Gervacio López López
Expediente 96/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gervacio López López
- Gervacio López López y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 133 vuelta); sin embargo, en proveído de veintidós de los corrientes (foja 184), se requirió a la parte quejosa, a fin de que proporcione el domicilio del tercero interesado Gabriel Ruiz Matías. En consecuencia y a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio 76, suscrito por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el original del amparo indirecto 3/2016, toca familiar 204/2014 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el expediente 567/2013 del Juzgado Tercero Familiar y un cuaderno de pruebas. Visto su contenido, se advierte que por acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciséis, dictado en el amparo directo civil 03/2016, dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gervacio López López, contra la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil quince, en el toca familiar 204/2015, por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia que declina el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para conocer de la aludida demanda de amparo promovida por el citado quejoso. Con base en lo anterior, de conformidad en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento del asunto, promovido por Gervacio López López, y se ordena acusar el recibo correspondiente; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el correspondiente libro de este juzgado bajo el número 96/2016. Ahora, a fin de proveer sobre su admisión, es menester anotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de verificar el escrito de demanda para advertir que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En la especie, de la lectura integral del escrito de demanda, se conoce que el solicitante del amparo reclama: "La resolución dictada en el Toca Familiar Número: 204/2015 de veintitrés de octubre del año dos mil quince". En el caso a estudio, se actualiza una causa indudable y manifiesta de improcedencia del acto que se reclama, que motiva desechar de plano la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal causa de improcedencia está prevista en el precepto 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción V, del numeral 107, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, la fracción V, del artículo 107 de la Ley de amparo establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por su parte, la fracción XII, del precepto legal 172, de la ley de la materia dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Por una parte, de la fracción V, del artículo 107 transcrito se colige que podrá pedirse el amparo ante el Juez de Distrito (amparo indirecto) contra actos dictados dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y por consecuencia el amparo directo, procederá contra la resolución que dé por concluido al juicio y en el cual podrá reclamarse aquellos actos dictados dentro de un procedimiento que no sean de imposible reparación. Por regla general, tratándose de violaciones cometidas dentro de procedimiento, resulta procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Además, existen violaciones procesales que pueden ser impugnadas, de modo excepcional, en amparo indirecto cuando afectan a las partes en grado predominante, lo cual debe determinarse tomando en cuenta: a) la institución procesal en juego; b) la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia; y, c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. De tal manera, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutelan los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano es parte, o bien, en la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras. Ello, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses de la parte quejosa. Orienta lo anterior, por identidad de razón, la tesis P.L.VII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, registro 180415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común , que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la Jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, publicada con el número 607, en la página 673, Tomo II, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- Septiembre de 2011, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Atento a lo plasmado con anterioridad, el juicio de amparo solicitado resulta improcedente en virtud de reclamarse una resolución dictada dentro del juicio que contra lo aducido, no es de imposible reparación. En efecto, de la demanda constitucional y anexos que se acompañan, el solicitante de amparo se duele de la resolución de veintitrés de octubre de dos mil quince, emitida en el toca familiar 204/2015, en el que en esencia se determinó lo siguiente: " AL RESULTAR FUNDADO EL AGRAVIO HECHO VALER POR LA RECURRENTE, EN REPARACIÓN DEL MISMO SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE EL JUEZ ORDENE SE NOTIFIQUE DE MANERA PERSONAL A LA SEÑORA JOSEFA OSORIO SANTIAGO O A LOS ABOGADOS QUE PARA TAL EFECTO TENGA AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO Y EN SU OPORTUNIDAD RESUELVA LO CONDUCENTE RESPECTO A LA ACCIÓN DE DIVORCIO PLANTEADA"". Ahora, para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, debe determinarse si la consecuencia producida por la insubsistencia de la resolución de primera instancia son o no de imposible reparación. Así tenemos que, la Sala responsable al resolver el recurso de apelación, resolvió reponer el procedimiento a efecto de notificar de forma personal a la demandada Josefa Osorio Santiago o a sus abogados el auto de trece de diciembre de dos mil trece relativo, a la diligencia del desahogo de la prueba testimonial. Lo cual demuestra que, tal acto no es de imposible reparación, pues independientemente de lo acertado o no por la Sala, con ello, no se afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ya que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión (notificar a la demandada) no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, y no obstante que toda reposición para subsanar violaciones procesales implica una dilación en el juicio en mayor o menor grado, por sí solo no implica violación al principio de justicia pronta. Bajo los argumentos esgrimidos, el acto reclamado en esta instancia constitucional conculca solo un derecho adjetivo o procesal del promovente, cuya ejecución no es de imposible reparación, dado que como ya se apuntó solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, sin que se afecte directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión. Apoya lo considerado por contenido jurídico la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170244, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Ello es así, pues únicamente entraña una transgresión a un derecho adjetivo o procesal, que en su caso se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse, empero contra la sentencia definitiva, no así en el momento procesal ya que como declaró el Tribunal de Alzada, no es una resolución que ponga fin al procedimiento, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 172, de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Y, por compartirla, la Tesis IV.2o.C.55 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 2677, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, registro 167805, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso". Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del numeral 107, aplicado a contrario sentido, con relación a la fracción XXIII, del artículo 61 y la fracción XII, del precepto 172, todos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados únicamente para tal efecto, a las personas que indica, esto es, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no autorizarlas en esos términos el impetrante del amparo. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
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