Geronima Lourdes Rojas Fuentes
Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Geronima Lourdes Rojas Fuentes
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de catorce de enero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado dicho auto. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido el Secretario General de Mayor Antigüedad en sustitución del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendido su informe justificado, en el sentido de que no es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 434/2018, se proveyó respecto a las pruebas de la parte quejosa que habían sido reservadas. En tales condiciones, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que 98, visible en la página doscientos amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, se tiene que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de proveer sobre las pruebas que ofreció en el juicio de origne. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Secretario General de Mayor Antigüedad en sustitución del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se observa el acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, en el que se proveyó respecto a las pruebas presentadas por la quejosa en el juicio de origen, que habían sido reservadas. De lo anterior se sigue que la autoridad responsable dicto el acuerdo cuya omisión reclamó la parte quejosa. Por tanto, resulta claro que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues de lo que esencialmente se dolía la quejosa era que la responsable había omitido proveer sobre las pruebas que ofreció en el expediente 434/2018; de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con nueve minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones antes precisadas en, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; por lo que se comisiona al Actuario de la adscripción para que a la brevedad lleve a cabo dicha diligencia. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose nuevamente las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; por lo que se comisiona al Actuario de la adscripción para que a la brevedad lleve a cabo dicha diligencia. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose nuevamente las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. AUTO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2021. Apizaco, Tlaxcala, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Francisco Hernández Tlapa, en representación de Gerónima Lourdes Rojas Fuentes, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1209/2021. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Se admite demanda de amparo. En atención a que se satisfacen los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por José Francisco Hernández Tlapa, en representación de Gerónima Lourdes Rojas Fuentes, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; los que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 14 y 17 Constitucionales. Sin incidente de suspensión. Ahora bien, en atención a que la parte quejosa no solicita la suspensión de los actos reclamados, se ordena la tramitación del presente juicio sin incidente de suspensión. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. En el entendido de que el informe solicitado podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, o bien, por correo institucional 1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx, pero únicamente por una de las vías antes señaladas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se le notifique el presente auto. Informe sobre causas de sobreseimiento y/o promoción de juicios de amparo anteriores. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar: Cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Si la parte ahora quejosa o diversa persona ha promovido juicio de amparo indirecto ya sea contra el o los actos anteriormente precisados o derivado del expediente de origen; debiendo informar para tal efecto el número de juicio y el juzgado al cual fue turnado el asunto. Se apercibe a las partes que de no proporcionar la información solicitada y advertirlo este órgano jurisdiccional, se les impondrá una multa, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, con la finalidad de preparar la celebración de la audiencia constitucional, se debe tener presente que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece que en la audiencia constitucional se hará una relación de constancias, videograbaciones y pruebas desahogadas, y se recibirán las probanzas que falten por desahogarse y, en su caso, los alegatos por escrito, así como que el quejoso podrá alegar verbalmente únicamente en el caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o cuando durante la audiencia, o su continuación, deba desahogarse un medio de prueba, como la testimonial. En ese tenor, atendiendo a lo antes citado y a lo previsto en los artículos 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y 27, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; la celebración de la audiencia constitucional a través de videoconferencia está restringida a que se reclamen actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o cuando deba desahogarse un medio de prueba, como la testimonial; en razón de que los alegatos de las partes deben presentarse por escrito e, incluso, si se objetare de falso un documento, esa incidencia debe plantearse por la misma vía antes o durante el desahogo de la audiencia constitucional. Bajo estas condiciones, se solicita a las partes para que, en caso de que sea procedente su intervención verbal en la audiencia y tengan interés de hacerlo, informen si requieren que la audiencia constitucional se celebre a través de videoconferencia; para lo cual se les otorga el término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Con el apercibimiento que, de no realizar alguna manifestación, la audiencia tendrá verificativo en su forma tradicional y sin su intervención. Sin que ello impida que por escrito presenten sus alegatos y, en su caso, por la misma vía promuevan la objeción de falsedad a que hace referencia el artículo 122 de la Ley de Amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Toda vez que a la presente fecha ya se cuenta con el registro de usuario FISCFED9, proporcionado por el fiscal federal adscrito, de conformidad con en el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que realice el registro correspondiente y para que se le notifique por dicha vía. Terceros interesados Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, quien tiene su domicilio en Prolongación Reforma diez, colonia Tlatempan, San Pablo Apetitlán, municipio de Antonio Carvajal, Tlaxcala, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que emplace a juicio a la tercera interesada, en el domicilio antes referido, a quien se le deberá entregar: copia de la demanda de amparo, auto admisorio, y del presente proveído; haciéndole saber el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, requiriéndola para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo, señale domicilio en las ciudades de Apizaco o Tlaxcala para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales se le practicarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 la fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, y con la finalidad de preparar la celebración de la audiencia, resulta necesario requerir al tercero interesado para que manifieste dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, si tiene interés en asistir e intervenir en la audiencia constitucional, a fin de que se lleve a cabo mediante videoconferencia; apercibido que de no realizar manifestación alguna al respecto, la audiencia tendrá verificativo en su forma tradicional y sin su intervención. Tomando en consideración, que su comparecencia será únicamente para el caso previsto en el artículo 120 de la Ley de la materia, y la excepción contenida en la porción normativa 124, párrafo segundo del citado ordenamiento legal; pues no debe soslayarse que la formulación de los alegatos deberá ser por escrito conforme a lo previsto en el supracitado numeral, en su párrafo primero. Lo anterior, con independencia de que la tramitación del expediente se realice bajo el esquema de "juicio en línea" o de manera tradicional. En el entendido de que el Actuario Judicial de la adscripción al realizar la notificación personal del tercero interesado, deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá de dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Abelardo Cuellar González, Leiversein Martínez Cortes, Héctor Díaz Avelino, Arturo Alcántara Santiago, José Gilberto Anaya Pineda y Marco Antonio Muñoz Martínez, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a José Evaristo Álvarez Alonso, Óscar Iván Echegaray Iglesias, Daniela Ojeda Flores y Piedad Yobal Moreno, el primero de ellos por no haberse encontrado Cédula profesional a su nombre, y los demás por así haberse solicitado. Proporciona usuario para consulta de expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta al expediente electrónico con el usuario "jfcohdeztla". Por tanto, se comisiona a la oficial judicial "A" SISE para que realice el alta correspondiente en el sistema. Por otro lado, y toda vez que el representante legal de la quejosa así lo solicita, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por la vía electrónica mediante el usuario antes mencionado, agregando al presente asunto constancia de dicha notificación. ( Correo electrónico y teléfono. Se tiene al Representante Legal de la quejosa, señalando como medio de contacto el correo electrónico fcohdeztla@gmail.com y número telefónico 222 264 6140; lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se comunica a las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notificación a las autoridades responsables. Se instruye a los Actuarios adscritos que las notificaciones que deban realizarse por oficio a las responsables, atento a las medidas de distanciamiento social el Consejo de la Judicatura Federal, recomienda con motivo de la pandemia que aqueja al país, las lleven a cabo, de ser posible, por medios electrónicos, a través de los correos oficiales de las responsables, mediante fax o por notificación electrónica en la modalidad del juicio en línea; por lo cual para lograr lo anterior, se les solicita proporcionen tales datos y su conformidad para que las notificaciones se realicen por alguno de dichos medios; y, en caso de no hacerlo, las comunicaciones se realizaran mediante oficio en su recinto oficial. En la inteligencia que atento al artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir el oficio de notificación, por la razón que sea, como lo es que siendo el domicilio oficial, la autoridad buscada no esté en ese momento, aunque conforme a su horario o funciones deba estarlo; se encuentre de vacaciones y exista obligación atento a sus atribuciones a que diverso funcionario lo cubra o cualquier otra circunstancia injustificada legalmente, el Actuario deberá informarle que, no obstante ese motivo, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos de quién atendió la diligencia, el motivo por el cual se niega a recibir y, se tendrá por legalmente practicada. A su vez, a fin de agilizar el procedimiento, las autoridades responsables podrán enviar promociones vía electrónica a través del juicio en línea, vía telegrama, o bien, al correo electrónico oficial: "1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx." Asimismo, que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; máxime que en la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet: "https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm." Transparencia y datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica al quejoso y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, personalmente al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables. ***
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