Getsemani Rodríguez Cruz

Expediente 504/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
504/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
08/02/2016

Partes del expediente

  • Getsemani Rodríguez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, procedo a declarar abierta la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, sin la comparecencia de las partes. Acto Seguido, se tiene a la vista el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 504/2015, del que se advierte copia de la demanda, acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, en la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; informes previos de las autoridades responsables; resolución interlocutoria de veintiuno de mayo de dos mil quince. Asimismo, se da cuenta con las constancias que integran el presente cuaderno, entre las que se encuentran: escrito registrado con el folio 11559, por el que, el autorizado del quejoso promueve incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional; auto de doce de mayo de dos mil quince, en el que se admitió dicho incidente y se requirió informe a las autoridades responsables; auto de catorce de mayo de dos mil quince, en el que la parte promovente realizó diversas manifestaciones, proveídos de once de junio y uno de diciembre de dos mil quince, en el que se tuvo por recibido los informes de las autoridades responsables, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, acuerdo de veintisiete de enero del presente año, por el que, se señaló fecha para la celebración de la presente audiencia de alegatos. Acto continuo, el Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias de autos para los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se abre el periodo de pruebas y el Secretario certifica: que la quejosa ofreció la prueba presuncional, instrumental de actuaciones, los informes rendidos por los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a los Sectores Garita, Coloso y San Luis Acatlán, así como el informe rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, y la inspección judicial desahogada el dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Por su parte, la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, anexó a su informe diversas documentales, las cuales se encuentran agregadas en autos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, las pruebas antes indicadas, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la interlocutoria que se dicte. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos, la Secretaria certifica: que la parte quejosa los formuló los cuales serán tomados en consideración. A lo anterior el Juez acuerda: se tiene realizada la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Cerrado el periodo de alegatos, en este acto se da por terminada la presente audiencia y, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos; para resolver los autos respecto del incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 504/2015, promovido por Getsemani Rodríguez Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero y, otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el cuatro de mayo de dos mil quince, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Getsemani Rodríguez Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A.- ORDENADORA. I. EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO. B.- ORDENADORA. I. EL COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL. IV.- ACTOS RECLAMDOS. A.- DE LAS ORDENADORAS RECLAMO. A.1 LA ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.2.- LA ILEGAL ORDEN DE PRESENTACIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.3.- LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.4.- LA ILEGAL ORDEN DE ARRAIGO DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.5.- RECLAMO TAMBIEN LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS DICTADOS POR TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABLES EN MI CONTRA. EN LA QUE SE PRETENDA PRIVARME DE LA LIBERTAD, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." "B.- DE LAS EJECUTORAS RECLAMO. B.1.- LA EJECUCIÓN DE LA ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O ARRAIGO DICTADA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. DE TODAS LAS AUTORIDADES RECLAMO LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR LOS ACTOS RECLAMADOS." Por auto de seis de mayo de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de mérito, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se abrieron por cuerda separada los cuadernos incidentales, se dio la intervención que legalmente corresponde al fiscal federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y en los autos del cuaderno incidental se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados. SEGUNDO. Mediante proveído de seis de mayo de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; la parte toral de esa resolución dice: "En ese orden, es necesario precisar las conductas que el quejoso reclama en la especie, por lo que después de la lectura integral del ocurso que se provee, se advierte que los actos reclamados son: a) Orden de aprehensión. b) Orden de detención. c) Orden de presentación. d) Orden de arraigo. e) La ejecución de cualquiera de dichos mandatos. Con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto; y 138 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad al quejoso, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que si el delito atribuido al peticionario del amparo por el que se dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión solo producirá el único y exclusivo efecto de que ésta al ser aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, precisamente en el lugar en que deba ser recluido, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo. (.) Por otro lado, respecto de la diversa orden de presentación que reclama el quejoso, a fin de estar en aptitud legal de proveer lo procedente respecto de la medida cautelar solicitada, se estima oportuno precisar que la suspensión del acto reclamado es aquel proveído judicial creador de una situación de paralización o cesación, temporal, limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que, en principio, pueda tener efectos restitutorios. Dicha medida suspensiva tiene por objeto: a) Mantener viva la materia del amparo entre tanto se resuelve el fondo del asunto; b) Evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación; c) Prever que en caso de concederse el amparo sea fácil el retorno de las cosas al estado que tenían antes de dictarse el acto reclamado. La ley prevé dos tipos de suspensión, de oficio y a petición de parte, ésta se encuentra regulada por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tal numeral establece como requisitos para su otorgamiento, los siguientes: ".I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic) g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional; h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio." También, es oportuno señalar que la orden de presentación dictada por el Ministerio Público dentro del procedimiento de averiguación previa o, por el juez de la causa dentro de la instrucción, limita temporalmente el derecho a la libertad, por tanto, es un acto que restringe la libertad personal, por lo que le son aplicables las reglas específicas a este tipo de acto para conceder la medida en estudio. Lo anterior es así, pues como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el objeto no es restringir la libertad de manera total, sino lograr la comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare el sujeto activo del delito, si así se estima conveniente, pues incluso el indiciado puede abstenerse de hacerlo o llevar a cabo cualquier otra diligencia, además de que una vez terminada la misma se reincorporará a sus actividades cotidianas, sin embargo, si afecta la libertad deambulatoria. Esto es así, ya que la diligencia en comento no es sino una diligencia más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder ejercer la acción penal. Es aplicable, por las razones que la informan la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, libro I, octubre de 2011, tomo 2, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." En ese tenor, para determinar la procedencia de la suspensión en contra de la orden de presentación, habrá de atenderse a lo establecido por los requisitos genéricos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; esto es: a) que la solicite el agraviado, b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. No debe perderse de vista que la orden de presentación puede darse en el procedimiento penal en la fase de averiguación previa o, en la instrucción, por lo que además de atender a lo establecido en el artículo 124, su análisis debe sujetarse a lo ordenado en el diverso 138 de la ley de la materia, que regula los casos en que el acto proviene de un procedimiento, evento en el cual la suspensión se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento hasta dictarse resolución firme; estableciendo una excepción, pues si la continuación del procedimiento deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio, entonces sí procederá la suspensión no sólo del acto sino del procedimiento mismo. Así las cosas, se colige que según lo ordenado por el numeral 138 de la ley de la materia, procede también conceder la suspensión provisional de la orden de presentación, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; medida que no suspende el procedimiento de la averiguación previa o, en su caso de la instrucción del proceso penal, sino simplemente permitirá al quejoso no comparecer a la diligencia objeto del acto reclamado, por lo que el Ministerio Público podrá seguir con la labor investigadora hasta antes del ejercicio de la acción penal, pues ésta es la única resolución firme que dentro de esa fase del procedimiento puede dictar y en caso de que la orden de presentación devenga de un juez penal, podrá continuar con la etapa probatoria, sin suspender el procedimiento, pero con la acotación de que el quejoso no deberá comparecer a la diligencia. (.) Respecto de la orden de arraigo atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, residente en San Luis Acatlán y su ejecución al Coordinador Regional de la Policía Ministerial, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, la que por su naturaleza es restrictiva de la libertad personal fuera de procedimiento judicial; con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo en cita, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no se prive de la libertad al impetrante, quedando a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, en la inteligencia de que si el delito que se investiga por su naturaleza se considera grave y la ley expresamente prohíba conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea arraigado quede a disposición de este órgano de control constitucional, en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea recluido, quedando a disposición del Juez que haya decretado dicho mandamiento por lo que hace a la secuela del procedimiento. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo diez, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: "ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad TERCERO. Por escrito registrado con el folio 11559, por el que, el autorizado del quejoso promovió incidente de violación a la suspensión provisional, otorgada en este asunto en proveído de seis de mayo de dos mil quince, la cual, se admitió en doce de mayo siguiente, en términos de los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, como denuncia de violación a la suspensión provisional, en el que se requirió a las autoridades responsables, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, para que en el término de tres días informaran respecto a la denuncia realizada. Cabe señalar que el quejoso promovió incidente de violación a la suspensión provisional, el cual, se admitió como denuncia de violación a la suspensión provisional, sin embargo, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo aplicable, en términos de los artículos 206, 207 y 208 del ordenamiento jurídico referido, precisa que el nombre correcto es el de incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, lo cual, se precisa a fin de tener certeza respecto del incidente que se resuelve. Mediante oficio 275/2015, de dos de junio de dos mil quince, la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, rindió informe respecto al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional; en auto de once de junio del año próximo pasado, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Asimismo, en proveído de quince de junio de dos mil quince, se tuvieron por recibidas las manifestaciones que realizó la parte quejosa respecto al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. De igual forma, en auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el numeral 208, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalaron las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, la que se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y decidir la presente denuncia de violación a la suspensión definitiva, promovido por la inconforme, acorde con lo dispuesto por los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo y 358, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. SEGUNDO. En principio, debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. El lapso que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica. Las medidas referidas pueden adoptarse con anterioridad a la iniciación del proceso y durante su tramitación, hasta en tanto se dicte sentencia firme que le ponga fin, o bien, hasta que el juicio termine definitivamente por diversa causa. Para el procesalista Piero Calamandrei, la providencia cautelar nace de la relación entre dos términos: por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo y, por otra, de la falta de aptitud del proceso ordinario para crear, sin retardo, la providencia definitiva. El tratadista citado define a la providencia cautelar como la "anticipación previsoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma" (Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Bibliográfica Argentina, 1945, página 45). Precisamente, la esencia de las medidas cautelares se traspoló a la institución denominada en nuestro juicio de amparo suspensión, que es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos establecidas en la Ley de Amparo y la Constitución; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama, no se realicen. Ahora bien, cabe indicar, que el artículo 136 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 136.- La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido." De lo antes citado, se tiene que desde que el Juez de Distrito provee sobre la suspensión de los actos, dicha determinación surte sus efectos y, desde luego las autoridades responsables se encuentran obligadas a cumplirla. Asimismo, el legislador instauró herramientas para asegurar el cumplimiento de la suspensión tanto provisional como definitiva, equiparando su importancia incluso al acatamiento de las ejecutorias de amparo, previendo incluso una sanción de tipo penal para las autoridades que no suspendan el acto reclamado debiendo hacerlo, o en su caso demoren en su ejecución, tal como lo señala el artículo 206 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." TERCERO. En el presente asunto no se transcriben los agravios que expresa el quejoso en su escrito de interposición, para efectos de economía procesal; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, por las siguientes consideraciones. Para una mejor compresión del asunto, se realiza una breve reseña de los antecedentes del acto denunciado: Por otra parte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, en el informe que rindió respecto de la denuncia de violación a la suspensión definitiva manifestó: "En cumplimiento al oficio 3515-IV, de doce de mayo de dos mil quince, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, deducido del juicio de amparo 504/2015, promovido por Getsemani Rodríguez Cruz, contra actos de esta y otras autoridades, mediante el cual comunica que el licenciado Marco Polo Fuentes Borja, autorizado por la parte quejosa expresa violación a la suspensión provisional de los actos reclamados con esta autoridad; al hacer una revisión en la causa penal 38/2014-1, incoada a Getsemani Rodríguez Cruz, por el delito de Violencia Familiar, en agravio de Teresita Hernández Félix, se desprende a las diez treinta horas del ocho de mayo del año en curso, compareció Isela Rodríguez Cruz, a exhibir copia certificada del proveído del seis de mayo pasado, donde, su señoría concede la suspensión provisional dentro del juicio de garantías, aludido que habían detenido al aquí quejoso, sin embargo, se le dijo que oficialmente no se tenía conocimiento de ello y cuando fuere puesto a disposición de esta autoridad, se acordaría lo conducente; mediante oficio 0715/2015, de siete de mayo del presente año, recibido el ocho del mes pasado, a las once diez horas, el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Sector Garita, con sede en Acapulco Guerrero, puso a disposición al inculpado de mérito en consecuencia el suscrito ordeno su inmediata libertad; en base a la suspensión y como se ordena la autoridad se previno al quejoso para que compareciera ante la autoridad ordenadora, dentro del término de tres días a someterse a la Acción de la Justicia, por lo tanto por economía procesal y estando presente el inculpado le fue decretada la detención virtual y ya estando en libertad, asistido del defensor de oficio le fue recabada su declaración preparatoria, audiencia en la cual solicitaron la ampliación del término constitucional y al fenecer este fue resuelta su situación jurídica. En consecuencia esta autoridad nunca violo la suspensión provisional del acto reclamado, además el Licenciado Marco Polo Fuentes Borja, nunca se apersonó ante este Juzgado a llevar la defensa, pues del aludido proveído el quejoso fue asistido por el defensor de oficio, por lo que se conduce con falsedad, el hecho número tres donde señala, que el quejoso mostró la copia certificada de la suspensión y que el suscrito hizo caso omiso e incluso se la arrebate, ya que en primeramente, compareció a exhibir la copia certificada por la C. lsela Rodríguez Cruz, misma que dejo agregada en dicha comparecencia y en segundo, el inculpado se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad. No omito hacer mención que siendo las trece horas con ocho minutos del trece de mayo del presente año, mediante oficialía de partes fue recibido los oficios 3479-IV y 3476-IV de seis del mes y año en cita, mediante d cual se requiere el informe previo y justificado, es decir, legalmente esta autoridad fue notificada de la suspensión provisional cinco días después de haber ejecutado la orden de aprehensión. El impetrante del juicio de amparo, en la denuncia de violación a la suspensión provisional de los actos reclamados, alegó lo siguiente: "1. Como consta en actuaciones el quejoso presento demanda de amparo el día 4 de mayo del año en curso, en contra de actos de la ordenadora JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMARINO, con domicilio bien conocido en la colonia centro de San Luis Acatlán, Guerrero, así mismo, se señalaron autoridades ejecutoras. 2. Con fecha 7 de mayo del año 2015, se otorgó la suspensión de los actos reclamados, y con esa misma fecha fue detenido de forma arbitrarla e ilegal el hoy quejoso, por elementos de la policía ministerial adscritos al sector Garita, y elementos de la policía ministerial adscritos Al Sector Coloso, ambos de la Ciudad de Acapulco, Gro. No obstante de que el quejoso les mostro a los policías ministeriales la copia certificada de la suspensión provisional que este juzgado la expidió, haciendo caso omiso de ello, internándolo en los separos de la policía ministerial del sector garita, donde permaneció desde las siete de la noche de este mismo día 7 de mayo del 2015 hasta las siete de la mañana del día 8 de mayo del año 2015 y de ahí fue trasladado por elementos de la policía ministerial del sector coloso al JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE AL TAMARINO, con domicilio bien conocido en la colonia centro de San Luis Acatlán, Guerrero, donde fue ingresado al cereso (Reclusorio) de ese Juzgado. 3. Aun cuando el hoy quejoso le mostro la copia certificada de la suspensión provisional al referido JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMARINO, este de igual manera hizo caso omiso a dicho documento, e incluso le fue arrebatado sin mediar las consecuencias de esos actos, ya que continuo con el trámite procesal, sin atender a la obligación impuesta por su señoría en franco desacato a su autoridad, lo que amerita la nulidad de los actos efectuados tanto por las responsables ejecutoras como ordenadora, y en la especia también la sanción penal en contra de dichas responsables. Lo anterior es infundado, de conformidad con lo siguiente. Conviene puntualizar que mediante determinación de seis de mayo de dos mil quince, se concedió a Getsemani Rodríguez Cruz, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y, no se le privara de la libertad. Ahora bien, para determinar si existe violación a la suspensión provisional alegada es indispensable que se surtan las hipótesis que enseguida se mencionan: Que la medida cautelar esté concedida por el órgano de control constitucional competente. Que el acuerdo o resolución en el que se otorgó dicha suspensión se notifique a la autoridad responsable por cualquiera de los medios que la propia Ley de Amparo establece para ello. Que con fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, la autoridad responsable ejecute los actos reclamados. Lo que a consideración de este órgano jurisdiccional no se satisface esencialmente. Por su parte, el numeral 206 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "CAPÍTULO V Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo". Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se reitera que en proveído de seis de mayo de dos mil quince, se concedió a Getsemani Rodríguez Cruz, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y, no se le privara de la libertad, misma que se notificó a las autoridades responsables, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, el trece y dieciocho de mayo de dos mil quince, respectivamente, mediante oficios 3479 y 3501, tal y como se advierte de los acuses de recibo que obran en el sumario a fojas cincuenta y nueve y sesenta y uno, de lo que se advierte que al momento de la detención del hoy incidentista no se encontraban legalmente notificadas las autoridades de la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado, pues desde el momento en que son notificadas surge la obligación de las autoridades responsables de acatarla. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.165/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 637, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La denuncia de violación a la suspensión del acto reclamado puede hacerse desde que la resolución que la concedió haya sido legalmente notificada a las autoridades responsables, pues desde ese momento surge su obligación de acatarla y, por ende, es innecesario un posterior requerimiento por parte del Juez de Distrito, pues éste, en todo caso, formará parte del procedimiento para lograr su cumplimiento, aspecto diverso a la desobediencia en que pudiera haber incurrido la responsable. Ello es así en virtud de que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de la ley invocada, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida. Así, el Juez de Distrito podrá aplicarlos simultáneamente, es decir, una vez que tiene conocimiento de que no ha sido cumplida la referida resolución, está facultado para requerir a la responsable que informe sobre su cumplimiento y agotar los medios legales para lograrlo, sin que ello se contraponga a que resuelva sobre si la autoridad responsable incurrió o no en desacato, toda vez que para su configuración es suficiente que aquélla haya tenido conocimiento del fallo de referencia, pues conforme a los artículos 123 y 139 de la citada Ley, la obligación de las autoridades de cumplir con la suspensión del acto reclamado, con la salvedad de que tratándose de actos con efectos positivos, la autoridad tiene veinticuatro horas para cumplir, sea de manera provisional o definitiva, surge cuando les es notificada y, consecuentemente, a partir de ese instante deben realizar las diligencias necesarias para suspender inmediatamente la ejecución del acto reclamado, ya que no hacerlo implica un desacato". Asimismo, la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, Mediante oficio 275/2015, de dos de junio de dos mil quince, rindió informe respecto al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional; en el que manifestó que a las diez horas con treinta minutos del ocho de mayo de dos mil quince, compareció Isela Rodríguez Cruz hermana del hoy incidentista, a efecto de exhibir copia certificada del proveído del seis de mayo pasado, determinación en la que se concedió la suspensión provisional al referido quejoso, empero, se le hizo del conocimiento que éste no había sido detenido aún. Asimismo, mediante oficio 0715/2015, de siete de mayo de dos mil quince, recibido el ocho de mayo siguiente, a las once horas con diez minutos, el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Sector Garita, con sede en Acapulco Guerrero, puso a disposición al multicitado incidentista, por lo que el juez responsable ordenó su inmediata libertad en auto de esa misma fecha, en el cual se le decretó su detención virtual y, asistido del defensor de oficio le fue recabada su declaración preparatoria, audiencia en la cual solicitaron la ampliación del término constitucional y al fenecer este fue resulta su situación jurídica. Asimismo, refiere que los oficios 3479-IV y 3476-IV de seis de mayo de dos mil quince, mediante los cuales se requiere el informe previo y justificado, le fueron notificados cinco días después de haberse ejecutado la orden de aprehensión. De lo anterior, se advierte que no se cumple con el supuesto de que el acuerdo o resolución en el que se otorgó dicha suspensión provisional se le haya notificado a la autoridad responsable. Por su parte, cabe señalar que la autoridad que detuvo al hoy incidentista fue el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Garita, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil quince, cuando éste caminaba por la calle principal de la colonia Periodistas de esta ciudad, autoridad que no fue señalada con el carácter de responsable en el presente juicio de amparo, por tanto, se infiere que no tuvo conocimiento del acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, en la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a Getsemani Rodríguez Cruz, con independencia que el quejoso narre que les mostró copia certificada de la suspensión, y estos hicieron caso omiso de la suspensión, sin embargo, dicha manifestación que vierte no se encuentra robustecida con ningún medio de convicción, por lo que su dicho es jurídicamente insuficiente para acreditar su dicho. Sin que pase inadvertido que obra a foja diecisiete de autos, constancia de recibido de entrega de la copia certificada del acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, en la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, de siete de mayo del año próximo pasado, empero, ésta se entregó a una autorizada del quejoso, no a éste, por tanto, no existe certeza de que al momento de su detención éste contara con ella. En efecto, a fin de poner de relieve la conclusión que se sostiene, cabe indicar, que el artículo 136 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 136.- La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido." De lo antes citado, se tiene que desde que el Juez de Distrito provee sobre la suspensión de los actos, dicha determinación surte sus efectos y, desde luego las autoridades responsables se encuentran obligadas a cumplirla. Por su parte, el diverso numeral 206 de la Ley de Amparo, establece que el incidente a que ahí se hace referencia respecto de la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, por el incumplimiento de ésta, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. De lo antes referido, se arriba a la conclusión de que no ha habido un defecto en la ejecución de la suspensión provisional otorgada en acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, en la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y, no se le privara de la libertad. Se afirma lo mencionado, porque como se advierte de autos, las autoridades responsables, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, no detuvieron al hoy quejoso Getsemani Rodríguez Cruz, sino que fue una diversa autoridad que no señaló con el carácter de responsable en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia III.2o.A. J/11 (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 2299, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Décima Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas. De esa guisa, se declara infundado el presente incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional interpuesto por el quejoso Getsemani Rodríguez Cruz, contra las autoridades responsables, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en San Luis Acatlán, Guerrero. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional planteada por el quejoso Getsemani Rodríguez Cruz, contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    Quejoso se le notifica por medio de lista publicada en estrados el auto de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.

  3. Incidental

    Visto el estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término concedido al quejoso, a fin de hacer manifestación respecto al incidente de denuncia de violación a la suspensión provisional; en ese sentido, toda vez que la parte quejosa en su escrito registrado con folio 11559 y la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, en el oficio folio 14783, ofrecieron diversas pruebas en relación a los presentes incidentes, este juzgado de Distrito, provee lo siguiente: Se tienen anunciadas las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la inspección ocular, ofrecidas por el promovente del amparo, así como las documentales que exhibió el juez responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas y tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Respecto del desahogo de la inspección judicial, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado para que se constituya en los lugares que señala, a cuyo efecto se fijan las doce horas del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a fin de desahogarla en los términos propuestos. Hágase saber a las partes que, pueden estar presentes, al igual que sus representantes y hacer las observaciones que estimen oportunas, con la salvedad de que dicha probanza, únicamente tiene como fin que la autoridad que la realiza, de fe de todo aquello que pueda apreciar por medio de los sentidos. Por otra parte, respecto de la prueba de informe que solicita de los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscritos a los Sectores Garita, Coloso y San Luis Acatlán, así como al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que éstos ya rindieron su informe, respecto a la violación de la suspensión provisional. Desde otro aspecto, en relación a los diversos informes que solicita se requieran a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscritos en San Marcos y Marquelia, Guerrero, no ha lugar a proveer lo conducente. Finalmente, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para el desahogo de la audiencia de alegatos.

  4. Incidental

    Quejoso se le notifica por medio de lista publicada en estrados el auto de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.

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