Gerson Lázaro Soto Armendáriz
Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gerson Lázaro Soto Armendáriz
- Primera Sala En Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso b), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21 del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Gerson Lázaro Soto Armendáriz; el cual fue recibido de forma electrónica en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica transacción; por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce; visto su contenido, se provee: Dígase al impetrante de amparo, que no ha lugar a tenerlo dando cumplimiento a la prevención de once de febrero del año en curso, ello en virtud de que por auto de tres del presente mes y año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en que se actúa. Asimismo, hágase de su conocimiento que en auto de diecinueve de febrero del año en curso, se autorizaron las notificaciones electrónicas a través del usuario COVAL, lo anterior, a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los presentes autos y desprendiéndose de los mismos que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a la parte quejosa Gerson Lázaro Soto Armendáriz, para cumplir con lo requerido en auto de once de febrero de dos mil veintiuno, a pesar de estar debidamente notificado para ello, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; entonces es innegable que transcurrió la dilación que tenía para subsanar las irregularidades advertidas en su demanda de amparo, y por lo mismo se hace efectivo el apercibimiento constreñido en el proveído de referencia, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda correspondiente al amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de Gerson Lázaro Soto Armendáriz; asimismo, se hace constar que la promoción que se atiende se subió al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes firmada electrónicamente por Ricardo Rogelio Corral Valdez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de once de febrero de dos mil veintiuno, manifestando bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de los terceros interesados. Al respecto, dígasele al ocursante que no ha lugar a tener al autorizado de la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención de referencia, en atención de que si bien es cierto en términos del artículo 12 de la Ley de amparo tiene capacidad legal para oír notificaciones en nombre de la parte quejosa, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. Sin embargo, dicha disposición no la faculta para realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo, dado que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8º, 15 y 17 de la Ley de Amparo. De ahí que el escrito a través del cual pretende cumplir la prevención formulada también debe contar con la firma electrónica del quejoso, o en su caso, de su representante legal, pues forma parte de la demanda de amparo, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como es el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, el criterio sustentado por la Primera Sala en la tesis jurisprudencial 1ª./J.37/2011, consultable en la página 68, Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por otra parte, toda vez que de la promoción de cuenta se advierte que el autorizado del impetrante solicita que se realicen las notificaciones electrónicas a través del usuario COVAL , no obstante lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez de que para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se debe propiciar que la totalidad o la mayoría de las actuaciones se realicen a través de medios electrónicos, como lo solicita el ocursante, con fundamento en los artículos 3 y 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica a través del citado usuario, para lo cual, se remiten los autos a la Analista Jurídico SISE adscrita, para que proceda a realizar el alta respectiva.
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