GEYLER LUIS MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- GEYLER LUIS MARTÍNEZ y Otros.
- Geyler Luis Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte, en lo que interesa, que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por un lado acusa recibo de todas las actuaciones del juicio de amparo 1009/2022 que fueron remitidas, entre las que obran la boleta de turno, la demanda de amparo con firma autógrafa de Geyler Luis Martínez, Ricardo Díaz Cristóbal y Luis Ramón Castellanos Henestrosa y diez ejemplares de ese libelo y, por otro, aceptó la competencia legal, por razón de territorio, que este Juzgado Federal declinó a su favor para conocer del escrito inicial, por lo que se avocó al conocimiento de tal asunto registrándolo con el progresivo 705/2022 y admitió a trámite ese medio extraordinario de defensa. Al respecto, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de las determinaciones anteriores. En otro punto, toda vez que el referido órgano de control constitucional aceptó la competencia legal declinada, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que Geyler Luis Martínez, Ricardo Díaz Cristóbal y Luis Ramón Castellanos Henestrosa presentaron y se avocó a su conocimiento, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, que se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo presentada por Geyler Luis Martínez, Ricardo Díaz Cristóbal y Luis Ramón Castellanos Henestrosa y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del escrito inicial y se avocó a su conocimiento, por lo que acorde con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo de observancia general, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito inicial señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1009/2022. Incompetencia. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Geyler Luis Martínez, Ricardo Díaz Cristóbal y Luis Ramón Castellanos Henestrosa presentaron da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: ? Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, ? Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en esa fase y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que del análisis del escrito inicial se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que los quejosos impugna los actos siguientes: Del Fiscal General de Oaxaca, del Vis fiscal Regional del Istmo de la Fiscalía Local de Juchitán, Oaxaca, y de los Jueces de Control en Materia Penal, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, reclaman: ? La privación de su libertad personal en los separos del Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, Oaxaca. ? La integración de una carpeta de investigación en su contra. ? El ejercicio de la acción penal en su contra. ? La instrucción de una causa penal en su contra. ? Las órdenes de aprehensión, de detención y de arraigo dictadas en su contra, así como la ejecución de esos mandamientos. Ahora, es necesario destacar que el lugar en donde deben realizarse los actos ejecutivos de los mandamientos reclamados a las autoridades que señalan como responsables constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia legal, por razón de territorio, del órgano de control constitucional que debe conocer y resolver el presente asunto. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. La característica de esa regla es que con independencia del lugar en el que resida la autoridad emisora del acto reclamado, lo que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito es que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En otro aspecto, debe tenerse en cuenta que las órdenes privativas de la libertad que los justiciables reclaman, así como el mandamiento de captura y la instrucción de una causa penal en contra de los disconformes exigen que se realicen acciones que producen un cambio material, porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de esos mandamientos, sino que comprende los alcances materiales que tuvieran o llegaran a producir en el mundo fáctico o real. En este punto, se tiene en cuenta que los disidentes señalaron en su escrito inicial que se encuentran privados de la libertad personal en los separos del Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, Oaxaca, lugar en el que se ejecutan los mandamientos privativos de la libertad ambulatoria de los disconformes y de captura que combaten y es en donde se encuentran sometidos al proceso penal que instruye en su contra el Juez de Control en Materia Penal, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por lo que la localidad en la que los disidentes se encuentran privados de la libertad personal es un factor que se considera para dictar esta determinación, porque los mandamientos y la instrumentación del proceso penal impugnados no producen por sí un cambio material en el mundo fáctico, sino que requieren ejecución. En esa línea, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció los actos reclamados al Fiscal General de Oaxaca, al Vis fiscal Regional del Istmo de la Fiscalía Local de Juchitán, Oaxaca, y a los Jueces de Control en Materia Penal, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, consistentes en: a) la privación de la libertad personal de los quejosos en los separos del Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, Oaxaca; b) la integración de una carpeta de investigación en contra de los justiciables; c) el ejercicio de la acción penal en contra de los inconformes; d) la instrucción de una causa penal en contra de los agraviados; y, e) las órdenes de aprehensión, de detención y de arraigo dictadas en contra de los disconformes tienen ejecución material en Tehuantepec, Oaxaca, porque en ese lugar está el centro penitenciario en donde los disconformes están privados de su libertad ambulatoria actualmente. Por tanto, en el caso se actualiza la primera regla de competencia prevista por el ordinal 37 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados tienen ejecución material en Tehuantepec, Oaxaca, porque en ese lugar está la penitenciaria en donde los quejosos están privados de su libertad personal en la actualidad. Luego, una vez que se ha arribado a la conclusión de que los actos reclamados tienen ejecución, entonces no cabe duda alguna que en la especie se actualiza el contenido del dispositivo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado [.]". Por tanto, si en el caso se patentiza la primera regla de competencia contenida en ese tramo normativo es inconcuso que con independencia del sitio en el que residan las autoridades emisoras de tales actos, lo que define a favor de qué órgano de control constitucional se surte ese presupuesto procesal es el lugar en donde deben realizarse o se están realizando los actos ejecutivos que materializaran o materializan los efectos de las órdenes privativas de la libertad de los quejosos y de la instrucción de la causa penal en contra de los justiciables, porque con la emisión de las órdenes reclamadas e instrumentación del proceso penal respectivo se tienen que realizar acciones que producirán un cambio material, porque sus efectos conllevan a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido de tales mandatos o a la existencia del proceso penal por sí, sino que también comprende los alcances materiales que tienen, tuvieran o llegaran a producir en el mundo fáctico o real. Precisado lo anterior, enseguida resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe conocer y resolver este asunto y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgado Federal. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Santo Domingo Tehuantepec. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -Santo Domingo Tehuantepec- en donde tienen y tendrán ejecución los actos reclamados al Fiscal General de Oaxaca, al Vis fiscal Regional del Istmo de la Fiscalía Local de Juchitán, Oaxaca, y a los Jueces de Control en Materia Penal, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, consistentes en: a) la privación de la libertad personal de los quejosos en los separos del Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, Oaxaca; b) la integración de una carpeta de investigación en contra de los justiciables; c) el ejercicio de la acción penal en contra de los inconformes; d) la instrucción de una causa penal en contra de los agraviados; y, e) las órdenes de aprehensión, de detención y de arraigo dictadas en contra de los disconformes tienen ejecución material en Tehuantepec, Oaxaca, porque en ese lugar está el centro penitenciario en donde los disconformes están privados de su libertad ambulatoria actualmente, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, porque con independencia del sitio donde tienen sus domicilios los órganos estatales que emitieron los mandamientos impugnados y de la autoridad judicial que instruye la causa penal en contra de los quejosos, ese presupuesto procesal se surte a favor del Juez de Distrito en esta entidad federativa, con asiento en Salina Cruz, en turno, porque este último ejerce jurisdicción en el distrito judicial federal que comprende el municipio donde se ejecutarán los actos reclamados, ya que ahí se materializarán los efectos de estos últimos. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" los autos originales del juicio de amparo 1009/2022, en los que obran la boleta de turno, la demanda de amparo con firma autógrafa de Geyler Luis Martínez, Ricardo Díaz Cristóbal y Luis Ramón Castellanos Henestrosa, con diez ejemplares de tal escrito, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copias certificadas de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, para que una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito que acepte la competencia declinada realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los inconformes el que indican en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que designa con esa calidad, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitaron expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Se tiene a los inconformes señalando el números de teléfono que proporcionan, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)
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