formule el quejoso, momento a partir del cual ya podrá considerarse que hubo una repetición que amerita ser sancionada. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.-La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, tesis 2a./J. 153/2007, página 367). En ese sentido resultan aplicables los criterios que a continuación se precisan. "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.- Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero". "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO.- La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado". Por lo tanto, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas en este considerando, lo procedente conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, es sobreseer en este asunto. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Giancarlo Gabilondo Rico, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Incidental
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de dieciséis de junio e dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio signado por el Tesorero Municipal, con residencia en esta localidad, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de fecha once de mayo del presente año, y remitiendo copia certificada de los certificados de ingresos 6T-740-2019 y T6-3520-2020, mediante el cual se efectuó el pago predial respecto al ejercicio fiscal dos mil diecinueve y dos mil veinte respectivamente, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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