Ghandi Montejo LLáven

Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Ghandi Montejo LLáven

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. Antecedentes. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "Del 1) Director Único del Grupo Médico de Tuxtla Sociedad Civil, con residencia en esta ciudad capital: a).- La negativa de brindar atención médica, hospitalaria y de medicamentos. Del 2) Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad capital: b).- La falta de medidas necesarias para contar con los medicamentos necesarios. Ampliación de demanda. Del 3) Prestador de Servicios para Proporcionar todo tipo de Medicamentos (Alexander Pérez Gómez), conforme al contrato de compraventa y suministro de medicamento genérico, intercambiable y suministro de gases medicinales celebrado con el Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad capital: c).- La falta de garantizar de forma oportuna, permanente y constante el suministro de medicamentos. En sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se resolvió lo siguiente: ".Segundo. Se concede la protección constitucional a Gandhi Montejo Llaven, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos indicados en el considerando séptimo." Medularmente, los efectos de la concesión otorgada a la parte quejosa, fueron para que Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios), tome todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano a la salud del quejoso, lo que se traduce en que garantice que el suministro de medicamentos al quejoso se haga de forma oportuna (foja 439). Análisis de constancias. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios), mediante ocurso de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, informó que ha suministrado de manera oportuna la entrega de medicamentos recetados al quejoso, los cuales se le proporcionan una vez que tenga la receta médica correspondiente; circunstancias que sustenta con el soporte de entrega de estos, desde el dos de junio al once de noviembre del año en curso (fojas 467- 473). Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, párrafo segundo, en razón de que fue expedida por autoridad responsable en ejercicio de su función. Decisión. En consecuencia, entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Vista. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que en su caso, hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Transferencia. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas, y el presente acuerdo; así como, los demás documentos que se consideren pertinentes, respecto a este último, deberá hacerse constar la justificación de su conservación, en términos del penúltimo párrafo del citado artículo 18 del acuerdo plenario. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Finalmente, este órgano jurisdiccional no se pronuncia respecto a la conservación de los cuadernos incidentales, en razón de que no se solicitó la suspensión del acto reclamado, y por consiguiente, no se ordenó su apertura.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por Alexander Pérez Gómez, en su carácter de Prestador de Servicios, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintisiete de octubre del año en curso, y a la sentencia constitucional emitida en este juicio, informa el cumplimiento dado a esta última; y anexa las constancias con las cuales acredita lo anterior. Vista de cumplimiento. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y córrase traslado con copia simple de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional. Instrucción. Con la indicación para el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que al momento de realizar la diligencia de notificación respectiva, deberá de hacer constar la entrega de la documental referida en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Por otra parte, se apercibe a la parte quejosa que, de no desahogar la vista otorgada en el plazo concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades responsables.---LA PRESENTE NOTIFICACION SE REALIZA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCION IV, DE LA DELY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA; ES DECIR, POR VÍA ELECTRÓNICA, PUES ASÍ LO SOLICITÓ MEDIANTE ESCRITO RECIBIDO EN LA OFICIALÍA DE PARTES EL 29 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Y POR ASÍ HABERSE ACORDADO EN AUTO DE 30 DEL MISMO MES Y AÑO. SE CORRE TRASLADO AL QUEJOSO CON LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INTEGRADAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, AL CUAL YA TIENE ACCESO A TRAVES DEL USUARIO QUE PROPORCIONÓ PARA TALES EFECTOS.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes. Ejecutoria. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Anotaciones. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno; asimismo, comuníquese lo anterior, a las autoridades responsables. Cumplimiento de sentencia. En consecuencia, requiérase a Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios), con residencia en esta ciudad, para que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del plazo improrrogable de tres días cumpla con la sentencia constitucional, remitiendo las constancias que lo acrediten. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $8,962.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Incidente de inejecución. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Gandhi Montejo Llaven demandó la protección constitucional contra las autoridades y actos que más adelante se describen. SEGUNDO. Mediante acuerdos de veintiuno de septiembre de dos mil veinte (foja 11) y diez de mayo de dos mil veintiuno (foja 375), se admitió a trámite la demanda de amparo y su ampliación; se ordenó emplazar a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró el dos de julio de la presente anualidad (foja 425), en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer la presente controversia, por disponerlo los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]; 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo [LA], y el Acuerdo General número 16/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se tratan de actos de autoridades con residencia en este circuito. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama: Demanda inicial. Del 1) Director Único del Grupo Médico de Tuxtla Sociedad Civil, con residencia en esta ciudad capital: a).- La negativa de brindar atención médica, hospitalaria y de medicamentos. Del 2) Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad capital: b).- La falta de medidas necesarias para contar con los medicamentos necesarios. Ampliación de demanda. Del 3) Prestador de Servicios para Proporcionar todo tipo de Medicamentos (Alexander Pérez Gómez), conforme al contrato de compraventa y suministro de medicamento genérico, intercambiable y suministro de gases medicinales celebrado con el Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad capital: c).- La falta de garantizar de forma oportuna, permanente y constante el suministro de medicamentos. TERCERO. El 1) Director Único del Grupo Médico de Tuxtla Sociedad Civil (foja 176) negó el acto reclamado consistente en la a) negativa de brindar atención médica, hospitalaria y de medicamentos, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Además, del informe de atención médica de siete de octubre de dos mil veinte (foja 181) que exhibió la citada autoridad responsable, se advierte que el quejoso ingresó a hospitalización el veintinueve de agosto de dos mil veinte (fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de septiembre de dos mil veinte-) por presentar neumonía atípica, probable dengue y positivo para VIH de varios años de evolución con abandono del tratamiento y sospecha de Covid-19, con un egreso del diecisiete de septiembre de dos mil veinte y se le fijó tratamiento por veintiún días. Asimismo, se precisó que en el expediente clínico del quejoso, con fecha ocho de abril de dos mil diecinueve asistió a consulta externa por epidemiología y se le expidió una licencia por siete días por presentar herpes zoster en cara. De lo anterior se obtiene que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, al quejoso se le han proporcionado los servicios médicos y hospitalarios por parte del Director Único del Grupo Médico de Tuxtla Sociedad Civil; además, este último, no se encuentra obligado a proporcionar los medicamentos que los médicos adscritos recetan a los derechohabientes, de conformidad con las cláusulas décima segunda, fracción XXII y décima novena del contrato de prestación de servicios profesionales de medicina de consulta externa de primer nivel, de consulta externa de especialidades médicas, cirugía y atención del paciente hospitalizado que celebrado con el Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (fojas 218 a 238), por ende, se tiene por inexistente el acto reclamado a dicha autoridad. Por su parte, El 2) Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (foja 171), negó haber incurrido en falta de medidas necesarias para que al quejoso le sean proporcionados los medicamentos necesarios para tratar su padecimiento. Asimismo, precisó que dentro de sus atribuciones no se encuentra la de suministrar directamente a los sujetos afiliados al fideicomiso los medicamentos requeridos. Al respecto, como de la copia certificada del contrato de compraventa y suministro de medicamento genérico, intercambiable y suministro de gases medicinales, celebrado entre el Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas y Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios) de veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 277 a la 293), y sus respectivos anexos de medicamentos contratados (fojas 294 a la 354), específicamente de la cláusula quinta (foja 284), se advierte que corresponde a este último proporcionar los medicamentos al personal uniformado que se encuentre afiliado al fideicomiso, entonces, se tiene acreditado que el deber legal de suministrar al quejoso los medicamentos necesarios para tratar su padecimiento, no corresponde al Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, ante lo cual, también se considera inexistente el acto que se le atribuye. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades antes señaladas, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. El 3) Prestador de Servicios para Proporcionar todo tipo de Medicamentos (Alexander Pérez Gómez), al rendir informe justificado (foja 386), negó la existencia del acto que se le reclama, con base en el argumento de que ha proporcionado al quejoso los medicamentos solicitados. Sin embargo, como el acto reclamado no se ciñe a la falta de suministro de los medicamentos, sino a que éstos no se entregan de forma oportuna, permanente y constante, se debe considerar cierto el acto reclamado. Adicionalmente, el estudio de si la autoridad responsable ha vulnerado o no el derecho a la salud del quejoso, derivado de que los medicamentos respectivos no se proporcionan de manera oportuna, permanente y constante, implica el análisis de las pruebas que constan en autos y, por tanto, es un aspecto que corresponde examinar al estudiar el fondo de la litis planteada. QUINTO. El 3) Prestador de Servicios para Proporcionar todo tipo de Medicamentos (Alexander Pérez Gómez), al rendir informe justificado (foja 386), afirmó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con motivo de que al solicitante del amparo ya le fueron entregados los medicamentos que solicitó y, por ende, han cesado los efectos de los actos reclamados. La causal de improcedencia invocada es infundada por dos razones. La primera consiste en que, como se puntualizó en el considerando que antecede, a dicha autoridad no se le reclamó la falta de entrega de medicamentos, sino que éstos no se han entregado de forma oportuna, permanente y constante a la parte quejosa, por lo que la circunstancia de que los medicamentos en cuestión ya se hubieren suministrado al quejoso ciertamente no implica que hayan cesado los efectos del acto reclamado. La segunda estriba en que cuando se reclama violaciones al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos derivado de omisiones en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado precepto constitucional y se concede la suspensión de plano para que la autoridades responsables cumplan con tales obligaciones, en el caso, proporcionar los medicamentos requeridos, legalmente no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que durante la tramitación del juicio de amparo se hayan otorgado los medicamentos en cuestión. Ello, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión de plano decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que, al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de las autoridades el continuar o no brindando el servicio médico solicitado (suministro oportuno de medicamentos). Es aplicable el criterio 2o.16 L (10a.) sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014025, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia Común-Laboral, página 2660, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que, al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad". En otro aspecto, no pasa inadvertido que Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios), tiene la calidad de particular, sin embargo, desde el momento que celebró el contrato de compraventa y suministro de medicamento genérico, intercambiable y suministro de gases medicinales con el Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se encuentra vinculado a las obligaciones que le derivan de dicho convenio, lo que se traduce en que realiza actos equivalentes a los de autoridad (suministrar medicamentos) que son susceptibles de afectar derechos, particularmente el derecho a la salud de los sujetos afiliados al Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por lo cual, conforme al artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se considera tiene calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo. No habiendo diversa causal de improcedencia procede estudiar el fondo del asunto. SEXTO. Los conceptos de violación son fundados. Preámbulo. Es pertinente destacar que no existe controversia acerca de que el quejoso Gandhi Montejo Llaven se encuentra afiliado al Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, según copia certificada de la credencial de afiliación 00178 del quejoso (foja 47); ni de que, conforme al contrato de compraventa y suministro de medicamento genérico, intercambiable y suministro de gases medicinales celebrado entre el Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas de veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 277 a la 293), específicamente de la cláusula quinta (foja 284), Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios) tiene la obligación de proporcionar los medicamentos al personal que se encuentre afiliado al fideicomiso indicado. Marco jurídico del derecho a la salud. Igualmente, resulta importante precisar aspectos jurídicos de nivel nacional e internacional con relación al derecho a la salud. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, ya que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Respecto a este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. La protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que, resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Lo anterior tiene sustenta la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.) editada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2019358, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia Constitucional, página 486, de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL". El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de citado derecho (salud), y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Verbigracia, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Al particular se invoca la tesis aislada P. XVI/2011 editada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161333, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia Constitucional, página 29, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. En ese orden, el citado Pleno del Alto Tribunal, en la tesis aislada 1a. LXV/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169316, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materias Constitucional-Administrativa, página 457, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Lo anterior, afirmó la Superioridad, es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho y, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Cabe señalar, que el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, el derecho fundamental a la salud es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. La fuerza normativa de la Constitución no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. Esto es, la actuación de los hospitales privados y de su personal médico tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes, lo cual reviste un interés de carácter público, por lo que excede el mero interés de los particulares, al ser una meta inherente del Estado Mexicano, de manera que los profesionales de la salud pueden tener un deber concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero también uno que va más allá de lo pactado o convenido por las partes, consistente en observar los estándares correspondientes a su profesión; de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud en los hospitales privados no se limitan a las disposiciones de derecho privado. Ilustra lo anterior, los siguientes criterios: Tesis 1a. XXIII/2013 (10a.) pronunciada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2002501, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 626, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano. Tesis 1a. CXXII/2015 (10a.) editada por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2008751, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materias Constitucional-Administrativa, página 1117, que dice: "SERVICIOS DE SALUD. LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL MÉDICO DERIVADAS DE SU PRESTACIÓN EN LOS HOSPITALES PRIVADOS NO SE LIMITAN A LAS DISPOSICIONES DE DERECHO PRIVADO. La actuación de los hospitales privados y de su personal médico tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes, lo cual reviste un interés de carácter público, por lo que excede el mero interés de los particulares, al ser una meta inherente del Estado Mexicano, de manera que los profesionales de la salud pueden tener un deber concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero también uno que va más allá de lo pactado o convenido por las partes, consistente en observar los estándares correspondientes a su profesión; de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud en los hospitales privados no se limitan a las disposiciones de derecho privado". Ahora, la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa tesis de jurisprudencia 45 localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Derecho a la salud, Materia Administrativa, página 885, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD", estableció que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: "El disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas". De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una forma de garantizar el derecho a la salud es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 49, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, registro 1001558, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Segunda Sección-Derecho a la salud, Materias Constitucional-Administrativa, página 893, intitulada: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL", ha determinado que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, presta los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos: a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) Otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí, que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Al particular se invoca la tesis aislada P. LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165826, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Constitucional, página 6, que es como sigue: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Asimismo, el citado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 2607 y P. XIX/2000 consultables respectivamente, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registros 903280 y 192160, Tomo I, Const., P.R. SCJN y Tomo XI, Materia Constitucional, páginas 1812 y 112, intituladas: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.", ha señalado que la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, específicamente, en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, prevé que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico, pues en función de la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentran la autoridad aquí responsable, deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que lo avale. Apoya lo anterior, la tesis aislada IX.1o.1 CS (10a.) pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010052, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Materia Constitucional, página 2014, que es como sigue: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD. La protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar; y que está tutelado por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico, como se advierte del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XIX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 112, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.". Por tanto, atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que lo avale." Además, como lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio 2a. CVIII/2014 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007938, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, página 1192, de rubro: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO"., el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Finalmente, de acuerdo con las consideraciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 476/2014, del que derivó el criterio identificado en la tesis 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010420, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, página 969, intitulada: DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN, cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes que, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, pueden ser las siguientes: i) Establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) Las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) Cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) Tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) Otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación son fundados. Efectivamente, del material probatorio aportado tanto por la parte quejosa como por la autoridad responsable, quedó demostrado que aquélla es beneficiaria del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, según copia certificada de la credencial de afiliación 00178 del quejoso (foja 47); asimismo, que la autoridad responsable tiene la obligación de proporcionar los medicamentos al personal que se encuentre afiliado al fideicomiso indicado, deber legal que necesariamente debe cumplirse de forma oportuna, en razón de que, es lógico que la dilación en el suministro de un medicamento puede producir afectación a la salud del quejoso. No obstante, por las razones que enseguida se expondrán, se considera que Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios) no ha entregado oportunamente los medicamentos requeridos por el quejoso. Se afirma lo anterior, ya que conforme a la copia de la receta exhibida por el quejoso (foja 10), la cual no fue objetada por la autoridad responsable, el veintinueve de agosto de dos mil veinte, se le recetaron los medicamentos de nombre Movitren, Darunavir y Ritonavir, los cuales, le fueron entregados hasta el uno de octubre de dos mil veinte (foja 390), lo que se traduce en que transcurrió más de un mes, entre la fecha en que se recetaron los medicamentos y su fecha de entrega. Del mismo modo, de la copia de la receta médica exhibida por la propia autoridad responsable (fojas 391 y 392) se aprecia que los medicamentos recetados el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se entregaron al quejoso hasta el treinta del mismo mes y año, lo que se traduce en que transcurrieron más de tres semanas, entre la fecha en que se recetaron los medicamentos y su fecha de entrega. Incluso del recibo de veintiuno de noviembre de dos mil veinte (foja 399), exhibido por la propia autoridad responsable, se deduce que al titular de la acción constitucional se le reembolsaron los gastos de medicamentos que ha sufragado, lo que implica que el solicitante del amparo se ha visto en la necesidad de comprar los medicamentos que se le han recetado. Todo lo cual, conduce a determinar que la autoridad responsable de forma injustificadamente ha dilatado la entrega de medicamentos al quejoso. No se soslaya que la responsable también exhibió copias de la receta de treinta de marzo de dos mil veintiuno (fojas 393 y 394), en la que aparece el nombre, la firma del quejoso y la fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, pero en ella no aparece plasmada alguna expresión que arroje noticia acerca de que el quejoso hubiese recibido los medicamentos ahí indicados, por lo cual, no resulta útil para acreditar que en la data mencionada se hubieren entregado los medicamentos respectivos al quejoso, de ahí que no beneficie a la responsable. Tampoco beneficia a la responsable la receta médica de cinco de abril de dos mil veintiuno (fojas 395 y 396), pues aunque aparece la firma del quejoso sobre la leyenda "nombre y firma de recibido", en cambio no consta la fecha en que ello aconteció, es decir, la data en que se proporcionaron los medicamentos relacionados en ese documento, lo cual resultaba de especial relevancia, pues la conducta que se atribuye a la responsable no es la omisión de entregar medicamentos, sino que ese suministró se hace de forma tardía. Por identidad de razones, tampoco beneficia a la responsable la receta médica de cuatro de mayo de dos mil veintiuno (fojas 397 y 398), pues aunque aparece la firma del quejoso sobre la leyenda "recibí medicamentos", en cambio no consta la fecha en que ello aconteció, es decir, la data en que se proporcionaron los medicamentos relacionados en ese documento, de modo que, no resulta eficaz para establecer si ese suministro fue o no oportuno, lo cual, es el hecho controvertido en este juicio. En ese escenario probatorio, se concluye que a la parte quejosa se le ha violado su derecho de salud integral, al no proporcionársele de manera oportuna los medicamentos que le son recetados para su enfermedad, lo que de suyo implica que la responsable no ha tomado las medidas necesarias para contar con los medicamentos necesarios y garantizar de forma oportuna su suministro. Es pertinente insistir en que el derecho a la salud entraña deberes complejos que, comprenden a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales, pero también a los particulares, pues, el derecho fundamental a la salud es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares, ya que la fuerza normativa de la Constitución no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. La actuación de los entes privados tiene repercusiones en la protección de la salud de los gobernados, lo cual reviste un interés de carácter público, por lo que excede el mero interés de los particulares, al ser una meta inherente del Estado Mexicano, de manera que los profesionales de la salud pueden tener un deber concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero también uno que va más allá de lo pactado o convenido por las partes, consistente en observar los estándares correspondientes a su profesión; de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud no se limitan a las disposiciones de derecho privado. Ilustra lo anterior, la citada tesis 1a. XXIII/2013 (10a.) pronunciada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2002501, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 626, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. Igualmente, la tesis 1a. CXXII/2015 (10a.) editada por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2008751, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materias Constitucional-Administrativa, página 1117, intitulado: "SERVICIOS DE SALUD. LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL MÉDICO DERIVADAS DE SU PRESTACIÓN EN LOS HOSPITALES PRIVADOS NO SE LIMITAN A LAS DISPOSICIONES DE DERECHO PRIVADO. Finalmente, cabe reiterar, como lo indicado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 2607 y P. XIX/2000, intituladas: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.", por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. Por las razones apuntadas, se concede la protección constitucional. SÉPTIMO. Los efectos del amparo son para que Alexander Pérez Gómez (prestador de servicios), tome todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano a la salud del quejoso, lo que se traduce en que garantice que el suministro de medicamentos al quejoso se haga de forma oportuna. RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Gandhi Montejo Llaven, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas. Segundo. Se concede la protección constitucional a Gandhi Montejo Llaven, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos indicados en el considerando séptimo.Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Ana Luisa Wong López, secretaria de juzgado, quien da fe y además certifica que esta sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes, hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Certificó y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. (Se anexan evidencias criptográficas).

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