Gerson Emmanuel Hernadez Ortiz

Expediente 1397/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1397/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Gerson Emmanuel Hernadez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Ahora bien, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese personalmente vía electrónica a la parte quejosa."

  2. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo, que se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cinco de diciembre del año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, que promovió ********, contra actos del Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1397/2022. Expediente Electrónico. con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella, pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende, además, el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio" (Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1265, Novena Época). Así mismo, sirve de apoyo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. A quien le reclama la falta de contestación a su escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, lo cual también manifiesta bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8º, 35, fracción IV, 41, párrafo tercero, base VI, 99, fracciones IV y V, 116, fracción IV, incisos c) y l), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: LEY DE AMPARO: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (.) V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición." Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. (.) La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: (.) VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. (.) Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. (.) Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: (.) IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; (.)" Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. (.) IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: (.) c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: (.) l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; (.) En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional es inejercitable, cuando su improcedencia derive de alguna otra disposición de la misma ley o de la propia Constitución Federal. Por su parte, los preceptos constitucionales invocados, en esencia y en lo que aquí conviene destacar, establecen lo siguiente: Que los funcionarios públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República (Artículo 8º). Que entre los derechos de los ciudadanos mexicanos, se encuentran: votar y ser votado para todos los cargos de elección popular; asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la Ley del Congreso; y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional (Artículo 35). Que son obligaciones de los ciudadanos de la República, entre otras: votar en las elecciones y en las consultas populares; y desempeñar cargos de elección popular en la Federación o en las Entidades Federativas (Artículo 36). Que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y por los de sus Entidades Federativas, en lo que toca a sus regímenes interiores (artículo 41). Que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (Artículo 41). Que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, así como los derechos políticos de los ciudadanos de la Nación, existe un sistema de medios de impugnación en la materia, ante los órganos judiciales expresamente establecidos por la Constitución Federal y por las de las Entidades Federativas (Artículo 41, base VI). Que en el orden federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Carta Magna, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia (Artículo 99). Que corresponde al citado Tribunal Electoral Federal, resolver entre otros supuestos, sobre (Artículo 99): Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal (Artículo 99, fracción III). Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos (Artículo 99, fracción IV). Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país (Artículo 99, fracción V). Que las Entidades Federativas, en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, así como las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. Para tal efecto, establecerán un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad (Artículo 116). Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 743/2005, determinó que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen violaciones a derechos fundamentales cuyo ejercicio incida totalmente sobre cuestiones relacionadas con el proceso electoral. De la citada ejecutoria, derivó la tesis aislada P. II/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, Materias(s): Constitucional, con registro digital 173575, que es del tenor siguiente: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano". [Énfasis añadido] Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal al resolver el diverso amparo en revisión 1043/2007, reiteró que el juicio de amparo es improcedente, cuando en éste se impugnan normas, actos o resoluciones de carácter materialmente electoral, o que versen sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esto, al reafirmar, que el sistema integral de justicia en materia electoral, permite impugnar tanto las leyes electorales-vía acción de inconstitucionalidad-, como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -a excepción de los emitidos por este tribunal-; de ahí, que la improcedencia del juicio de amparo, surge no sólo por el hecho de que el acto controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, sino porque el contenido de la norma, acto o resolución impugnado, es materialmente electoral o versa sobre derechos políticos de los ciudadanos. Lo anterior, se sustenta en la tesis aislada P. LX/2008, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Materias(s): Constitucional, con registro digital 168997, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacable". Del mismo modo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004, interpretó el contenido de los artículos 8º y 35, fracción V, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar el criterio, que en materia política, sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer el derecho de petición. Por tanto, cuando el ejercicio de esa prerrogativa fundamental se relaciona con el sistema constitucional electoral, su interpretación debe correlacionarse con lo dispuesto en el artículo 41 de la propia Norma Suprema, que regula los aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y, conforme al cual, se implementa el sistema de medios de impugnación en materia electoral. De esa ejecutoria, derivó la jurisprudencia P./J. 39/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Junio de 2004, página 866, Materias(s): Constitucional, con registro digital 181343, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LOS ARTÍCULOS 22, NUMERAL 1; 24, NUMERAL 1, INCISO B); 28, NUMERAL 1, INCISO A); 29, NUMERAL 1; Y 30, NUMERALES 1 Y 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, NO TRANSGREDEN DICHA GARANTÍA. De los artículos 35, fracción V y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer el derecho de petición en materia política. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que cuando el ejercicio de las garantías individuales se relaciona con el sistema constitucional electoral, su interpretación debe correlacionarse con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, que regula los aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y conforme al cual corresponde a la ley federal prever los requisitos y el procedimiento para obtener el registro como partido político nacional; por tanto, los interesados deben cumplir con esos lineamientos, sin que ello se traduzca en una transgresión al mencionado derecho de petición, pues no les impide ejercerlo y, en todo caso, el que pudiera negárseles el registro como partido político nacional, sería un acto de aplicación de la norma". En el caso específico, la parte quejosa realizó una petición al Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de quien reclama: "La falta de acuerdo de expedición de copias certificadas de todas las constancias que integran el expediente que remitió el COMITÉ ELECTORAL MUNICIPAL DE SANTA MARÍA COLOTEPEC respecto de la elección celebrada el día nueve de octubre del año dos mil veintidós 09/10/2022, para el período 2023-2025". Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, indicó: "1. Mediante escrito fechado el diecinueve de noviembre del año dos mil veintidós 19/10/2022, y recibido el día diecinueve del mismo mes y año 19/10/2022, dirigido a los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con atención al Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas de ese Instituto, con número de folio 083600, en el que se solicitaron copias certificadas de manera urgente de todas las constancias que integran el expediente de la elección que se originó con motivo del presente proceso y celebrado el día nueve de octubre del año dos mil veintidós 09/10/2022. Lo anterior debido a que fui candidato a presidente Municipal suplente, personalidad que tengo acreditada ante el Comité Municipal Electoral, dichas copias me serán de gran utilidad para asuntos diversos y derechos que haré valer en mi favor. 2. Por otra parte, la autoridad responsable de acuerdo a sus facultades omite acordar las copias certificadas solicitadas a pesar de que fueron solicitadas por escrito y de manera respetuosa. Máxime que se trata de un asunto de índole electoral en el que se afectan derechos políticos del ciudadano, sin que a la responsable le interese el despacho del asunto en comento". En este contexto, se considera que el juicio de amparo no es el medio de defensa idóneo para la protección del derecho fundamental que estima vulnerado la parte quejosa, pues como ya se destacó, en la propia Constitución Federal existe un sistema de medios de impugnación en materia electoral, que se encuentra al alcance de los ciudadanos para la defensa de sus derechos político- electorales, como lo es, entre otros, el derecho de petición en materia política. Se estima lo anterior, pues aun cuando el derecho de petición es una prerrogativa fundamental que se encuentra contenida en el artículo 8º constitucional, en el caso, el contenido de la solicitud que, se alega, no fue respondida, no puede desvincularse de su contenido materialmente político-electoral, en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; incluso, el propio promovente fue candidato para la Presidencia Municipal suplente del municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca. Por tanto, si el quejoso en uso de su derecho de petición, solicitó diversas constancias relacionadas con el resultado del proceso de elección de representantes políticos, y no recibió la respuesta conducente, es evidente que el juicio de amparo que se promueve por violación al artículo 8º Constitucional, es improcedente, toda vez que no existe una transgresión al mencionado derecho de petición, pues cuando se vulneran derechos de contenido eminentemente político-electoral, existen los medios de defensa constitucionales para su tutela, a través de los cuales, se puede obtener una respuesta. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.15o.A.136 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1859, Materias(s): Administrativa, con registro digital 167034, que establece: "AMPARO. LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA ELECTORAL NO IMPLICA QUE LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los procedimientos respectivos, destacando el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular". Asimismo, por las consideras que contiene, la tesis aislada II.1o.A.122 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1200, Materias(s): Administrativa, con registro digital 174740, de título y contenido siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA ES IMPROCEDENTE SI LO QUE SE COMBATE ES EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CAPACITADORES EN UNA JUNTA DISTRITAL POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD PROPIA DEL ÁMBITO ELECTORAL. El legislador, en respeto al principio de división de poderes, así como al fortalecimiento de las estructuras del juicio de amparo, estimó que éste debía permanecer alejado de cualquier cuestión vinculada con la materia electoral, lo que reflejó en la fracción VII del artículo 73 de la ley de la materia. Ahora bien, el Instituto Electoral del Estado de México es el órgano encargado de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral para las elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos del Estado de México. Asimismo, dicho organismo es el encargado de llevar a cabo las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, entre otras; cuenta en cada uno de los distritos electorales con una junta distrital, la cual constituye un órgano temporal para cada proceso electoral ordinario, integrado por un vocal ejecutivo, uno de organización electoral y otro de capacitación que dentro de sus atribuciones tiene la relativa a instruir a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla. De lo anterior, deriva que el proceso de selección y designación de los capacitadores o instructores de las juntas distritales es una actividad técnica relativa a la organización de las elecciones que, por tanto, pertenece al ámbito electoral. En ese contexto, si una persona, en uso del derecho de petición, se inconforma ante el citado instituto por los procesos empleados para la asignación de los puestos de capacitadores de una junta distrital, y no recibe respuesta, es evidente que el juicio de amparo que se promueva por violación al artículo 8o. constitucional es improcedente, en términos del artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 42/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", haya sostenido que contra la violación al derecho de petición, como garantía fundamental, es procedente el juicio de amparo para lograr su salvaguarda; aspecto con el cual se coincide, sin embargo, se estima que la regla establecida por nuestro Máximo Tribunal del país amerita una excepción, cuando se trate de materia electoral pues, como se dijo, el juicio de amparo fue estructurado para permanecer ajeno a aspectos de carácter electoral, a fin de evitar que intereses políticos puedan debilitarlo como institución". En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8º, 35, fracción IV, 41, párrafo tercero, base VI, 99, fracciones IV y V, 116, fracción IV, incisos c) y l), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, Materia Común, página 1631, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no sepuede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y autorizados. Téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Manuel Salinas Mendoza; y a las personas restantes, se les autoriza conforme a la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. En relación con la petición a que se le autorice el uso de la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; se le tiene a dicho profesionista, por autorizado para acceder a este juicio de amparo 1397/2022, con el nombre de usuario "******", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A" adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente vía electrónica a la parte quejosa.

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