Geronimo Valle Muñoz

Expediente 639/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
639/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Geronimo Valle Muñoz
  • GERONIMO VALLE MUÑOZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido del dieciséis al veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se solicitó información; sin embargo, no se proveyó lo conducente respecto a la razón de la Actuaria Judicial adscrita, en la que manifestó la imposibilidad de notificar al quejoso la determinación de veintiséis de noviembre del citado año. Ese sentido, demostrada la imposibilidad material que tuvo la funcionaria judicial para practicar la notificación de mérito en términos del artículo 26, fracción III; en una interpretación armónica de los artículos 24 al 31, todos de la ley de la materia, notifíquese por lista la determinación veintiséis de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto sea señalado domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso ************* o ************, la determinación de veintiséis de noviembre último, toda vez que fue trasladado a un centro reclusión ubicado en Texcoco. Establecido lo anterior, requiérase al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, a efecto de que dentro del término de tres días legalmente computados, se sirva informar el lugar en el que actualmente se encuentra interno el accionante amparo. Apercibido de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 50 unidades de medida y actualización Notifíquese.

  4. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida, al parecer, por ************ o ************, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; regístrese el número de juicio 639/2020-IV, y fórmese expediente electrónico e impreso. Consideración previa De la lectura integra del escrito que se atiende, en el apartado que señala el quejoso como "IV PROTESTA LEGAL", manifiesta lo siguiente: "(.) ahora bien, por su parte el articulo 126 párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, establece que cuando se trate de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se debe de conceder la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado. Por otro lado, en relación con el acto reclamado, el que la autoridad responsable no haya dado cumplimiento a lo ordenado por la Juez de Ejecución (excarcelación), me tiene en un estado de angustia, incertidumbre y desesperación que me produce tormento psicológico, siendo dicho actuar (omisión) de la responsable contradictorio a lo estipulado en el artículo 22 del Pacto Federal, que establece entre otras cosas, la prohibición del tratamiento de cualquier especie. (.) Es de importancia destacar que el tema de estudio lo constituye la violación de un derecho fundamental del suscrito quejoso, en la ocasión del incumplimiento de un deber estatal y cuya transgresión resulta una afectación grave al derecho humano de la libertad (ataques a la libertad personal fuera de procedimiento), trascendiendo en violaciones al debido proceso, defensa adecuada, por lo que los efectos constitutivos de la sentencia, es de restituir, acorde con el espíritu del artículo 1° del Pacto Federal que impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro-persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, estando por la aplicación de las normas que más favorezca, (.).". (lo resaltado es propio) Al respecto, dichas manifestaciones no pueden tenerse como actos destacados en el presente juicio, toda vez que representan una percepción personal del aquí quejoso, que hace depender del acto que señala expresamente para combatir por esta vía, a saber: La omisión del Director responsable, de dar cumplimiento a la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente de ejecución 808/2019, por la Juez del Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México. En consecuencia, sólo procede tener como acto reclamado en el presente juicio, el señalado en el párrafo que antecede. Improcedencia Ahora bien, al ser de estudio preferente, también se se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx); ahora, dicha circunstancia no exime al promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso, que la demanda fue presentada vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, pues en la presente demanda de amparo, no se reclama alguno de los actos antes citados, como ya se explicó en líneas precedentes. Ahora en el presente caso, no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo que se acuerda haya sido firmado electrónicamente, pues no contiene en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica tal como lo señala el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte que el documento haya sido firmado electrónicamente. Resultan aplicables al caso por los motivos que se exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". No se soslaya que el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establece los supuestos en que no es obligatorio el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.". Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, como ya se destacó, no se advierte que el promovente, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso el acto reclamado, no es de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Ello, pues se reclama " (.) La omisión de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Juez del Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales, de fecha 18 de noviembre, en la cual se ordena mi excarcelación (.).". En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la FIREL de la parte quejosa, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sin que se desatienda que el documento digitalizado del escrito de demanda contiene una firma autógrafa, no obstante ello, dicha circunstancia no es suficiente para considerar plasmada la voluntad del justiciable, pues como se dijo, para que ello fuera así, al haber sido promovida por la vía electrónica debía contar con la evidencia criptográfica relativa a la FIREL del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Sin que se esté en el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Entonces, al no encontrarse la demanda de amparo firmada por el promovente no se encuentra manifiesta la voluntad de éste y, por ende, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en la Ley de Amparo. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Designación de defensor Por otro lado, se advierte que el quejoso se encuentra privado de la libertad y no cuenta con asistencia jurídica; por lo que, a efecto de garantizar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se le requiere para que al momento de la diligencia o dentro los tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que lo represente en el trámite del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o de no nombrar alguno, este juzgador de manera oficiosa designará a un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, esto es en el lugar donde se encuentra recluido. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico También se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente. ".

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