Geronimo Rangel Tellez
Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Geronimo Rangel Tellez
Actuaciones
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO que emite el Director de Amparos, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; con él dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO que emite el Director de Amparos, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; con él dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Procurador General de Justicia en el Estado, con sed en esta ciudad, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo que se promueve contra los actos consistentes en: ". De la que señalo como responsable reclamo: el intentar privarme de la libertad fuera de todo procedimiento judicial; el intentar detenerme sin que exista orden de aprehensión dictada por autoridad judicial competente; y el tratar de aprisionarme para hacerme víctima de torturas, para que me confiese culpable de delitos que no he cometido." Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-1005/2018-1. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Formándose por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión por haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciban el oficio en el que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las qué a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a la responsable que, para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acuse recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que la responsable lo consideren conveniente, proporcione su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene por señalando el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número III-1005/2018-1, promovido por -, por su propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: ". De la que señalo como responsable reclamo: el intentar privarme de la libertad fuera de todo procedimiento judicial; el intentar detenerme sin que exista orden de aprehensión dictada por autoridad judicial competente; y el tratar de aprisionarme para hacerme víctima de torturas, para que me confiese culpable de delitos que no he cometido." Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 135, 138, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; asimismo podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre, en su caso, la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, en particular, la naturaleza y modalidades del o los delitos por el cual se haya ordenado el traslado, los preceptos legales que lo tipifican y sancionan, y cualquier otro dato que pueda influir en la gravedad de la pena, conforme lo establece el artículo 140 de la ley de la materia vigente, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 142 de la ley en consulta, se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil días de la unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en acatamiento a lo establecido en el numeral 260 fracción I, de la ley de la materia. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la AUDIENCIA INCIDENTAL. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En la especie, de conformidad con los numerales 125, 128, 147, 162, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que se encuentran reunidos los requisitos que establece el precepto legal transcrito, para CONCEDER a GERÓNIMO RANGEL TELLEZ la suspensión de los actos que reclama, en atención a que la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; se afirma lo anterior porque la libertad es un derecho personalísimo, de manera tal que la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la probable orden de detención, así como su ejecución, ello desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tales mandatos. Es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia número 40, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se encuentra visible en la página 27, del Tomo 62, Febrero de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que al tenor literal dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. Entre los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, destaca el señalado en segundo término, consistente en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, si en principio la estimación del orden público corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contiene el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría." Cabe considerar además, que de no conceder el beneficio suspensional solicitado y ejecutarse la orden de detención, se causarían daños de difícil reparación a la quejosa, pues aun cuando obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, no sería posible restituirle el tiempo que hubiera durado privado de su libertad. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 161, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la orden de detención no sea ejecutada; en caso de que el acto privativo de la libertad haya sido emitido dentro de un procedimiento penal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, solo en lo que refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo; finalmente, en caso de la existencia de una orden de aprehensión o reaprehensión en contra del promovente, la suspensión se regirá por lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Sin que en el caso sea necesario obligar al quejoso a que comparezca ante las responsables, porque no se tiene la certeza de cuál de ellas fue la que giró la probable orden de detención. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 81/2002, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 357, del tomo XVI, correspondiente al mes de Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO NO SE TIENE LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO NI DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, NO ES EXIGIBLE AL QUEJOSO LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO.- Cuando se resuelva sobre la suspensión provisional solicitada contra una orden de aprehensión en la que no existe la certeza del acto que se reclama, ni del Juez que la emite, por haberse señalado todos los Jueces Penales del Distrito Federal, y no encontrarse medio de prueba que así lo determine, no debe imponerse la obligación a la quejosa de presentarse ante todos ellos a efecto de continuar el procedimiento, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo ordenado, dejaría de surtir efectos la suspensión otorgada, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de amparo, pues dicha determinación hace nugatorios los efectos de la suspensión provisional" La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si en el término de cinco días, que otorga el artículo 136 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental, a partir de la notificación de este auto, el impetrante no exhibe una garantía de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional 00/100), en cualquiera de las formas establecida por la ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etc.), a nombre de éste, cantidad que se fija de manera discrecional, debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde consté ésta. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no exhibir la garantía exigida en el término indicado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se comunicará a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 434, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." Asimismo, debe destacarse que los efectos de la suspensión concedida, no afectan la validez de la orden de detención, no la socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, habida cuenta que las consecuencias jurídicas de la suspensión no transcienden a la existencia del acto reclamado, a su constitucionalidad, o, inclusive, a la posibilidad jurídica o fáctica de que los efectos del acto reclamado lleguen a concretizarse, tomando en consideración que la suspensión obra sobre la ejecución del acto reclamado, afectando las medidas que tienden a ponerlo en ejecución, por lo que el acto cuya inconstitucionalidad se reclama, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión concedida. También, la medida cautelar que se concede no surtirá efectos si se sorprende al quejoso en flagrante delito, se trate de caso urgente previsto en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución General de la República o falta administrativa que amerite sanción privativa de la libertad, casos en los que podrá ser capturado. Por otra parte, en términos del precepto 28 fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan; en el entendido que desde el momento de su recepción, las notificaciones surten sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado, hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y en su caso, si se niegan a firmar o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento a las terceras interesadas y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe deberá hacerlo por una solo vía; es decir, si lo rinden VÍA FAX o TELEGRAMA, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan, servido de sustento para la emisión del acto reclamado); y en ese caso, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Y para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la nueva Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; sin diverso acuerdo, se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En el entendido de que si la autoridad responsable no exista con la denominación proporcionada por la parte quejosa, y en el momento de la notificación se le informe la correcta, en obvio de mayores dilaciones, se faculta al actuario judicial adscrito, para que previa certificación que conste en autos, entregue la comunicación respectiva a la responsable bajo su denominación correcta. Notifíquese.
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