Gersón Córdova López
Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gersón Córdova López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil veintiuno que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa (única legitimada) haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad responsable Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ofreció la prueba que a continuación se enlista: Copia certificada de los autos que integran la carpeta administrativa de ejecución ****. Atento a ello y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data, es innecesaria la retención del citado medio de prueba; por tanto, devuélvase el mismo a la citada autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos, del juicio de amparo tramitado bajo el expediente ***, promovido por ***, contra actos del ***, ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Gerson Córdova Estrella solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la autoridad citada en el proemio de esta resolución. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con número de expediente ***; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la *** que le compete; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desarrolló conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con demarcación territorial en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Ahora, por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa cuál es el acto que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar auto de inicio de procedimiento de ejecución de sentencia [conmutación de la pena], en la carpeta administrativa de ejecución ***. Dicho acto constituye la litis en el presente asunto, sin que ello implique cambiar el alcance o contenido de la queja constitucional, sino sólo se procedió a determinar con exactitud la intención de la parte quejosa a fin de impartir una recta administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad que se enlista a continuación: No. Autoridad Foja Sentido 1 Secretario de Estudio y Cuenta en funciones Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo 21 y 22 Niega y hace manifestaciones No obstante que al rendir informe justificado negó la existencia del mismo, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto [uno de septiembre de dos mil veintiuno] la citada responsable no había dictado el acuerdo de inicio del procedimiento de ejecución relativo a la carpeta administrativa ***, ya que ello tuvo lugar hasta el catorce de septiembre del año en curso, en el que fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ejecución de sentencia [conmutación de la pena]. "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho Informe.". Lo que se corrobora con la documental aportada por la autoridad responsable consistente copia certificada del auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, deducida de la carpeta de administrativa de ejecución ***; medio de convicción al que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedido por un funcionario público en el ejercicio de su encargo. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el presente asunto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica únicamente la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso que se analiza, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, cuyo valor probatorio quedó establecido en el considerando tercero de esta sentencia, dejó de surtir efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa el acto reclamado consistente en la omisión de continuar el procedimiento de ejecución de sentencia [conmutación de la pena], en la carpeta administrativa de ejecución ***. Se afirma lo anterior, pues en auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, en atención al oficio *** de nueve del mes y año en cita, suscrito por el ***, en el que le informó que dejó sin efectos la suspensión decretada con motivo del amparo directo ***, reanudó el procedimiento en la carpeta administrativa de origen; proveyó el escrito del quejoso (reservado en auto de diecisiete de mayo pasado), en el solicitó acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, motivo por el cual, fijó las ocho horas del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de ejecución de sentencia (conmutación de la pena) a través de videoconferencia en tiempo real, determinación que fue notificada al quejoso, de manera personal, el dieciséis de septiembre del año en curso (fojas 367 a 368 vuelta del tomo de prueba). En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia en cita, pues la omisión que ahora se analiza dejó de surtir efectos en la esfera jurídica del quejoso, en razón de que el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable impulsó el procedimiento de origen, al reanudarlo y proveer sobre la petición del quejoso en relación con el beneficio de la conmutación de la pena, y como consecuencia, fijar fecha y hora para la audiencia de ejecución de sentencia (conmutación de la pena) en la carpeta administrativa de ejecución ***; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Entonces, el interés de la parte quejosa quedó satisfecho, de manera similar a que si se hubiere otorgado la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dictar auto de inicio de procedimiento de ejecución de sentencia [conmutación de la pena], en la carpeta administrativa de ejecución ***. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Entonces, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, es innecesario el estudio de los conceptos de violación propuestos por la quejosa, porque tal decisión releva a este Juzgado Federal de ello. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, del tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la nación, del Apéndice de 1995, Séptima Época, con número de registro 394465 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable ***, ***, consistente en la omisión de dictar auto de inicio de procedimiento de ejecución de sentencia [conmutación de la pena], en la carpeta administrativa de ejecución ***, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido vía correo electrónico por el Encargado del Despacho de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinte de marzo del año en curso, informa que designó al licenciado ***, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, como representante del quejoso *** en el presente juicio de derechos fundamentales. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, ya que, mediante acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, se tuvo al quejoso nombrando como defensor particular a ***, motivo por el cual se dejó sin efecto el requerimiento formulado en dicho acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que aún no transcurre el plazo de tres días otorgado a ***, en acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, para aceptar y protestar el cargo como defensor del quejoso ***. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del seis de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Fecha que se fija fuera del plazo a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes estén en aptitud de ser notificadas del presente proveído, dada la carga de trabajo existente en la Actuaría de este juzgado de Distrito, derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). Sin que sea necesario emitir oficios a las responsables para notificarles el señalamiento de la nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/expedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Notifíquese.
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