Geydi Lucero Sabido Concha

Expediente 1134/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1134/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Yucatan
  • Geydi Lucero Sabido Concha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI.- Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, por este Juzgado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    MESA VI.- Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el alegato ministerial 481/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional relativa, teniéndose por hechas sus manifestaciones en el sentido de que se niegue o sobresea el presente juicio. Por otra parte, respecto a la solicitud de la oficiante respecto a que se le expidan copias certificadas de la resolución que se pronuncie en el presente asunto; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según establece el numeral 2, expídasele las copias certificadas en el momento oportuno, sin contribución alguna para este Juzgado, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. De igual manera, se le informa que la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringida; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado para la tramitación y recepción de las copias solicitadas, deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). De igual forma, agréguese el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexos. Del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la responsable para justificación de su informe de cuenta, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: INTRODUCCIÓN La parte quejosa Geydi Lucero Sabido Concha, reclama básicamente la omisión acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, ya que por audiencia veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se reservó el derecho de acordar sobre las mismas. HECHOS De las constancias remitidas por la autoridad responsable y sus anexos, las cuales tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: - Acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable acordó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas de las que se reservó a acordar en el juicio laboral de origen 940/2018. - Constancias de notificación personal a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal de cinco de agosto de dos mil veintiuno. CONTEXTO LEGAL El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que ha cesado los efectos del acto omisivo reclamado. En efecto, como quedó precisado, la parte quejosa se duele de que a la fecha de la promoción de su demanda de amparo, la autoridad responsable no se había pronunciado respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 940/2018, ya que como refirió la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, por audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se reservó el derecho de acordar sobre las mismas. Ahora, de las constancias antes relacionadas, se cuenta con el acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable en el que acordó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas de las que se reservó a acordar en audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; y la constancia de notificación personal a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal de cinco de agosto de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la demanda de amparo); en tal virtud, resulta incuestionable que los actos omisivos que se le reclaman han cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto del acto reclamado, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las doce horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto déjese sin efectos la misma. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del rubro y tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.-..." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO.- MESA VI.- Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el alegato ministerial 481/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional relativa, teniéndose por hechas sus manifestaciones en el sentido de que se niegue o sobresea el presente juicio. Por otra parte, respecto a la solicitud de la oficiante respecto a que se le expidan copias certificadas de la resolución que se pronuncie en el presente asunto; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según establece el numeral 2, expídasele las copias certificadas en el momento oportuno, sin contribución alguna para este Juzgado, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. De igual manera, se le informa que la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringida; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado para la tramitación y recepción de las copias solicitadas, deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). De igual forma, agréguese el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexos. Del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la responsable para justificación de su informe de cuenta, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: INTRODUCCIÓN La parte quejosa Geydi Lucero Sabido Concha, reclama básicamente la omisión acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, ya que por audiencia veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se reservó el derecho de acordar sobre las mismas. HECHOS De las constancias remitidas por la autoridad responsable y sus anexos, las cuales tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: - Acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable acordó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas de las que se reservó a acordar en el juicio laboral de origen 940/2018. - Constancias de notificación personal a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal de cinco de agosto de dos mil veintiuno. CONTEXTO LEGAL El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que ha cesado los efectos del acto omisivo reclamado. En efecto, como quedó precisado, la parte quejosa se duele de que a la fecha de la promoción de su demanda de amparo, la autoridad responsable no se había pronunciado respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 940/2018, ya que como refirió la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, por audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se reservó el derecho de acordar sobre las mismas. Ahora, de las constancias antes relacionadas, se cuenta con el acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable en el que acordó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas de las que se reservó a acordar en audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; y la constancia de notificación personal a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal de cinco de agosto de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la demanda de amparo); en tal virtud, resulta incuestionable que los actos omisivos que se le reclaman han cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto del acto reclamado, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las doce horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto déjese sin efectos la misma. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del rubro y tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.-..." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    MESA VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a fin de que la autoridad responsable rinda su informe justificado, en virtud de que gozó de su primer periodo vacacional la segunda quincena de julio, y fue notificada de su requerimiento el uno de julio del año en curso; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para que tenga verificativo la misma las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIMEBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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