Gertrudis López Montejo

Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Gertrudis López Montejo

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 714/2022 treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de once de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29, en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Juicio 714/2022 folio 6394. once de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por Gertrudis López Montejo, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 en el Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 714/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con los artículos 17 y 18 del ordenamiento legal en cita, los cuales literalmente disponen*** De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda de amparo no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el artículo 18 de la Ley de Amparo, de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos, siendo los siguientes Para la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte impetrante de amparo la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados; o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo.*** Ahora, en el particular se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el diez de julio de dos mil veintiuno, puesto que así lo refiere expresamente en el capítulo que denominó como "fecha de conocimiento del acto reclamado", manifestación que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de lo que hace concluir que se está en presencia de la segunda hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, puesto que no existe una notificación que deba surtir efectos, sino que como expresamente lo establece el referido numeral el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que se haya tenido conocimiento de los actos.*** Por esa razón, se estima que el plazo para promover el juicio de amparo, respecto del acto reclamado transcurrió del doce de julio al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; ello, tomando en consideración la fecha en la que la promovente se ostenta sabedora de los actos reclamados (diez de julio de dos mil veintiuno), los días inhábiles (sábados y domingos) y los días en los que las autoridades responsables gozaron de su primer periodo vacacional (del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno) lo cual se puede constatar en el siguiente calendario*** Por tanto, si la demanda se presentó el cuatro de mayo de dos mil veintidós, por medio del buzón judicial según consta en el sello que obra en autos, es innegable que se promovió fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo.*** Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que permita la presentación de la demanda de amparo fuera del término genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, primer párrafo, puesto que dicho plazo únicamente se amplía cuando el acto impugnado se trate de a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso es de treinta días; b) Una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en que se puede interponer hasta en un plazo de ocho años; c) Si el acto que pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a tales grupos agrarios. d) Tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puede presentarse en cualquier tiempo. En relación a la hipótesis prevista en el inciso c), no se surte, tomando en consideración que si bien en el particular, el presente asunto deviene de una controversia en materia agraria; para que en el caso, se actualice la excepción antes señalada, la parte quejosa debe comparecer en representación de algún núcleo de población ejidal o comunal, o en su calidad de ejidatario; lo que no acontece; pues, como se observa quien acude a esta instancia constitucional comparece como un sujeto individual reclamando la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio agrario, sin que ostente el carácter antes señalado -representante del núcleo o ejidatario-. De ahí que, no se está en presencia de la hipótesis en comento que haga procedente la ampliación del plazo para la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, no cobran aplicación las hipótesis previstas en los incisos a), b) y d) ya que en el particular los actos reclamados son diversos a los ahí mencionados; puesto que se controvierte todo lo actuado en el juicio agrario 172/2018 de la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 en el Estado de Tabasco, así como la nulidad de la inscripción de los certificados parcelarios y de uso común, los cuales no encuadran en las excepciones en comento; de ahí, que el plazo de la demanda no pueda ampliarse en los términos ahí previstos. En las narradas condiciones, es evidente que el juicio de amparo que promueve la parte quejosa, deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal; por tanto, debe desecharse de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Observación No pasa desapercibido para este juzgador, que las manifestaciones de la quejosa respecto a la fecha de conocimiento del acto reclamado pueden resultar contradictorias ya que en una se plasmó diez de julio del presente año; sin embargo, se aprecia que ello obedece a un error mecanográfico, tomando en consideración que a la fecha no nos encontramos en el mes señalado, máxime que en el capítulo relativo a la notificación del acto reclamado, la peticionaria del amparo expresó en forma categórica que ello aconteció el diez de julio de dos mil veintiuno. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Carlos Orea Oidor, en razón a que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Además, téngase como medio de notificación alterno el número telefónico y la dirección de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

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